Rock Catatumbo

700 jóvenes se solidarizan con el campesinado del Catatumbo en Cúcuta 

Nueve razones para defender las Zonas de Reserva Campesina

Kienyke
David Baracaldo Orjuela
12 de agosto de 2013

El debate sobre la creación de Zonas de Reserva Campesina en Colombia es sin duda una de las discusiones más calientes y controvertidas en la actualidad nacional. De alguna forma, las exigencias de las Farc de incluir esta figura en la reforma rural integral que se cocina en el proceso de paz en Cuba, y al ser éstas una de las banderas de las protestas en el Catatumbo que ya cumplen casi dos meses bajo acusaciones de estar alentadas por la subversión, han creado alrededor del tema un clima de desconfianza sobre el propósito real que cumplen dichos territorios consagrados en la ley.

Precisamente el desconocimiento sobre el espíritu original que persiguen las Zonas de Reserva Campesina, e incluso el no considerar que ya existen en Colombia seis de estas áreas geográficas que en su mayoría han tenido experiencias positivas, provoca rechazo inmediato al ser promovidas por las Farc, que cabe decir no son los naturales artífices del concepto.

KienyKe habló con quienes dieron origen a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las reglamentaron y acompañaron en su consolidación. José Antonio Ocampo era el ministro de Agricultura en 1994, durante el gobierno de César Gaviria, y fue el autor de la Ley de Reforma Agraria que se convirtió en la Ley 160 de 1994, que crea la figura de las ZRC. El gobierno de Ernesto Samper se encargó de reglamentarla, y el asesor del IICA Darío Fajardo ha acompañado en su implementación y en la consecución de recursos internacionales para que se crearan varias de las reservas que hoy existen. Los tres defendieron su idea a capa y espada. “Es como si fueran mis hijas”, dijo Samper. “Creo que mejor esas sí son hijas mías, porque yo las cree”, respondió Ocampo.

¿Qué pretendían con la creación de una zona de reserva campesina?
El exministro José Antonio Ocampo se atribuyó la autoría de las Zonas de Reserva Campesina. Recordó que las planteó al Congreso que la aprobó finalizando la primera legislatura del 94, a meses de finalizar el gobierno de César Gaviria, y de paso, su función como jefe de la cartera agrícola. Recordó que sólo perseguía un propósito con ese elemento dentro de la reforma agraria: “Proteger al pequeño campesino”. Agrega que las ZRC buscan evitar la concentración de la tierra en pocas manos (latifundios) en territorios baldíos o del Estado. “Queríamos cortar de tajo un proceso que se había dado históricamente, de que la pequeña propiedad resultaba concentrándose y desapareciendo”.

En términos claros, ¿qué es una Zona de Reserva Campesina?
Una definición sencilla la expresó Darío Fajardo, también docente e investigador de la Universidad Nacional. “Es un grupo de veredas, territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven familias que se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay vínculos entre esas juntas, con las autoridades municipales y el Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura, financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar la flora, la fauna y todos los recursos, y a respetar la ley”.

En el pasado, ¿hubo algún intento por crear estos territorios con reformas agrarias?
El profesor Fajardo recuerda que a comienzos del siglo XX el Gobierno produjo el decreto 1110 de 1928 que establece la figura de las Colonias Agrícolas. “Abrió la posibilidad de crear asentamientos campesinos. Fue un hecho histórico para los campesinos, pues les titulaban tierras y tenían territorialidad propia como la de los indígenas. Pero esa política no avanzó mucho más”. La deuda histórica con los labriegos sin tierra se acentuó en la década de los 30 y fueron varios decenios en los que el campo se siguió concentrando, incluso de manera vertiginosa durante la época de la violencia. En resumidas cuentas, fue hasta 1990 cuando se retomaron las ideas para generar unidades agrícolas para familias campesinas, y entre los iniciales creadores da crédito a Alfredo Molano. Pero fue cuatro años más tarde cuando el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, planteó la creación de las ZRC en una reforma agraria, que fue reglamentada después por el presidente Ernesto Samper Pizano.

¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia?
Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el país como Zonas de Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de 469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) de 145 mil hectáreas; fue constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC en el Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas; además una en el Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de Yondó y Remedios (Antioquia); y una última en el Alto Cuembí del municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas.

Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades” la experiencia en el Valle del río Cimitarra. “Convergen veredas de varios departamentos y las familias que los ocupan son muy organizadas. Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes hídricas, los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos: una bufalera famosa, producción alimenticia y otras experiencias agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión desde el norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”.

También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura, inició como una iniciativa ambiental. Los inconvenientes que han tenido otras regiones, como la de Calamar, tienen que ver con el asedio de empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera  no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían otras visiones productivas y han preferido actuar de la mano con el municipio de Cabrera.

Para el expresidente Samper, las ZRC que se han constituido en principio sí han dado resultados, y culpa a la “falta de diligencia del Estado” los inconvenientes que algunas han sorteado. “Hay un millón de hectáreas en este momento en las que se ha constituido las ZRC, y allí viven 500 mil campesinos, de tal manera que es una población objetivo muy importante”.

¿Es correcto que llamen a las ZRC ‘caguancitos’ o ‘republiquetas independientes’?
El exministro José Antonio Ocampo, autor de la reforma que le dio vida a las ZRC, rechaza dicho tipo de acusaciones e indica que los supuestos propósitos de crear territorios con alguna independencia administrativa o política son falsos. “Nunca fue el espíritu de la Ley. Queríamos proteger la pequeña propiedad, más no darle autonomía administrativa. Lo que pasa es que han surgido satanizaciones a otro tipo de propuestas que se han investigado pero que no tienen que ver con las ZRC como tal”.
Más vehemente se expresó el exmandatario Samper. “Es una apreciación absurda. Las ZRC se constituyen para sacar a la población campesina del conflicto. En ninguna parte, ni en las leyes ni reglamentaciones, existe la disposición de que no pueda haber presencia de fuerza pública en las zonas. En cambio las zonas de reserva son antídoto contra los caguanes, no son caguanes”.

¿Por qué es tan incómodo para el gobierno hablar de ZRC? ¿A qué se debe esta estigmatización?
KienyKe hizo solicitudes para entrevista sobre este tema con algún funcionario en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad encargada de definir los territorios que serán otorgados a las ZRC. La institución respondió que una declaración al respecto “no la quiere manejar en estos momentos públicamente el Incoder y que cualquier intención en ese sentido es mejor enfocarla con el Ministerio de Agricultura”. El hermetismo al respecto tiene que ver con la sensibilidad del tema respecto a la actual crisis en el Catatumbo, y que dicha figura es usada por las Farc como tema de discusión en una eventual reforma rural integral resultante de los diálogos de paz en Cuba. Para el expresidente Samper ha surgido todo un ‘tabú’ y ‘satanización’ sobre las zonas de reserva que no da lugar al espíritu original de la iniciativa. “ El hecho de que se hable en La Habana de ZRC no debe ser un obstáculo para que se sigan considerando y aprobando las zonas que están plenamente justificadas. A lo mejor no aprobar todas las que propone las Farc, pero sí hay unas áreas del país que han sido particularmente afectadas por la violencia que necesitan una atención inmediata, y una de ellas es sin duda la zona del Catatumbo en Tibú”, dijo.

 ¿Justifican la creación de una ZRC en la región del Catatumbo, donde los campesinos lo están exigiendo desde hace dos meses?
El exministro Ocampo, actual docente en la Universidad de Columbia (EUA), considera que el resultado favorable de las regiones actualmente determinadas como ZRC da pie a que se puedan seguir autorizando más de estos territorios, incluyendo en el Catatumbo. “Si la figura de la Reserva Campesina se refiere al concepto de la Ley 160, que busca proteger al pequeño campesino, bien puede ser figura en el Catatumbo, en tanto no tenga ninguna interpretación diferente. Me gustaría que todos los partidos colombianos estuvieran detrás de esta idea, porque es muy buena idea. Me parece bien que las Farc lo hayan acogido, pero que sea la idea que planteamos originalmente, una región donde se proteja la pequeña propiedad”, sostuvo.

