catastro y registro para la reforma rural integral

El Espectador
Alejandro Reyes Posada
29 de marzo de 2014

En Colombia los derechos de propiedad sobre la tierra no tienen una base cartográfica sólida, que debería ser un catastro moderno y completo. 

Esto significa que los linderos que demarcan cada propiedad no tienen expresión en un plano único y confiable, certificado por el Estado, y por tanto no son un “cuerpo cierto”, usando la expresión legal, como tampoco su área y linderos. Esta dificultad se suple, en las transacciones de dominio, con una descripción literaria de los linderos, mientras el plano permanece como un documento anexo, cuando hay, sin valor para identificar el terreno.

Que el registro, y no el catastro, sea la prueba de los derechos de propiedad, con referencia imprecisa respecto de los linderos en el terreno, es la anomalía colombiana, el secreto oculto que ha permitido a los vivos con poder apropiarse del trabajo colectivo de los campesinos y a las élites territoriales disfrutar del monopolio rentístico de la tierra desde el siglo XIX.

No sorprende, en esta situación, que la frontera entre baldíos y tierras privadas sea muy borrosa, igual que entre poseedores campesinos y propietarios titulares, para no mencionar los conflictos de linderos entre vecinos, que son muy frecuentes. Este sistema impreciso de identificación cartográfica de los predios y de registro de la propiedad tiene un sesgo a favor de quienes tienen mayor habilidad para relacionarse con el sistema legal y en perjuicio de quienes carecen de esa capacidad. El sistema descoordinado impide al Estado tener el control físico, jurídico, económico y fiscal de la tenencia de la tierra y debilita el potencial del desarrollo rural, la bancarización y la formalización de la economía agraria, y también impide a los poseedores y propietarios tener seguridad jurídica en sus derechos, para transformarlos en patrimonio y capital.

Los principales usuarios institucionales de la información catastral, aparte de las CAR y los municipios, son las empresas petroleras y mineras, que para hacer sus propios planos topográficos pagan salarios muy superiores a las tarifas del IGAC y, por tanto, absorben la poca oferta disponible de topógrafos. Esas empresas, además, así como los contratistas de obras públicas que deben adquirir predios, encuentran que los planos catastrales del IGAC no reflejan la realidad de la tenencia, y deben, por tanto, hacer de nuevo los levantamientos catastrales. Igual sucede en la Unidad de Restitución de Tierras y en el Incoder, que deben hacerlo porque los jueces no aceptan los planos del IGAC, por su desactualización, imprecisiones y deficiencias.

Para que la reforma rural integral no sea sólo buenas intenciones, el país debe hacer un verdadero catastro y fundir en un solo instrumento el título de propiedad, cuyo objeto debe ser un plano catastral y no la descripción poética del paisaje, como ocurre en el registro actual. El nuevo catastro debe referenciar geográficamente con planos todas las posesiones de tierras, tituladas o no, en manos de campesinos, los territorios étnicos, las reservas naturales y forestales, para identificar todos los conflictos de tenencia y solucionarlos de acuerdo con el derecho agrario, que protege la posesión y el acceso a la tierra de los más vulnerables del campo.

Medio llena, medio vacía

El País
Miguel Ángel Bastenier
12 de noviembre de 2013

La ironía del proceso de paz colombiano que se desarrolla en Cuba es que las reformas se podrían haber hecho hace décadas.

Colombia acaba de dar un paso de gigante hacia la firma de la paz. ¿O no? Parece este un caso clásico de botella medio llena o medio vacía, versión a elegir según preferencias.

La semana pasada las FARC y el Gobierno colombiano se pusieron de acuerdo sobre el segundo punto de las conversaciones de paz en La Habana como era la incorporación a la vida política en plena legalidad de los insurrectos. Los negociadores de Bogotá y el presidente Santos, así como la guerrilla, ven a la fuerza la botella medio llena, mientras que el tercero en discordia, el expresidente Uribe, que considera el trato de La Habana alta traición, probablemente teme que esté también medio llena, pero cree que está medio vacía; que es un engaño a la vez de las FARC, que no quieren realmente la paz, y del Gobierno, que engaña a todos los colombianos para que Juan Manuel Santos sea reelegido en junio de 2014.

Tanto el Estado como la insurrección precisaban una buena noticia que levantara la moral de una ciudadanía, en la que crecía la amenaza del uribismo ante las legislativas de mayo próximo: el Gobierno, porque se lo juega todo en la negociación para acabar con una guerra que dura ya más de medio siglo; y los guerrilleros porque un Congreso repleto de uribistas, y aun peor, un presidente clon de Uribe —que por ley no puede ser candidato— y entregado vocacionalmente a la guerra, sería para ellos el peor futuro imaginable.

Y la solución —temporal— era ponerse de acuerdo en los términos más abstractos posibles, que un pueblo de gramáticos como el colombiano, que maneja el lenguaje con virtuosismo próximo a la ofuscación, diera con un planteamiento, como escribe Semana, "ante el que es casi imposible estar en desacuerdo". Había que redactar un plan de puesta en práctica tan ulterior, que hoy nadie sepa cómo hacerlo. Las FARC pedían ocho escaños en las cámaras y una gran mayoría de la opinión colombiana exigía que al menos los responsables de delitos atroces fueran a la cárcel. Y el acuerdo habla de "curules" —escaños en colombiano contemporáneo— en zonas especialmente devastadas por la guerrilla, pero insistiendo en que habrá que pelear en las urnas con otros candidatos que compitan; se extiende sobre una ventilación del sistema que consiste en dar facilidades para que los movimientos sociales se conviertan en partidos, como pedía la guerrilla, y nazcan nuevas formaciones políticas, para todo lo que se rebajaría el umbral de votos —3%— para acceder a las cámaras. Pero sin especificar con qué ley electoral; y todo ello, finalmente, estaría coronado por un estatuto de la oposición que debería dar plenas garantías de seguridad —nadie sabe cómo— sobre la vida y la práctica de la disidencia.

