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lunes, 17 de marzo de 2014

“Pobre país rico”, si no reacciona


La indignación en las calles de Colombia y en las redes no puede resultar tan incoherente en las urnas. O votamos bien, o nos gobernarán mal.


Diana Calderón
El País
16 de marzo de 2014

El proceso electoral que se vivió hace ocho días en Colombia podría leerse como el más importante en muchos años. Los comicios dejaron conformado un Congreso que tiene las mayores responsabilidades en la reglamentación del marco jurídico para la paz -de llegar a firmarse en La Habana un acuerdo con las FARC-, la reformulación de la política y sus instrumentos de participación, la reforma a la salud, la de la justicia -que se corrompió- y todo lo que se convenga en materia de tierras, modelo económico, lucha contra los cultivos ilícitos y el negocio de la droga.

Este Congreso, que debería enorgullecernos por la diversidad de sus integrantes y la experiencia de otros, nos avergüenza en muchos casos por razones de forma pero, sobre todo, de fondo.

Quedó conformado por un expresidente -Alvaro Uribe- que por su liderazgo caudillista llegó al Congreso llevando de la mano a 18 senadores más del Centro Democrático. Se trata del 20 por ciento del Senado que representa esa otra forma de concebir el poder y su ejercicio de la política, y que reclama la recuperación de una Colombia segura. También está compuesto por un Partido Conservador que, si bien dividido, logró imponerse a las encuestas que lo daban casi extinto. La composición la completa el Partido de Gobierno -La U- que tiene en sus huestes a varios de los más cuestionados políticos colombianos y unos liberales que reclaman el triunfo aritmético sobre el político. Además, un minoritario Polo de izquierda, cuyo líder -un dogmático y coherente senador- repite con una de las votaciones más altas del país.

En ese mismo Congreso, esta vez creció la cuota femenina -mujeres valientes y libertarias- entraron los indígenas y unos negros no tan negros que usan los espacios de organizaciones electorales para las minorías cuando los rechazan en otros partidos.

Hasta ahí, todo parece más o menos lo esperable. Pero el mismo Centro Democrático de Alvaro Uribe le dijo al país que las 19 curules logradas son buenas, pero que le faltaron dos y por lo tanto, asegura que hubo fraude. Los ganadores en el Gobierno, los del partido de La U, que obtuvieron las dos curules que reclama el CD, son senadores acusados del más descarado clientelismo para mantener sus privilegios legislativos.

Algunos blancos se inscribieron en el Partido del Ébano para meterse en las curules que, desde la Constitución del 91, se le reconocen a los afrodescendientes. Lo hacen para seguir marginando poblaciones enteras porque en la miseria de esas vulnerabilidades tienen la fuente de su negocio. No hay más mirar el registro de sus propiedades.

Y en cada uno de los partidos de la Unidad Nacional -La U, Cambio Radical, Conservadores y Liberales- los herederos de las estructuras paramilitares lograron sus curules para seguir ensuciando de sangre regiones enteras como lo hicieron en el pasado.

Ese Congreso que elegimos, con variadas excepciones, no está preocupado por reducir la burocracia ni hacer más efectivo el funcionamiento del Estado. Tampoco por las crisis de nuestras sociedades sumidas en procesos de indignación juvenil y desesperanza colectiva porque no funcionan los sistemas de transporte o porque la educación resulta costosa a pesar de los indicadores que nos ubican como la tercera economía de América y en donde petroleras y bancos generan utilidades casi a diario. Un "pobre país rico”

Y, a pesar de que es el momento para la reflexión que permita encontrar salidas, el sesgo y la polarización imposibilita el equilibrio y el debate. Cualquier intento por llamar las cosas por su nombre y recordarle a quienes -en la aurora del poder- hicieron las mismas trampas que hoy denuncian, es considerado por ellos como activismo de oposición. Las noticias se publican a medias para calmar la conciencia que calla, las venganzas se sirven a la carta y las críticas vuelven a quienes las hacen enemigos de turno.

Por otro lado, las realidades de Bogotá tendrán efectos políticos nacionales. La capital espera estos días una definición sobre el futuro de su alcalde, destituido por faltas disciplinarias al haber cambiado el esquema de recolección de basuras. La decisión está pendiente de amparos en instancias judiciales superiores e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por otro lado, tiene pendiente para abril una votación popular de revocatoria del mandato, que se vuelve una apuesta para los políticos. Unos se muestran a favor de Petro –“¡Petro no se va!”- y otros se suman al “¡Chao Petro!”, polarizando el ambiente en Bogotá y contaminando la elección presidencial. Difícilmente esa campaña podrá sacudirse del efecto de una crisis sin precedentes en la capital que estallará como muy tarde en abril.