Pero el profesor Fajardo identifica “palos en la rueda” para que pueda declararse en esta región de Norte de Santander una ZRC, e incluso otras nuevas en más lugares del país. “Hay sectores que tienen fuerza política y que no simpatizan con la reserva porque en el modelo económico que tiene el país serían un freno a un proceso de desplazamiento campesino, con el que ciertos grupos consiguen tierras gratuitas. Y con este proceso de tierra hay cerca de 5 millones de personas desplazadas, y se convierten en mano de obra barata. Una ZRC sería un freno a sus intereses”.

Expresidente Ernesto Samper

¿Una ZRC podría hacer perder el control del Estado en su interior?
-No- dice Samper- La Constitución de Colombia solamente permite que haya autonomía territorial en dos casos como las reservas indígenas. Las ZRC fueron implementadas precisamente para que la fuerza pública pueda organizar la protección de colectivos como campesinos en áreas donde la presencia de latifundios en el pasado les permitió a los armados ilegales del conflicto, como los paramilitares o la guerrilla, polarizar e intimidar a los campesinos. Las zonas son el mejor antídoto para que la gente tenga sus tierras con la presencia de la fuerza pública.

¿Tendrá Colombia que abrirse al debate sobre la consolidación de más ZRC, ahora que las proponen las Farc como parte del proceso de paz?
Responde de manera afirmativa el expresidente Ernesto Samper. “Entiendo que en los preacuerdos que ya se han hecho sobre el tema agrario, uno de los principios fundamentales del nuevo modelo es el que se cuece por la creación de nuevas figuras entre las cuales están el caso de las ZRC. Estamos entre un modelo agrario que piensen en un campo sin campesinos, que era lo del Agro Ingreso Seguro, hasta un campo totalmente para los campesinos que eran los mismos procesos de la reforma agraria. Aquí hay una forma consistente de hacer cazar los dos intereses, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que se trata es de favorecer los intereses de los campesinos afectados por la violencia”.

Twitter: @david_baracaldo

Las peticiones de los campesinos

El Espectador
8 de agosto de 2013

Al Ministro de Agricultura se le entregó un documento con seis puntos. Piden medidas frente a las crisis de la producción agrícola y reconocimiento de la territorialidad campesina.

Así fue la protesta ayer de los convocantes al paro nacional agrario del próximo 19 de agosto, ante el Ministerio de Agricultura. / Alfredo Molano

A diez días del anunciado paro nacional agropecuario, un grupo de organizaciones sociales y campesinas se congregaron ayer frente al Ministerio de Agricultura para entregarle al titular de esa cartera, Francisco Estupiñán, su pliego de peticiones, o mejor dicho, los motivos por los cuales van a cese de actividades. Hubo además serenata cantando sus exigencias y según los líderes de la protesta, si bien varios gremios han dicho que “no le jalan al asunto”, aún hay numerosas organizaciones dispuestas a apoyar el paro, por lo que la única manera de evitar una manifestación nacional será establecer una mesa de interlocución y acuerdo.
 
El documento fue presentado por los voceros de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesina (Anzorc), las organizaciones sociales que integran la Marcha Patriótica y la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional (MIA), una organización que se conformó luego de las recientes protestas campesinas en el Catatumbo. En él se establecen seis puntos que, fundamentalmente, exigen la implementación de medidas frente a las crisis de la producción agropecuaria; el acceso a la propiedad y el reconocimiento de la territorialidad campesina; la participación de las comunidades en la formulación de la política minera; garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y el incremento de la inversión social en el agro.

Para David Flores, vocero de Marcha Patriótica, el pliego pasa por el reconocimiento de los derechos sociales del campesinado. “Hoy los campesinos viven en condiciones infrahumanas. Sin acceso a agua potable, luz y, en general, a todos los servicios básicos. También pedimos el reconocimiento político de los campesinos, pues no hay una ley que lo haga, mientras que sí existe para los indígenas y los afrocolombianos. Además, buscamos política de defensa del territorio y la economía campesina, con la declaración de una serie de zonas de reserva campesina que han surtido los trámites legales que corresponden”, explicó.

