El País
Miguel Ángel Bastenier
12 de noviembre de 2013
La ironía del proceso de paz colombiano que se desarrolla en Cuba es que las reformas se podrían haber hecho hace décadas.
Colombia acaba de dar un paso de gigante hacia la firma de la paz. ¿O
no? Parece este un caso clásico de botella medio llena o medio vacía,
versión a elegir según preferencias.
La semana pasada las FARC y el Gobierno colombiano se pusieron de acuerdo sobre el segundo punto de las conversaciones de paz en La Habana como era la incorporación a la vida política en plena legalidad de los insurrectos. Los negociadores de Bogotá y el presidente Santos, así como la guerrilla, ven a la fuerza la botella medio llena, mientras que el tercero en discordia, el expresidente Uribe, que considera el trato de La Habana alta traición, probablemente teme que esté también medio llena, pero cree que está medio vacía; que es un engaño a la vez de las FARC, que no quieren realmente la paz, y del Gobierno, que engaña a todos los colombianos para que Juan Manuel Santos sea reelegido en junio de 2014.
Tanto el Estado como la insurrección precisaban una buena noticia que levantara la moral de una ciudadanía, en la que crecía la amenaza del uribismo ante las legislativas de mayo próximo: el Gobierno, porque se lo juega todo en la negociación para acabar con una guerra que dura ya más de medio siglo; y los guerrilleros porque un Congreso repleto de uribistas, y aun peor, un presidente clon de Uribe —que por ley no puede ser candidato— y entregado vocacionalmente a la guerra, sería para ellos el peor futuro imaginable.
Y la solución —temporal— era ponerse de acuerdo en los términos más abstractos posibles, que un pueblo de gramáticos como el colombiano, que maneja el lenguaje con virtuosismo próximo a la ofuscación, diera con un planteamiento, como escribe Semana, "ante el que es casi imposible estar en desacuerdo". Había que redactar un plan de puesta en práctica tan ulterior, que hoy nadie sepa cómo hacerlo. Las FARC pedían ocho escaños en las cámaras y una gran mayoría de la opinión colombiana exigía que al menos los responsables de delitos atroces fueran a la cárcel. Y el acuerdo habla de "curules" —escaños en colombiano contemporáneo— en zonas especialmente devastadas por la guerrilla, pero insistiendo en que habrá que pelear en las urnas con otros candidatos que compitan; se extiende sobre una ventilación del sistema que consiste en dar facilidades para que los movimientos sociales se conviertan en partidos, como pedía la guerrilla, y nazcan nuevas formaciones políticas, para todo lo que se rebajaría el umbral de votos —3%— para acceder a las cámaras. Pero sin especificar con qué ley electoral; y todo ello, finalmente, estaría coronado por un estatuto de la oposición que debería dar plenas garantías de seguridad —nadie sabe cómo— sobre la vida y la práctica de la disidencia.
Parece sumamente probable que las conversaciones aún duren cuando haya que votar en las legislativas del 25 de mayo, y que, por ello, guerra y paz protagonicen el debate electoral. Y en esa tesitura, el común interés de Gobierno y guerrilla hace pensar que de La Habana pudieran llegar noticias alentadoras sobre el curso de la negociación. A fin de mayo se acordó ya una reforma agraria, que transformaría la tenencia de la tierra, dando ocupación y labranza a millones de despojados, desplazados y brazos ociosos; pero, tras el anuncio del pasado 6 de noviembre sobre participación política, aún quedan cuatro puntos por dilucidar: 1) erradicación del narcotráfico, del que las FARC son protectoras de cultivos y perceptoras del peaje de la coca; 2) terminación de las hostilidades; 3) reparación a las víctimas, lo que exigiría paralelamente que la administración de justicia fuera igual para todos; y 4) ratificación en referéndum de estos acuerdos. Como remate, un corolario sine qua non: nada estará firmado hasta que todo esté firmado.
Pero la ironía de todo el proceso es que esas reformas deberían haberse acometido hace décadas por el bien de la democracia, sin necesidad de que mediara insurrección alguna. Y únicamente esa nueva Colombia imaginada podría hacer realidad tan espléndidos proyectos. Si ese país existiera, las FARC nunca habrían encontrado base material para la guerra, y nada menos que su refundación es lo que se espera del establecimiento de la paz.
