José Pizarro Montoya, 38 años, es un agricultor y ex productor de
transgénicos en la temporada 2009-2010 en Melipilla (Chile). Es el
primer chileno (y quizá el único latinoamericano) que le ha ganado una
demanda a Monsanto/ANASAC por incumplimiento de contrato. Además,
intentó revelar su caso en el seminario sobre transgénicos organizado en
Casa Piedra el 22 de enero de 2014 por el cuestionado ministro de
Agricultura Luis Mayol.
Allí panelistas internacionales y
nacionales predicaban las bondades de los cultivos genéticamente
modificados. Pizarro sólo quería intervenir para decir que no le
recomendaba a ningún campesino trabajar para Monsanto cultivando
transgénicos de exportación, porque podía terminar arruinado igual que
él, además de dañar la tierra. En Chile hay aproximadamente 30.000
hectáreas de semilleros de maíz, soja y raps transgénicos de
exportación, comercializados por las transnacionales Monsanto, Pioneer y
socios chilenos agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de
Productores de Semillas.
En septiembre de 2013, María Elena Rozas coordinadora de la Red de
Acción en Plaguicidas RAP-Chile y Lucía Sepúlveda conocieron la
experiencia de Pizarro y pudieron observar de primera fuente los
resultados de las malas prácticas ambientales y comerciales de
Monsanto/ANASAC en Chile. “El agricultor no sabía exactamente qué
sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en el
contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En el cultivo tenía
que usar obligadamente y en forma intensiva, más de diez plaguicidas
dañinos para la salud y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a
recurrir sólo a la Cámara de Comercio, no podía querellarse en
tribunales. El nos explicó que muchos productores también han tenido
problemas con Monsanto, pero no acuden a la Cámara porque es muy caro”, señaló María Elena Rozas.
La sentencia favorable a Pizarro en el juicio de rol 1385-11
caratulado como Agrícola Pizarro Ltda. con Agrícola Nacional S.A.C, fue
dictada por el juez árbitro de la Cámara de Comercio, Francisco Gazmuri Schleyer.
La Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en septiembre de 2013,
rechazando el recurso de casación y queja presentado por la empresa.
Pero durante los cuatro meses posteriores la demandada se negó a cumplir
el fallo. Por esa razón el agricultor no dio a conocer previamente su
caso. Sólo a fines de diciembre de 2013, Pizarro recibió los 37 millones
de pesos que la Cámara le ordenó pagar al afectado, sin embargo esa
suma no alcanza a cubrir los daños ocasionados. Los documentos del SAG
de Declaración de Semilleros OVM incorporados en la demanda, identifican
la solicitud de certificación como de ANASAC Chile (Monsanto) y fueron
cuestionados por Pizarro, que acusa complicidad con la empresa.
En el proceso fue decisivo el peritaje del INIA (Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), elaborado por el
ingeniero agrónomo Gabriel Saavedra del Real sobre lo ocurrido. También fue determinante la comparecencia de Levi Manzur,
académico de la Universidad Católica de Valparaíso y destacado
genetista de Los Andes, cuyas conclusiones fueron en el mismo sentido de
la denuncia del demandante.
Pizarro perdió su casa, su máquina
fumigadora, un tractor, y su camioneta. Lo abandonó su pareja y quedó a
brazos cruzados. Debía 90 millones de pesos al Banco Santander (por
acumulación de intereses) luego de cultivar en Melipilla maíz
transgénico de Monsanto para ANASAC. María Elena Rozas comenta: “Lo
ocurrido a este productor puede servir de ejemplo para centenares de
pequeños productores agrícolas encandilados por promesas de grandes
ganancias y trato justo, por parte de las empresas exportadoras de
semillas transgénicas. Pero eso ocurre sólo al principio. La gran
mayoría de los estafados no denuncia y se hace dependiente de lo que le
ofrezca la empresa, que es cada vez menos. Y no hay muchas alternativas
en el campo, no hay políticas públicas ni incentivos que favorezcan
efectivamente la producción agroecológica; eso es lo que debemos
cambiar”.
Pizarro proviene de una familia de agricultores de Los Andes
(Región de Valparaíso), y por años trabajó con su hermano como
hortalicero. Para sembrar transgénicos arrendó en Melipilla 33,07
hectáreas, que forman parte del fundo Rumay del empresario Manuel
Ariztía (de la industria de Pollos Ariztía), para producir maíz
transgénico para ANASAC (Monsanto). El “gran negocio” de los transgénicos ha sido para Pizarro prácticamente el fin de su vida como agricultor.
Nos explica: “Yo ahora soy un estudioso de los transgénicos,
aprendo a través de Internet, y además he averiguado sobre Monsanto y su
prontuario criminal” Cuando tomó conciencia de lo que le había
ocurrido, se dirigió a la Agrupación Ecologista de Aconcagua,
organización de Los Andes que forma parte de nuestra campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, estableciendo así contacto con RAP-AL
Chile para dar a conocer su caso y denunciar a Monsanto.
Hoy José Pizarro está en la lista negra de la transnacional, y a su
vez, para el agricultor, Monsanto pasó a la categoría de empresa
corrupta, abusadora y depredadora. “Yo he visto que con el maíz transgénico había ratones muertos a la vera del camino, después que se comían los choclos”, denuncia.
