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miércoles, 30 de abril de 2014

los males del campo colombiano


El Espectador
30 de abril de 2014


Si tuviera que elegir entre todos los problemas que tiene el campo colombiano. ¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?

Salomón Kalmanovitz
Uno de los economistas más destacados del país

Reparar la institucionalidad del Ministerio de Agricultura que ha sido dañada por el clientelismo y ha permitido el control de varios de los institutos hasta por reconocidos paramilitares. Eso imposibilita ofrecer los bienes públicos indispensables para el desarrollo agropecuario:legalización de tierras usurpadas (Incoder), control sobre los bienes confiscados al narcotráfico (DNE) y su reparto a los que no tienen tierra, riego y drenaje, controles fitosanitarios, desarrollo tecnológico (Corpoica), asesoria técnica a nivel de finca, silos para almacenar y regularizar las cosechas y carreteras de segundo y tercer nivel (corresponden a departamentos y municipios).


Jorge H. Maldonado
Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y ha encabezado diversos proyectos sobre la implementación de los recursos naturales.

Indiscutiblemente, la pobreza. Nuestros campesinos son en general muy pobres y enfrentan unas condiciones difíciles todos los días, lo que limita sus posibilidades de desarrollarse y de vivir dignamente. Junto con el problema de la pobreza, está el tema del acceso a tierras y a otros activos, y las limitadas oportunidades de los campesinos para desarrollar sus capacidades. La excesiva inequidad en la tenencia de la tierra solo es una dimensión del acceso desequilibrado a activos y oportunidades. Y este acceso se reduce aún más en presencia de quizá la peor de las plagas de este país: la corrupción.


Absalón Machado
En el año 2011 encabezo el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural. Razones para la esperanza” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Considero que la inequidad, la falta de oportunidades, la carencia de una política estructurada del Estado para el sector rural y el conflicto armado con todas sus derivaciones, son los problemas más críticos y alrededor de los cuales giran los demás. La inequidad en el acceso y distribución de factores productivos y especialmente la tierra, y en el acceso a oportunidades, bienes públicos y servicios, incluyendo la conectividad asimétrica a los mercados, marca muy fuerte la vida de la población rural. Esas desigualdades también se expresan en las inequitativas relaciones entre el campo y la ciudad, y en la manera como el Estado ha tratado históricamente a una u otra de esas territorialidades.

La estructura agraria altamente desigual, excluyente y concentrada en manos de un grupo privilegiado de colombianos, y el mal uso que hacen de la tierra (conflictos de uso) es una razón estructural que impide la apertura de oportunidades, la creación dinámica de empleos y de opciones no agropecuarias dentro de la vida rural, y desmoviliza a los habitantes rurales que no tienen así oportunidades de ascenso y movilidad social en una estructura rígida y cerrada. Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. 


Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. Mujeres, jóvenes, etnias, ancianos y buena parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar está por fuera de esas posibilidades porque la estructura agraria y las políticas del Estado no les abren caminos para moverse con libertad y acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar.

Alejandro Reyes
Fue director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Es uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito agrario

Los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado -0.87%-, ilegalidad de la gran propiedad –lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos-), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal, falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

Andrés Montoya
Profesor del departamento de economía de la universidad de los Andes.

Los TLC, no obstante, lejos de ser el principal problema del agro colombiano, lo que han hecho es visibilizar una serie de problemas estructurales que enfrenta la producción agrícola en el país y que están estrechamente relacionados con la forma en la que se ha dirigido la política agrícola en el país. Una política que a lo largo de diferentes gobiernos se ha concentrado en ofrecer subsidios a distintos sectores, en especial a los productores más organizados, en vez de asegurar la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la competitividad y productividad del sector agrícola en el país. Y ahí está el principal problema del agro en Colombia, pues no contamos con una oferta de servicios públicos, como por ejemplo una red de transporte adecuada para que los productores lleguen a los principales mercados y que incrementan los costos de transporte sustancialmente. De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum tenemos unas las calificaciones más bajas en la región en términos de infraestructura portuaria, vial y férrea.

