Santos II y el Sector Agrario

El Espectador
Uriel Ortiz Soto
29 de julio de 2014

El despelote que hace unos días se presentó en el Instituto Colombiano Agropecuario Ica, cuando al gerente encargado, se le dio por tomarse atribuciones que no le correspondían, colocando en interinidad la institución técnica del Sector, es un indicio que el segundo período del Gobierno Santos, inicia, politizando a punta de mermelada para pagar favores reeleccionistas al senador Efraín Cepeda, desgraciadamente uno de los caciques del Conservatismo, amo y señor del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Si esto ocurre solamente, con uno solo de estos personajes, qué diremos lo que vaya a pasar con otro cacique costeño, Senador Roberto Geleín, quién por más diez años ha sido el amo y señor del Banco Agrario, cuya constitución y filosofía es para prestar atención financiera a los pequeños y medianos productores.

Por esta columna hemos hecho graves denuncias sobre su manejo y resultados, pero, lamentablemente sus gerentes son tan fugaces, que una vez cumplida su paloma y muy seguramente su objetivo, alzan vuelo dejando serias dudas administrativas y prestamos irregulares, siempre a los potentados del sector agrario que finalmente se refunden en las cuentas del olvido.

No se justifica que tan importante entidad, lleve inoculado el mismo lastre de la desaparecida Caja Agraria, que hoy es un ente con el nombre de: Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación, a cargo de la Fiduprevisora, donde se están cometiendo los más descarados abusos con los campesinos, que aparecen con sus predios hipotecados, no obstante haber cancelado sus obligaciones, en muchos casos desde hace cincuenta años.

Pero no podemos pasar por alto el caso del Incoder, del cual ha sido amo y señor el Senador Hernán Andrade, esta institución surgió sobre los despojos mortales de lo que fue el finado Incora, otro desastre del Sector Agrario, que no alcanzó a sobrevivir mayor tiempo, puesto que los punzones constantes de chanchullos y peculados, propiciados desde los altos Poderes del Estado, finalmente la llevaron a la tumba.

Lamentablemente el Incoder en sus más de 15 años de vida administrativa, no ha sido más que una vergüenza para el País y de frustración para el manejo del Régimen del Tierras. En la actualidad no existe ni siquiera el archivo documental sobre los terrenos baldíos y de los predios que han sido arrebatados fraudulentamente a los humildes campesinos por los: guerrilleros, paramilitares y demás organizaciones al margen de la Ley.

Esta es apenas una pequeña muestra de los caciques y” mermelados” que gracias al poder adquirido a punta de prebendas burocráticas, lograron buen caudal de votos para la reelección del presidente Santos, es bien sabido que para cada uno de ellos habrá desde luego una buena retribución, consistente en entregarles para su administración y manejo algunas entidades del Estado, esto sin importar que tan bien rodeado se encuentre el congresista de marras para llevar a esas posiciones a sus “coroneles” que son en últimas, quienes los secundan, rindiéndole todo tipo de pleitesía, sumisión y obediencia.

El Gobierno Santos debe saber, que aún sin posesionarse de su segundo mandato, ya aparecen serios nubarrones en los horizontes de nuestra Patria, y que todo esto frente al proceso de Paz, que tiene serias dudas y cuestionamientos en la opinión nacional e internacional, es un indicio muy grave para que nuestros campesinos en medio del desespero se lancen a la gran revolución por la conquista a la fuerza de sus derechos y deberes, que se encuentran secuestrados desde hace varias décadas en las altas esferas del Estado.

Es claro que el Presidente Santos inicia su segundo periodo con una inmensa deuda con el Sector Agrario. Si bien los paros y las protestas campesinas de los años 2012 y 2013, no se han repetido en el presente año, esto no quiere decir que todo esté conjurado.

Hay que tener en cuenta que los campesinos continúan esperando se les cumpla lo prometido, puesto que de lo contrario una vez posesionado el gobierno de Santos II, a los pocos meses se reiniciarán las protestas con mayor intensidad y la misma agenda de necesidades de siempre, traducida en promesas incumplidas, que no obstante haberse presupuestado para darles estricto cumplimiento, todo indica que no han pasado de ser promesas de campañas políticas.

Todo el País sabe muy bien que el campesino y sus necesidades, siempre ha sido el trampolín de las promesas incumplidas, candidatos: presidenciales, gobernadores y alcaldes; lo mismo que los congresistas, disputados, Concejales y Ediles, para hacerse elegir siempre acuden a ellos, prometiéndoles y el oro y el moro y cuando han logrado su objetivo los abandonan a su suerte.

Para desgracia de los promeseros de turno, el campesino de hoy en día y así quedó demostrado en los pasados paros agrarios, es persona muy versada en el manejo de los derechos y deberes que les corresponde, es decir, que ya no se dejan meter los dedos a la boca de los promeseros de turno, debido a la facilidad de las comunicaciones que llegan a sus municipios y veredas, mantiene muy bien informado de las políticas Conpes del Gobierno para el desarrollo de sus proyectos productivos.

Manejan un lenguaje, administrativo y jurídico, bien fundamentado para estructurar los proyectos de desarrollo y saben a ciencia cierta cómo hacerles seguimiento a través de las páginas de internet de cada una de las entidades del sector agrario.

Total, que al Presidente Santos II, le queda una tarea difícil que cumplir con el sector Agrario. Siempre lo hemos dicho a través de esta columna, que el proceso de paz, depende básicamente de la reestructuración que se le haga, tal cual lo expusimos en nuestra columna: Desarrollo Rural Integrado, la cual fue plagiada por el exministro Rudolf Hommes R, en la revista la Ley, edición No.32, de Abril y Mayo /2014, página: 7.

urielos@telmex.net.co
urielos@hotmail.es

Colombia no se vende

Paro agrario y cambio climático

El Espectador
29 de abril de 2014
Juan Pablo Ruiz Soto

El paro agrario tiene múltiples facetas y diversas motivaciones.

