La lucha por el agua limpia

El Espectador
21 de marzo de 2016
Por: Germán Gómez Polo

En Twitter: @Tresenmil

 

La explotación minera en páramos puede generar daños irreparables en las fuentes hídricas. / iStock

Si como humanidad entendiéramos que el agua es un recurso tan finito como vital, nos ahorraríamos muchos problemas. Colombia aparentemente es un país rico en este recurso y las cifras lo demuestran. Según el Estudio Nacional del Agua 2014, realizado por el Ideam, el rendimiento hídrico del país equivale a seis veces el promedio mundial y a tres veces el de Latinoamérica. Sin embargo, no llega a todas las regiones, muchas veces debido a sus niveles de contaminación.

En 2011 el viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, señalaba que el 50 % del agua no se podía utilizar por problemas de calidad. Según el Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia algunos de los sectores que más contribuyen a su deterioro son la actividad agropecuaria, industrial y doméstica que en ese entonces generaban unas 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante.

Al respecto, Ricardo Baduin, director de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, explica que “la calidad del agua en nuestro país se ve afectada principalmente por los vertimientos, con un aporte importante de carga orgánica. Del total de cargas vertidas a las fuentes hídricas, la industria aporta el 28 %, el sector doméstico el 69 % y el sector cafetero el 3 %”.

De hecho, gran parte del sistema hídrico andino colombiano presenta alteración debido al transporte de sedimentos y sustancias tóxicas. El mismo informe del Ideam señala que hay una incidencia marcada de los corredores industriales ubicados en las cuencas como Bogotá-Soacha, Medellín-Itagüí, Cali-Yumbo, Sogamoso-Duitama-Nobsa, Barranquilla-Soledad y Cartagena-Mamonal, con consecuencias graves en los ríos Magdalena, Bogotá, Medellín y Cauca.

En este escenario sobresale un actor cuyos efectos son mucho más preocupantes, debido a que ataca directamente la fuente y sus consecuencias pueden ser irremediables: la minería. Con la llegada del barco Rainbow Warrior III a Cartagena, en febrero de 2014, Greenpeace se instaló en Colombia y le declaró la guerra a esta actividad extractiva en los páramos.

“La minería de carbón estaba generando contaminación en aguas subterráneas y superficiales y disminuyendo el caudal de los ríos y de las fuentes hídricas que nacen en este ecosistema”, explica Silvia Gómez, coordinadora de la organización en el país. Y advierte que, contrario a la agricultura y a la ganadería, “no es sustentable y genera daños irreparables”, teniendo en cuenta que los páramos son tan frágiles que los tiempos de reforestación y regeneración son largos.

La lucha no ha sido en vano. El mes pasado la Corporación Autónoma Regional de Boyacá inhabilitó a una de las minas de la empresa Hunza Coal en el páramo de Pisba y la Corte Constitucional tumbó el parágrafo primero del artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo, que permitía la minería en los páramos a las licencias otorgadas antes de febrero de 2010, dando prevalencia al derecho al agua y a un ambiente sano antes que a los intereses de privados.

El mensaje es claro e invita a la conservación de este líquido vital y a la participación de todos los ciudadanos para pasar a la historia como la generación que lo dio todo por garantizar agua pura a sus hijos.

Datos clave

• La afectación a la calidad del agua, expresada en cargas contaminantes de material biodegradable, no biodegradable, nutrientes, metales pesados y mercurio, se concentra en cerca de 150 municipios que incluyen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga.
• La materia orgánica biodegradable vertida a los sistemas hídricos en 2012 se estima en 756.945 t/año, mientras que la materia orgánica no biodegradable, es decir, sustancias químicas, son cerca de 918.670 t/año. Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena son los principales contaminantes.
• Por primera vez se están desarrollando los planes estratégicos de las cinco macrocuencas (Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas) con la finalidad de concertar el modelo para su ordenación y manejo.
• Con el apoyo del Ideam y el Comité Técnico Nacional se formuló el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, que define acciones y estrategias hasta el 2022 para la gestión y evaluación integrada de este recurso natural.

 

el incomprendido valor del agua

El Espectador
Ernesto Guhl Nannetti
21 de noviembre de 2013

Todos sabemos y reconocemos que sin el agua no hay vida ni progreso posibles y que es un bien público insustituible. Además, es esencial para el buen funcionamiento de los ecosistemas y de los servicios fundamentales que ellos ofrecen a la sociedad.

En los lugares en donde la “locomotora minera” se ha estrellado contra los deseos y los intereses de los habitantes, como en los casos de Santurbán y La Colosa, para citar sólo dos entre muchos, las comunidades y gremios han argumentado, con razón, que el agua vale más que el oro. El Gobierno, por su parte, hace poco por la conservación y la protección del agua y de los ecosistemas donde nace y se regula. La delimitación de los páramos es necesaria, pero no suficiente.

Hace unos días volví a recorrer el páramo de Chingaza, ecosistema donde nacen muchos ríos que alimentan las cuencas del Orinoco y del Magdalena, que surte alrededor del 70% del agua que consume Bogotá y hace posible la generación de casi el 30% del PIB nacional. Esta es época de invierno en Chingaza y reina el agua en todas las formas: nubes, nieblas, pequeños arroyos, quebradas, saltos y cascadas, humedales y ríos jóvenes.

El muy escaso valor monetario que le damos al agua se refleja en el valor insignificante que estableció el Gobierno anterior para la tasa por usarla y no refleja el carácter vital que le otorga la población, ni su importancia para la economía. Para percatarse de esta grave incoherencia basta mirar la parte de atrás de la factura del servicio de acueducto para constatar que el reconocimiento monetario del valor del trabajo de la naturaleza y de su conservación es asombrosamente bajo. En un pequeño recuadro azul se lee: “Su aporte para la preservación y restauración del ambiente”, que en mi caso fueron $49 mensuales para el pago por el agua cruda, esencial para la vida y el funcionamiento de mi casa. Para la “compensación por contaminación con aguas residuales”, que aparece en otro recuadro, el valor fue de $657 mensuales. La suma de estos dos valores, $706, no alcanza siquiera para comprar una botella de agua procesada. ¿Usted no pagaría mucho más para disfrutar, conservar y asegurar el acceso al agua?

Invito a los colombianos a examinar sus facturas y a pensar en la importancia de contribuir con un pago razonable y justo, que incentive el uso racional del agua y que permita conservar los páramos y los ecosistemas donde nace y se regula.

En el último año de gobierno, bien podría el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderar la fijación de un valor razonable para la tasa de agua y la tasa retributiva, que fueron creadas por el Código de los Recursos Naturales en 1974.

