Colombia no se vende

La cruz de Boyacá

El Espectador
Eduardo Barajas Sandoval
26 de agosto de 2013

Hay Estados que descuidan regiones enteras y las abandonan a su destino, como si fueran parte de otro país.

Ahora, la historia le ofrece otra oportunidad a través de un nuevo reto, de aquellos que han permitido en otras partes la revelación de grandes estadistas: reconstruir el tejido social de Boyacá y configurar un orden de democracia económica que sirva de modelo para todo el país y que permita que los campesinos sean socios de la empresa del desarrollo, en lugar de jugar el papel de sumisos segundones bajo un modelo que los menosprecia y les cierra las puertas. En ese empeño deberían ayudar tantos boyacenses que con experiencia y talento triunfan en otras partes, pero mantienen un pedazo de alma en la tierra noble que los vio nacer.  El Presidente, que recuerda con emoción cómo su padre nació en Tunja, debería convocarlos para dar conjuntamente con ellos una buena muestra de liderazgo. 

Si el problema se trata bajo los esquemas tradicionales de ir a ofrecer raciones de caridad o préstamos para que todo siga igual o peor, sin dar opciones para que la gente se dedique a nuevas actividades, y se pueda conectar mediante asociaciones de pequeños cultivadores con los mercados internacionales, cuyas bondades tanto se pregonan, Boyacá tendrá que seguir con su cruz a cuestas y puede ser el semillero de problemas mayores, que recibirán como herencia generaciones y gobiernos futuros.

Indignados con las pretendidas dignidades

Editorial 
El Espectador
23 de agosto de 2013

Vamos a reconocer lo obvio desde el principio.

Este país tiene muchas falencias, muchas injusticias, muchos retos. El Estado no ha hecho presencia efectiva en muchísimas zonas y ha abandonado a su suerte a muchísimos sectores. La distribución del ingreso, aunque ha mejorado, sigue siendo preocupante. El crecimiento económico, aunque ha beneficiado a muchos y ha expandido la clase media, está muy lejos de filtrarse suficientemente y llegar a los niveles deseados. Todos, absolutamente todos los colombianos, tenemos algo que reprocharle al Estado y tenemos razones para estar inconformes, y para protestar, y para exigir.

Así como todo ello es innegable, no huelga resaltar en estos momentos en que esas expresiones de indignación encuentran una salida con el paro campesino que la forma como expresemos esas inconformidades, como canalicemos nuestras frustraciones, es quizá la más importante diferencia entre los países que alcanzan un mayor nivel de desarrollo y de calidad de vida frente a los que aún no llegan a ese objetivo. Abundan en la literatura económica y jurídica referencias a la importancia de las instituciones —incluso en la protesta— para que una sociedad progrese.

Lo que hemos visto en esta semana, en ese sentido, ha sido preocupante. Protestas y bloqueos sin orden, sin mayor coherencia, con pliegos de condiciones incluso contradictorios, sin propuestas de soluciones. A algunos voceros de los cafeteros no les gusta la minería en el pliego cafetero, pero apoyan la minería en el pliego minero. Los camioneros quieren subir sus fletes, lo que afectaría el bolsillo de los agricultores. Se pretende que la sociedad en su conjunto los financie a todos. Y, a la vez, siempre seguiremos con la espada de Damocles de un nuevo paro, de una nueva revuelta, porque ninguna solución satisface plenamente.

Más incomprensible resulta la actitud de algunos voceros cafeteros del Huila que llaman a un paro para movilizar productores justo en el momento de la cosecha, y a pesar de que es precisamente en ese departamento donde están llegando a una mayor proporción de productores los generosos subsidios que el Gobierno ofreció en el paro anterior y que venimos pagando los contribuyentes. Si el bienestar y la dignidad de los cultivadores es la prioridad, resulta extraño, por decir lo menos, que se les afecte de esa manera en su momento menos penoso.