La producción agropecuaria ha recibido tratamientos muy diversos que van desde el abandono histórico a la producción campesina, principal abastecedor de alimentos en el país, hasta el apoyo desmedido a la producción de agrocombustibles, con precios de sustentación y excepción de impuestos. O el caso de la Federación de Cafeteros que llegó a definir la política monetaria y que en su afán de incrementar la producción consiguió recursos públicos para que, con crédito subsidiado y asistencia técnica, se impusiera la destrucción del sombrío cafetero y con ello la degradación del paisaje cafetero y sus servicios ecosistémicos de protección de suelos, aguas y biodiversidad. Sumemos a esto, el hecho de que se esté impulsando una ley de semillas que impide al productor autoabastecerse o intercambiar semillas para sus cultivos; añadamos el desamparo de los cultivadores de papa, alverja y fríjol -para sólo mencionar algunos-, quienes históricamente se han visto expuestos al atraco de los comerciantes de las centrales de abastos que, mediante acuerdos internos entre compradores, en pocos minutos deciden cuánto pierde o gana el cultivador, quien después de seis meses de esfuerzo se encuentra con un camión alquilado a la puerta de una central de abastos.

A estos y otros problemas del campo, ahora se suman dos de gran magnitud. 

1) Los tratados de libre comercio que exponen al productor colombiano a una competencia desleal al tener que competir con productores de otros países donde el Estado subsidia la producción agropecuaria y ha invertido para el desarrollo del sector durante décadas, y 

2) el más grave y menos discutido: la variabilidad climática que está modificando el ciclo y la intensidad de las lluvias, con lo que se afectan la productividad y los costos para el campesino que no dispone de mecanismos naturales o construidos de regulación hídrica.

La negociación entre Gobierno y productores debe incluir acuerdos para invertir en medidas de adaptación al cambio climático asociados a la conservación y regulación de uso del agua. Esto incluye obras de ingeniería de pequeñas presas y canales para distribución de agua y una eficiente gestión de recuperación de cuencas en las áreas claves de recargue y regulación hídrica.

Hoy, campesinos y grandes productores están usando, con propósitos de producción agropecuaria, espacios que deben pasar a ser áreas de conservación. Esto no significa que en las partes altas de las cuencas no se pueda cultivar; significa que en algunas zonas críticas de regulación hídrica la conservación es el mejor uso económico y social del espacio. Dado el beneficio que esto genera a los propietarios de las partes bajas, estos deben compensar a los campesinos que conservan. No se trata de emitir leyes sino de crear mecanismos que permitan acuerdos de beneficio mutuo y coexistencia pacífica entre proveedores y demandantes de agua para la producción agropecuaria. Superar la crisis agropecuaria exige tomar medidas de adaptación ante la variabilidad climática y esto es tanto o más importante que acuerdos de corto plazo respecto a precios de sustentación.

los males del campo colombiano

El Espectador
30 de abril de 2014

Si tuviera que elegir entre todos los problemas que tiene el campo colombiano. ¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?

Salomón Kalmanovitz
Uno de los economistas más destacados del país

Reparar la institucionalidad del Ministerio de Agricultura que ha sido dañada por el clientelismo y ha permitido el control de varios de los institutos hasta por reconocidos paramilitares. Eso imposibilita ofrecer los bienes públicos indispensables para el desarrollo agropecuario:legalización de tierras usurpadas (Incoder), control sobre los bienes confiscados al narcotráfico (DNE) y su reparto a los que no tienen tierra, riego y drenaje, controles fitosanitarios, desarrollo tecnológico (Corpoica), asesoria técnica a nivel de finca, silos para almacenar y regularizar las cosechas y carreteras de segundo y tercer nivel (corresponden a departamentos y municipios).

Jorge H. Maldonado
Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y ha encabezado diversos proyectos sobre la implementación de los recursos naturales.

Indiscutiblemente, la pobreza. Nuestros campesinos son en general muy pobres y enfrentan unas condiciones difíciles todos los días, lo que limita sus posibilidades de desarrollarse y de vivir dignamente. Junto con el problema de la pobreza, está el tema del acceso a tierras y a otros activos, y las limitadas oportunidades de los campesinos para desarrollar sus capacidades. La excesiva inequidad en la tenencia de la tierra solo es una dimensión del acceso desequilibrado a activos y oportunidades. Y este acceso se reduce aún más en presencia de quizá la peor de las plagas de este país: la corrupción.

Absalón Machado
En el año 2011 encabezo el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural. Razones para la esperanza” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Considero que la inequidad, la falta de oportunidades, la carencia de una política estructurada del Estado para el sector rural y el conflicto armado con todas sus derivaciones, son los problemas más críticos y alrededor de los cuales giran los demás. La inequidad en el acceso y distribución de factores productivos y especialmente la tierra, y en el acceso a oportunidades, bienes públicos y servicios, incluyendo la conectividad asimétrica a los mercados, marca muy fuerte la vida de la población rural. Esas desigualdades también se expresan en las inequitativas relaciones entre el campo y la ciudad, y en la manera como el Estado ha tratado históricamente a una u otra de esas territorialidades.

La estructura agraria altamente desigual, excluyente y concentrada en manos de un grupo privilegiado de colombianos, y el mal uso que hacen de la tierra (conflictos de uso) es una razón estructural que impide la apertura de oportunidades, la creación dinámica de empleos y de opciones no agropecuarias dentro de la vida rural, y desmoviliza a los habitantes rurales que no tienen así oportunidades de ascenso y movilidad social en una estructura rígida y cerrada. Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. 


Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. Mujeres, jóvenes, etnias, ancianos y buena parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar está por fuera de esas posibilidades porque la estructura agraria y las políticas del Estado no les abren caminos para moverse con libertad y acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar.

Alejandro Reyes
Fue director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Es uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito agrario

Los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado -0.87%-, ilegalidad de la gran propiedad –lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos-), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal, falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

Andrés Montoya
Profesor del departamento de economía de la universidad de los Andes.