Levantemos la bandera de todos somos Piedras, todos somos Tolima

 

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, Comisión Quinta del Senado, 13 de noviembre de 2013

El matoneo ambiental de la Procuraduría

El Espectador
4 de noviembre de 2013
César Rodríguez Garavito

Piedras, Tolima. En este rincón arrocero del país, queda claro que la cruzada de la Procuraduría contra los derechos ciudadanos es más ambiciosa y ubicua de lo que parece desde Bogotá. 

 A la campaña contra la población LGBTI y las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, se suma otra menos visible pero igualmente eficaz: la presión contra las comunidades locales que defienden el medio ambiente. En todos los casos, la fórmula es la misma: intimidar, con cuestionables argumentos jurídicos, a las autoridades que protegen los derechos.

El caso de Piedras es ilustrativo. En este municipio a una hora de Ibagué, los ciudadanos convocaron en julio una consulta popular para decidir democráticamente si permitían actividades mineras en su territorio. El origen de la consulta fue la presencia de la empresa AngloGold Ashanti, que venía haciendo estudios en terreno para decidir si ubicaba aquí el inmenso depósito de residuos que dejaría la explotación de la mina de oro de La Colosa, proyectada para ser una de las más grandes del mundo.

Las consultas populares están autorizadas por la Constitución, y la de Piedras cumplió todos los requisitos. El resultado fue contundente: el 99% de los piedrunos que participaron lo hizo para votar en contra de proyectos como el de AngloGold, por los riesgos que acarrean para el agua, la agricultura y el medio ambiente locales.

Hasta aquí, el caso parecía un ejemplo esperanzador de participación ciudadana. Pero la Procuraduría se ha convertido en la piedra en el zapato para los de Piedras. Como lo ha hecho con notarios y jueces para bloquear matrimonios de parejas del mismo sexo, ha enviado cartas al alcalde y los concejales, advirtiéndoles que no pueden interferir con la minería, porque ese sería un tema del gobierno central, no de los municipios. En realidad, el problema jurídico es complejo y no está decidido, porque no hay precedentes de consultas populares como la que se hizo aquí.

Pero ya se sabe cómo opera la Procuraduría: convierte sus opiniones jurídicas en verdades categóricas que intimidan a los funcionarios que interpretan la ley a favor de los derechos ciudadanos, porque sabe que en sus manos está el poder de sancionarlos y destituirlos.

Así también ha amedrentado a Cortolima, la autoridad ambiental que ha tenido la independencia y la integridad necesarias para supervisar estrictamente las operaciones de AngloGold. Atendiendo quejas de los lugareños, Cortolima determinó que la empresa venía haciendo perforaciones profundas y afectando cauces de agua sin tener autorización para ello. Aplicó entonces el principio de precaución ambiental y detuvo el estudio de suelos de la minera.

¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Respaldó a la autoridad que, a diferencia de muchas otras en el país, hizo su tarea de proteger el medio ambiente? No. En lugar de ello, intervino en el proceso para apoyar a la AngloGold en su recurso jurídico contra la decisión de Cortolima, que hoy está sola en medio de esas dos presiones poderosas. Habrá que ver cuál es el siguiente paso de la Procuraduría, ahora que Cortolima tuvo el valor de ratificar su decisión.

Habrá que ver también qué hace en otros conflictos similares. Por ahora, una cosa es clara: viene haciendo todo lo contrario a “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”, como le ordena la Constitución.

*Miembro fundador de Dejusticia.

Indignados con las pretendidas dignidades

Editorial 
El Espectador
23 de agosto de 2013

Vamos a reconocer lo obvio desde el principio.

Este país tiene muchas falencias, muchas injusticias, muchos retos. El Estado no ha hecho presencia efectiva en muchísimas zonas y ha abandonado a su suerte a muchísimos sectores. La distribución del ingreso, aunque ha mejorado, sigue siendo preocupante. El crecimiento económico, aunque ha beneficiado a muchos y ha expandido la clase media, está muy lejos de filtrarse suficientemente y llegar a los niveles deseados. Todos, absolutamente todos los colombianos, tenemos algo que reprocharle al Estado y tenemos razones para estar inconformes, y para protestar, y para exigir.

Así como todo ello es innegable, no huelga resaltar en estos momentos en que esas expresiones de indignación encuentran una salida con el paro campesino que la forma como expresemos esas inconformidades, como canalicemos nuestras frustraciones, es quizá la más importante diferencia entre los países que alcanzan un mayor nivel de desarrollo y de calidad de vida frente a los que aún no llegan a ese objetivo. Abundan en la literatura económica y jurídica referencias a la importancia de las instituciones —incluso en la protesta— para que una sociedad progrese.

Lo que hemos visto en esta semana, en ese sentido, ha sido preocupante. Protestas y bloqueos sin orden, sin mayor coherencia, con pliegos de condiciones incluso contradictorios, sin propuestas de soluciones. A algunos voceros de los cafeteros no les gusta la minería en el pliego cafetero, pero apoyan la minería en el pliego minero. Los camioneros quieren subir sus fletes, lo que afectaría el bolsillo de los agricultores. Se pretende que la sociedad en su conjunto los financie a todos. Y, a la vez, siempre seguiremos con la espada de Damocles de un nuevo paro, de una nueva revuelta, porque ninguna solución satisface plenamente.

Más incomprensible resulta la actitud de algunos voceros cafeteros del Huila que llaman a un paro para movilizar productores justo en el momento de la cosecha, y a pesar de que es precisamente en ese departamento donde están llegando a una mayor proporción de productores los generosos subsidios que el Gobierno ofreció en el paro anterior y que venimos pagando los contribuyentes. Si el bienestar y la dignidad de los cultivadores es la prioridad, resulta extraño, por decir lo menos, que se les afecte de esa manera en su momento menos penoso.

Decíamos en reciente editorial que parecía ser el momento adecuado para pensar en los liderazgos que pudieran transformar la justa indignación en cambios sociales y políticos. Advertíamos también en otro editorial anterior sobre los peligros de lanzarse a la movilización, por justa que fuere en sus motivaciones, sin medir las consecuencias que al final ellas podrían generar. Nada fortalece más nuestra opinión que el paro actual, dominado por la actitud del “sálvese quien pueda”. Los enormes problemas del campo colombiano no se van a solucionar con el arreglo independiente de cada sector productivo agropecuario.

