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miércoles, 14 de agosto de 2013

Nueve razones para defender las Zonas de Reserva Campesina


Kienyke
David Baracaldo Orjuela
12 de agosto de 2013

El debate sobre la creación de Zonas de Reserva Campesina en Colombia es sin duda una de las discusiones más calientes y controvertidas en la actualidad nacional. De alguna forma, las exigencias de las Farc de incluir esta figura en la reforma rural integral que se cocina en el proceso de paz en Cuba, y al ser éstas una de las banderas de las protestas en el Catatumbo que ya cumplen casi dos meses bajo acusaciones de estar alentadas por la subversión, han creado alrededor del tema un clima de desconfianza sobre el propósito real que cumplen dichos territorios consagrados en la ley.

Precisamente el desconocimiento sobre el espíritu original que persiguen las Zonas de Reserva Campesina, e incluso el no considerar que ya existen en Colombia seis de estas áreas geográficas que en su mayoría han tenido experiencias positivas, provoca rechazo inmediato al ser promovidas por las Farc, que cabe decir no son los naturales artífices del concepto.

KienyKe habló con quienes dieron origen a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las reglamentaron y acompañaron en su consolidación. José Antonio Ocampo era el ministro de Agricultura en 1994, durante el gobierno de César Gaviria, y fue el autor de la Ley de Reforma Agraria que se convirtió en la Ley 160 de 1994, que crea la figura de las ZRC. El gobierno de Ernesto Samper se encargó de reglamentarla, y el asesor del IICA Darío Fajardo ha acompañado en su implementación y en la consecución de recursos internacionales para que se crearan varias de las reservas que hoy existen. Los tres defendieron su idea a capa y espada. “Es como si fueran mis hijas”, dijo Samper. “Creo que mejor esas sí son hijas mías, porque yo las cree”, respondió Ocampo.

¿Qué pretendían con la creación de una zona de reserva campesina?
El exministro José Antonio Ocampo se atribuyó la autoría de las Zonas de Reserva Campesina. Recordó que las planteó al Congreso que la aprobó finalizando la primera legislatura del 94, a meses de finalizar el gobierno de César Gaviria, y de paso, su función como jefe de la cartera agrícola. Recordó que sólo perseguía un propósito con ese elemento dentro de la reforma agraria: “Proteger al pequeño campesino”. Agrega que las ZRC buscan evitar la concentración de la tierra en pocas manos (latifundios) en territorios baldíos o del Estado. “Queríamos cortar de tajo un proceso que se había dado históricamente, de que la pequeña propiedad resultaba concentrándose y desapareciendo”.

En términos claros, ¿qué es una Zona de Reserva Campesina?
Una definición sencilla la expresó Darío Fajardo, también docente e investigador de la Universidad Nacional. “Es un grupo de veredas, territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven familias que se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay vínculos entre esas juntas, con las autoridades municipales y el Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura, financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar la flora, la fauna y todos los recursos, y a respetar la ley”.

Catatumbo, Kienyke


En el pasado, ¿hubo algún intento por crear estos territorios con reformas agrarias?
El profesor Fajardo recuerda que a comienzos del siglo XX el Gobierno produjo el decreto 1110 de 1928 que establece la figura de las Colonias Agrícolas. “Abrió la posibilidad de crear asentamientos campesinos. Fue un hecho histórico para los campesinos, pues les titulaban tierras y tenían territorialidad propia como la de los indígenas. Pero esa política no avanzó mucho más”. La deuda histórica con los labriegos sin tierra se acentuó en la década de los 30 y fueron varios decenios en los que el campo se siguió concentrando, incluso de manera vertiginosa durante la época de la violencia. En resumidas cuentas, fue hasta 1990 cuando se retomaron las ideas para generar unidades agrícolas para familias campesinas, y entre los iniciales creadores da crédito a Alfredo Molano. Pero fue cuatro años más tarde cuando el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, planteó la creación de las ZRC en una reforma agraria, que fue reglamentada después por el presidente Ernesto Samper Pizano.

¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia?
Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el país como Zonas de Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de 469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) de 145 mil hectáreas; fue constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC en el Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas; además una en el Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de Yondó y Remedios (Antioquia); y una última en el Alto Cuembí del municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas.

Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades” la experiencia en el Valle del río Cimitarra. “Convergen veredas de varios departamentos y las familias que los ocupan son muy organizadas. Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes hídricas, los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos: una bufalera famosa, producción alimenticia y otras experiencias agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión desde el norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”.

También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura, inició como una iniciativa ambiental. Los inconvenientes que han tenido otras regiones, como la de Calamar, tienen que ver con el asedio de empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera  no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían otras visiones productivas y han preferido actuar de la mano con el municipio de Cabrera.

Para el expresidente Samper, las ZRC que se han constituido en principio sí han dado resultados, y culpa a la “falta de diligencia del Estado” los inconvenientes que algunas han sorteado. “Hay un millón de hectáreas en este momento en las que se ha constituido las ZRC, y allí viven 500 mil campesinos, de tal manera que es una población objetivo muy importante”.