Los TLC, no obstante, lejos de ser el principal problema del agro colombiano, lo que han hecho es visibilizar una serie de problemas estructurales que enfrenta la producción agrícola en el país y que están estrechamente relacionados con la forma en la que se ha dirigido la política agrícola en el país. Una política que a lo largo de diferentes gobiernos se ha concentrado en ofrecer subsidios a distintos sectores, en especial a los productores más organizados, en vez de asegurar la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la competitividad y productividad del sector agrícola en el país. Y ahí está el principal problema del agro en Colombia, pues no contamos con una oferta de servicios públicos, como por ejemplo una red de transporte adecuada para que los productores lleguen a los principales mercados y que incrementan los costos de transporte sustancialmente. De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum tenemos unas las calificaciones más bajas en la región en términos de infraestructura portuaria, vial y férrea.

Tampoco existe un mercado de tierras apropiado que le permita a los hogares rurales acceder a tierras para aumentar la producción agrícola. Así mismo, no hay una oferta seria de programas de asistencia técnica y educación, de créditos o de seguros agrícolas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, menos del 30% de los hogares rurales encuestados en 4 regiones del país tienen algún tipo de crédito y en menos del 55% de estos hogares el crédito viene de alguna institución formal. Esto es preocupante pues indica que la mayoría de hogares rurales no tienen cómo acceder a recursos crediticios para financiar su actividad agrícola ni asegurarse frente a los diferentes riesgos agroclimáticos, lo cual reduce el nivel de las inversiones y limita la adopción de nuevas tecnologías.

La precaria oferta de servicios públicos en el campo Colombiano genera una serie de fallas de mercado que tienen como consecuencia un incremento sustancial de los costos de transacción y barreras para la adopción de nuevas tecnologías y para la estandarización de los procesos productivos, hace que la pequeña y mediana agricultura en el país se encuentra rezagada frente a la de países vecinos y juega un papel fundamental en las dinámicas de pobreza en las áreas rurales.

Campesinos secuestrados

El Espectador
*Luis Carlos Vélez
27 de abril de 2014

Todos tenemos una relación directa con los campesinos del país. Es tan simple como esto: si no fuera por ellos no habría alimentos en nuestras mesas. Punto. Son determinantes, no sólo para la economía, sino para nuestra supervivencia.  

Su relevancia nacional los hace tradicionalmente objetivo político. Cada cuatro años son usados por los candidatos de turno que buscan tener votos y les prometen todo lo que se imaginan, pero nunca les cumplen. Y eso es lo que está pasando en este momento, a semanas de las elecciones presidenciales.

Por estos días todos se acordaron de ellos y los están utilizando como carne de cañón. Desde el Gobierno, que manda a su ministro de Agricultura para evitar un nuevo paro, hasta las Farc, que hacen todo para convencerlos de que protesten y exijan poner en discusión temas que no entraron en la agenda de las negociaciones de paz en La Habana, pasando por algunos sectores cafeteros afines al Centro Democrático que quieren que el campesinado se levante en contra del gobierno Santos.

También es desafortunado ver cómo, a pesar de haberse quemado en las elecciones legislativas, César Pachón, vocero de la Dignidad Papera, es el hombre que más trabas le mete al diálogo entre las partes. Digo desafortunado porque para nadie es un secreto que su agenda es política. Abundan las fotos que evidencian que hizo parte de la campaña de la defensa del restituido alcalde Gustavo Petro y que su objetivo no es otro que el de buscar visibilidad, generar desconcierto y defender las banderas del Polo Democrático.

En realidad, todos quieren algo de los campesinos y poco están dispuestos a retribuirles. Lo único que quieren es sacar provecho de una situación de por sí complicada para ellos, venderles mentiras, ganar votos y generar un clima de malestar nacional previo a los comicios.

Los campesinos están secuestrados por los intereses políticos del Gobierno, los partidos políticos y las Farc. Y ese será el escenario que tendrán que enfrentar de ahora en adelante, teniendo en cuenta que se materialice un acuerdo de paz.

Las Farc ya entraron en la disputa política en las zonas más apartadas del país, ahora con menos fusil pero con más mentiras, y eso está calando en el campesinado. Nuestros campesinos no son un botín político, son esenciales en nuestras vidas y parte fundamental de nuestra nación. Este no es un momento de paro, es un momento de reflexión, análisis y solución. Ojo que ya se le vieron las orejas al burro.

* Luis Carlos Vélez, director de Noticias Caracol.

El justificado paro agrario

El Espectador
Indalecio Dangond B
25 de abril de 2014

Lo dije hace quince días en una entrevista a Jorge Cura en Barranquilla y lo sigo sosteniendo. “Al presidente Santos no lo van a derrotar sus rivales, lo van a derrotar los campesinos del país”. Y con justa causa. 

No hay derecho pues, que el Presidente de la República haya dejado pasar cuatro años sin resolver los profundos problemas de la ineficiencia y la falta de competitividad de los productores del campo. Todos, absolutamente todos los esquemas implementados por los teóricos funcionarios que Palacio puso al frente de la cartera agropecuaria, fracasaron.

No fueron capaces de resolver el problema de los altos costos de los insumos (la tarjeta de crédito de agroinsumos no les dio resultado y tampoco concertaron una disminución de precios con las multinacionales). Cerraron durante dos años la importación de maquinaria usada para uso agrícola desde los Estados Unidos impidiendo reducir los costos de adecuación de tierras. No construyeron un solo distrito de riego, el acceso a semillas genéticamente mejoradas sigue siendo una tortura y la investigación se quedó en los anales de Corpoica, que ahora se dedica a facturar comisiones por administración de convenios al cuestionado Fondo de Adaptación.

El Banco Agrario, el ICA y el Incoder fueron puestos al servicio de los políticos y no de los campesinos. Esa desacertada decisión trajo como consecuencia serios problemas en las metas de ejecución de dichas entidades. Las ganancias del Banco Agrario cayeron en un 39.9%, la morosidad de la cartera subió al 8.6% (frente a un 2.7% del resto de la banca) y su portafolio de inversión lo concentraron en TES ($10 billones), mientras que al sector agropecuario solo colocaron créditos por 2.4 billones de pesos en el 2013, equivalente al 36% del total de la cartera agropecuaria.