Así, por ese camino, el Estado, la sociedad, los propios campesinos, todos finalmente, terminamos chantajeados por grupos que bajo el sobrenombre de “dignidad” nos van llevando a puntos de no retorno. Lo peor, esta incomprensible actitud genera que la violencia comience a reemplazar los diálogos y las negociaciones, que deben realizarse por los canales institucionales. Insistimos: los motivos para protestar y exigir cambios existen, criminalizar la protesta —incluso si se presenta infiltración de los armados ilegales, que no es ilógico— es negar la realidad que vive el campo colombiano, pero incluso para canalizar esa indignación la institucionalidad hace falta.

Aun cuando resulte más fácil, y más popular, sumarse a la gritería, va siendo hora de decir que estamos indignados con las pretendidas dignidades.

Oro, piedras y consultas

El Espectador
César Rodríguez Garavito
19 de agosto de 2013

En Piedras, Tolima, se juega el futuro de la democracia participativa y el medio ambiente en Colombia. Allí tuvo lugar la primera consulta popular sobre un proyecto minero (La Colosa), que sería uno de los más grandes del país y la estrella en el portafolio nacional de Anglo Gold, la multinacional aurífera.

En Piedras estaría ubicada la planta donde se separaría el oro de las rocas mediante el uso de químicos riesgosos. A eso se opuso el 98% de los participantes en una consulta que siguió todos los trámites legales. Como las consultas son vinculantes, le corresponde ahora al alcalde obedecer el mandato popular.

El problema es que el gobierno nacional le cerró el paso a este tipo de vetos locales a la minería en un controvertido decreto (el 934) de mayo de este año. ¿Qué prima, entonces? ¿La democracia participativa y la protección del medio ambiente, o la propiedad del Estado sobre los yacimientos minerales?

La pregunta tiene aristas legales y políticas. Jurídicamente, uno de los ejes de la Constitución del 91 es la participación ciudadana con poder de decisión. Por ello se crearon los referendos, los plebiscitos, las revocatorias del mandato, las consultas populares como la de Piedras y otras formas de participación directa que resultan en decisiones obligatorias para las autoridades públicas.

Pero la misma Constitución le dio al Estado central, en cabeza del presidente, la propiedad y la potestad de regular el uso de los recursos mineros. De ahí que el Gobierno argumente que ni los habitantes de los municipios, ni los alcaldes o gobernadores, pueden vetar la minería en sus territorios.

Aunque el tema es complejo y será dirimido por el Consejo de Estado, la posición del Gobierno no tiene fundamento jurídico sólido. Primero, porque desconocer la votación popular dejaría sin efectos la participación de los ciudadanos “en los asuntos que los afectan” (art. 2 de la Constitución). Si pueden votar por la remoción de un mal alcalde, ¿cómo no podrían hacerlo sobre un proyecto minero que tendría consecuencias aún más profundas y permanentes sobre su salud, su futuro económico y su permanencia en sus tierras y viviendas?

Segundo, el Código Minero de 2001 (art. 35) les permite a las autoridades municipales limitar las actividades mineras en su territorio. Aunque el Código habla de “restringir” en lugar de “prohibir”, deja un margen de apreciación a los alcaldes que puede ser utilizado para atender la voluntad popular en casos como el de Piedras, o para cerrar las canteras en Bogotá, como lo quiere hacer la Alcaldía. Por eso mismo, el decreto reciente del Gobierno podría ser ilegal.

Los argumentos políticos dan una respuesta más contundente. Porque las consultas son el mecanismo ideal para canalizar pacífica y democráticamente las inquietudes y reclamos locales, y ofrecen una alternativa institucional a los bloqueos y vías de hecho. Además, no hay proyecto minero que tenga éxito si las comunidades locales se oponen, como lo saben bien las empresas. De hecho, las consultas han detenido otros proyectos auríferos aun en países donde no son obligatorias, como pasó en la mina de Esquel en Argentina o en la de Cajamarca en Perú.

Por eso yerra el Gobierno al criticar las consultas populares (y las consultas previas con indígenas y afros) con tanta acrimonia como lo hace con los paros. En lugar de ello, debería reconocerlas y ordenarlas con reglas de juego claras. Y dejar de lanzar acusaciones infundadas de corrupción y sabotaje contra sus promotores.

Intervención de Conalminercol en la Comisión Quinta del Senado

Luz Estella Ramírez de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. 

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Gobierno miente sobre los pequeños mineros: Jorge Robledo

El Espectador
7 de agosto de 2013

El gobierno juega descaradamente del lado de las trasnacionales y no ha vacilado en mentir tachando de criminales a los pequeños mineros, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo para contradecir las graves acusaciones lanzadas por Natalia Gutiérrez, viceministra de Minas. 

En Colombia, agregó Robledo, todo el que no sea seguidor del Príncipe de Anapoima es un criminal, incluidos los dirigentes del Polo, que ahora deben hacer frente además a las amenazas de los grupos ilegales. Los pequeños mineros son gente de bien, no delincuentes, precisó el senador del Polo. 

Insistió en denunciar que el decreto 2235 niega el debido proceso y la presunción de inocencia, y es una norma que parece redactada por la Gestapo. Fue para evadir el control de la Corte Constitucional que el gobierno la puso en práctica prevalido en la Comunidad Andina de Naciones. “¿Cómo es posible, preguntó, que sin fórmula de juicio, la policía le dinamite a la gente las retroexcavadoras, le pique las mangueras y le decomise las herramientas, haciendo al mismo tiempo de juez y de verdugo?”.

Robledo concluyó afirmando que, hace unos años, cuando aparece la codicia de las trasnacionales, el gobierno nacional se apresura a titularles millones de hectáreas despojándoles los títulos a los pequeños y medianos, como en el caso del norte de Boyacá, y redactando un código mañoso en asocio con los consorcios canadienses, a los que un ministro les ha prometido hacerlos felices. “Tiene que haber mucha corrupción en las altas esferas para que en ese código ni siquiera figure un capítulo sobre la pequeña y la mediana minería”, concluyó.

Jorge Robledo dirigió carta a Santos sobre minería

Explotación minera

El Espectador
29 de julio de 2013

En la misiva pide, entre otras, que se respete la voluntad del municipio de Piedras para que no se haga minería en ese municipio.

El senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo envió este lunes una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que, con un tono más mesurado al que se presentó entre ambas partes durante las últimas semanas, expresa su desacuerdo con la política de explotación minera del país.

Robledo señala en la misiva que “es evidente que mientras el gobierno es duro, intransigente, con los pequeños mineros colombianos, a los que estigmatiza, no les atiende sus reclamos y reprime, es blando, flexible, con la gran minería extranjera”.