De otro lado, Alberto Montes, vocero de Fensuagro, una organización integrada por pequeñas estructuras sociales de diversos sectores del agro, señaló que el paro es una reacción al abandono que ha sufrido la población campesina en el país, “excluida de los principales servicios básicos y con fuertes carencias de infraestructura, a pesar de que producimos el 70% de los alimentos”. En este mismo sentido, Nidia Quintero, representante de la MIA, expresó que viene desde el Putumayo y que irá a paro para pedirle atención al Gobierno para los campesinos que han sido víctimas del conflicto: “Estamos cansados de la guerra. Son nuestros hijos los que mueren en ella. También nos preocupa la falta de desarrollo económico que viven nuestras familias en el campo”.

Hasta ahora, el Gobierno ha desestimado el impacto que pueda tener el paro, pues cree que no tendrá mayor acogida. Al mismo tiempo ha reiterado que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando este no se busque por medios violentos. Al respecto, el ministro Francisco Estupiñan ha dicho que “hay una minoría que insiste en hacer ese tipo de movimientos y han sido francos con el tema de hacer política, llegar al Congreso, a las alcaldías, concejos municipales, y eso es respetable, pero rechazamos que utilicen a los campesinos para llevarlos a las vías públicas a hacer campaña para satisfacer sus intereses políticos”.

El rey Salomón

William Ospina
3 de agosto de 2013
El Espectador

Los campesinos no tienen las influencias, ni el derecho de argumentación, ni la intensidad sonora para que su clamor alcance los oídos de los príncipes. 

Y si, exasperados por la distancia extrema, llega a ocurrírseles gritar, ello bastará para que algo en el tejido sensible del poder se crispe y los declare peligrosos. Una noticia de la revista Semana del 29 de septiembre de 2010 mencionaba las zonas de reserva campesina como una fórmula posible para restituir las tierras arrebatadas a los campesinos, y para convertir a éstos en “prósperos propietarios”.

Juan Manuel Santos acababa de posesionarse como presidente de la República, y el 5 de septiembre, un mes después de su posesión, al presentar la sonora “política integral de tierras” había dicho: “Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”.

Ya en esa noticia se decía que según los académicos, el conflicto había arrebatado a los campesinos 5,5 millones de hectáreas. Debido al conflicto, había crecido la concentración de la tierra para proyectos agroindustriales de grandes propietarios y cada vez había menos soluciones para la pequeña agricultura y para los campesinos desplazados.

De esas zonas de reserva campesina, consagradas hace casi 20 años por la Ley 160 de 1994, cinco ya existían: en Calamar (Guaviare), en Cabrera (Cundinamarca), en El Pato (Caquetá), en el sur de Bolívar, y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo), y una más, la del valle del río Cimitarra, había sido suspendida por el gobierno de Álvaro Uribe.

¡Qué prometedor parecía el gobierno de Juan Manuel Santos! ¡Qué preocupado se mostraba, cuando la locomotora minera prometía ser la fuerza que traería prosperidad al país, en resolver el problema agrario, en diseñar un nuevo mapa de productividad, de justicia y de equilibrio para el campo colombiano devastado por la guerra, para los campesinos ninguneados por la dirigencia y por su burocracia!

Aquí, en los primeros tiempos de los gobiernos, todo se ve iluminado con un resplandor milenarista. Brotan ideas nuevas, propósitos, soluciones. Pero tres años bastan para que los colores de la aurora se cambien por los tintes dramáticos del atardecer, y las promesas van al cesto como flores marchitas.

Al parecer los gobiernos dedican el primer año a descubrir, viendo las radiografías y los exámenes de laboratorio, qué clase de país les dejó el gobierno anterior; los dos años siguientes a enderezar el rumbo y echar a andar la máquina en el sentido que les parece correcto, y el último año a atender los desafíos de la siguiente campaña electoral.

Es fácil que no logren abrirles camino a muchas iniciativas, pero nada los inhabilita tanto como el espíritu señorial de su política, las influencias y los compadrazgos. Con tan poco tiempo para tomar decisiones, con procesos tan largos y complejos, y forcejeos tan enmarañados con el Legislativo, se entiende que apenas les alcance el oxígeno para favorecer a sus compadres y perpetuar lo que existe.