Por su parte, el ICA no fue capaz de expedir y aplicar las normas que permitían garantizar por ejemplo, el cumplimiento de los estándares en materia de inocuidad de la carne en toda la cadena para que pudiera ser admisible en los mercados de los EEUU y la Unión Europea.

El Incoder, en vez de dedicarse a implementar un modelo de agricultura tropical basado en hechos científicos para transformar grandes superficies de suelos pobres en fértiles y adaptar la agricultura a un contexto de cambio climático, se ha dedicado a adjudicar baldíos a campesinos sin un proyecto productivo viable.

Ahora, para tratar de atajar el justificado paro agrario del próximo lunes se les ocurrió la disparatada medida de prohibir los embargos y los cobros coactivos para la recuperación de las deudas de los campesinos, cosa que jurídicamente es improcedente. La mayoría de la cartera morosa que existe hoy en día en el sector agropecuario es consecuencia de los siniestros ocasionados por el fenómeno de la Niña entre 2010-2011. 

En ese tiempo el ex ministro Juan Camilo Restrepo, tomó la desacertada decisión de refinanciar las deudas de los afectados cuando lo conveniente era comprarle la cartera que tenían con los bancos, que por la magnitud del desastre natural, la estaban ofreciendo a precio de huevo. Hoy, el costo fiscal para la Nación y el costo político para el Gobierno, es mucho mas alto.

Lo que mas tiene molesto e indignado al país agrario es la forma como el Gobierno por intermedio del cuestionado gerente del Pacto Agrario, ha pretendido utilizar la crisis del sector para justificar la repartición de 1 billón de pesos de mermelada a 600 alcaldes del país en plena campaña reeleccionista con la disculpa que son para resolverle los problemas a los campesinos en dichas regiones. ¿Donde está la Procuraduría?

¿Ya ven porqué se justifica el Paro Nacional Agrario?.

@indadangond

Gobierno busca transformación del agro a partir del próximo 21 de enero

El Espectador
27 de diciembre de 2013

A partir de esa fecha el Ministerio de Agricultura instalará una mesa de trabajo con los campesinos para discutir varios puntos. 

Foto El Espectador

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) acordaron instalar en la tercera semana de enero una mesa técnica donde se discutirán los temas planteados por esa organización que serán integrados a más de 800 propuestas que se han recogido por todo el país dentro de la construcción del Gran Pacto Social por el Agro y el Desarrollo Rural.

Así lo acordó el viceministro de Desarrollo Rural, Aníbal Fernández de Soto, durante su intervención en el Foro Regional de ANUC, celebrado en Popayán, con la participación de alrededor de 250 asistentes que expusieron sus inquietudes en compra de tierras, vivienda rural y proyectos productivos.

Cuatro puntos serán objeto de análisis en la mesa técnica, cuya instalación está prevista para el próximo 21 de enero.

En primer lugar, un plan de trabajo a partir de las iniciativas presentadas por la ANUC y líderes de seis municipios del Cauca; la revisión del Decreto 1987 por el cual se organizó el sistema de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural; la posibilidad de que los campesinos tengan mayor acceso al programa de vivienda social rural y mayor asistencia técnica para la formulación de proyectos productivos.

El viceministro Fernández de Soto sostuvo que este es un Gobierno dialogante, consciente de los problemas estructurales del campo. Por eso, la invitación a la ANUC es “a ponernos de acuerdo en lo fundamental para crear participativamente una política pública de transformación del agro. A construir una mesa de trabajo para mirar cómo evitamos un problema interétnico y hacemos del Cauca un territorio próspero y de paz”.

El viceministro de Desarrollo Rural dijo que el propósito del Gobierno es oír a todo el campesinado, cubrir la mayor cantidad de escenarios, oyendo lo que tienen que decir.

Añadió que el campo viene sufriendo décadas de una institucionalidad que no se compadece con el agro y viene surgiendo un nuevo tejido social que dice: estamos cansados de gritar y que no nos oigan.
“El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está atendiendo ese reclamo, volcándose a la ruralidad, buscando las mejores soluciones de forma integral, y lo está haciendo de manera sincera, generando confianza, y tomando decisiones importantes en las mesas de diálogo con lecheros, cebolleros y paperos. Se han tomado medidas de corto plazo y se avanza en un proceso de construcción de las soluciones dentro del Gran Pacto por el Agro”, agregó.

Añadió que el Decreto 1987 de septiembre de 2013 será ajustado para lograr una mayor presencia y darles mayor voz a las organizaciones campesinas y los gremios del sector productivo en los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA).

En este sentido, expresó que el reto es construir de abajo hacia arriba una gran política de Estado para el agro y justamente el Viceministerio de Desarrollo Rural es nuevo y obedece a un clamor, porque la institucionalidad no estaba lista ni preparada y el reto es darle más poder a las gobernaciones, fortalecer el rol de los alcaldes y generar un mayor fortalecimiento de la base campesina.

“Hemos recorrido el país oyendo propuestas, reclamos, iniciativas en infraestructura, vías terciarias, soluciones de vivienda, acceso a la educación, a la salud, TIC, seguridad. Ver el campo en su integralidad que es la apuesta del Gobierno y el Estado somos todos y entre todos tenemos que construir”, puntualizó.

El campo protesta de nuevo

El Espectador
Héctos Sandoval
1 de diciembre de 2013

Cerca de 10.000 campesinos marcharán mañana en Bogotá argumentando que los incumplimientos del Gobierno, tras el paro agrario de agosto y septiembre, persisten. 

Cientos de campesinos marcharon en agosto de este año en Bogotá, apoyando el paro agrario. / Luis Ángel

 Aunque el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha estado empeñado desde septiembre pasado en la construcción de un Pacto Nacional Agropecuario que busca convocar a diferentes organizaciones del sector en todo el país para formular políticas de largo aliento que le den un vuelco a la difícil situación del campo, desde los gremios del agro se oyen voces que critican su lento avance.

Además, Dignidad Nacional Agropecuaria, que lideró las protestas campesinas en agosto y septiembre de este año, reclamó que hasta ahora no ha sido incluida en los diálogos a los que han asistido miembros del Gobierno, el Banco Agrario, Incoder y algunas organizaciones campesinas del país.

