La cruzada del procurador contra el medio ambiente

El Espectador
César Rodríguez Garavito
11 de noviembre de 2013

Gracias a los datos enviados por varios lectores, veo que mi columna anterior se quedó corta al criticar la presión que viene ejerciendo la Procuraduría contra los funcionarios públicos que protegen el medio ambiente.

Tarea que debería estar cumpliendo también el procurador, a quien la Constitución le ordena “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”.

En la columna mostraba que la Procuraduría viene haciendo lo contrario. Daba como ejemplo sus intervenciones en el caso de la mina de oro de La Colosa, en Tolima, que busca explotar la empresa AngloGold Ashanti. Al leer los documentos del caso y visitar la zona, es claro que la Procuraduría se ha convertido en el obstáculo principal para las comunidades y autoridades que se oponen a la mina por el profundo impacto que tendría sobre el agua, la agricultura y el medio ambiente. Por ejemplo, viene apoyando los recursos jurídicos de AngloGold contra Cortolima y pidiéndole a ésta que revoque las medidas que ha tomado para evitar los daños ambientales que podrían ocasionar los estudios de suelos de la empresa en el municipio de Piedras.

En todo esto, la Procuraduría ha seguido el patrón de sus actuaciones en otros temas: interpretar las normas en contra de los derechos de los ciudadanos y usar su desbordado poder para intimidar a los funcionarios que los protejan, con la amenaza velada de destitución.

Los datos aportados por los lectores muestran que en este tema se cumple también otro patrón del modus operandi de la Procuraduría: se trata, en realidad, de una cruzada ideológica y personal del procurador.

Apenas un año antes de ser elegido, Ordóñez publicó una diatriba contra el ecologismo que no deja dudas sobre su opinión. En el libro El nuevo derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural, se despacha contra la ONU y el derecho internacional, incluyendo la protección del medio ambiente. La razón de la crítica es religiosa. Para el hoy procurador, la defensa del medio ambiente significa que “el hombre como centro del mundo ha sido desplazado y reemplazado por la Madre Naturaleza, y hasta ha resurgido el mito pagano de la Diosa Gaia”.

Si le sorprende esta cita, le interesará esta otra, tan diciente que vale la pena traerla completa. “La preocupación ecologista manifestada en la proliferación de ONGS (sic) con ese objetivo y de partidos verdes, no sólo se explican (sic) por la crisis medioambiental sino que responde a la agenda política que diseñó la ONU, para practicar el más ambicioso proyecto de reingeniería social de que se tenga noticia en la historia de la humanidad, sólo comparable con el realizado por POL-POT (sic) en Camboya, la única diferencia es el carácter violento del último, aunque éste con el aborto y la eugenesia también tiñe sus manos con la sangre de los inocentes”.

De modo que la protección del medio ambiente, un deber constitucional de la Procuraduría, es para el procurador una conspiración global contra lo que él representa. Es una reforma contra la que hay que desatar otra contrarreforma, otra cruzada personal de Ordóñez.

Sólo así se entiende, por ejemplo, que el procurador haya enviado recientemente al Ministerio de Ambiente una carta que combina una ferviente defensa de la minería, críticas a las medidas del ministerio para prevenir los daños ambientales que causaría y dudosos argumentos jurídicos sobre “derechos adquiridos” de las empresas. Y remata con recomendaciones que favorecerían los intereses mineros en zonas estratégicas como el páramo de Santurbán.

Como toda cruzada, esta va para largo. Habrá que estar atentos.

* Miembro fundador de Dejusticia.

El matoneo ambiental de la Procuraduría

El Espectador
4 de noviembre de 2013
César Rodríguez Garavito

Piedras, Tolima. En este rincón arrocero del país, queda claro que la cruzada de la Procuraduría contra los derechos ciudadanos es más ambiciosa y ubicua de lo que parece desde Bogotá. 

 A la campaña contra la población LGBTI y las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, se suma otra menos visible pero igualmente eficaz: la presión contra las comunidades locales que defienden el medio ambiente. En todos los casos, la fórmula es la misma: intimidar, con cuestionables argumentos jurídicos, a las autoridades que protegen los derechos.

El caso de Piedras es ilustrativo. En este municipio a una hora de Ibagué, los ciudadanos convocaron en julio una consulta popular para decidir democráticamente si permitían actividades mineras en su territorio. El origen de la consulta fue la presencia de la empresa AngloGold Ashanti, que venía haciendo estudios en terreno para decidir si ubicaba aquí el inmenso depósito de residuos que dejaría la explotación de la mina de oro de La Colosa, proyectada para ser una de las más grandes del mundo.

Las consultas populares están autorizadas por la Constitución, y la de Piedras cumplió todos los requisitos. El resultado fue contundente: el 99% de los piedrunos que participaron lo hizo para votar en contra de proyectos como el de AngloGold, por los riesgos que acarrean para el agua, la agricultura y el medio ambiente locales.