Decíamos en reciente editorial que parecía ser el momento adecuado para pensar en los liderazgos que pudieran transformar la justa indignación en cambios sociales y políticos. Advertíamos también en otro editorial anterior sobre los peligros de lanzarse a la movilización, por justa que fuere en sus motivaciones, sin medir las consecuencias que al final ellas podrían generar. Nada fortalece más nuestra opinión que el paro actual, dominado por la actitud del “sálvese quien pueda”. Los enormes problemas del campo colombiano no se van a solucionar con el arreglo independiente de cada sector productivo agropecuario.

Así, por ese camino, el Estado, la sociedad, los propios campesinos, todos finalmente, terminamos chantajeados por grupos que bajo el sobrenombre de “dignidad” nos van llevando a puntos de no retorno. Lo peor, esta incomprensible actitud genera que la violencia comience a reemplazar los diálogos y las negociaciones, que deben realizarse por los canales institucionales. Insistimos: los motivos para protestar y exigir cambios existen, criminalizar la protesta —incluso si se presenta infiltración de los armados ilegales, que no es ilógico— es negar la realidad que vive el campo colombiano, pero incluso para canalizar esa indignación la institucionalidad hace falta.

Aun cuando resulte más fácil, y más popular, sumarse a la gritería, va siendo hora de decir que estamos indignados con las pretendidas dignidades.

Caficultores protestan por crisis en el sector

EFE          
9 de octubre de 2012

Se concentraron en vías de diez regiones del país para protestar contra la respuesta del Gobierno, que consideran deficiente, a la crisis que atraviesa su sector por la caída de precios y la revaluación del dólar.

las protestas se desarrollaron en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Cesar, Huila y Tolima, donde hay cultivos de café.

El coordinador del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros, Óscar Gutiérrez, dijo a Efe por teléfono desde uno de los puntos de concentración en El Palo, un punto en la vía que va de la ciudad de Manizales a la de Medellín, que la protesta es de "tintes pacíficos en todo el país".

Según precisó, las protestas se desarrollaron en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Cesar, Huila y Tolima, donde hay cultivos de café, considerado el más suave del mundo. Sin embargo, lamentó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos "no logra entender que hay una respuesta social en el sector del café" y advirtió de que los caficultores no van a abandonar la lucha "hasta que se atiendan las reivindicaciones".

El pasado 13 de agosto, unos 10.000 cafeteros se movilizaron en la ciudad de Manizales para pedir que no se apliquen varios tratados de libre comercio (TLC) firmados por Colombia con los que consideran que salen perdiendo. También solicitaron una rebaja en los precios de los abonos y un significativo incremento en los subsidios para el control de plagas, como la roya, así como que se controle la revaluación del peso frente al dólar estadounidense.

Al considerar que el Ejecutivo "no ha respondido positivamente a estos reclamos", Gutiérrez argumentó que la decisión del gremio fue la de "seguir denunciando los pésimos ingresos de los caficultores", que en el país andino sostienen a unas 563.000 familias. "Llevamos unos seis meses en el que el precio interno para la venta del saco de café de 125 kilos tipo exportación no pasa de 620.000 pesos (unos 345 dólares), mientras que el costo de producción de una carga está entre los 640.000 (unos 356 dólares) y los 650.000 pesos (unos 362 dólares)", explicó.

El caficultor desestimó sin embargo que pueda haber próximamente alguna modificación en los precios.

La Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) anunció ayer precisamente un Contrato de Protección de Precio para proteger los ingresos y disminuir los riesgos al cubrir hasta 50 cargas con el precio promedio del día o por un valor que rodee el 10 por ciento.

Luego, pueden reclamar la diferencia ante el Comité de Cafeteros correspondiente.

Por su parte, el senador del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo instó a través de un comunicado que el Gobierno fije a través de un decreto un "justo precio de sustentación y dé apoyo real a la caficultura, inyectándole no menos de un billón de pesos" (unos 556 millones de dólares).