César Pachón, representante del Movimiento Dignidad Papera, dijo que a lo anterior se suma que el Gobierno ha incumplido los tratos hechos con los representantes de los agricultores. Entre ellos, los relacionados con el medio ambiente y la minería. “Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos”.

Por eso anunció que cerca de 10.000 agricultores provenientes de Boyacá, Cundinamarca y otras regiones del país, marcharán mañana desde el Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, para reclamar de nuevo al Estado por el incumplimiento de los tratos sellados tras el paro nacional agropecuario. “Invitamos a diferentes comunidades campesinas, indígenas, afros, y a sectores de la población civil, como la salud, la educación y la industria, para que nos acompañen”, dijo Pachón.

Frente al anuncio de las manifestaciones, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, consideró injustas estas voces de protesta debido a que las organizaciones campesinas han sido escuchadas por el Gobierno. En su opinión, el hecho de convocar a una marcha a estas alturas del año tiene más tinte político que agrario.

Otra de las quejas de los organizadores de la marcha es que, tras los acuerdos logrados después del paro, no se ven resultados en materia de reducción del precio de los fertilizantes ni en la facilitación para que los campesinos se pongan al día con sus deudas ante el Banco Agrario.

Además, según Pachón, otro inconformismo radica en que a la hora de verificar en qué va el cumplimiento de los pactos, el Gobierno envía “funcionarios sin poder para la toma de decisiones”.

Pese a los reclamos de las organizaciones campesinas, el Gobierno sostiene que los apoyos al campo han sido efectivos y que medidas como el acceso a fertilizantes más económicos y dar facilidades para que los campesinos paguen sus deudas se han hecho reales.

En una de las reuniones encaminadas a consolidar el pacto (la más reciente fue en Yopal, Casanare), el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde dijo: “Estamos haciendo de este pacto una herramienta fundamental, para lanzar el próximo año una política de Estado para la ruralidad colombiana”. Sin embargo, el presidente de la SAC ve que las cosas todavía no están avanzando al ritmo que debieran hacerlo.

“Si un campesino no tiene la tierra titulada, no tiene posibilidades de acceder a créditos, ni a los beneficios que podemos tener en los sectores financiero y agropecuario, y no crece económicamente, sino que seguirá condenado a sobrevivir, eso llevará consigo el retroceso del campo colombiano”, dijo el ministro de Agricultura en una de las reuniones encaminadas a consolidar la política agropecuaria de largo plazo.

Alta tensión en el sector agrario

Semana
5 de octubre de 2013

La relación del ministro Lizarralde con la dirigencia gremial agropecuaria comenzó. ¿Qué está pasando?

“Ni el país ni el gobierno pueden financiar por sécula seculórum las ineficiencias”, dijo el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.

Foto: Guillermo Torres / Semana

El ambiente está caldeado en el sector agropecuario. El nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, lleva cuatro semanas en la cartera y no ha logrado bajar la temperatura que subió en el sector a raíz del pasado paro agrario. 

Por el contrario, han surgido nuevas tensiones. Las relaciones entre el alto funcionario y la dirigencia gremial arrancaron mal y varias de sus declaraciones ya han generado malestar entre muchos productores. 

Lizarralde ha criticado a los gremios duramente: “No quiero oír quejas de los gremios. Quiero oír propuestas”, dijo en la Comisión Quinta del Senado. Luego en un foro en Barranquilla, señaló que los gremios van a tener que ocupar posiciones en las mesas de negociación con los campesinos, “tienen que poner la cara porque si no, como hasta hoy ha sucedido, son otros los que parecen disputándose una vocería”.

En la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el gremio cúpula que congrega a 46 agrupaciones agropecuarias, estas palabras no podían haber caído peor. Las sintieron como un regaño del gobierno y una bofetada contra la institucionalidad.

Pero los sombrerazos del ministro también fueron para los cafeteros.  “No puede ser posible que sigan estimulando la siembra de café, salvo los especiales, cuando este producto en estos momentos se está convirtiendo en la ruina de muchos agricultores”, anotó en un evento. Y en alusión al apoyo que el gobierno les da, el ministro agregó que “ni el país ni el gobierno pueden financiar por sécula seculórum las ineficiencias”.

Esto provocó un gran disgusto en el gremio cafetero, al punto de que el gerente general de la Federación, Luis Genaro Muñoz, en un duro mensaje lo consideró como una “ligereza del alto funcionario”.

Hay que decir que algunas de estas críticas coinciden con las que había planteado el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, pero, en su momento, estas no habían generado tanto malestar en el sector. Como dijo un dirigente gremial, “es tal vez el tonito de Lizarralde lo que no ha gustado”. Para algunos, el ministro en lugar de llegar en una actitud de diálogo y deliberación llegó con ánimo de confrontación y a echarle más leña al fuego.

Lizarralde generó polémica desde su nombramiento como ministro. El modelo agrario que él lideró en Indupalma no convence a todo el mundo, a pesar de que en el sector de la palma se le considera un esquema exitoso de asociatividad. 

En un principio el ministro afirmó que quería replicar este modelo en el resto del país y eso no terminó por gustar, pues muchos piensan que no está probado que pueda funcionar con otros cultivos y en todos las regiones de Colombia. En los últimos días, Lizarralde ha reconocido que  el gobierno no va a adoptar exclusivamente esta estructura.

Otro escenario político de choque que ha tenido que lidiar es la embestida del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. El parlamentario ya le hizo un primer debate en el Congreso por una supuesta participación en la compra de terrenos baldíos en el Vichada, que Lizarralde ha desmentido tajantemente. Para este martes, el ministro deberá asistir a otro debate, esta vez sobre el tema de Indupalma y los proyectos asociativos que promovió como gerente de la empresa.

Los encontrones del jefe de la cartera agropecuaria en su primer mes en el despacho han llamado la atención, porque después de la tormenta que vivió el campo con el paro es urgente generar ciertos consensos  y acuerdos para que todos remen para el mismo lado. Para que esto suceda es fundamental que haya armonía y trazar las políticas donde quepan todos: campesinos,  pequeños y medianos agricultores, los gremios y el gobierno en cabeza del ministro del ramo.