En dos temporadas anteriores Pizarro
había obtenido grandes ganancias con el maíz transgénico y la empresa
lo consideraba un excelente productor. Nunca antes él se preguntó qué
riesgos ambientales o comerciales podía correr tratando con Monsanto. “El
año 2009 ellos quisieron hacer un experimento conmigo. Eran 12
agricultores los que estábamos sembrando en Chile ese tipo de maíz y
sólo a dos nos hicieron sembrar hileras de hembras (de semilla
transgénica) y machos (de semilla híbrida) en proporción 4:1; los otros
productores sembraron en proporción 4:2. El SAG estaba a cargo de
fiscalizar y en mi opinión es cómplice de la empresa, porque en sus
informes anotó que yo había sembrado 4:2, lo que estaba a la vista que
no era así. Según sus informes, pareciera que yo hubiera sembrado con
las mismas instrucciones que les dieron a los demás productores. Pero
no, yo sembré a ciegas, hacía lo que ordenaba la empresa, ni me fijaba
en lo que escribía el certificador del SAG porque el contrato me
obligaba a seguir estrictamente sus instrucciones.”
Entre las instrucciones del SAG está
asegurarse que no haya maíz criollo cerca, porque podría cruzarse con
el cultivo transgénico y afectar su multiplicación. SAG vigila que no se
perjudique la siembra de transgénicos, pero al productor convencional
de esa especie no lo protege nadie. Siguiendo las recomendaciones de
Monsanto, Pizarro pidió a un vecino que había plantado maíz, que lo
sacara. Pero se trataba de una persona mayor, que no aceptó porque
quería tener sus propios choclos para humitas en el verano. El productor
informó a la empresa y el agrónomo Francisco Araya Vargas, le ordenó
“Tírale Roundup” (el herbicida que mata cualquier planta que no sea
transgénica). Pizarro prefirió cortar de noche las panojas del maíz del
vecino para que no pudieran dar polen y multiplicarse. Lo cuenta con
vergüenza.
ANASAC Chile /Monsanto a través de su gerente Rodrigo Malagüeño,
aseguró en el juicio que ningún multiplicador de maíz transgénico los
había demandado anteriormente. En general sólo las grandes empresas
pueden ir a arbitraje a través de la Cámara de Comercio. Pizarro, que no
estaba dispuesto a arruinarse en silencio, se arriesgó. “De partida
tuve que pagar $700.000 para que me atendieran y luego $4.400.000 para
financiar al juez. Puse una demanda por $218.000.000 y el juez
finalmente falló en mi favor pero sólo saqué $37.000.000 que es
muchísimo menos de todo lo que he perdido” Explica Pizarro: “Yo
no recibí instrucciones adecuadas para la siembra y por eso la
producción fue mala y por consiguiente la liquidación también. El precio
se calcula sobre la base de la producción del mismo maíz por otros
multiplicadores de la región del Maule, pero ellos recibieron
instrucciones diferentes a las que me dieron a mí, y por eso produjeron
mucho más que yo. Yo coseché 106.780 kg de maíz pero la producción real,
seleccionada en la procesadora de Lo Espejo de acuerdo a los estándares
requeridos por Monsanto, fue sólo de 38.509 kg”
La sentencia estableció que la empresa “incumplió una
obligación de hacer, consistente en prestar los servicios de supervisión
técnica de la siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a
las instrucciones del fabricante de la semilla Monsanto, cayendo en
incumplimiento contractual negligente”.
A Pizarro lo buscó Monsanto.
Llegaron hasta el predio donde él cultivaba hortalizas en Melipilla y le
dijeron que por satélite lo habían ubicado porque el lugar se prestaba
para cultivo de maíz transgénico pues no había otro maíz convencional
cerca. El primer año (2008) le regalaron la semilla transgénica y el
Roundup. Pizarro sólo tuvo que comprar abonos e insecticidas. Incluso le
pagaron el arriendo del predio. El sólo debía cuidar el cultivo. Le
ofrecieron pagarle tres millones de pesos por hectárea. En 2009 también
le dieron la semilla “pero el veneno lo compré yo. Estuve dos días
sembrando y a pesar que yo tenía máquinas la empresa me obligó a sembrar
con las de ellos, que son más nuevas, eso fue un gasto enorme”,
explica el productor rural. Ese mismo año Monsanto compró la división de
maíz y soya de ANASAC. Los productores recibieron una nota diciendo que
en adelante, debían seguir las instrucciones de ANASAC Chile, es decir
de Monsanto, el nuevo dueño. Pero para los efectos comerciales y
legales, curiosamente Pizarro debió entenderse con ANASAC SA, cuyo
gerente es Rodrigo Malagüeño, una estrategia para no figurar
abiertamente en la querella.
El arbitraje de la Cámara de Comercio estableció que ANASAC/Monsanto incumplió su obligación “consistente
en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en forma
diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del
fabricante de la semilla Monsanto”, incurriendo en incumplimiento
contractual negligente. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó
este fallo y no existen más instancias para este tipo de arbitraje. La
sentencia de la Corte, firmada por Pilar Aguayo, Carlos Carrillo y la abogado integrante Claudia Schmat, también condenó a ANASAC a pagar los costos de la apelación.
José Pizarro concluye señalando: “Sólo quiero que otros campesinos no tengan que pasar por lo que yo viví. Yo nunca más voy a sembrar transgénicos”.