Hasta aquí, el caso parecía un ejemplo esperanzador de participación ciudadana. Pero la Procuraduría se ha convertido en la piedra en el zapato para los de Piedras. Como lo ha hecho con notarios y jueces para bloquear matrimonios de parejas del mismo sexo, ha enviado cartas al alcalde y los concejales, advirtiéndoles que no pueden interferir con la minería, porque ese sería un tema del gobierno central, no de los municipios. En realidad, el problema jurídico es complejo y no está decidido, porque no hay precedentes de consultas populares como la que se hizo aquí.

Pero ya se sabe cómo opera la Procuraduría: convierte sus opiniones jurídicas en verdades categóricas que intimidan a los funcionarios que interpretan la ley a favor de los derechos ciudadanos, porque sabe que en sus manos está el poder de sancionarlos y destituirlos.

Así también ha amedrentado a Cortolima, la autoridad ambiental que ha tenido la independencia y la integridad necesarias para supervisar estrictamente las operaciones de AngloGold. Atendiendo quejas de los lugareños, Cortolima determinó que la empresa venía haciendo perforaciones profundas y afectando cauces de agua sin tener autorización para ello. Aplicó entonces el principio de precaución ambiental y detuvo el estudio de suelos de la minera.

¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Respaldó a la autoridad que, a diferencia de muchas otras en el país, hizo su tarea de proteger el medio ambiente? No. En lugar de ello, intervino en el proceso para apoyar a la AngloGold en su recurso jurídico contra la decisión de Cortolima, que hoy está sola en medio de esas dos presiones poderosas. Habrá que ver cuál es el siguiente paso de la Procuraduría, ahora que Cortolima tuvo el valor de ratificar su decisión.

Habrá que ver también qué hace en otros conflictos similares. Por ahora, una cosa es clara: viene haciendo todo lo contrario a “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”, como le ordena la Constitución.

*Miembro fundador de Dejusticia.

Oro, piedras y consultas

El Espectador
César Rodríguez Garavito
19 de agosto de 2013

En Piedras, Tolima, se juega el futuro de la democracia participativa y el medio ambiente en Colombia. Allí tuvo lugar la primera consulta popular sobre un proyecto minero (La Colosa), que sería uno de los más grandes del país y la estrella en el portafolio nacional de Anglo Gold, la multinacional aurífera.

En Piedras estaría ubicada la planta donde se separaría el oro de las rocas mediante el uso de químicos riesgosos. A eso se opuso el 98% de los participantes en una consulta que siguió todos los trámites legales. Como las consultas son vinculantes, le corresponde ahora al alcalde obedecer el mandato popular.

El problema es que el gobierno nacional le cerró el paso a este tipo de vetos locales a la minería en un controvertido decreto (el 934) de mayo de este año. ¿Qué prima, entonces? ¿La democracia participativa y la protección del medio ambiente, o la propiedad del Estado sobre los yacimientos minerales?

La pregunta tiene aristas legales y políticas. Jurídicamente, uno de los ejes de la Constitución del 91 es la participación ciudadana con poder de decisión. Por ello se crearon los referendos, los plebiscitos, las revocatorias del mandato, las consultas populares como la de Piedras y otras formas de participación directa que resultan en decisiones obligatorias para las autoridades públicas.

Pero la misma Constitución le dio al Estado central, en cabeza del presidente, la propiedad y la potestad de regular el uso de los recursos mineros. De ahí que el Gobierno argumente que ni los habitantes de los municipios, ni los alcaldes o gobernadores, pueden vetar la minería en sus territorios.

Aunque el tema es complejo y será dirimido por el Consejo de Estado, la posición del Gobierno no tiene fundamento jurídico sólido. Primero, porque desconocer la votación popular dejaría sin efectos la participación de los ciudadanos “en los asuntos que los afectan” (art. 2 de la Constitución). Si pueden votar por la remoción de un mal alcalde, ¿cómo no podrían hacerlo sobre un proyecto minero que tendría consecuencias aún más profundas y permanentes sobre su salud, su futuro económico y su permanencia en sus tierras y viviendas?

Segundo, el Código Minero de 2001 (art. 35) les permite a las autoridades municipales limitar las actividades mineras en su territorio. Aunque el Código habla de “restringir” en lugar de “prohibir”, deja un margen de apreciación a los alcaldes que puede ser utilizado para atender la voluntad popular en casos como el de Piedras, o para cerrar las canteras en Bogotá, como lo quiere hacer la Alcaldía. Por eso mismo, el decreto reciente del Gobierno podría ser ilegal.

Los argumentos políticos dan una respuesta más contundente. Porque las consultas son el mecanismo ideal para canalizar pacífica y democráticamente las inquietudes y reclamos locales, y ofrecen una alternativa institucional a los bloqueos y vías de hecho. Además, no hay proyecto minero que tenga éxito si las comunidades locales se oponen, como lo saben bien las empresas. De hecho, las consultas han detenido otros proyectos auríferos aun en países donde no son obligatorias, como pasó en la mina de Esquel en Argentina o en la de Cajamarca en Perú.

Por eso yerra el Gobierno al criticar las consultas populares (y las consultas previas con indígenas y afros) con tanta acrimonia como lo hace con los paros. En lugar de ello, debería reconocerlas y ordenarlas con reglas de juego claras. Y dejar de lanzar acusaciones infundadas de corrupción y sabotaje contra sus promotores.