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domingo, 21 de diciembre de 2014

Acceso a financiamiento


El Espectador
Indalecio Dangond B
19 de diciembre de 2014


Este ha sido un buen año para el financiamiento del sector agroindustrial. 

De acuerdo con las cifras de Finagro, entre enero y noviembre se desembolsaron créditos por un monto de 7.4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo en el 2013.


Este aumento en las colaciones de créditos al sector empresarial del agro obedece a tres factores fundamentales: 1) La supresión de tramites inoficiosos por parte de Finagro. 2) La puesta en marcha de una línea de crédito para normalizar pasivos financieros a empresas que habían visto afectados sus flujos de caja y 3) Las bajas tasas de interés que la banca está ofreciendo en el mercado, las cuales oscilan entre el 5% y 10% efectivo anual.


El financiamiento del sector agropecuario –y hay que decirlo con toda claridad- se debe al fondeo obligatorio (unos 7 billones de pesos al año) que las entidades financieras (exceptuando al Banco Agrario) hacen a Finagro mediante la compra de unos Títulos de Desarrollo Agropecuario. Como ha habido un buen comportamiento del sector, la banca privada está sustituyendo estas inversiones en títulos por créditos con recursos propios a la agroindustria, comercializadores de alimentos, proveedores de insumos y de maquinaria agrícola. De los 7.4 billones de pesos colocados a noviembre de este año, el 68% fueron con recursos de la banca privada. El 32% restante, se hizo través de créditos redescontados por Finagro.


Aquí viene el lado flaco del asunto. Mientras los créditos para el sector empresarial (industria, comercio, agro insumos, maquinaria y equipos) siguen aumentando vertiginosamente, los del sector productivo continúan en picada. Este año, los créditos para siembras y compra de ganado cayeron en un -19% y -17%, respectivamente. Los créditos al pequeño productor siguen sin despegar y solo representan el 20% del monto total de los créditos desembolsados. Por su parte, el financiamiento de las alianzas estratégicas (industriales con pequeños campesinos) prácticamente desapareció. Si la Misión Rural no hace ajustes inmediatos al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario para incentivar el crédito a los productores del campo, en poco tiempo no habrá alimentos para transformar y mucho menos para comercializar. 


A buena hora el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, comenzó a tomar medidas de choque para incentivar el acceso al crédito de los productores del campo. Esta semana el Banco Agrario comenzó a simplificar sus rubros de créditos, a reducir sustancialmente los tiempos de los desembolsos y a crear cupos rotativos de créditos para cultivos de ciclo corto. Asimismo, se inició un programa de fortalecimiento técnico a las Umatas, se duplicó el presupuesto del subsidio al seguro agrario contra riesgos climáticos y se está trabajando en la consolidación de las cadenas productivas para asegurar la comercialización de los productos a un precio justo de mercado. 


Solo resta liberar al 100% el respaldo de los créditos a los productores a través del Fondo Agropecuario de Garantías –FAG-, impulsar líneas de créditos leasing y factoring agropecuario y solicitar a la Junta Directiva del Banco de la República que amplíe la validación de los TDA clase “A”, para que la banca privada salga a colocar unos 3 billones de pesos en créditos para pequeños productores.


En el tintero: Siguen las renuncias de los buenos funcionarios que quedaban en el Gobierno. Esta vez el turno fue para el presidente de Finagro, Luis Eduardo Gomez.   

Twitter: @indadangond



sábado, 26 de abril de 2014

El justificado paro agrario


El Espectador
Indalecio Dangond B
25 de abril de 2014

Lo dije hace quince días en una entrevista a Jorge Cura en Barranquilla y lo sigo sosteniendo. “Al presidente Santos no lo van a derrotar sus rivales, lo van a derrotar los campesinos del país”. Y con justa causa. 

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No hay derecho pues, que el Presidente de la República haya dejado pasar cuatro años sin resolver los profundos problemas de la ineficiencia y la falta de competitividad de los productores del campo. Todos, absolutamente todos los esquemas implementados por los teóricos funcionarios que Palacio puso al frente de la cartera agropecuaria, fracasaron.

No fueron capaces de resolver el problema de los altos costos de los insumos (la tarjeta de crédito de agroinsumos no les dio resultado y tampoco concertaron una disminución de precios con las multinacionales). Cerraron durante dos años la importación de maquinaria usada para uso agrícola desde los Estados Unidos impidiendo reducir los costos de adecuación de tierras. No construyeron un solo distrito de riego, el acceso a semillas genéticamente mejoradas sigue siendo una tortura y la investigación se quedó en los anales de Corpoica, que ahora se dedica a facturar comisiones por administración de convenios al cuestionado Fondo de Adaptación.

El Banco Agrario, el ICA y el Incoder fueron puestos al servicio de los políticos y no de los campesinos. Esa desacertada decisión trajo como consecuencia serios problemas en las metas de ejecución de dichas entidades. Las ganancias del Banco Agrario cayeron en un 39.9%, la morosidad de la cartera subió al 8.6% (frente a un 2.7% del resto de la banca) y su portafolio de inversión lo concentraron en TES ($10 billones), mientras que al sector agropecuario solo colocaron créditos por 2.4 billones de pesos en el 2013, equivalente al 36% del total de la cartera agropecuaria.

