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domingo, 18 de mayo de 2014
mesas de trabajo campesinas
Líderes campesinos reunidos el pasado jueves 18 de mayo en la Casa de la Anunciación de San Gil, para discutir los problemas del agro de la región.
Conclusiones: Tres o cuatro personas manipulan a los campesinos. Los pocos que quieren trabajar están divididos. Los técnicos del Ministerio de Agricultura no saben del tema. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno premia a los deudores... es decir, vale la pena no pagar las deudad para ser premiado, mientras que a los que pagan no se les reconoce el esfuerzo y honestidad.
sábado, 5 de abril de 2014
El hombre del billón de pesos
El Espectador
Indalelcio Dangond B
4 de abril de 2014
No cayó nada bien en las organizaciones campesinas del país el nombramiento del cuestionado ex presidente de Finagro, Cesar Pardo, como Gerente del Pacto Agrario.
En la columna
pasada informé al ministro de agricultura de la inconveniencia de esta
designación por las razones que a continuación expongo.
El
año pasado el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción de la
Contraloría General de la Republica, José Miguel Char, en el Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 80183-064-629, firmó un fallo contra Cesar
Pardo declarándolo fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por
la suma de $2.834.599.645, por haber desarrollado una gestión fiscal
antieconómica e ineficiente generando un daño al patrimonio de Finagro
cuando se desempeñaba como presidente de dicha entidad.
En
la entrevista del pasado 29 de marzo al Espectador, el señor Cesar
Pardo, afirmó que ese fue un “proceso absurdo en el que se le vinculó
después de haber salido de la presidencia de Finagro en octubre de 2005,
cuando los hechos investigados eran de noviembre y diciembre de ese
año”. Ver entrevista.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-nombre-polariza-gerente-del-pacto-agrario-articulo-483634.
Claramente, el señor Cesar Pardo
le mintió al país, a las organizaciones campesinas y al inocente
ministro de la cartera agraria, porque según consta en el fallo
proferido por el Delegado Anticorrupción de la CGR, si fungía como
presidente de Finagro para la época de los hechos en cuestión (12 de
octubre de 2005). Si bien es cierto que el proceso prescribió por
vencimiento de términos, ello no lo exime de la censura moral.
En
dicha entrevista, también pretendió restar importancia a la
investigación y formulación de pliegos de cargos que le ordenara la
Procuraduría General de la Nación cuando fue presidente del Banco
Agrario por la presunta irregularidad en la vinculación de personal con
violación a la legislación laboral contenida en el articulo 6 del Código
Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50 de 1.990. La
investigación señala que a través de la figura de vinculación directa y
empresas temporales se contrataban trabajadores por seis meses
prorrogables, encontrando personal vinculado por mas de 4 años
cumpliendo actividades que no eran ocasionales, sino, que correspondían a
funciones propias del objeto del banco. Extrañamente la investigación
fue archivada.
Pues esta es la
persona que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde a
designado para ejecutar el billón de pesos que el Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos ha destinado para invertir en lo que resta
del año, en proyectos campesinos para mejorar el bienestar, ingreso y
capacidades para el desarrollo rural y agropecuario. Delicado encargo.
El
mecanismo que escogieron para la ejecutar el billón de pesos -que
aportamos los colombianos con el impuesto del 4x1000-, son los
ineficaces y cuestionados Consejos Municipales de Desarrollo Rural
(CMDR) y Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), unos
burócratas expertos en gastarse los dineros públicos en proyectos
agrícolas y ganaderos ineficientes y poco rentables.
La
solución es instituir los POT rurales para establecer el uso y vocación
de los suelos de los municipios y organizar las escuelas de
emprendimiento rurales que proporcionen a los jóvenes campesinos
contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la corrección de sus
propias ineficiencias y que den prioridad al entrenamiento y desarrollo
de habilidades más que a satisfacer intereses individuales de negocio.
domingo, 29 de diciembre de 2013
El paro nacional agrario, la ruana dejó de ser un abrigo
El Espectador
Por: César Pachón (Líder del movimiento Dignidad Agropecuaria Colombiana.)
28 de diciembre de 2013
Las prolongadas manifestaciones, en especial en Cauca, Nariño y Boyacá, obligaron al Gobierno a negociar con los campesinos, quienes denunciaron excesos de las autoridades.
| Fotografía: Gustavo Torrijos. El Espectador |
Recuerdo una noche que logré volver a mi casa. Era la una de la madrugada y mi esposa me esperaba despierta. Hacía varios días que no se despegaba de la radio esperando noticias de nosotros. Mientras tanto, en las carreteras, el Esmad nos estaba acabando y el presidente Santos decía que “el tal paro agrario no existía”. Yo llevaba varios días sin dormir, sin comer bien, mi cuerpo estaba muy exigido; sin embargo, esa noche no pude dormir. Me acosté al lado de ella y esperé a que se quedara dormida. Me quedé mirándola y en silencio pensaba que podía ser la última vez que la vería así. Mi vida y la de otros líderes por esas horas corrían mucho peligro, pero yo no le podía decir eso porque no me dejaría ir.