Pero, más allá de su tono beligerante, ¿tiene razón el ministro en sus críticas y planteamientos? En primer lugar, es claro que el país necesita fortalecer su institucionalidad gremial. Esto es fundamental para evitar el caos que se armó en el pasado paro agropecuario, cuando los interlocutores en las mesas eran las llamadas ‘dignidades’, que son  productores no agremiados.

Esto dificultó las negociaciones porque detrás de muchos campesinos en dificultades se filtraron otros intereses, incluidos los políticos, los económicos y muchos que buscaron pescar en río revuelto.

Rafael Mejía, presidente de la SAC, afirma que no cabe duda de que en Colombia, como en los demás países de mundo, se requiere contar con unos gremios fortalecidos, serios y autónomos de la intervención del Estado, pero que de ninguna manera están para evitar paros. 

“Eso le corresponde al Estado consolidando una política para el sector con nuestro concurso. Es indudable que el campo necesita un resurgimiento del espíritu empresarial, un marco jurídico adecuado y los estímulos económicos necesarios que lo promuevan”.

En cuanto a la posición ministerial sobre el tema del café, hubo más de una sorpresa. Frente a las dificultades que está viviendo este sector, que congrega a más de 500.000 familias y que atraviesa una crisis por la revaluación y los bajos precios internacionales, el gobierno creó hace varios meses una comisión de expertos designada por el presidente de la República que presentará las conclusiones sobre lo que debe ser el futuro de la industria del café en Colombia.

A los cafeteros les cayó muy mal la crítica de que generen más valor y sean más productivos, porque precisamente eso es lo que, según el gremio, han logrado este año a pesar del contexto internacional.  Por ejemplo, la mayor producción que se está registrando en el país –este año se superarán los 10 millones de sacos– se debe a un aumento de la productividad. 

Esto tiene que ver con la renovación de la caficultura. Según Luis Genaro Muñoz, el 53 por ciento del parque cafetero está renovado, lo que permite usar mejor el suelo, tener más árboles por hectárea y lograr una mayor producción en variedades resistentes. El área cultivada ha crecido un 7 por ciento en los últimos cinco años, mientras que la producción lo ha hecho en más de un 25 por ciento. 

Ahora bien, el ministro dejó entrever que no es partidario de prolongar el PIC (Programa de Protección del Ingreso Cafetero) y ya se sabe que ese es un tema que le puede generar más de un dolor de cabeza. Los cafeteros esperan que el apoyo se extiende para 2014 y se sabe que es algo que ya tiene contemplado el Ministerio de Hacienda. Ahí se avecina un gran debate. 

En la última semana, el ministro Lizarralde ha tenido que apagar los conatos de incendio desatado por sus palabras. Se reunió por separado con los cafeteros y con la dirigencia gremial agropecuaria. Fueron reuniones tensas, que si bien ayudaron a poner las cartas sobre la mesa, no dejaron al sector completamente tranquilo.

Y es que lo que se avecina en esta cartera no será menos ruidoso. El ministro anunció que tiene listo el proyecto de ley sobre baldíos, que permitirá la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

En un reciente foro explicó que según ese texto, cuando el sector privado inversionista, ya sea nacional o extranjero, acumule esas unidades, deberá obligatoriamente destinar un 20 por ciento de la extensión afectada a proyectos para pequeños y medianos propietarios.

Se sabe que esta propuesta ya causó sorpresa en el sector privado agropecuario. Lizarralde les advirtió a los gremios que no divulgará el proyecto antes de que llegue al Congreso. Esto tampoco sonó bien, porque los empresarios sienten que, al no socializarlo como ha ocurrido con otros proyectos de ley, el ministro no tiene ánimo de concertar.

Lizarralde también tiene el reto de lidiar con las dignidades agropecuarias para que se unan al pacto nacional agrario. Pero eso pasará, primero, por cumplir los acuerdos que se sellaron cuando terminó el paro. Y en este sentido, ya hay preocupación de algunos sectores que ven difícil llevar a la práctica todo lo que se consignó en el papel.

En síntesis, los grandes propósitos y las buenas ideas con que llegó el ministro Lizarralde para el sector agropecuario, incluido su fuerte carácter –que es una gran virtud en política–  se pueden enredar y empantanar aún más la situación del agro, si no logra bajar la tensión que existe entre todos los actores y los pone a remar para el mismo lado.

la rebelión de las ruanas

Publicado el 15/09/2013 

 "La Rebelión de las Ruanas" 

Especiales Pirry. 

Canal RCN. 

15 septiembre 2013

Santos lanza el “pacto agrario” como respuesta a la huelga nacional

El País
Elizabeth Reyes L
13 de septiembre de 2013

El presidente colombiano Juan Manuel Santos. / Leonardo Muñoz (EFE)

Tras tres semanas de las protestas de campesinos colombianos, que mantuvieron bloqueadas numerosas vías hasta el pasado martes y que le valieron al presidente Juan Manuel Santos el desplome de su popularidad y un remezón ministerial, este jueves el Gobierno lanzó el “Gran Pacto Agrario”, un mecanismo de concertación con el que espera pasar la página de la huelga y reconstruir el campo colombiano, un sector que ha estado en el olvido durante décadas, donde la pobreza sobrepasa el 46,8%, y que ha sido, además, afectado como ninguno por el conflicto armado.

“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.

Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.

Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.

Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.

Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.

El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.

La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.

En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.

El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.

En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.

La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.

Los dueños de los fertilizantes

Seis empresas dominan el mercado de insumos básicos

El Espectador
Alexánder Marín Correa
8 de septiembre de 2013

De las 1.150 compañías registradas para comercializar estos productos, seis concentran el 92% del mercado. Los precios en Colombia en puerta de fábrica superan entre el 30 y 50% el precio mundial.