Por su parte, el ICA no fue capaz de expedir y aplicar las normas que permitían garantizar por ejemplo, el cumplimiento de los estándares en materia de inocuidad de la carne en toda la cadena para que pudiera ser admisible en los mercados de los EEUU y la Unión Europea.

El Incoder, en vez de dedicarse a implementar un modelo de agricultura tropical basado en hechos científicos para transformar grandes superficies de suelos pobres en fértiles y adaptar la agricultura a un contexto de cambio climático, se ha dedicado a adjudicar baldíos a campesinos sin un proyecto productivo viable.

Ahora, para tratar de atajar el justificado paro agrario del próximo lunes se les ocurrió la disparatada medida de prohibir los embargos y los cobros coactivos para la recuperación de las deudas de los campesinos, cosa que jurídicamente es improcedente. La mayoría de la cartera morosa que existe hoy en día en el sector agropecuario es consecuencia de los siniestros ocasionados por el fenómeno de la Niña entre 2010-2011. 

En ese tiempo el ex ministro Juan Camilo Restrepo, tomó la desacertada decisión de refinanciar las deudas de los afectados cuando lo conveniente era comprarle la cartera que tenían con los bancos, que por la magnitud del desastre natural, la estaban ofreciendo a precio de huevo. Hoy, el costo fiscal para la Nación y el costo político para el Gobierno, es mucho mas alto.

Lo que mas tiene molesto e indignado al país agrario es la forma como el Gobierno por intermedio del cuestionado gerente del Pacto Agrario, ha pretendido utilizar la crisis del sector para justificar la repartición de 1 billón de pesos de mermelada a 600 alcaldes del país en plena campaña reeleccionista con la disculpa que son para resolverle los problemas a los campesinos en dichas regiones. ¿Donde está la Procuraduría?

¿Ya ven porqué se justifica el Paro Nacional Agrario?.

@indadangond


sábado, 5 de abril de 2014

El hombre del billón de pesos


El Espectador
Indalelcio Dangond B
4 de abril de 2014

No cayó nada bien en las organizaciones campesinas del país el nombramiento del cuestionado ex presidente de Finagro, Cesar Pardo, como Gerente del Pacto Agrario. 

En la columna pasada informé al ministro de agricultura de la inconveniencia de esta designación por las razones que a continuación expongo.


El año pasado el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Republica, José Miguel Char, en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80183-064-629, firmó un fallo contra Cesar Pardo declarándolo fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por la suma de $2.834.599.645, por haber desarrollado una gestión fiscal antieconómica e ineficiente generando un daño al patrimonio de Finagro cuando se desempeñaba como presidente de dicha entidad. 


En la entrevista del pasado 29 de marzo al Espectador, el señor Cesar Pardo, afirmó que ese fue un “proceso absurdo en el que se le vinculó después de haber salido de la presidencia de Finagro en octubre de 2005, cuando los hechos investigados eran de noviembre y diciembre de ese año”. Ver entrevista. http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-nombre-polariza-gerente-del-pacto-agrario-articulo-483634. 


Claramente, el señor Cesar Pardo le mintió al país, a las organizaciones campesinas y al inocente ministro de la cartera agraria, porque según consta en el fallo proferido por el Delegado Anticorrupción de la CGR, si fungía como presidente de Finagro para la época de los hechos en cuestión (12 de octubre de 2005). Si bien es cierto que el proceso prescribió por vencimiento de términos, ello no lo exime de la censura moral. 


En dicha entrevista, también pretendió restar importancia a la investigación y formulación de pliegos de cargos que le ordenara la Procuraduría General de la Nación cuando fue presidente del Banco Agrario por la presunta irregularidad en la vinculación de personal con violación a la legislación laboral contenida en el articulo 6 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50 de 1.990. La investigación señala que a través de la figura  de vinculación directa y empresas temporales se contrataban trabajadores por seis meses prorrogables, encontrando personal vinculado por mas de 4 años cumpliendo actividades que no eran ocasionales, sino, que correspondían a funciones propias del objeto del banco. Extrañamente la investigación fue archivada.


Pues esta es la persona que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde a designado para ejecutar el billón de pesos que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha destinado para invertir en lo que resta del año, en proyectos campesinos para mejorar el bienestar, ingreso y capacidades para el desarrollo rural y agropecuario. Delicado encargo. 


El mecanismo que escogieron para la ejecutar el billón de pesos -que aportamos los colombianos con el impuesto del 4x1000-, son los ineficaces y cuestionados Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), unos burócratas expertos en gastarse los dineros públicos en proyectos agrícolas y ganaderos ineficientes y poco rentables. 


La solución es instituir los POT rurales para establecer el uso y vocación de los suelos de los municipios y organizar las escuelas de emprendimiento rurales que proporcionen a los jóvenes campesinos contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la corrección de sus propias ineficiencias y que den prioridad al entrenamiento y desarrollo de habilidades más que a satisfacer intereses individuales de negocio. 

Si el Gobierno Nacional no revisa este delicado tema, el año entrante veremos el billón de pesos invertidos arrumes de tractores desbalijados, cultivos ineficientes, campesinos igual de pobres y al gerente del Pacto Agrario envainado nuevamente con los organismos de control.