En el mes que acaba de pasar hemos visto dos fenómenos que tenían que ver con esa ley redentora del campo, que pronto cumplirá 20 años: un movimiento popular en el Catatumbo, que clama por la aprobación gubernamental de una zona de reserva campesina como esas otras que ya existen, con acompañamiento del Estado y con un importante esfuerzo de inversión pública; y una maniobra de los industriales de Riopaila que violando la ley y escudándose en sus supuestas imprecisiones, se ha hecho a 40.000 hectáreas de baldíos, aunque nadie tiene el derecho a acumularlos de ese modo.

Lo sorprendente es que el mismo Gobierno que hace tres años prometía con desvelo soluciones para los campesinos, haya dado a lo largo de varias semanas una ejemplar muestra de firmeza ante los clamores de los pobres, haya mostrado un carácter indoblegable en su negativa a aceptar los reclamos de los campesinos, y al mismo tiempo haya dedicado todos sus desvelos a encontrar una solución para que los inversionistas de Riopaila puedan conservar sus 40.000 hectáreas mal habidas.

La revista Semana hace tres años concluía: “La sugerencia es que los retornos se hagan en terrenos donde se pueda hacer comercio fácilmente y, ojalá, con campesinos organizados y con planes de desarrollo que conformen zonas de reserva campesinas. Esto, para los proponentes, debe contener también ‘el fortalecimiento de la economía campesina y no el enfoque agroempresarial’ que consiste en gigantescos cultivos de productos de exportación que, la mayoría de las veces, aporta poco alimento para el consumo interno”.

La misma revista, tres años después, nos dice que la decisión de legitimar el predio de Riopaila es una solución salomónica. Por fortuna, en otros artículos la revista Semana ha cumplido con el deber periodístico de demostrar que la maniobra de Riopaila violó el espíritu de la Ley 160 de 1994, que era “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios”.

Porque el desenlace sería mortal: nada para los campesinos, todo para los empresarios, y Juan Manuel Santos diademado con los legendarios atributos del rey Salomón.

El acuerdo para poner fin al bloqueo del Catatumbo

Revista Semana
31 de julio de 2013

Una comisión de garantes fue clave para el comienzo del fin del paro que ha bloqueado a la región por más de 50 días.

Protestas en el Catatumbo

Este viernes, a las 10 de la mañana, los campesinos de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander, desbloquearán la vía Cúcuta-Tibú con un solo propósito, retomar el diálogo con el gobierno y encontrar soluciones concretas para poner fin al paro campesino que ya completa 52 días afectando a los ciudadanos de la región.
 
La decisión empezó a consolidarse el pasado 28 de julio, cuando los voceros de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero, contactaron al sacerdote jesuita Francisco de Roux para que prestara sus oficios para resolver la difícil situación.

“Vamos a entregarle nuestra confianza a los garantes y al gobierno, aquí no se trata de guerra se trata de paz” Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo. 

Por su parte, De Roux aceptó la petición y desde ese mismo momento consolidó una comisión de garantes para encontrar las fórmulas de solución del paro.

Iván Cepeda

El provincial de la comunidad jesuita convocó al vicepresidente Angelino Garzón, al expresidente Ernesto Samper, al presidente del Congreso Juan Fernando Cristo, al representante de la ONU para Colombia Todd Howland, al representante a la Cámara Iván Cepeda, y así se conformó la comisión de garantes.

Un día después, en Bogotá, los voceros de los campesinos presentaron la propuesta del desbloqueo con el propósito de que a más tardar el 5 de agosto el gobierno retomara el diálogo con los manifestantes.

La comisión de garantes se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para trasladarle la fórmula propuesta por los campesinos. El mandatario la consideró viable y dio luz verde no solo para que los garantes certificaran el desbloqueo de las vías sino para reanudar el diálogo.

Un diálogo que según el presidente no tendría ningún tema vedado, y se concentraría en los cinco puntos de la agenda que los campesinos le han formulado al gobierno, incluido el polémico tema de la creación de zonas de reserva campesina en la región.