La única salida -porque tiene que existir una- parece buscar ese punto que nos devuelva al equilibrio y encontrar un consenso nacional, en el que nos comprometamos con unos mínimos que no se rompan mientras se alzan las voces de la diferencia, ojalá cada vez más altas…

El consenso lo construyen los ciudadanos, quienes deben recordar que la forma en la que votan determina cómo los gobiernan y que deben exigirle a los candidatos presidenciales que demuestren que están a la altura del lugar que pretenden. Son Clara López, una mujer nacida de la cuna aristocrática que optó por la izquierda y esta misma semana se unió a otra valiente: Aída Avella, quien recuperó para el país la memoria de la UP. También Enrique Peñalosa quien, desde una Alianza Verde, terminó ganando una consulta y tendrá que dejar su arrogancia para decirle a los colombianos que es un gran gerente. Lo mismo ocurre con Oscar Iván Zuluaga, quien parece sufrir el síndrome de Estocolmo, secuestrado en un partido donde sus compañeros son sus propios contrincantes y le montan bulling en las redes. O Martha Lucia Ramírez, si logra dejar su posición de victima incomprendida y demuestra cuál es su talante.

Y el mismo presidente Juan Manuel Santos, de quien esperamos que asuma las posiciones que corresponden frente a quienes usan y abusan del poder.

La indignación en las calles y en las redes no puede resultar tan incoherente en las urnas. O votamos bien, o nos gobernarán mal.


lunes, 22 de julio de 2013

Antes de que el arco se rompa


El Espectador
William Ospina
20 de julio de 2013

Juan Manuel Santos acaba de desperdiciar una oportunidad de oro para demostrar no sólo que es un hombre inteligente, sino también que es un estadista.

Ante las justas protestas de los campesinos del Catatumbo, abandonados por décadas de negligencia estatal en manos de las guerrillas, de los paramilitares, de las multinacionales, de la minería salvaje y de los rigores del clima; ante el clamor de unos campesinos que reclaman inversión social y una zona de reserva campesina aprobada por la Constitución, que muchos consideran la solución a algunos de los problemas del campo colombiano, Santos, con la arrogancia de la vieja aristocracia, con la soberbia clásica de los gobernantes de este país, está permitiendo que una crisis de días se convierta en un problema humanitario de mayores proporciones.

Tenía la oportunidad de decir a los manifestantes: “Todavía no sabemos cuáles puedan ser las ventajas y las desventajas de esas zonas de reserva campesina, pero esta es una excelente oportunidad de poner a prueba un proyecto piloto con inversión pública, presencia del Estado y vigilancia de los medios y de la comunidad internacional, para que no se diga que estas decisiones sólo las podemos tomar de acuerdo con las guerrillas y después de largas discusiones con ellas. En breve tiempo podremos ver si es verdad, como dicen sus adversarios, que se pueden convertir en focos de conflicto, o si, como dicen sus defensores, permiten el desarrollo de una economía comunitaria que por fin ayude a los campesinos a salir del aislamiento y de la miseria, y los incorpore a la sociedad y a la modernidad”.

A lo mejor esa decisión permitiría trabajar conjuntamente con los campesinos en crear un laboratorio de solución de conflictos donde es más importante: a nivel local. Porque tal vez tanto el Gobierno como la guerrilla se equivocan pensando que la paz se puede construir primero en papeles en una mesa y después trasladarla mecánicamente a las provincias.

La paz se construye con la comunidad, allí donde están los problemas: la necesidad de una economía familiar, la necesidad de una agricultura integrada a los desafíos de la época, la necesidad de un modelo de seguridad del que formen parte la confianza ciudadana, la opinión de las personas y las oportunidades reales de progreso.

Es, por supuesto, urgente que las armas se silencien y que este maligno conflicto de 50 años, nacido de la arrogancia del poder y del desamparo de las comunidades, un conflicto que se ha ido degradando y envileciendo por la dinámica normal de una guerra bárbara y eterna, termine por fin, para sosiego de los humildes hogares campesinos que lo padecen, de las jóvenes generaciones que son inmoladas en él, y para que puedan arrancar la modernización y la prosperidad del país.