Zonas de reserva campesina, Colombia, Kienyke


¿Es correcto que llamen a las ZRC ‘caguancitos’ o ‘republiquetas independientes’?
El exministro José Antonio Ocampo, autor de la reforma que le dio vida a las ZRC, rechaza dicho tipo de acusaciones e indica que los supuestos propósitos de crear territorios con alguna independencia administrativa o política son falsos. “Nunca fue el espíritu de la Ley. Queríamos proteger la pequeña propiedad, más no darle autonomía administrativa. Lo que pasa es que han surgido satanizaciones a otro tipo de propuestas que se han investigado pero que no tienen que ver con las ZRC como tal”.
Más vehemente se expresó el exmandatario Samper. “Es una apreciación absurda. Las ZRC se constituyen para sacar a la población campesina del conflicto. En ninguna parte, ni en las leyes ni reglamentaciones, existe la disposición de que no pueda haber presencia de fuerza pública en las zonas. En cambio las zonas de reserva son antídoto contra los caguanes, no son caguanes”.

¿Por qué es tan incómodo para el gobierno hablar de ZRC? ¿A qué se debe esta estigmatización?
KienyKe hizo solicitudes para entrevista sobre este tema con algún funcionario en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad encargada de definir los territorios que serán otorgados a las ZRC. La institución respondió que una declaración al respecto “no la quiere manejar en estos momentos públicamente el Incoder y que cualquier intención en ese sentido es mejor enfocarla con el Ministerio de Agricultura”. El hermetismo al respecto tiene que ver con la sensibilidad del tema respecto a la actual crisis en el Catatumbo, y que dicha figura es usada por las Farc como tema de discusión en una eventual reforma rural integral resultante de los diálogos de paz en Cuba. Para el expresidente Samper ha surgido todo un ‘tabú’ y ‘satanización’ sobre las zonas de reserva que no da lugar al espíritu original de la iniciativa. “ El hecho de que se hable en La Habana de ZRC no debe ser un obstáculo para que se sigan considerando y aprobando las zonas que están plenamente justificadas. A lo mejor no aprobar todas las que propone las Farc, pero sí hay unas áreas del país que han sido particularmente afectadas por la violencia que necesitan una atención inmediata, y una de ellas es sin duda la zona del Catatumbo en Tibú”, dijo.

 ¿Justifican la creación de una ZRC en la región del Catatumbo, donde los campesinos lo están exigiendo desde hace dos meses?
El exministro Ocampo, actual docente en la Universidad de Columbia (EUA), considera que el resultado favorable de las regiones actualmente determinadas como ZRC da pie a que se puedan seguir autorizando más de estos territorios, incluyendo en el Catatumbo. “Si la figura de la Reserva Campesina se refiere al concepto de la Ley 160, que busca proteger al pequeño campesino, bien puede ser figura en el Catatumbo, en tanto no tenga ninguna interpretación diferente. Me gustaría que todos los partidos colombianos estuvieran detrás de esta idea, porque es muy buena idea. Me parece bien que las Farc lo hayan acogido, pero que sea la idea que planteamos originalmente, una región donde se proteja la pequeña propiedad”, sostuvo.

Pero el profesor Fajardo identifica “palos en la rueda” para que pueda declararse en esta región de Norte de Santander una ZRC, e incluso otras nuevas en más lugares del país. “Hay sectores que tienen fuerza política y que no simpatizan con la reserva porque en el modelo económico que tiene el país serían un freno a un proceso de desplazamiento campesino, con el que ciertos grupos consiguen tierras gratuitas. Y con este proceso de tierra hay cerca de 5 millones de personas desplazadas, y se convierten en mano de obra barata. Una ZRC sería un freno a sus intereses”.

Ernesto Samper, Kienyke
Expresidente Ernesto Samper

¿Una ZRC podría hacer perder el control del Estado en su interior?
-No- dice Samper- La Constitución de Colombia solamente permite que haya autonomía territorial en dos casos como las reservas indígenas. Las ZRC fueron implementadas precisamente para que la fuerza pública pueda organizar la protección de colectivos como campesinos en áreas donde la presencia de latifundios en el pasado les permitió a los armados ilegales del conflicto, como los paramilitares o la guerrilla, polarizar e intimidar a los campesinos. Las zonas son el mejor antídoto para que la gente tenga sus tierras con la presencia de la fuerza pública.

¿Tendrá Colombia que abrirse al debate sobre la consolidación de más ZRC, ahora que las proponen las Farc como parte del proceso de paz?
Responde de manera afirmativa el expresidente Ernesto Samper. “Entiendo que en los preacuerdos que ya se han hecho sobre el tema agrario, uno de los principios fundamentales del nuevo modelo es el que se cuece por la creación de nuevas figuras entre las cuales están el caso de las ZRC. Estamos entre un modelo agrario que piensen en un campo sin campesinos, que era lo del Agro Ingreso Seguro, hasta un campo totalmente para los campesinos que eran los mismos procesos de la reforma agraria. Aquí hay una forma consistente de hacer cazar los dos intereses, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que se trata es de favorecer los intereses de los campesinos afectados por la violencia”.