Los campesinos sin embargo tenían un temor. Durante los más de 50 días de conflicto en la región, que tuvo múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, y en los que hubo constantes señalamientos desde el propio gobierno sobre la presencia de ilegales infiltrando la movilización, los campesinos pudieran resultar comprometidos en procesos penales.

Los garantes facilitaron una reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien les dio la tranquilidad de que la protesta no sería “criminalizada” por la Fiscalía, y que el bloqueo de vías y algunas conductas individuales que puedan constituir un delito dejarían de tener esa concepción siempre que estuvieran relacionadas en el marco de la protesta social.

“La protesta social no puede ser judicializada. La Fiscalía valorará muy positivamente el diálogo que se produzca en el Catatumbo para la solución del conflicto” expresó el fiscal general Eduardo Montealegre.

Agregó que la Fiscalía solo se limitaría a la investigación y la apertura de procesos en los casos que se haya ejercido la violencia, en conductas como incendios de vehículos y lesiones personales, pero que la Fiscalía valoraría el diálogo en el Catatumbo para tomar decisiones penales.

Eduardo Montealegre

Incluso el fiscal fue más allá, y señaló que la Fiscalía está dispuesta a conceder el principio de oportunidad a quienes pudieran resultar judicializados siempre y cuando el conflicto en la región se resuelva.

Con esa garantía, los campesinos aceptaron el desbloqueo de la zona y pidieron al gobierno retomar el diálogo.

El fiscal general también dijo que las investigaciones sobre la muerte de cuatro personas van avanzando aunque prefirió guardar reserva sobre la hipótesis que maneja la Fiscalía. Los campesinos de la región han señalado que estas personas murieron por la acción de la Fuerza Pública para reprimir la protesta.

El acuerdo se conoció luego de que el pasado martes, el gobierno nacional reiterara en la plenaria del Senado que está dispuesto a restablecer el diálogo con los campesinos del Catatumbo, siempre y cuando levantaran los bloqueos.

El expresidente Ernesto Samper, haciendo una analogía con el proceso de paz, calificó este acuerdo como el fin del conflicto, pero explicó que el posconflicto comenzará la próxima semana cuando gobierno y campesinos retomen el diálogo para resolver los problemas sociales que desde décadas atrás han afectado a los campesinos de la región.

Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que “doy fe de que los campesinos del Catatumbo quieren un acto cívico y de diálogo social. Aquí se trata de construir acuerdos para corregir una deuda histórica social”.

Francisco de Roux

Así mismo, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que es necesario que la mesa de diálogos también sirva para aliviar la precaria situación que enfrentan los municipios del Norte de Santander. ya que fueron estas malas condiciones de vida  una de las principales razones para el inicio de las protestas. “Debemos plantear una agenda de posconflicto que vaya mucho más allá de los puntos estipulados”, concluyó Cristo.

Pobre Catatumbo

Semana
Álvaro Sierra
24 de marzo de 2012

Abandonada desde siempre por el Estado, entre la guerra, la coca y el invierno, una de las regiones más duras y hermosas de Colombia empieza a vivir el capítulo más difícil de su turbulenta historia.

 Visto desde arriba, El Tarra luce como tantos otros pueblos de Colombia: un reguero de casas apaciblemente asentado frente al río, en un estrecho valle ensombrecido por las nubes. En el tramo final de la carretera que llega de Ocaña, las acrobacias de los viejos Renault que hacen el trayecto y se deslizan con insólita destreza por el fangal de varios kilómetros que desciende abruptamente hacia el poblado, concentran toda la atención del viajero que llega a un lugar reputado como uno de los sitios más peligrosos del país. Justo antes de las primeras casas, el conductor entrega 5.000 pesos a una joven que levanta la guadua que cierra el paso. Doscientos metros más adelante, una base militar flanqueada por garitas con sacos de arena pintados de verde y centinelas en arreos de combate domina el casco urbano. El centro y el parque, llenos de gente y de motos, se vacían no bien cae la tarde, como todo el pueblo. La gente se acuesta temprano –unos en sus casas y, por estos días, otros, fuera de ellas, en albergues improvisados– rogando que amanezca pronto y, al menos esa noche, no pase nada en El Tarra, un polvorín que, como todo el Catatumbo, encierra las claves del futuro de la guerra y la paz en Colombia.