En el país se usan casi 500 toneladas de agroinsumos por hectárea de tierra cultivable. / El Espectador

En medio del paro agrario, que lleva tres semanas, a los campesinos se les ha escuchado una queja común: el precio de los agroinsumos. Su reclamo se basa en un dato concreto: lo que se paga en Colombia por cada kilo de fertilizante está 50% por encima de la cotización internacional. ¿Por qué sucede? ¿Quiénes son los dueños de este negocio en el país? Al evaluar los datos de importación de los tres insumos básicos para las diferentes marcas de fertilizantes del mercado, urea, fosfato diamónico (DAP) y cloruro de potasio (KCl), el resultado es que seis empresas controlan el 92% del mercado nacional.

Según el Ministerio de Agricultura, los tres productos son básicos para la elaboración de fertilizantes, pero son importados. A partir de la mezcla de urea, fosfato diamónico y cloruro de potasio, más otros aditivos, se producen 3.600 clases de fertilizantes en Colombia. La importación de los insumos es un negocio multimillonario. Basta un dato para probarlo. Según información del portal www.dataexim.com, el año pasado ingresaron 516.000 toneladas de urea, 422.000 toneladas de potasio y 70.000 toneladas de fosfato.

Si a las anteriores cifras se suma la importación de mezclas de estos productos, que alcanzaron las 342.000 toneladas, en total llegaron al país casi 1,4 millones de toneladas de fertilizantes básicos, a un costo (incluyendo flete) de casi US$708 millones, es decir, casi $1,4 billones. En concreto, fueron 789 operaciones de importación que reportaron como procedencia Alemania (25%), Rusia (18%), Canadá (8%), China (5,4%), Chile (5,3%) y Venezuela (5%). Curiosamente, el 40% de las compras se realizaron en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Suiza, Panamá, Bahamas, Antigua y Barbuda, entre otros.

A pesar de que un centenar de empresas importaron los insumos básicos de los fertilizantes, entre las firmas Monómeros Venezolanos, Ecofértil, Abocol S. A., Preciagro, Yara y Nutrición de Plantas se concentró casi el 92% de la oferta nacional. Estas empresas importaron 1,3 millones de toneladas por casi de $1,3 billones. De conformidad con los balances financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades, entre las seis empresas sumaron ingresos operacionales por $1,2 billones. Sus ganancias alcanzaron $9.000 millones.

De las seis empresas, la que mayor representación tiene en Colombia es Monómeros Colombo-Venezolanos que, junto con su filial Ecofértil, concentra el 37% de la oferta. Ambas firmas son controladas por el gobierno de Venezuela. Paradójicamente, a pesar de sumar ingresos en 2012 por $750.000 millones, a 31 de diciembre las dos sociedades reportaron pérdidas por casi $7.000 millones. Las dos empresas son recordadas en el país por polémicas donaciones que realizaron en 2008 a actividades sociales con conexiones políticas.

Por un lado, las que hizo Ecofértil S. A. por $6.000 millones a dos fundaciones, supuestamente para “atender programas y proyectos sociales”, pero que fueron motivo de investigación porque algunos de sus beneficiarios tenían líos con la justicia. De igual forma, por la misma época, cuando se conoció que la empresa Monómeros, por orden del gobierno venezolano hizo donaciones para financiar algunas actividades lideradas por la exsenadora Piedad Córdoba, para los acuerdos humanitarios de liberación de secuestrados de las Farc.

Brecha en los costos

Las tendencias de importación de años anteriores siguen vigentes en 2013. Por eso, las seis empresas que dominan el mercado definen el precio interno. Sin embargo, al comparar los precios a nivel internacional y lo que tienen que pagar los campesinos en Colombia por un kilo de fertilizantes, los costos internos superan los del exterior entre el 30 y el 50%. Por ejemplo, en diciembre de 2012, un kilo de urea se conseguía fuera de las fronteras en $897. Las sociedades que lo vendieron en Colombia lo hicieron a $1.248

La diferencia es del 40%, y el caso se repite en cualquiera de los insumos básicos. Por ejemplo, en el caso del potasio, el precio promedio internacional fue de $764, el interno llegó a los $1.223 por kilo, una diferencia del 60%. El fosfato se pagó a $681 en el exterior y en el país a $1.489. El sobrecosto alcanzó el 118%. Para los campesinos, estas diferencias inciden mucho en la rentabilidad del campo, porque para abonar una hectárea de tierra ellos tienen que invertir hasta el 30% del total de los costos mínimos de producción de sus cultivos.

En el caso de la producción de arroz, algodón, papa y maíz blanco, por ejemplo, los precios de los fertilizantes representan entre el 20 y el 30% de sus costos. Por el lado del café, el cacao, la palma y la caña panelera, van desde el 15 hasta el 30%. Razones suficientes para que los campesinos le insistan al Gobierno para que ejerza un control directo sobre los precios de los fertilizantes para evitar los referidos sobrecostos. Sin embargo, no es una petición nueva. Desde 2006 el Ministerio de Agricultura monitorea los precios de los agroinsumos, pero no interviene para corregir.

El reclamo de los campesinos no prospera debido a que, según un estudio sobre el mercado de agroinsumos hecho en 2007 por la firma Econometría, en el país hay suficiente competencia y oferta de fertilizantes. En consecuencia, en criterio de las autoridades, no existen razones para “imponer un régimen de libertad regulada de precios”. Además, aseguran que no existen empresas dominantes con capacidad para manipular precios. Los datos de las importaciones de los últimos años parecen demostrar todo lo contrario.

En dicho estudio, elaborado en 2007 para establecer “bases para una política de precios”, quedó escrito que los insumos básicos para fertilizar la tierra (urea, fosfato y potasio) equivalen al 80% del negocio de los agroinsumos en Colombia. Frente al incremento constante de los precios, el documento lo justificó afirmando que obedecía al exceso de la demanda mundial. Incluso, señaló en uno de sus apartes, en ocasiones el precio en Colombia se quedó corto frente a la cotización internacional.

Lo cierto es que los fertilizantes de la discordia son básicos en la agroindustria nacional, porque los suelos del país son ácidos. Es más, Colombia es uno de los países del mundo que más cantidad de fertilizantes usa por hectárea cultivada. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país se usan 499 toneladas de fertilizantes por hectárea cultivable. Los técnicos del Ministerio de Agricultura sostienen que esa cifra es exagerada y que seguramente hay mucho desperdicio de insumos por inasistencia técnica. Su recomendación es hacer un uso más eficaz para que los campesinos no gasten tanto.