Parece sumamente probable que las conversaciones aún duren cuando haya que votar en las legislativas del 25 de mayo, y que, por ello, guerra y paz protagonicen el debate electoral. Y en esa tesitura, el común interés de Gobierno y guerrilla hace pensar que de La Habana pudieran llegar noticias alentadoras sobre el curso de la negociación. A fin de mayo se acordó ya una reforma agraria, que transformaría la tenencia de la tierra, dando ocupación y labranza a millones de despojados, desplazados y brazos ociosos; pero, tras el anuncio del pasado 6 de noviembre sobre participación política, aún quedan cuatro puntos por dilucidar: 1) erradicación del narcotráfico, del que las FARC son protectoras de cultivos y perceptoras del peaje de la coca; 2) terminación de las hostilidades; 3) reparación a las víctimas, lo que exigiría paralelamente que la administración de justicia fuera igual para todos; y 4) ratificación en referéndum de estos acuerdos. Como remate, un corolario sine qua non: nada estará firmado hasta que todo esté firmado.

Pero la ironía de todo el proceso es que esas reformas deberían haberse acometido hace décadas por el bien de la democracia, sin necesidad de que mediara insurrección alguna. Y únicamente esa nueva Colombia imaginada podría hacer realidad tan espléndidos proyectos. Si ese país existiera, las FARC nunca habrían encontrado base material para la guerra, y nada menos que su refundación es lo que se espera del establecimiento de la paz.

Así es como la botella no está medio llena o medio vacía, sino, a la vez, medio llena y medio vacía; llena, porque las partes quieren sinceramente acabar con el conflicto; y medio vacía, porque es todo un misterio la manera de lograrlo.

montañas

Andrés Hoyos

El Espectador

22 de agosto de 2012



La mayoría de los colombianos vive en las montañas. Mientras hay quien ni siquiera tenga una de 2.600 metros, nosotros construimos sobre una gran sabana de esa altura una ciudad de casi ocho millones de habitantes. Desde allí se ha ejercido el poder sobre el resto del país, en medio de quejas por el resultado. Estas quejas no han dejado de tener razón, así las alternativas ofrecidas sean discutibles.

Las tres cordilleras y un par de formaciones adicionales —la Serranía de la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta— entrañan un reto ciertamente formidable, que hasta ahora nos ha quedado grande, muy grande. Un ejemplo obvio: las montañas son una fábrica de agua, y por el terror que le tenemos al agua, se podrá juzgar lo mal que hemos aprovechado el abrupto escenario sobre el que estamos asentados.

La red de carreteras que cruza las montañas colombianas tiene que calificarse de deplorable y patética. Parece embadurnada en las laderas, no impuesta sobre ellas. Durante años las carreteras se trazaban según los intereses de algún hacendado sin que importara si eso las obligaba a atravesar parajes imposibles. Hubo también trenes, pero esta modalidad de transporte es casi imposible de implantar eficientemente en países tan montañosos como Colombia.

Las montañas nos han separado más de lo que nos han unido. Durante un siglo, la única organización de cubrimiento nacional era la Iglesia católica, a la cual se sumaron por el camino los dos partidos tradicionales, tan precarios ellos. En la década de 1930 el liberalismo tuvo un breve esplendor que no alcanzó para modernizar de forma irreversible al país. La constante, pues, ha sido un Estado pobre y lejano que ha dejado de ejercer soberanía en amplias zonas de la geografía, donde por ello mismo se crearon sistemas locales de poder y de gobierno, clientelistas, autoritarios, parroquiales y corruptos. Luego surgieron y se hicieron fuertes allí dos monstruosidades: la guerrilla y el paramilitarismo.

La clase terrateniente surgida de la Guerra de Independencia, a la que se agregaron en la segunda mitad del siglo XIX muchos aventajados miembros del Partido Liberal, monopolizó y casi se podría decir que secuestró las tierras planas del país, dedicándolas muy mayoritariamente a la ganadería extensiva que ni produce riqueza ni da trabajo. Después surgieron unos pocos cultivos intensivos: la caña de azúcar, el banano y la palma africana, siempre pequeños si se los compara con su potencial. Los éxitos agrarios en la parte quebrada de nuestras montañas han sido pocos: el más notable fue el café, hoy deslucido por el anquilosamiento de sus instituciones. Se me ocurren apenas otros dos: las flores, el legal, y la coca, el ilegal. Como consecuencia de todo lo anterior, hemos tenido un extenso minifundismo subido en cumbres inhóspitas, alejadas de cualquier vía de acceso decente, en riscos donde sólo tendría que haber bosque primario o tal vez algún cultivo agroforestal. También hay masas campesinas en zonas de colonización, problemáticas e ingobernables desde siempre. Sobra decir que la reforma agraria ha sido el gran imposible nacional.

Cómo será nuestra relación de amor y odio con las montañas, que nos inventamos una palabra: “montañero”. Aunque su uso es peyorativo, resulta aplicable a la mayoría de los colombianos. Porque no habrá futuro si todos los montañeros no reparamos, con respeto y audacia, nuestra relación con las montañas.

andreshoyos@elmalpensante.com @andrewholes