Twitter: @david_baracaldo

viernes, 2 de agosto de 2013

El acuerdo para poner fin al bloqueo del Catatumbo


Revista Semana
31 de julio de 2013

Una comisión de garantes fue clave para el comienzo del fin del paro que ha bloqueado a la región por más de 50 días.

Protestas en el Catatumbo


Este viernes, a las 10 de la mañana, los campesinos de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander, desbloquearán la vía Cúcuta-Tibú con un solo propósito, retomar el diálogo con el gobierno y encontrar soluciones concretas para poner fin al paro campesino que ya completa 52 días afectando a los ciudadanos de la región.
 
La decisión empezó a consolidarse el pasado 28 de julio, cuando los voceros de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero, contactaron al sacerdote jesuita Francisco de Roux para que prestara sus oficios para resolver la difícil situación.

“Vamos a entregarle nuestra confianza a los garantes y al gobierno, aquí no se trata de guerra se trata de paz” Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo. 

Por su parte, De Roux aceptó la petición y desde ese mismo momento consolidó una comisión de garantes para encontrar las fórmulas de solución del paro.

Iván Cepeda

El provincial de la comunidad jesuita convocó al vicepresidente Angelino Garzón, al expresidente Ernesto Samper, al presidente del Congreso Juan Fernando Cristo, al representante de la ONU para Colombia Todd Howland, al representante a la Cámara Iván Cepeda, y así se conformó la comisión de garantes.

Un día después, en Bogotá, los voceros de los campesinos presentaron la propuesta del desbloqueo con el propósito de que a más tardar el 5 de agosto el gobierno retomara el diálogo con los manifestantes.

La comisión de garantes se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para trasladarle la fórmula propuesta por los campesinos. El mandatario la consideró viable y dio luz verde no solo para que los garantes certificaran el desbloqueo de las vías sino para reanudar el diálogo.

Un diálogo que según el presidente no tendría ningún tema vedado, y se concentraría en los cinco puntos de la agenda que los campesinos le han formulado al gobierno, incluido el polémico tema de la creación de zonas de reserva campesina en la región.

Los campesinos sin embargo tenían un temor. Durante los más de 50 días de conflicto en la región, que tuvo múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, y en los que hubo constantes señalamientos desde el propio gobierno sobre la presencia de ilegales infiltrando la movilización, los campesinos pudieran resultar comprometidos en procesos penales.

Los garantes facilitaron una reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien les dio la tranquilidad de que la protesta no sería “criminalizada” por la Fiscalía, y que el bloqueo de vías y algunas conductas individuales que puedan constituir un delito dejarían de tener esa concepción siempre que estuvieran relacionadas en el marco de la protesta social.

“La protesta social no puede ser judicializada. La Fiscalía valorará muy positivamente el diálogo que se produzca en el Catatumbo para la solución del conflicto” expresó el fiscal general Eduardo Montealegre.

Agregó que la Fiscalía solo se limitaría a la investigación y la apertura de procesos en los casos que se haya ejercido la violencia, en conductas como incendios de vehículos y lesiones personales, pero que la Fiscalía valoraría el diálogo en el Catatumbo para tomar decisiones penales.
Eduardo Montealegre

Incluso el fiscal fue más allá, y señaló que la Fiscalía está dispuesta a conceder el principio de oportunidad a quienes pudieran resultar judicializados siempre y cuando el conflicto en la región se resuelva.

Con esa garantía, los campesinos aceptaron el desbloqueo de la zona y pidieron al gobierno retomar el diálogo.

El fiscal general también dijo que las investigaciones sobre la muerte de cuatro personas van avanzando aunque prefirió guardar reserva sobre la hipótesis que maneja la Fiscalía. Los campesinos de la región han señalado que estas personas murieron por la acción de la Fuerza Pública para reprimir la protesta.

El acuerdo se conoció luego de que el pasado martes, el gobierno nacional reiterara en la plenaria del Senado que está dispuesto a restablecer el diálogo con los campesinos del Catatumbo, siempre y cuando levantaran los bloqueos.

El expresidente Ernesto Samper, haciendo una analogía con el proceso de paz, calificó este acuerdo como el fin del conflicto, pero explicó que el posconflicto comenzará la próxima semana cuando gobierno y campesinos retomen el diálogo para resolver los problemas sociales que desde décadas atrás han afectado a los campesinos de la región.

Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que “doy fe de que los campesinos del Catatumbo quieren un acto cívico y de diálogo social. Aquí se trata de construir acuerdos para corregir una deuda histórica social”.
Francisco de Roux

Así mismo, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que es necesario que la mesa de diálogos también sirva para aliviar la precaria situación que enfrentan los municipios del Norte de Santander. ya que fueron estas malas condiciones de vida  una de las principales razones para el inicio de las protestas. “Debemos plantear una agenda de posconflicto que vaya mucho más allá de los puntos estipulados”, concluyó Cristo.