Santos no debería desconfiar tanto de sus propias decisiones. Está dialogando en La Habana con los insurgentes, pero teme que sus críticos desde el guerrerismo lo acusen de ser débil, por hacerles concesiones a unos campesinos que es evidente que han padecido no sólo la guerra, sino el modo insensible y arrogante como se gobernó el país por todo un siglo.

Debería no poner a depender todo de la negociación. Aquí muchos saben que si el Estado, por su propia iniciativa, hubiera tomado la decisión de modernizar el campo y de abrirles un horizonte de justicia a millones de seres humildes en toda la geografía nacional, no tendría que estar pactando ahora cosas tan elementales con unos ejércitos insurgentes.

Yo creo que el Gobierno colombiano representa muy parcialmente a la sociedad colombiana, pues aunque es elegido por millones de personas, suele gobernar para los intereses de muy pocos. Pero aun así, creo que el Gobierno representa a muchas más personas que la guerrilla: en esa medida está en la facultad de tomar grandes decisiones benéficas por sí mismo, y si no lo ha hecho históricamente ha sido por torpeza, por ignorancia, por soberbia o por desprecio a la comunidad.

Además, ¿por qué creer que se les están haciendo concesiones a las personas? El país es de la gente. La decisión de ayudarles a los pobres a vivir mejor, la decisión de escuchar sus clamores de angustia, y de manejar con serenidad y con respeto sus estallidos de desesperación, no es debilidad, es fortaleza. Significa que el Gobierno sabe que está gobernando para resolver problemas, no para satisfacer su arrogancia.

Gentes que lo han tenido todo, como las que nos gobiernan, no saben lo que es estar en el desamparo, en la falta de horizontes, en la tiniebla de la incertidumbre y de la soledad. ¿Por qué mirar siempre el dolor de los pobres, que los lleva a afrontar a veces riesgos tremendos, como una expresión de maldad, como algo que obedece siempre a un libreto infernal? Pobre democracia la que obedece a semejantes prejuicios, y la que se eterniza en esas terquedades y en esas arrogancias.

Juan Manuel Santos ha desperdiciado una oportunidad de mostrarse generoso, de mostrarse estadista, de mostrar que es capaz, si no de sentir, por lo menos de imaginar el estado de postración en que vive el pueblo al que gobierna. Pero a lo mejor todavía está a tiempo de asumir una actitud más inteligente. En vez de esperar que, uno tras otro, le estallen los incendios de la inconformidad popular, que el país se reviente entre sus manos como el arco del viejo rey nórdico, podría asumir esta posición que me parece la más sensata.

No se le ha ocurrido a él. Pero también saber escuchar forma parte del arte de gobernar.

viernes, 19 de julio de 2013

¿Qué hay detrás de todo esto?


William Ospina
El Espectador
13 de julio de 2013

Cuando en otros países se preguntan qué hay detrás de los hechos, están tratando de identificar las causas; cuando se lo preguntan en Colombia, están tratando de encontrar un culpable.

En Brasil, después de años de invertir en la comunidad y de un esfuerzo generoso por disminuir la pobreza, el gobierno de Dilma Rousseff, ante el estallido de las protestas populares que piden profundizar la democracia, ofrece a los manifestantes una constituyente. En Colombia, después de décadas de abandono estatal, de exclusión y de desamparo ciudadano, el gobierno, ante el estallido de las protestas, sólo se pregunta qué demonio está detrás de la inconformidad popular.

¿Hasta cuándo les funcionará a los dueños de este país la estrategia de que cuando la gente reclama y se indigna, cuando estalla de exasperación ante una realidad oprobiosa que nadie puede negar, la causa tiene que ser que hay unos malvados infiltrados poniendo a la gente a marchar y a exigir?

Cuando los voceros tradicionales de nuestro país se preguntan ¿qué hay detrás del Catatumbo?, podemos estar seguros de que no van a descubrir tras esas protestas la injusticia, la miseria y el olvido del Estado. No: detrás ha de estar el terrorismo, algún engendro de maldad y de perversidad empeñado en que el país no funcione.

Quién sabe cuánto tiempo les funcionará la estrategia. Una estrategia muy triste, muy antidemocrática, pero que no es nada nuevo. Uno se asombra de que la dirigencia colombiana tenga esa capacidad escalofriante de no aprender de la experiencia, de repetir ad infinitum una manera de manejar el país para la cual todas las expresiones de inconformidad son siempre sospechosas. Y es posible que haya algún infiltrado, pero una golondrina no borra la noche.