Así mismo, asegura que el ministro de Minas ha salido a “descalificar la consulta de los habitantes de Piedras, que en 98 por ciento rechaza la muy desproporcionada pretensión de la Anglo Gold Ashanti de transportar a lo largo de setenta kilómetros –de Cajamarca a Piedras– miles de millones de toneladas de rocas”.

En ese sentido, Robledo le manifiesta al presidente Santos “cordialmente, cambiar la política oficial frente a los dos tipos de minería existentes en el país”.

Robledo pide que “se atiendan las justas peticiones de los pequeños mineros aún en paro luego de trece días y cese la campaña de infundios de la Casa de Nariño”. 

De igual forma, solicita que el gobierno anuncie públicamente que "respetará la voluntad democrática de los habitantes de Piedras –expresada por estos David contra Goliat, el alcalde municipal y el gobernador del Tolima– y que, en consecuencia, usted (Santos) empleará su poder político para que dicha voluntad se convierta en realidad, así se perturbe la codicia insaciable de Anglo Gold Ashanti”.

Consulta minera en Piedras (Tolima)

El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
27 de julio de 2013

La historia de tensión entre habitantes del municipio tolimense y la AngloGold Ashanti.

El municipio de Piedras, Tolima, será hoy el escenario de un inusual proceso de participación ciudadana: sus habitantes decidirán si quieren o no que en su territorio se adelanten proyectos de minería a gran escala. Se trata de una consulta popular que, por primera vez desde que se estableció este mecanismo de participación en la Constitución de 1991, abordará el tema de la explotación de recursos no renovables. En Colombia se han realizado 16 consultas populares, pero en ninguna se ha preguntado sobre la actividad minero-energética.

Los piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”.

El ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de 800 ciudadanos.

Pero más allá de la consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal. El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que nacen en este páramo.

En respuesta a esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.

Hace un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que no tenían los permisos correspondientes.

Ocampo sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos (geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.

Para la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las actividades de la empresa. Para los impulsores del no a las actividades mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de pancoger a causa de la gran minería”.

Félix Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no, explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50 kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura. Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos sobre nuestro futuro”.

El alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto. Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.

Pero incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de la decisión que va a tomar.

Al final, los piedrunos saldrán a las urnas y expresarán su voluntad. La ley establece que para que la consulta prospere debe alcanzar el 50% de la votación más un voto y deberá participar no menos de la tercera parte del censo electoral del municipio, que en este caso es de 1.702 sufragantes. Luego vendrá otro debate, que desde ya se anuncia será fuerte, y es si una consulta popular alcanza para evitar que el Gobierno Nacional defina áreas para la explotación de recursos no renovables.

Sector agropecuario convoca un paro a partir del 19 de agosto

El Espectador
3de julio de2013
EFE

El sector cafetero, en especial los pequeños caficultores, no han podido acceder a lo que se pactó con el Gobierno.

El sector agropecuario aprobó el miércoles una huelga nacional a partir del próximo 19 de agosto, informó a Efe el vocero del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros de Colombia, Guillermo Gaviria.

Según Gaviria, el mayor descontento proviene del sector cafetero porque "los pequeños cultivadores no han podido acceder a los créditos y subsidios" y también porque el Gobierno no ha cumplido lo pactado en marzo pasado, cuando se levanto un paro del sector.

La nueva protesta fue aprobada en una reunión realizada en Armenia, capital del departamento del Quindío, productor de café por excelencia, a la cual asistieron además delegados de los productores de cacao, plátano, algodón, cítricos, papa, leche y "otros sectores del agro".

Gaviria explicó a Efe que el sector cafetero, en especial los pequeños caficultores, no han podido acceder a lo que se pactó con el Gobierno en cuanto a refinanciación de sus deudas con los bancos.

En marzo pasado, luego 11 días de huelga que dejó millonarias perdidas por el bloqueo de carreteras y más de 70 heridos, el Gobierno otorgó un auxilio llamado "Protección al Ingreso de los Caficultores" (PIC) de 145.000 pesos (unos 81 dólares) para la carga de 125 kilos que se aplica a todos los cultivadores del grano.

"Faltó explicar a los campesinos la forma de acceder a esos auxilios", dijo Gaviria quien subrayó que en cuanto a la refinanciación de deudas "casi no se ha avanzado".

Agregó que el descontento del gremio, otrora uno de los motores de la economía colombiana, se da porque "no hay voluntad política" para avanzar en otros temas pactados como los costos de los insumos, la importación de café y que no se hagan proyectos de minería en regiones productoras.

Gaviria citó como ejemplo el municipio de Andes, en Antioquia (noroeste), un pueblo netamente cafetero, donde ya hay problemas por la minería.

El líder del sector recordó que en Colombia unas 560.000 familias dependen de la actividad cafetera y que el Gobierno no puede pasar por alto sus requerimientos.

"Le pido al Gobierno que le ponga atención al sector agropecuario porque todos estamos trabajando a pérdida", señaló Gaviria quien dijo que los campesinos no ven que el campo sea una oportunidad de negocio de la cual se pueda vivir dignamente.

Gaviria se mostró esperanzado en que el presidente Juan Manuel Santos "tome el toro por los cuernos" y dé soluciones definitivas a los problemas del agro.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, consideró que el paro convocado es injustificado, insistió en que el Gobierno está cumpliendo los compromisos adquiridos con los productores de café y reiteró la disposición de las autoridades al diálogo.

"El Gobierno tiene clara voluntad de sentarse a dialogar y discutir los problemas pero no acepta presiones ni bloqueos", dijo Estupiñán a periodistas.

El anuncio de paro se da justo en momentos en que el Gobierno negocia con campesinos del Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, el fin de un paro que iniciaron un paro el pasado 10 de junio.

Además, los camioneros del país, reunidos en tres gremios, manifestaron su solidaridad con los cafeteros y estudian si van a un paro ante las recientes alzas en los precios de los combustibles.

No habrá minería en páramos

El Espectador
Jairo Chacón González
10 de mayo de 2013
  
El Estado expidió decretos reglamentarios para que la industria no tenga contratiempos.

El próximo lunes se conocerá el alcance del decreto para la firma de concesiones mineras. / El Espectador

En Colombia no se podrá hacer minería en páramos, humedales Ramsar y reservas forestales protectoras.

Así lo advirtió el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, al explicar que estos ecosistemas no pierden vigencia como zonas excluidas de la minería con la entrada en vigencia, mañana, de la Ley 685 de 2001, la cual había sido derogada por la Ley 362, que la reformó.