Controlar precios

Según información oficial de los papicultores, producir hoy una carga de papa cuesta unos $70.000, de los que un buen porcentaje obedece a los costos de los fertilizantes. Con el agravante de que ingresa papa desde el exterior que los ha obligado a vender a $40.000 la carga. Así no recuperan gastos y su camino es la quiebra. Un sombrío panorama que, en criterio del analista Aurelio Suárez, prueba la necesidad de que el Estado intervenga los precios de los fertilizantes.

“Al comparar los valores que deben pagar los agricultores colombianos frente a lo que cuestan en el mundo, se nota una enorme diferencia. Desde la venta de los mayoristas en las puertas de sus compañías ya existen sobrecostos. A veces alcanzan hasta el 30%. Cuando llegan al agricultor han aumentado casi el doble”, recalcó Suárez, quien definió lo que hoy sucede como “una cadena de oligopolios importadores y comercializadores”. Al agricultor le llegan productos recargados con sobrecostos.

En otras palabras, el precio de los fertilizantes en Colombia representa un factor determinante para la pérdida de rentabilidad y competitividad en la agricultura colombiana. Las autoridades creen que el asunto obedece más a costos como fletes o transporte de los productos. Lo único claro es que urge un estudio minucioso para establecer por qué los precios de los fertilizantes que llegan al país son tan altos. Al menos ese es el reclamo más sentido en el paro campesino. Alguna razón tendrán. Al menos debería revisarse por qué sale más barato comprarlos en el exterior que adquirirlos en Colombia.

enseñanzas del paro agrario

La papa caliente

El Espectador
Alfredo Molano Bravo
31 de agosto de 2013

Si La Calera se rebela y decretan el toque de queda y la ley seca; si hay pedreas, heridos y ruanas ensangrentadas, es porque algo muy grave está pasando en el país.

La Calera ha sido un pueblo melancólico, frío, laureanista, donde hasta se llegó a celebrar, por orden del general Amadeo Rodríguez, el asesinato de unos presos volados de La Picota el 9 de abril del 48. Eran puros rojos, habría dicho, y, ¡fuego! Plinio Apuleyo saldrá a decir hoy que las Farc dejaron infiltrados ahí unos “piscos” el día que se la tomaron y que son ellos los que dirigen las marchas.

Es el argumento de siempre, que esta vez, por lo masivo y radical del movimiento, se ha vuelto a favor de la guerrilla: si las Farc mueven todo lo que se ve, el Gobierno está diciendo babosadas sobre su derrota estratégica y todas esas victorias de oficina. Visto así, como diríamos hace unos años, estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva gestándose 50 años. Porque lo que está pasando en el campo, y ahora también en las ciudades, no es otra cosa que las demandas represadas —y reprimidas a balazos— durante muchos años. En el desenlace no juegan sólo los TLC y ni siquiera la apertura económica inaugurada hace 25 años; juegan el robo de tierras permanente, el destierro de millones de campesinos, la impunidad, la exclusión política, el desempleo masivo, el desprecio por su trabajo, las mentiras sistemáticas sobre su condición, la sangre. Todo pesa, todo entra hoy en la balanza. La trampa queda al descubierto. La verdad ha sido obligada a salir a la calle. Desde Ipiales, Nariño, a Campo de la Cruz, Atlántico, y desde Putumayo hasta Antioquia, pasando por Cajibío, Soacha, Fusa y Faca, las protestas avanzan y se organizan, llegan a las ciudades y se concentra en plazas y avenidas. El Gobierno —o mejor el gym boy que “funge” como ministro de Defensa— ha dado la orden de reprimir las marchas y las manifestaciones. Del otro lado, el ministro de Agricultura —que, como su nombre lo indica, no ha hecho más que torpezas— y el taciturno y balbuceante ministro del Interior no han podido entender qué pasa y ofrecen cualquier cosa, lo que se les ocurre, durante el viaje a Tunja. Por debajo la sangre corre y la indignación crece. Santos no sabe qué hacer. Un día dice que todo es mentira; otro, que todo es promovido por la guerrilla, y después que el negocio es barato, fácil; finalmente son labriegos. Nada. Por ningún lado. El Esmad es rebasado y ahora el Ejército da un paso adelante, sale a disparar a discreción, bombardea desde helicópteros con gases lacrimógenos a los manifestantes y abre los archivos de inteligencia para echarles mano a quienes no había podido capturar por falta de pruebas, como en el caso de Ballesteros. En Bogotá hubo cuatro muertos el jueves, en Tolima dos. Hay un centenar de heridos graves, debe haber miles de detenidos. El Gobierno va acumulando fracasos y fracasos; improvisa, se desdice, duda, dispara. Los campesinos son cada día más fuertes y afirmativos. La Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos, MIA, ha presentado unas demandas mínimas que constituirían, de acogerse, un verdadero revolcón institucional, que de hecho dejaría el país en paz. Es paradójico, el Gobierno que se negó con arrogancia e insensatez a negociar en La Habana el modelo de desarrollo y la doctrina militar, se verá ahora obligado a hacerlo con un movimiento civil, desarmado y democrático. Seguir con el cuento de que millones de manifestantes son manejados por cuatro vándalos inadaptados, como dice el intrépido general Palomino, es, por lo menos, ingenuo. El Gobierno está hoy entre la espada y la pared. Si opta por la represión brutal, de sobra se cae la negociación de La Habana, porque, ¿de qué garantías podría hablar si permite que se mate a la gente en los barrios y en las carreteras? Si opta por negociar el modelo económico y la doctrina militar, ¿cuál será la reacción de los gremios económicos y de los militares agremiados? Lo que se vio en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Ubaté, en Ibagué fue el prólogo de la primavera, largamente esperada, o el desplome del castillo de naipes que nos habían montado. En la calle, y no en el monte, se están jugando hoy la suerte del país y la suerte del presidente Santos.