Dos años antes de esa noche mi vida cambió y no volvió a ser la misma. Cansado de vender mis productos a un precio muy por debajo de los costos de producción, con los bancos enviándome cuentas de cobro que no podía pagar, no tenía con qué sembrar más. Con la esperanza de tener alguna vez una casa me dije “no más”. El poco dinero que tenía lo usé para echarle gasolina al carro e ir por los pueblos a hablar con la gente; allí rápidamente descubrí que mi situación era igual a la de otros y que sólo faltaba unirnos.
Fue un trabajo muy duro y muy lento. Al principio éramos pocos, pero no dejábamos un pueblo sin antes dejar un comité montado. Un grupo de gente con quién comunicarnos, con quién socializar las propuestas. La organización fue nuestra mayor fortaleza. El 16 de noviembre de 2011 tuvimos nuestro primer paro cebollero. Llegué temprano al punto de concentración y comencé a escuchar el ruido de los motores y tractores que iban llegando, veía a los campesinos que de a cientos iban llegando con pancartas y con las consignas que habíamos sostenido durante meses. Ahí, por primera vez, sentí que sí podíamos, que teníamos un objetivo común, que nuestra situación podía cambiar.
Ese día la ruana dejó de ser un abrigo para convertirse en un símbolo de resistencia y supe que eso debía crecer hasta convertirse en lo que terminó siendo el paro nacional agrario de este año.
Hay una imagen y una frase que siempre vienen a mi cabeza cuando recuerdo el paro: “Ingeniero: pase lo que pase, no vaya a renunciar a esto”. Esa frase me la dijo un compañero herido por arma de fuego en plena represión del Esmad. La ambulancia se había demorado más de tres horas y la ruana blanca se llenaba de sangre. Esa imagen, ese recuerdo, es uno de los tantos que me mantienen con fuerza y que me dan el coraje para continuar persiguiendo los mismos ideales de siempre. Claro que han llegado decenas de propuestas para alejarnos de nuestro camino, pero se olvidan que nosotros no perseguimos un puesto, un dinero o un bien material.
Queremos algo más fundamental: que se nos respete nuestro derecho al trabajo. Que en el campo se pueda tener una vida digna, que nuestros hijos puedan estudiar, que nuestros padres y abuelos puedan tener una salud de calidad, y que cuando vayamos a vender nuestros productos nos los paguen a un precio justo.
Siempre digo que la mayor ganancia del paro fue crear conciencia. La unión de los campesinos con las grandes ciudades fue algo sin precedentes. Lo que era con los campesinos era con todos. El pueblo estaba cansado y el paro fue un despertar, fue demostrarles a todos que al colombiano sí le interesa su país, sí le interesa saber quién lo gobierna, y sí se puede unir y movilizarse en pos de un objetivo común.
A veces extraño mi vida anterior, cuando era libre. Estos días me han invitado a comuniones, matrimonios y no he podido ir por culpa de amenazas en contra de mi vida. En estas épocas extraño más la novena en mi barrio, vestirme de Papá Noel y conseguir regalos, compartir con humildad alrededor de una aguapanela, de un pesebre. Lo extraño, pero mientras el objetivo no se cumpla debo seguir aquí.
Todavía no tengo la suerte de tener un hijo, pero sé que ese día le podré decir que los campesinos dimos la vida por Colombia y que el tal paro agrario sí existió.
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César Pachón,
dignidad agropecuaria,
El Espectador
lunes, 2 de diciembre de 2013
El campo protesta de nuevo
El Espectador
Héctos Sandoval
1 de diciembre de 2013
Cerca de 10.000 campesinos marcharán mañana en Bogotá argumentando que los incumplimientos del Gobierno, tras el paro agrario de agosto y septiembre, persisten.
| Cientos de campesinos marcharon en agosto de este año en Bogotá, apoyando el paro agrario. / Luis Ángel |
Además, Dignidad Nacional Agropecuaria,
que lideró las protestas campesinas en agosto y septiembre de este año,
reclamó que hasta ahora no ha sido incluida en los diálogos a los que
han asistido miembros del Gobierno, el Banco Agrario, Incoder y algunas
organizaciones campesinas del país.
César Pachón, representante del Movimiento Dignidad Papera, dijo que a lo anterior se suma que el Gobierno ha incumplido los tratos hechos con los representantes de los agricultores. Entre ellos, los relacionados con el medio ambiente y la minería. “Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos”.
Por eso anunció que cerca de 10.000 agricultores provenientes de Boyacá, Cundinamarca y otras regiones del país, marcharán mañana desde el Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, para reclamar de nuevo al Estado por el incumplimiento de los tratos sellados tras el paro nacional agropecuario. “Invitamos a diferentes comunidades campesinas, indígenas, afros, y a sectores de la población civil, como la salud, la educación y la industria, para que nos acompañen”, dijo Pachón.
Frente al anuncio de las manifestaciones, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, consideró injustas estas voces de protesta debido a que las organizaciones campesinas han sido escuchadas por el Gobierno. En su opinión, el hecho de convocar a una marcha a estas alturas del año tiene más tinte político que agrario.