Para ello el Gobierno Nacional expidió tres decretos reglamentarios a la Ley 685, lo cual permitirá la actividad minera y su relación con los recursos naturales no queda desamparada jurídicamente.

Las nuevas disposiciones señalan que las solicitudes de títulos mineros que hayan agotado el plazo sin surtir el trámite respectivo se someterán a los plazos fijados por el Gobierno. Además, aquellos que se hubieren agotado para el solicitante, sin que hubiere satisfecho los requisitos respectivos, darán lugar al rechazo de la propuesta”.

En el tema de formalización, el Gobierno fijó en 15 hectáreas para personas naturales y 500 para grupos o asociaciones mineras el área máxima para otorgar. Además, sólo podrán solicitar un título y no podrán sobreponerse en otros títulos.

La autoridad minera rechazará la formalización de un título cuando las áreas solicitadas se encuentren ocupadas por títulos mineros diferentes a los contratos de concesión, contratos en áreas de aporte o autorización temporal. También cuando las áreas solicitadas se encuentren dentro de las áreas excluibles.

Los otros dos decretos tienen que ver con el ordenamiento territorial y la prórroga. Un tercer decreto, que saldrá la próxima semana, fija las condiciones para las concesiones.

El ministro explicó que al caerse la Ley 362 “no quedará desamparado el minero tradicional, pues vamos a dar continuidad a los procesos de formalización de los mineros que ya habían solicitado su título”.

Además recalcó que “tampoco se volverá a la feria de títulos que vivió el país en el pasado. Este Gobierno ha sido muy exigente con los titulares mineros y no bajaremos la guardia. Cero tolerancia a la irresponsabilidad ambiental”.

Pese a la posición de ambientalistas que consideran que a partir de mañana los páramos volverán a estar en peligro, el Gobierno reiteró que las medidas que se vienen implementando lo impedirán.

La directora del Sector de Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez, señaló que con el retorno de la Ley 685 no pasará nada, ya que las empresas responsables no harán minería en páramo. “Nosotros respetamos las normas y las cumplimos”.

La dirigente señaló que la industria ve con preocupación que la persecución contra la minería formal se fundamente en argumentos que no están soportados en estudios verídicos, que desconocen la posición del Gobierno y de las compañías.

El presidente de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, y el director ejecutivo de Fenalcarbón, Alfonso Saade, coincidieron en señalar que con la reforma a la Ley 685 no afectará negativamente el medio ambiente, ya que sólo se modificaron 10 decretos que están reforzados por el Plan Nacional de Desarrollo.
Entre tanto, Eduardo Chaparro, de Asomineros de la Andi, explicó que con las normas vigentes, más los decretos expedidos por el Gobierno, fijarán la línea de acción de la locomotora minera.

jchacon@elespectador.com

@jairochacong

Breve historia de Colombia

El Malpensante
Hernando Gómez Buendía

Después de ser un país cafetero, pasamos a basar nuestras finanzas primero en la coca y ahora en la minería. Un vistazo a la reciente historia económica colombiana puede arrojar luces sobre la raíz y el futuro de muchos de nuestros males.

No hay que creer en Marx para saber que la economía es la base de la vida política y social. Tampoco hay que ir muy lejos para saber que la economía depende sobre todo del lugar que cada país ocupe en la división mundial del trabajo: los grandes cambios políticos y sociales que ha tenido Colombia se deben, pues, al cambio en nuestras formas de inserción en la economía internacional.

Eso fue cierto desde la Colonia, pero hablaré solo de los tiempos recientes. Hace unos años éramos un país cafetero: hablando en cifras gruesas, el café producía el 60 o 70% de las divisas y daba empleo a 2,5 millones de familias campesinas. Los cafeteros presionaban por un dólar artificialmente caro, lo cual frenaba las importaciones y de rebote estimulaba el crecimiento de la industria nacional. Pero el café pasó a la historia: el año pasado generó apenas el 5% de las divisas y para este año podría bajar al 3% del total.

Hoy somos un país minero-exportador. El petróleo representó el 54% de las exportaciones del año pasado y la minería (carbón y ferroníquel, más que todo) contribuyó con otro 22%: cambiamos la agricultura por el subsuelo, y este cambio, creo yo, es la revolución silenciosa que ha creado o está creando una nueva Colombia. Porque ahora no son los campesinos sino el Estado, como dueño del subsuelo, el que se queda con la tajada nacional de la bonanza. Y porque las divisas ya son tantas que el dólar no vale nada, y es más barato importar que producir.

Un Estado más rico y una vida más barata serían las dos bendiciones de la revolución tan callada como profunda que ha tenido Colombia. Y en efecto, hoy el Estado emplea a muchas más personas y ha duplicado su peso en el producto nacional. La inflación, por su parte, dejó de ser un problema (antes andaba por el 20 o 25% anual) y los consumidores podemos conseguir cuantos productos se ofrecen en el mundo.

Pero la agricultura y la industria dejaron de ser rentables porque todo se importa más barato. Los campesinos sencillamente se quedaron sin oficio, el campo es un moridero y la tierra ya no tiene ningún uso económico: su valor es apenas simbólico y político. El desarrollo industrial también quedó truncado, el empleo manufacturero se estancó y los avances de la tecnología nos quedaron sobrando: ya no necesitamos innovar. La clase media urbana se empleó en los servicios (gobierno, finanzas, profesiones…) y los pobres siguieron engrosando el “sector informal”, que ocupa hoy al 60% de los trabajadores de Colombia.

Pocos empleos productivos, poca competitividad, y la riqueza en manos de muy pocos (después de Haití, somos ahora el país más desigual de América Latina). A algo como esto se le llama la “enfermedad holandesa” porque las divisas que inundaron a ese país cuando encontró gas natural en los años sesenta casi acaban con su industria. Desde esa época Corden y Neary propusieron una hipótesis que explica exactamente lo que hoy pasa en Colombia: el exceso de divisas revalúa la moneda nacional, desestimula a quienes producían bienes que se pueden importar (industria o agricultura) y desplaza el empleo hacia los rubros que no admiten competencia extranjera (gobierno, servicios personales, construcción y comercio minorista).