Tampoco existe un mercado de tierras apropiado que le permita a los hogares rurales acceder a tierras para aumentar la producción agrícola. Así mismo, no hay una oferta seria de programas de asistencia técnica y educación, de créditos o de seguros agrícolas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, menos del 30% de los hogares rurales encuestados en 4 regiones del país tienen algún tipo de crédito y en menos del 55% de estos hogares el crédito viene de alguna institución formal. Esto es preocupante pues indica que la mayoría de hogares rurales no tienen cómo acceder a recursos crediticios para financiar su actividad agrícola ni asegurarse frente a los diferentes riesgos agroclimáticos, lo cual reduce el nivel de las inversiones y limita la adopción de nuevas tecnologías.

La precaria oferta de servicios públicos en el campo Colombiano genera una serie de fallas de mercado que tienen como consecuencia un incremento sustancial de los costos de transacción y barreras para la adopción de nuevas tecnologías y para la estandarización de los procesos productivos, hace que la pequeña y mediana agricultura en el país se encuentra rezagada frente a la de países vecinos y juega un papel fundamental en las dinámicas de pobreza en las áreas rurales.


domingo, 30 de marzo de 2014

catastro y registro para la reforma rural integral


El Espectador
Alejandro Reyes Posada
29 de marzo de 2014

En Colombia los derechos de propiedad sobre la tierra no tienen una base cartográfica sólida, que debería ser un catastro moderno y completo. 

Esto significa que los linderos que demarcan cada propiedad no tienen expresión en un plano único y confiable, certificado por el Estado, y por tanto no son un “cuerpo cierto”, usando la expresión legal, como tampoco su área y linderos. Esta dificultad se suple, en las transacciones de dominio, con una descripción literaria de los linderos, mientras el plano permanece como un documento anexo, cuando hay, sin valor para identificar el terreno.

Que el registro, y no el catastro, sea la prueba de los derechos de propiedad, con referencia imprecisa respecto de los linderos en el terreno, es la anomalía colombiana, el secreto oculto que ha permitido a los vivos con poder apropiarse del trabajo colectivo de los campesinos y a las élites territoriales disfrutar del monopolio rentístico de la tierra desde el siglo XIX.

No sorprende, en esta situación, que la frontera entre baldíos y tierras privadas sea muy borrosa, igual que entre poseedores campesinos y propietarios titulares, para no mencionar los conflictos de linderos entre vecinos, que son muy frecuentes. Este sistema impreciso de identificación cartográfica de los predios y de registro de la propiedad tiene un sesgo a favor de quienes tienen mayor habilidad para relacionarse con el sistema legal y en perjuicio de quienes carecen de esa capacidad. El sistema descoordinado impide al Estado tener el control físico, jurídico, económico y fiscal de la tenencia de la tierra y debilita el potencial del desarrollo rural, la bancarización y la formalización de la economía agraria, y también impide a los poseedores y propietarios tener seguridad jurídica en sus derechos, para transformarlos en patrimonio y capital.

Los principales usuarios institucionales de la información catastral, aparte de las CAR y los municipios, son las empresas petroleras y mineras, que para hacer sus propios planos topográficos pagan salarios muy superiores a las tarifas del IGAC y, por tanto, absorben la poca oferta disponible de topógrafos. Esas empresas, además, así como los contratistas de obras públicas que deben adquirir predios, encuentran que los planos catastrales del IGAC no reflejan la realidad de la tenencia, y deben, por tanto, hacer de nuevo los levantamientos catastrales. Igual sucede en la Unidad de Restitución de Tierras y en el Incoder, que deben hacerlo porque los jueces no aceptan los planos del IGAC, por su desactualización, imprecisiones y deficiencias.

Para que la reforma rural integral no sea sólo buenas intenciones, el país debe hacer un verdadero catastro y fundir en un solo instrumento el título de propiedad, cuyo objeto debe ser un plano catastral y no la descripción poética del paisaje, como ocurre en el registro actual. El nuevo catastro debe referenciar geográficamente con planos todas las posesiones de tierras, tituladas o no, en manos de campesinos, los territorios étnicos, las reservas naturales y forestales, para identificar todos los conflictos de tenencia y solucionarlos de acuerdo con el derecho agrario, que protege la posesión y el acceso a la tierra de los más vulnerables del campo.