Hace demasiado tiempo que protestar en Colombia es sinónimo de rebeldía, de maldad y de mala intención. Todavía flota en la memoria de la nación esa masacre de las bananeras, que no es una anécdota de nuestra historia sino un símbolo de cómo se manejaron siempre los asuntos ciudadanos.

En toda democracia verdadera, protestar, exigir, marchar por las calles es lo normal: es el modo como la ciudadanía de a pie se hace sentir, reclama sus derechos, muestra su fuerza y su poder. Y en todas partes el deber del Estado es manejar los conflictos y escuchar la voz ciudadana, no echar en ese fuego la leña de la represión al tiempo que se niegan las causas reales.

Pero si un delegado de Naciones Unidas dice una verdad que aquí nadie ignora, que “la población allí asentada reclama al Estado, desde hace décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías, y acceso al trabajo digno”, y añade que la muerte de cuatro campesinos “indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, este Estado, que nunca tiene respuestas inmediatas para la ciudadanía, no tarda un segundo en protestar contra la abominable intromisión en los asuntos internos del país; el Congreso se rasga las vestiduras, las instituciones expresan su preocupación, las fuerzas vivas de la patria se indignan y los medios se alarman.

Nadie pregunta si las Naciones Unidas han dicho la verdad, defendiendo a unos seres humanos que son nuestros conciudadanos, una verdad de la que todo el mundo debería poder hablar, así como nosotros podemos hablar de Obama y de Putin, o de los derechos humanos en China. Para esas fuerzas tan prontas a responder, el funcionario está irrespetando al país. Y el irrespeto que el país comete con sus ciudadanos se va quedando atrás, en la niebla, no provoca tanta indignación.

Así fue siempre. Aquí, en los años sesenta y setenta a los estudiantes que protestaban no les montaban un escándalo mediático: les montaban un consejo verbal de guerra. Todo resultaba subversivo. Las más elementales expresiones de la democracia: lo que en Francia y en México hacen todos los días los ciudadanos, y con menos motivos, aquí justificaba que a un estudiante lo llevaran ante los tribunales militares y lo juzgaran como criminal en un consejo de guerra.

Y los directores de los medios de entonces, que eran padres y tíos de los actuales presidentes y candidatos a la presidencia, no veían atrocidad alguna en la conducta del Estado sino que se preguntaban, como siempre, qué maldad estaría detrás de esos estudiantes diabólicos.

Siempre la misma fórmula. Tal vez por ella se entiende que, hace un par de años, un exvicepresidente de la República, sin duda nostálgico de aquellos tiempos en que el papel de los medios era sólo aplaudir al Estado, se preguntaba ante una manifestación estudiantil pacífica por qué la policía no entraba enseguida a inmovilizar con garrotes eléctricos a esos sediciosos.

Esos son nuestros demócratas: la violencia de un Estado que debería estar para servir a la gente y resolver sus problemas, merece su alabanza; pero el pueblo en las calles, que es el verdadero nombre de la democracia, les parece un crimen. Quizá por eso algunos piensan que ese personaje debería gobernar a Colombia: se parece tanto a nuestra vieja historia, que sería el más indicado para perpetuarla.

Ahora bien: si las verdades las dicen las Naciones Unidas, son unos intervencionistas; si las decimos los colombianos, somos unos subversivos, ¿entonces quién tiene derecho aquí a decir la verdad?

¿Y hasta cuándo tendremos que pedir permiso para decirla?

 

domingo, 9 de junio de 2013

La Taberna de Kafka


El Espectador
William Ospina
8 de junio de 2013

¿Será verdad que están muriendo en masa las abejas en los Estados Unidos? ¿Qué significa que los científicos estén hablando de una suerte de apocalipsis de las abejas? ¿Será verdad que Albert Einstein anunció que la muerte masiva de esas diminutas criaturas podría acarrear la de la especie humana?


Oímos decir que Vladimir Putin estuvo a punto de no recibir esta semana a John Kerry en el Kremlin porque los Estados Unidos se niegan a discutir el tema de las multinacionales que ahora hacen su negocio con la alteración de las semillas y la invención de pesticidas y fertilizantes. Y oímos decir que el gobierno norteamericano no reacciona ante esas empresas que manipulan las especies con el argumento de que las están fortaleciendo frente a determinadas amenazas, no porque esté convencido de que los transgénicos no son peligrosos, sino porque Monsanto y otras marcas están entre los poderosos financiadores de su campaña.