Holanda superó su enfermedad y le enseñó a sus vecinos, de modo que cuando a Noruega le llovieron las divisas por el petróleo que descubrió en el Mar del Norte, las ahorró en lugar de malgastarlas. Si Colombia hubiera aprendido la lección, la gran petrorriqueza del Estado se habría invertido en educación, en ciencia y en construir la infraestructura de un país de punta. Pero estamos más bien en Venezuela, y la bonanza fiscal se ha traducido en burocracia, en contratos y puestos para una “clase política” insaciable, en corrupción a diestra y siniestra, en quitarles los impuestos a los ricos y en repartir limosnas (que aquí se llaman “Familias en Acción”) para tener contentos a los pobres... Por algo había dicho Juan Pablo Pérez Alfonzo, el creador venezolano de la Opep en 1960, que “dentro de diez años, dentro de veinte años lo verán: el petróleo traerá nuestra ruina; el petróleo es el excremento del Diablo”.

Es más: en un sentido estamos peor que Venezuela, estamos en Nigeria o en el Congo, donde los booms mineros se mezclaron con guerras intestinas. En efecto, la bonanza colombiana ha seguido sosteniendo la guerra militar: el presupuesto de defensa se triplicó en diez años, y los actores armados ilegales han encontrado una fuente estupenda de recursos en el chantaje o en la explotación ilegal de minas y energéticos. También –y sobre todo– la bonanza colombiana siguió escalando la guerra política que los barones regionales, desde siempre, han librado contra el país moderno: una guerra por la tierra y su valor político, por la nueva riqueza del Estado y por la narcoimpunidad, que se conoce, en resumen, como la narcopolítica.

Y es que a medio camino entre el café y el petróleo, Colombia encontró otra manera de insertarse en la economía mundial, que se llamó (y se llama) cocaína. Aunque las cifras nadie las conoce, sabemos que entre principios de los años ochenta y finales de los noventa fuimos de lejos los grandes exportadores, como sabemos que este genuino “excremento del Diablo” degeneró la guerra militar y envenenó de arriba a abajo la política.

Café, coca y petróleo son nuestra historia reciente. Cada uno a su manera ha empujado y ha distorsionado el crecimiento económico de Colombia, ha decretado quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, quién se queda con las rentas y donde están los empleos, qué está pasando en el campo, qué hacen y qué consumen las gentes en las ciudades, qué tanto importa el Estado, qué tan sucia es la política, cuál es la imagen que el mundo tiene de nosotros (Juan Valdez, o los narcos, o la petro-“confianza inversionista”), qué tan intensa es la guerra y quién la va ganando (las narco-Farc ganaban en los noventa, pero el petro-Estado pudo ripostar con la costosa “Seguridad Democrática”).

Nos pasó con el oro o el cacao en la Colonia. Nos pasó con el tabaco, la quina, el añil o los cueros a lo largo del siglo xix, que pasaron de moda o se fueron para otras latitudes. Nos pasó con el café que se fue para Vietnam. Con la coca que migró hacia Perú y con la cocaína que migró hacia México. Nos pasará también con el petróleo y con los minerales, cuando China deje de arrastrar (y de arrasar) al resto del planeta.

El nuestro es un país llevado por el viento. Como analista sabe uno que no podría ser de otra manera: somos el fruto de lo que hemos sido. Como padre y abuelo, sin embargo, uno quisiera que nuestros dirigentes no fueran tan mezquinos ni tan miopes, o que una ciudadanía deliberante decidiera tomar el control de su propio destino. Dijo Toynbee que la historia puede no tener sentido, pero nosotros tenemos que inventárselo.

Los páramos están en grave riesgo ambiental, advierte la Contraloría

Revista Semana
28 de agosto de 2012

Sandra Morelli advirtió que en zonas de páramo se podría estar efectuando explotación minera y otras actividades económicas que las ponen en riesgo y, con ello, la calidad del agua de varias ciudades.

La contralora general, Sandra Morelli, advirtió este lunes los riesgos de daño ambiental que amenazan los páramos del país por la ejecución de proyectos económicos, como la explotación minera y las actividades agropecuarias.

Según estudios de la Contraloría, la degradación de los ecosistemas de páramo es cada vez más crítica, lo que puede afectar varias ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, entre otras, que en total superan los 13 millones de habitantes.

 En una función de advertencia que dirigió al ministro de Ambiente, Frank Pearl, y a otras autoridades ambientales, la contralora Morelli expuso su preocupación por el incremento de la titulación minera en zonas de páramo.

Según la contralora, “se podrían estar presentando actividades de exploración minera en zonas prohibidas para ello”, por lo que instó a las autoridades competentes proteger estas áreas.

Según Morelli, actividades como explotación minera, las labores agropecuarias, y la explotación maderera pueden “generar daños ambientales sobre la calidad del agua, el paisaje y los ecosistemas paramunos”.

La funcionaria también advirtió que existen irregularidades en el otorgamiento o inscripción en el registro minero de títulos.

Los páramos afectados son los de Chingaza y Sumapaz (Cundinamarca), Belmira (Antioquia), Santurbán (Santander), Rabanal (Boyacá), los páramos del Parque de los Nevados (en el Eje Cafetero) y Puracé (Cauca).

Transparencia a extractoras y a minerales del conflicto

Blog Trova Paralela

El País

María Teresa Ronderos

23 de agosto de 2012

La Securities Exchange Commission de Estados Unidos, la superintendencia cuyas tareas son vigilar los mercados de papeles y proteger a los inversionistas, anunció ayer una medida de gran repercución para los países de América Latina que viven hoy la bonanza energética y minera.

En cumplimiento del Acta Dodd-Frank de Reforma a Wall Street y de Protección al Consumidor, la SEC dijo que a partir del año fiscal 2013, todas las empresas que reportan sus actividades a esa comisión y que tienen industrias extractivas (sean de petróleo, gas o minerales) deben informarle sobre los pagos que realizaron a cualquier gobierno en el desarrollo de sus industrias, sea en impuestos, regalías, cuotas de licenciamiento, bonos, dividendos o infraestructura. Ver el anuncio aquí. 

Deberán especificar tipo y cantidad de los pagos hechos por cada proyecto minero, el total de los pagos a cada gobierno y concepto pagado, moneda en que se pagó, cuándo se realizaron los pagos, qué filial de la empresa hizo los pagos y qué gobierno que recibió los pagos.

La idea de hacer esta información pública, según dijo la SEC, es es contribuir a la transparencia de los países donde están estas empresas extractivas, sea en Estados Unidos o en el exterior. Como dijo el senador Richard Lugar, uno de los que respaldó el Acta, esta medida ayudará a los ciudadanos a que obliguen a sus gobiernos a responder por estos recursos valiosos y  que les digan la verdad sobre los dineros que están recibiendo. 