“Dos pelaos de civil, con pistolas, me pararon, me obligaron a atravesar el bus y a salir corriendo”, cuenta al día siguiente Jairo, chofer de uno de los buses que todavía se arriesgan por estas carreteras. Desde la madrugada, su vehículo, pintado con letreros en aerosol negro que dicen “carro bomba” y “Farc.EP”, bloquea la pantanosa vía de bajada hacia El Tarra, a unos dos kilómetros del pueblo. Tomará cerca de una semana que peritos en explosivos lleguen de Cúcuta o Bogotá a verificar si se trata de un falso carro bomba o uno de verdad. En el día, los viajeros se limitan a desmontar del vehículo en el que llegan, pasan junto al bus y caminan hasta el pueblo, cargando hijos y corotos. Pronto los mototaxis acuden a prestar servicio a los viajeros. “Los prudentes apagan el celular para pasar al lado del bus; los demás, pasamos y listo”, cuenta uno. “Es la segunda vez que me pasa”, concluye Jairo, resignado.

Viajar al Catatumbo es ir a otra Colombia. Escenas como la de este bus que paraliza una carretera una semana, cilindros que la guerrilla lanza contra instalaciones militares y acaban aterrizando en casas vecinas y bombas que matan por igual uniformados y civiles son las noticias que los medios nacionales publican con macabra regularidad desde comienzos del año sobre El Tarra y los demás pueblos de la región. Para el resto de Colombia, el Catatumbo es el país de la guerra. Y lo es, también, para el gobierno, que está enviando miles de soldados de la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano para combatir a las Farc y el Eln en uno de sus santuarios y a grupos de fuerzas especiales para buscar, entre otros, a Timochenko e Iván Márquez, los dos jefes de esa guerrilla que se cree se mueven entre esa región y Venezuela, y a Megateo, que lidera una facción narcotizada del antiguo EPL.

Pero el Catatumbo no es un teatro de guerra, o al menos no es solo eso, para sus habitantes. A ellos, más que los tiros y las bombas, les preocupan otras cosas. Y por eso también, viajar al Catatumbo es ir a otra Colombia. Una donde, en medio de la guerra, la vida ordinaria continúa y se oyen otros clamores.

Otros clamores

“Hay factores que perjudican a la gente más que el orden público; hay problemas más importantes a los que los atentados les hacen una cortina de humo”, dice Yeison Claro, secretario de gobierno de El Tarra. Y esta no es solo la visión de un funcionario. A lo largo de la semana en la que este corresponsal recorrió el Catatumbo, en cada pueblo toda la gente con la que habló insistió en los mismos tres problemas básicos, que llevan décadas sin solución: la salud, la educación y la carretera.

El puesto de salud de El Tarra tiene las paredes desconchadas por el agua de las goteras. La radio no sirve. La ambulancia lleva cuatro meses en reparación y los enfermos de urgencias deben pagar bus o expreso hasta Tibú u Ocaña. Un anciano con edema pulmonar que enviaron a Tibú murió en el camino. “Llegó a las siete, salió en el bus de 11 y a la 1 estaba muerto”, cuentan, apesadumbrados, los médicos. El dispensario de drogas está vacío y no hay oxígeno. El electro sacó la mano y no hay reanimador cardiovascular. A la camilla de partos, forrada en un plástico rojo barato pegado con esparadrapo, le faltan los estribos ginecológicos: “a las mujeres se les resbalan los pies y no pueden pujar”, dice el doctor José Rangel. A él y a su colega Armando Sánchez, les deben varios meses de salario. “Nadie quiere venir a El Tarra –dice este último–. Un colega vino a reemplazarme en diciembre y después de la primera balacera se fue”.