¿Hasta cuándo estarán los países en manos de esos poderes que están en condiciones de financiar las costosas campañas electorales de los gobernantes de este tiempo? ¿Y hasta cuándo seguiremos llamando democracia a poderes elegidos por el que más dinero tenga, esto que Borges llamaba “ese curioso abuso de la estadística”?

¿Hasta cuándo la humanidad va a persistir en la costumbre insensata no sólo de abandonar una dieta alimenticia con cincuenta siglos de seguro, sino de incorporar a la alimentación cotidiana sustancias a las que se les ha alterado su estructura con el mero fin de obtener ganancias rápidas y multiplicar la producción, procesos cuyas consecuencias apenas se habrán probado por cinco o diez años?

El mundo es tan complejo, la realidad tan llena de abismos y tan múltiple, que nadie está en condiciones de asegurar que tiene bajo control todas las consecuencias de la modificación de un patrimonio genético desarrollado durante millones de años.

Todos los días llegan noticias del salmón que tardaba en crecer tres años y al que se le incorporó el gen de crecimiento de otra especie para que alcance un tamaño mayor en sólo año y medio; de los conejos a los que se les añadió el gen luminiscente de un pez del fondo del mar, para poderlos ver en la oscuridad; de los pollos acalorados y estresados en galpones horribles bajo una luz que nunca se apaga, y a los que les han modificado la piel para que pierdan sus plumas, como una manera de hacerles soportable su crecimiento acelerado e insomne.

Todo indica que aquí y allá cunde la tentación de la monstruosidad. Una ciega sed de lucro, una urgencia de rendimiento, un discurso de la eficiencia y el crecimiento avalado a veces por científicos a sueldo y académicos sin escrúpulos, pone cada día en nuestro plato carnes cada vez más llenas de antibióticos, pollos saturados de hormonas, quesos con rastros de plástico, cereales expuestos a plaguicidas derivados de la nicotina que pueden producir alteraciones fatales sobre especies inofensivas y laboriosas como las abejas de Virgilio.

Una filigrana de fina racionalidad en el detalle y de absurda irracionalidad en las consecuencias permite ya la producción de organismos cuyo único fin es proveer alimento aprovechable y que por ello no parecen necesitar el equilibrio anatómico de las especies naturales. Un ominoso discurso que pretende que, siendo nosotros parte de la naturaleza, todo lo que hagamos resulta también natural, parece permitirnos toda extravagancia, toda profanación y todo experimento, sin la menor consideración ética o estética.

Todas esas cosas podrían ser comprensibles como investigaciones. Pero hay poderes que pasan enseguida “de la información al asalto”, del experimento a la acción, movidos casi siempre por los motivos más egoístas, y no vacilan ante el riesgo de consecuencias irreversibles. Basta una criatura modificada genéticamente, que se pretendía mantener circunscrita a cierto espacio, y que escape por azar y salga al mundo, para que por contagio, por la reproducción, por el polen, la mutación se extienda imprevisible e irrestricta.

¿Cuántas sustancias químicas inesperadas forman ya parte de nuestro organismo gracias a los aportes silenciosos y furtivos de la industria? ¿Quién está diseñando nuestra dieta? ¿Para quién trabajan los científicos? ¿Sabrá protegerse de lo que se gesta en laboratorios herméticos y en factorías inaccesibles una humanidad que ni siquiera sabe protegerse de los políticos que le piden sus votos y de los que manipulan la información? ¿Tienen la industria y el mercado defensores desinteresados? ¿Hay propósitos secretos pagando verdades a sueldo?

Todas estas preguntas parecen alarmas de pesadilla y titulares extravagantes de ciencia ficción, pero bien podrían estarse gestando ahora mismo en los mares algunas pesadillas que hagan irreconocible nuestro mundo; así como flota en el Pacífico lo que han dado en llamar el sexto continente, una isla de plásticos del tamaño de los Estados Unidos; así como el gobierno norteamericano, tan celoso de las libertades, autoriza el espionaje sobre millones de llamadas telefónicas, y se niega a aceptar el debate sobre temas que, como el de los transgénicos, no son asunto de especialistas sino que conciernen a la conciencia de cada ser humano, a la necesidad de sobrevivir de la especie.

De sobrevivir, se entiende, con la forma que hemos tenido siempre: con ojos en la cara y dedos en las manos. Las tabernas de larvas fosforescentes que beben cerveza y los escarabajos que despiertan en su cama después de algún sueño intranquilo, es mejor dejárselos al cine de fantasía y a la prosa de Kafka.