En Colombia, Perú y Chile hay un constante debate sobre si las multinacionales (muchas de ellas registradas en las bolsas de Estados Unidos) están informándole debidamente a los países acerca de sus negocios extractivos. Es muy difícil y costoso para los gobiernos vigilar si están declarando todo lo que sacan, pues requieren no sólo constatar qué sale de las bocas de mina, si no asegurarse que los precios que declaran son en realidad los precios de mercado. Sobre todo cuando hay multinacionales que, como la suiza Glencore, son extractoras y a la vez, compradoras de gran escala de minerales.

Por eso también será una medida de transparencia necesaria para que las miles de empresas multinacionales, grandes y pequeñas, realmente den cuenta de si están pagando debidamente los impuestos, regalías y demás cuotas. Los gobiernos podrán contrastar las cuentas presentadas ante la SEC contra los pagos hechos en el país. 

Otra decisión de antier de la SEC, sobre "los minerales del conflicto" que obliga a aquellas empresas que usen minerales decisivos en sus productos finales, que provengan de la República Democrática del Congo o de sus nueve países vecinos a reportarlo a la entidad y hacerlo público en sus páginas de Internet. Entre los minerales que se explotan en ese país están los que componen el famoso coltán (columbio-tantalita) que sirve para hacer piezas  en celulares y otros dispositivos electrónicos; el oro, la casiterita y la wolframita, que se usa para los blindajes.  

Vean el discurso de la presidente de la Comisión, Mary Shapiro en el que explica que las empresas que le reportan y que usen estos minerales deben investigar si éstos financiaron o beneficiaron a grupos armados en la RDC o en las naciones vecinas. 

 El objetivo de la SEC de obligar a los compradores de minerales del conflicto en la RDC y vecinos es contribuir a detener la guerra y la consiguiente crisis humanitaria en esa región. Sería indéntico en Colombia. 

Por eso sería deseable que las autoridades colombianas consiguieran que esta última norma incluyera a los minerales que provienen del conflicto en nuestro país. Así podríamos saber quiénes están comprando mucho del oro y del coltán que aquí se explota ilegalmente y que financia a grupos armados colombianos. Como dijo con razón el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl hace poco: "la minería ilegal en Colombia es el nuevo narcotráfico"

Romeo, el “agresivo”

La lengua absuelta
Por: Marta Ruíz

25 de mayo de 2012
Revista Arcadia

Con razón se enojó Álvaro Uribe. Acostumbrado como ha estado a que le abran los micrófonos para que se despache contra quien quiera, debió parecerle extraño que un periodista francés, Romeo Langlois, lo abordara en medio de un evento de campaña electoral para preguntarle por qué su gobierno había hecho una jugada jurídica de alto turmequé para quitarles a los mineros de Segovia los derechos adquiridos sobre una concesión de cuyas entrañas se sacan toneladas de oro desde hace dos siglos.

Por supuesto Uribe se puso lívido de la furia y se marchó a paso rápido sin darle respuesta. Así se ve en el documental Por tout l´or de Colombie (Por todo el oro de Colombia); y lo ha ratificado el propio Uribe cuando dice que Langlois es un “periodista muy agresivo”, apelativo que viniendo de él suena a piropo.

Y es que Romeo Langlois y su colega Pascal Mariani lograron lo que quizá ningún periodista colombiano había logrado: meterse en el corazón de la minería (legal e ilegal) y salirse de los lugares comunes, para mostrar a las personas que de carne y hueso están viviendo esa nueva vorágine, con todos sus delirios.

Si en Colombia se está viviendo una especie de edad dorada del documental, este es de lo mejor que se ha hecho. Especialmente por una narración impecable. Lejos del tonito Discovery, cuenta la historia a través de unos personajes que parecen de ficción, y una historia que bien podría transcurrir en una de esas naciones fallidas donde los presidentes comercializan diamantes de sangre.

Empieza en Segovia. Protagonista: la Gran Colombia Gold, multinacional que explota lo que otrora fueran dominios de la Frontino Gold Mines, y que es representada por un cubano, que por lo menos en el documental se parece al villano de una mala telenovela, que no disimula la codicia. El antagonista, Dairo Rúa, es un sindicalista que va de tribunal en tribunal exhibiendo documentos refrendados por la justicia en los que consta que desde 1977 los activos de esa mina les pertenecen a los extrabajadores y jubilados de la Frontino, pues fueron dados por la empresa en dación de pago de sus obligaciones. Pero muy a pesar de ello, volvió a ser liquidada y entregada de nuevo a extranjeros.

Pero la historia no para allí. Romeo y Pascal se meten literalmente en lo profundo de las minas que son explotadas de manera ilegal. No hay Estado, el poco que hay está muchas veces del lado de los bandidos, sean estos grupos armados o empresas que aparentan legalidad. El desastre ambiental, los riesgos de los mineros, la falta de oportunidades. No para mostrarnos el delito, sino las vidas y las historias humanas de los colombianos protagonistas de esta silenciosa tragedia. Cero carreta. Todo con hechos insólitos.

El documental se adentra en el sur de Bolívar y en Caucasia (Antioquia). El monte dominado por los guerrilleros, y la sabana por las bandas criminales, herederas de los paramilitares. Allí miles de resbuscadores y barequeros atienden el orden impuesto por las Farc, o el caos que generan las bacrim.

Los periodistas duermen en el campamento de los insurgentes. Y entonces uno empieza a darse cuenta de que lo quieren contarnos Romeo y Pascal es algo mucho más tremendo: que estamos en un punto de difícil retorno porque el oro ya es un nuevo oxígeno para la guerra. La nueva coca.

En Caucasia, el documental presenta en vivo una operación de la Policía contra las dragas ilegales. Pura ficción. Los agentes saben que al día siguiente todo volverá a ser igual porque no hay delito que imputar, y porque el poder corruptor de las bandas criminales es tal que todo lo arreglarán con las propias autoridades bajo la mesa.

A este país le vendieron la idea de que la guerra no era más que una estrategia de narcotraficantes, y que acabando los cultivos se acabaría la violencia. Romeo y Pascal desmienten esa falacia. El oro es la nueva coca. 

Como si fuera poco, la “buena” noticia que trajo Santos de Asia es que los chinos están interesados en nuestro oro. Y uno no sabe si reír, llorar o salir a incendiar las dragas, como lo hicieron los indígenas del Cauca en la secuencia final del documental. Anuncio y premonición de los conflictos que va a desatar la minería.

Por eso yo digo que Romeo no es agresivo. Agresivo es lo que se viene.

Siguen sin declarar Parque Nacional al Páramo de Santurbán

El Espectador

12 de julio de 2012

Diputados de Santander denunciaron que los intereses políticos y de las multinacionales estarían dilatando la delimitación de las zonas protegidas.