Otra de las quejas de los organizadores de la marcha es que, tras los acuerdos logrados después del paro, no se ven resultados en materia de reducción del precio de los fertilizantes ni en la facilitación para que los campesinos se pongan al día con sus deudas ante el Banco Agrario.
Además, según Pachón, otro inconformismo radica en que a la hora de verificar en qué va el cumplimiento de los pactos, el Gobierno envía “funcionarios sin poder para la toma de decisiones”.
Pese a los reclamos de las organizaciones campesinas, el Gobierno sostiene que los apoyos al campo han sido efectivos y que medidas como el acceso a fertilizantes más económicos y dar facilidades para que los campesinos paguen sus deudas se han hecho reales.
En una de las reuniones encaminadas a consolidar el pacto (la más reciente fue en Yopal, Casanare), el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde dijo: “Estamos haciendo de este pacto una herramienta fundamental, para lanzar el próximo año una política de Estado para la ruralidad colombiana”. Sin embargo, el presidente de la SAC ve que las cosas todavía no están avanzando al ritmo que debieran hacerlo.
“Si un campesino no tiene la tierra titulada, no tiene posibilidades de acceder a créditos, ni a los beneficios que podemos tener en los sectores financiero y agropecuario, y no crece económicamente, sino que seguirá condenado a sobrevivir, eso llevará consigo el retroceso del campo colombiano”, dijo el ministro de Agricultura en una de las reuniones encaminadas a consolidar la política agropecuaria de largo plazo.
César Pachón, representante del Movimiento Dignidad Papera, dijo que a lo anterior se suma que el Gobierno ha incumplido los tratos hechos con los representantes de los agricultores. Entre ellos, los relacionados con el medio ambiente y la minería. “Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos”.
Por eso anunció que cerca de 10.000 agricultores provenientes de Boyacá, Cundinamarca y otras regiones del país, marcharán mañana desde el Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, para reclamar de nuevo al Estado por el incumplimiento de los tratos sellados tras el paro nacional agropecuario. “Invitamos a diferentes comunidades campesinas, indígenas, afros, y a sectores de la población civil, como la salud, la educación y la industria, para que nos acompañen”, dijo Pachón.
Frente al anuncio de las manifestaciones, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, consideró injustas estas voces de protesta debido a que las organizaciones campesinas han sido escuchadas por el Gobierno. En su opinión, el hecho de convocar a una marcha a estas alturas del año tiene más tinte político que agrario.
Otra de las quejas de los organizadores de la marcha es que, tras los acuerdos logrados después del paro, no se ven resultados en materia de reducción del precio de los fertilizantes ni en la facilitación para que los campesinos se pongan al día con sus deudas ante el Banco Agrario.
Además, según Pachón, otro inconformismo radica en que a la hora de verificar en qué va el cumplimiento de los pactos, el Gobierno envía “funcionarios sin poder para la toma de decisiones”.
Pese a los reclamos de las organizaciones campesinas, el Gobierno sostiene que los apoyos al campo han sido efectivos y que medidas como el acceso a fertilizantes más económicos y dar facilidades para que los campesinos paguen sus deudas se han hecho reales.
En una de las reuniones encaminadas a consolidar el pacto (la más reciente fue en Yopal, Casanare), el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde dijo: “Estamos haciendo de este pacto una herramienta fundamental, para lanzar el próximo año una política de Estado para la ruralidad colombiana”. Sin embargo, el presidente de la SAC ve que las cosas todavía no están avanzando al ritmo que debieran hacerlo.
“Si un campesino no tiene la tierra titulada, no tiene posibilidades de acceder a créditos, ni a los beneficios que podemos tener en los sectores financiero y agropecuario, y no crece económicamente, sino que seguirá condenado a sobrevivir, eso llevará consigo el retroceso del campo colombiano”, dijo el ministro de Agricultura en una de las reuniones encaminadas a consolidar la política agropecuaria de largo plazo.
sábado, 14 de septiembre de 2013
Santos lanza el “pacto agrario” como respuesta a la huelga nacional
El País
Elizabeth Reyes L
13 de septiembre de 2013
| El presidente colombiano Juan Manuel Santos. / Leonardo Muñoz (EFE) |
Tras tres semanas de las protestas de campesinos colombianos, que mantuvieron bloqueadas numerosas vías hasta el pasado martes y que le valieron al presidente Juan Manuel Santos el desplome de su popularidad y un remezón ministerial,
este jueves el Gobierno lanzó el “Gran Pacto Agrario”, un mecanismo de
concertación con el que espera pasar la página de la huelga y
reconstruir el campo colombiano, un sector que ha estado en el olvido
durante décadas, donde la pobreza sobrepasa el 46,8%, y que ha sido,
además, afectado como ninguno por el conflicto armado.
“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.
Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.
Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.
Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.
Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.
El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.
La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.
En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.
El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.
En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.
La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.
“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.
Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.
Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.
Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.
Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.
El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.
La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.
En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.
El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.
En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.
La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.
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