Así es como la botella no está medio llena o medio vacía, sino, a la vez, medio llena y medio vacía; llena, porque las partes quieren sinceramente acabar con el conflicto; y medio vacía, porque es todo un misterio la manera de lograrlo.
La semana pasada las FARC y el Gobierno colombiano se pusieron de acuerdo sobre el segundo punto de las conversaciones de paz en La Habana como era la incorporación a la vida política en plena legalidad de los insurrectos. Los negociadores de Bogotá y el presidente Santos, así como la guerrilla, ven a la fuerza la botella medio llena, mientras que el tercero en discordia, el expresidente Uribe, que considera el trato de La Habana alta traición, probablemente teme que esté también medio llena, pero cree que está medio vacía; que es un engaño a la vez de las FARC, que no quieren realmente la paz, y del Gobierno, que engaña a todos los colombianos para que Juan Manuel Santos sea reelegido en junio de 2014.
Tanto el Estado como la insurrección precisaban una buena noticia que levantara la moral de una ciudadanía, en la que crecía la amenaza del uribismo ante las legislativas de mayo próximo: el Gobierno, porque se lo juega todo en la negociación para acabar con una guerra que dura ya más de medio siglo; y los guerrilleros porque un Congreso repleto de uribistas, y aun peor, un presidente clon de Uribe —que por ley no puede ser candidato— y entregado vocacionalmente a la guerra, sería para ellos el peor futuro imaginable.
Y la solución —temporal— era ponerse de acuerdo en los términos más abstractos posibles, que un pueblo de gramáticos como el colombiano, que maneja el lenguaje con virtuosismo próximo a la ofuscación, diera con un planteamiento, como escribe Semana, "ante el que es casi imposible estar en desacuerdo". Había que redactar un plan de puesta en práctica tan ulterior, que hoy nadie sepa cómo hacerlo. Las FARC pedían ocho escaños en las cámaras y una gran mayoría de la opinión colombiana exigía que al menos los responsables de delitos atroces fueran a la cárcel. Y el acuerdo habla de "curules" —escaños en colombiano contemporáneo— en zonas especialmente devastadas por la guerrilla, pero insistiendo en que habrá que pelear en las urnas con otros candidatos que compitan; se extiende sobre una ventilación del sistema que consiste en dar facilidades para que los movimientos sociales se conviertan en partidos, como pedía la guerrilla, y nazcan nuevas formaciones políticas, para todo lo que se rebajaría el umbral de votos —3%— para acceder a las cámaras. Pero sin especificar con qué ley electoral; y todo ello, finalmente, estaría coronado por un estatuto de la oposición que debería dar plenas garantías de seguridad —nadie sabe cómo— sobre la vida y la práctica de la disidencia.
Parece sumamente probable que las conversaciones aún duren cuando haya que votar en las legislativas del 25 de mayo, y que, por ello, guerra y paz protagonicen el debate electoral. Y en esa tesitura, el común interés de Gobierno y guerrilla hace pensar que de La Habana pudieran llegar noticias alentadoras sobre el curso de la negociación. A fin de mayo se acordó ya una reforma agraria, que transformaría la tenencia de la tierra, dando ocupación y labranza a millones de despojados, desplazados y brazos ociosos; pero, tras el anuncio del pasado 6 de noviembre sobre participación política, aún quedan cuatro puntos por dilucidar: 1) erradicación del narcotráfico, del que las FARC son protectoras de cultivos y perceptoras del peaje de la coca; 2) terminación de las hostilidades; 3) reparación a las víctimas, lo que exigiría paralelamente que la administración de justicia fuera igual para todos; y 4) ratificación en referéndum de estos acuerdos. Como remate, un corolario sine qua non: nada estará firmado hasta que todo esté firmado.
Pero la ironía de todo el proceso es que esas reformas deberían haberse acometido hace décadas por el bien de la democracia, sin necesidad de que mediara insurrección alguna. Y únicamente esa nueva Colombia imaginada podría hacer realidad tan espléndidos proyectos. Si ese país existiera, las FARC nunca habrían encontrado base material para la guerra, y nada menos que su refundación es lo que se espera del establecimiento de la paz.
Así es como la botella no está medio llena o medio vacía, sino, a la vez, medio llena y medio vacía; llena, porque las partes quieren sinceramente acabar con el conflicto; y medio vacía, porque es todo un misterio la manera de lograrlo.