En el páramo de Santurbán nacen ríos que alimentan acueductos de toda la región santandereana.

En la tarde del miércoles representantes de la Cámara Colombiana de Minería se reunieron con diputados del Santander en la Asamblea, para debatir la los propósitos de la “locomotora minera” del gobierno de Juan Manuel Santos en ese departamento.

Mientras el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz Guerrero, argumentó que el Gobierno ha impulsado la explotación de recursos bajo prácticas sostenibles, los diputados advirtieron sobre las graves consecuencias medioambientales que pueden traer las prácticas mineras en ecosistemas estratégicos como el Páramo de Santurbán.

Aunque la movilización civil no ha permitido la explotación de oro en el páramo, que pondría en riesgo el abastecimiento de agua de Bucaramanga, aún no se han llevado a cabo acciones para declarar la zona como área protegida. 

Los diputados denunciaron que la petición de declarar la zona como Parque Nacional viene dilatándose al ritmo que los intereses políticos y los de las multinacionales lo han querido. Posición a la que también se unió la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI), que  ante los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) puso en evidencia las malas prácticas que vienen desarrollando las empresas que exploran en lugares aledaños al páramo. “Aquí hay un gran interés político y un gran interés de las multinacionales. Están dilatando el proceso mientras ajustan esa delimitación”, le dijo al diario Vanguardia Liberal  Florentino Rodríguez, presidente de la SSI.

“Hoy le pedimos a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que se emita un concepto sobre la declaratoria del Parque Natural Nacional, tenemos entendido que ya todo está definido y el Ministro de Minas y Energía manifestó que en julio ya se tendría la delimitación”, señaló Carlos Alberto Morales, diputado de Santander.

Si bien desde marzo de este año se conoció la noticia, por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, sobre la puesta en marcha de los estudios que delimitarían el Parque Nacional Natural, el Gobierno Nacional no ha oficializado la declaración.

El confín

Alfredo Molano Bravo
El Espectador
3 de junio de 2012

Entre las aguas que van al Orinoco y las que desembocan en el Amazonas hay un enorme territorio. 
 
Son aguas recogidas en las espaldas de la cordillera Oriental —el Guaviare—, o nacidas en moriches sabaneros —el Guainía—. Salvo algunas vegas y rebalses, no son tierras buenas, pero son bellas. Con eso basta. O nos basta a muchos que nos gustan los paisajes para mirar y no para entrarles a saco. Esos territorios fueron en su tiempo reclamados por la corona de Portugal, porque el Tratado de Tordesillas, que fijó límites ente lusos y castellanos, no fue tan claro. Brasil quería tener acceso al río Casiquiare, que comunica las cuencas del Orinoco con las del Amazonas, y por eso España vigilaba celosamente las fronteras. El Casiquiare es un río que dejó azul a Humboldt al verlo correr en ambos sentidos. ¡Una maravilla! Después de la Independencia las fronteras con Venezuela tampoco eran nítidas y la “baliza” era una línea recta que nacía en el cajón del Arauca y remataba en un punto llamado El Venado, por allá en el Guainía. José Eustasio Rivera acompañó en los años 20 a la comisión que clarificó los límites e inflamó la imaginación del poeta. El país se anotició de la existencia de ese confín con La vorágine, que recogió las denuncias que escribieron Uribe Uribe en 1908, y Roger Casement en 1910, sobre la sangre que los caucheros hacían correr por esos ríos. El territorio entre el Guaviare y el Guainía no fue cauchero propiamente, sino chiclero; se explotaba el juansoco, un látex de sabana que hizo famoso al cruel coronel Tomás Fúnez. La esclavitud de los indígenas —curripacos, puinaves, piapocos, sikuanis y cubeos— fue brutal. Así que cuando en los años 40 apareció Sophia Müller, una evangelizadora norteamericana que les enseñó que todo lo indígena era diabólico, la misionera fue recibida como un dios. Su papel consistió en empujarlos hacia la civilización, es decir, a vestirse, a comer enlatados y leer una biblia, traducida por ella a sus lenguas. Sobrevivieron a duras penas. Medio esclavizados por las visiones del infierno los encontraron los guerrilleros de Guadalupe Salcedo, que establecieron una línea de abastecimiento de mañoco —yuca brava— y armas por las fronteras. Después de la paz de Rojas Pinilla, en el 53, muchos se quedaron a vivir cultivando cacao silvestre o contrabandeando. Allá vivieron exguerrilleros liberales como Minuto Colmenares y Tomás Zambrano. Fue la época del tigrilleo: pieles de tigre mariposo, perro de agua y caimán negro se comercializaban en grandes cantidades. La selva olía a mortecino. Sobre esta historia se cultivó la coca y cuando la coca bajaba de precio y los colonos se rebuscaban con el oro, la selva olía a azogue. Se encontraron ricos yacimientos en Naquén y en Taraira. Cientos de mineros con draguetas, motores, dinamita, picos y palas entraron a esos cerros a rebuscarse, destrozándolos. Los garimpeiros —mineros brasileños— se sumaron a la nueva bonanza con grandes máquinas. El Gobierno colombiano no dijo ni pío. Dejó que la mina corrida destrozara lo que encontrara a su paso. Y cuando entró, sacó a los mineros pequeños y concesionó los territorios a grandes empresas mineras, una de las cuales, se dice, es de don Víctor.

Hoy la mitad de los departamentos del Guainía y Vaupés están solicitados por grandes multinacionales. Han descubierto con el beneplácito —y sin duda, información— del Gobierno colombiano que esa gran región es una riquísima mina de oro, bronce, cobre, uranio y coltán. La codicia se ha disparado y no conoce límites. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que esa zona es casi toda de resguardos indígenas, donde legalmente la minería de cualquier tipo es posible y, por tanto, puede ser autorizada por el Gobierno. Son territorios de minería indígena donde las comunidades nativas pueden hacer sociedades de explotación con las grandes multinacionales (los acuerdos serán como los que hizo cualquier Hernán Cortés con los Moctezumas). La locomotora arrasará con todo recurso minero de valor; dividirá a muerte a las comunidades indígenas; destrozará ríos, humedales, morichales; exterminará tigres, dantas, güíos y tucanes, e impondrá su poder político y cultural: no quedará un chamán que sepa del pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en ese confín —caucho, coca, biblia, ropa, sal, armas de fuego, mercurio, transferencias, regalías— será comparable a la brutalidad civilizadora que desplegará la nueva infernal máquina de exterminio. Quien no conoció la región se quedará sin saber que existió.