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viernes, 22 de noviembre de 2013
el incomprendido valor del agua
El Espectador
Ernesto Guhl Nannetti
21 de noviembre de 2013
Todos sabemos y reconocemos que sin el agua no hay vida ni progreso posibles y que es un bien público insustituible. Además, es esencial para el buen funcionamiento de los ecosistemas y de los servicios fundamentales que ellos ofrecen a la sociedad.
En los lugares en donde la “locomotora minera” se ha estrellado contra los deseos y los intereses de los habitantes, como en los casos de Santurbán y La Colosa, para citar sólo dos entre muchos, las comunidades y gremios han argumentado, con razón, que el agua vale más que el oro. El Gobierno, por su parte, hace poco por la conservación y la protección del agua y de los ecosistemas donde nace y se regula. La delimitación de los páramos es necesaria, pero no suficiente.
Hace unos días volví a recorrer el páramo de Chingaza, ecosistema donde nacen muchos ríos que alimentan las cuencas del Orinoco y del Magdalena, que surte alrededor del 70% del agua que consume Bogotá y hace posible la generación de casi el 30% del PIB nacional. Esta es época de invierno en Chingaza y reina el agua en todas las formas: nubes, nieblas, pequeños arroyos, quebradas, saltos y cascadas, humedales y ríos jóvenes.
El muy escaso valor monetario que le damos al agua se refleja en el valor insignificante que estableció el Gobierno anterior para la tasa por usarla y no refleja el carácter vital que le otorga la población, ni su importancia para la economía. Para percatarse de esta grave incoherencia basta mirar la parte de atrás de la factura del servicio de acueducto para constatar que el reconocimiento monetario del valor del trabajo de la naturaleza y de su conservación es asombrosamente bajo. En un pequeño recuadro azul se lee: “Su aporte para la preservación y restauración del ambiente”, que en mi caso fueron $49 mensuales para el pago por el agua cruda, esencial para la vida y el funcionamiento de mi casa. Para la “compensación por contaminación con aguas residuales”, que aparece en otro recuadro, el valor fue de $657 mensuales. La suma de estos dos valores, $706, no alcanza siquiera para comprar una botella de agua procesada. ¿Usted no pagaría mucho más para disfrutar, conservar y asegurar el acceso al agua?
Invito a los colombianos a examinar sus facturas y a pensar en la importancia de contribuir con un pago razonable y justo, que incentive el uso racional del agua y que permita conservar los páramos y los ecosistemas donde nace y se regula.
En el último año de gobierno, bien podría el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderar la fijación de un valor razonable para la tasa de agua y la tasa retributiva, que fueron creadas por el Código de los Recursos Naturales en 1974.
martes, 12 de noviembre de 2013
La cruzada del procurador contra el medio ambiente
El Espectador
César Rodríguez Garavito
11 de noviembre de 2013
Tarea que debería estar cumpliendo también el
procurador, a quien la Constitución le ordena “defender los intereses
colectivos, en especial el ambiente”.
En la columna mostraba que la Procuraduría viene haciendo lo contrario. Daba como ejemplo sus intervenciones en el caso de la mina de oro de La Colosa, en Tolima, que busca explotar la empresa AngloGold Ashanti. Al leer los documentos del caso y visitar la zona, es claro que la Procuraduría se ha convertido en el obstáculo principal para las comunidades y autoridades que se oponen a la mina por el profundo impacto que tendría sobre el agua, la agricultura y el medio ambiente. Por ejemplo, viene apoyando los recursos jurídicos de AngloGold contra Cortolima y pidiéndole a ésta que revoque las medidas que ha tomado para evitar los daños ambientales que podrían ocasionar los estudios de suelos de la empresa en el municipio de Piedras.
En
todo esto, la Procuraduría ha seguido el patrón de sus actuaciones en
otros temas: interpretar las normas en contra de los derechos de los
ciudadanos y usar su desbordado poder para intimidar a los funcionarios
que los protejan, con la amenaza velada de destitución.
Los
datos aportados por los lectores muestran que en este tema se cumple
también otro patrón del modus operandi de la Procuraduría: se trata, en
realidad, de una cruzada ideológica y personal del procurador.
Apenas
un año antes de ser elegido, Ordóñez publicó una diatriba contra el
ecologismo que no deja dudas sobre su opinión. En el libro El nuevo
derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural, se despacha
contra la ONU y el derecho internacional, incluyendo la protección del
medio ambiente. La razón de la crítica es religiosa. Para el hoy
procurador, la defensa del medio ambiente significa que “el hombre como
centro del mundo ha sido desplazado y reemplazado por la Madre
Naturaleza, y hasta ha resurgido el mito pagano de la Diosa Gaia”.
Si
le sorprende esta cita, le interesará esta otra, tan diciente que vale
la pena traerla completa. “La preocupación ecologista manifestada en la
proliferación de ONGS (sic) con ese objetivo y de partidos verdes, no
sólo se explican (sic) por la crisis medioambiental sino que responde a
la agenda política que diseñó la ONU, para practicar el más ambicioso
proyecto de reingeniería social de que se tenga noticia en la historia
de la humanidad, sólo comparable con el realizado por POL-POT (sic) en
Camboya, la única diferencia es el carácter violento del último, aunque
éste con el aborto y la eugenesia también tiñe sus manos con la sangre
de los inocentes”.
De modo que la
protección del medio ambiente, un deber constitucional de la
Procuraduría, es para el procurador una conspiración global contra lo
que él representa. Es una reforma contra la que hay que desatar otra
contrarreforma, otra cruzada personal de Ordóñez.
Sólo
así se entiende, por ejemplo, que el procurador haya enviado
recientemente al Ministerio de Ambiente una carta que combina una
ferviente defensa de la minería, críticas a las medidas del ministerio
para prevenir los daños ambientales que causaría y dudosos argumentos
jurídicos sobre “derechos adquiridos” de las empresas. Y remata con
recomendaciones que favorecerían los intereses mineros en zonas
estratégicas como el páramo de Santurbán.
Como toda cruzada, esta va para largo. Habrá que estar atentos.
* Miembro fundador de Dejusticia.
domingo, 28 de julio de 2013
Consulta minera en Piedras (Tolima)
El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
27 de julio de 2013
La historia de tensión entre habitantes del municipio tolimense y la AngloGold Ashanti.
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Los
piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de
acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se
realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración,
explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de
materiales, provenientes de las actividades de explotación minera
aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos
para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o
cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas
actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de
nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de
naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de
agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y
agrícola de nuestro municipio?”.
El
ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal
Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la
convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría
Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados
para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera
municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en
Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las
ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de
800 ciudadanos.
Pero más allá de la
consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el
proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima),
cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold
Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande
de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal.
El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al
tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una
montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del
mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que
nacen en este páramo.
En respuesta a
esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de
comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la
huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner
la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que
hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que
es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se
inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado
una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.
Hace
un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería
para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio
encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de
este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas
preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que
no tenían los permisos correspondientes.
Ocampo
sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos
(geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren
permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de
suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de
aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del
suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la
zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de
material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus
actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las
autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y
obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.
Para
la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las
actividades de la empresa. Para los impulsores del no a las actividades
mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo
expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de
esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y
luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de
pancoger a causa de la gran minería”.
Félix
Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no,
explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a
la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50
kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre
esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más
en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura.
Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la
vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos
sobre nuestro futuro”.
El alcalde
de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de
esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad
del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible
daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad
empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No
estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar
nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto.
Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región
para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La
Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.
Pero
incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de
enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es
tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no
practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y
la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa
sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias
ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de
la decisión que va a tomar.
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