El puesto de salud de La Gabarra luce mucho mejor. El ejército lo pintó y donó una silla de odontología. Pero la máquina de rayos X lleva un año sin instalar. El centro tiene dos ambulancias: según informaron, una está desarmada, en un taller en Cúcuta, hace cuatro meses, y la otra, luego de pasar otro tanto en reparación, llegó sin luces, sirena ni doble tracción. Sin esta última es impensable recorrer los 70 kilómetros hasta Tibú, que en invierno pueden tomar 10 o 12 horas por el indescriptible estado de la vía. Sin ambulancia que haga la ruta no hay reposición de drogas y los pacientes graves deben enviarse por río hasta Venezuela, donde les permiten trasladarlos por carretera hasta la frontera, cerca a Cúcuta. La ambulancia de Las Mercedes estuvo varada 28 días a un lado del camino antes de que la llevaran al taller. “Aquí hay dos tensiones: el orden público, y que llegue un paciente grave, sin ambulancia, al que toque decir: ‘búsquese la funeraria”, dijo uno de los médicos con los que habló este corresponsal.

El año escolar raramente empieza a tiempo en el Catatumbo. La rectora del colegio de El Tarra debió irse, amenazada. “Hay seis profesores para 400 estudiantes, así que el estudiante llega a clase a la hora en que hay profesor, estilo universidad”, dice una de las educadoras, quejándose de que, como muchos colegas salen huyendo por los tiros, sus reemplazos solo llegan meses después de iniciado el año lectivo. En febrero, las clases aún no arrancaban en forma en La Gabarra. En Las Mercedes, Ronaldo Mendoza, rector del colegio, cuenta que le faltan nueve profesores, que salieron apenas empezaron los ataques de las Farc contra la estación de policía. “Apenas sonaron unos tiros y se fueron”, se lamenta, explicando que trata ahora de que el gobierno departamental contrate profesores maestros oriundos del pueblo, que no se irían tan fácilmente.

Y la carretera… El mantra de los habitantes del Catatumbo es la carretera. Aquí las distancias no se miden en kilómetros sino en horas. La vía más importante de Norte de Santander, entre Cúcuta y Ocaña, es una cinta de asfalto que parece que alguien hubiera cañoneado, interrumpida por troneras que doblan el tiempo del recorrido, y salpicada de derrumbes en medio de precipicios de vértigo. De Sardinata a Las Mercedes hay apenas 47 kilómetros… de charcos, pantanos y boquetes en los que invierten hasta seis horas de saltos y traqueteos las camionetas cuatro por cuatro especialmente suplementadas que prestan el servicio público. La alcaldía de El Tarra llevaba la basura a Tibú, pero el río acabó hace meses con el puente a la entrada del pueblo y ya no hay paso. Ahora, le cuesta una pequeña fortuna mensual pagar el camión que la transporta a Ocaña por la única otra vía de acceso. 

Esta carretera, pese a los fangales, se mantiene abierta por un milagro de organización social: las juntas de acción comunal decidieron instalar peajes voluntarios a lo largo del camino y cobrar desde 5.000 pesos a vehículos pequeños hasta 15.000 a camiones, para invertir lo recolectado en el mantenimiento de la carretera. La guadua que una joven levanta a la entrada de El Tarra es parte de este sistema que, desde su inicio en junio hasta enero de este año, recolectó 430 millones de pesos. SEMANA asistió a una reunión de cerca de 30 personas donde se rindieron cuentas del peaje. “Si no se hubiera hecho esto, no tendríamos carretera”, dijo uno de los líderes. Por todo el Catatumbo, cada vereda responde, con trabajo comunitario, por la manutención de un tramo de las vías más pequeñas. En esto, como en todo, lo que debería hacer el Estado por la gente, lo hace la gente por sí misma.

Y ahora, la guerra

Sin embargo, más allá de estos clamores, es innegable que la guerra es una realidad avasalladora en el Catatumbo. No solo porque lleva décadas sino porque está a punto de entrar en una nueva fase. Y el resultado es incierto.

“Yo venía de Ocaña en la moto cuando un muchachito me pidió llevarlo –cuenta un habitante de El Tarra–. Tendría 10 o 12 años. ‘¿Para dónde vas?’, le pregunté. ‘Voy a comprar un novillo’, contestó. ‘Tengo un millón doscientos’. Aterrado, le pregunté de dónde tenía ese dinero un niño de su edad. ‘Tengo mata’ –me dijo sin parpadear– ¿usté no?’”.

El Catatumbo lleva treinta años con “la mata”, como llaman a la coca. Y le han tocado todas las violencias. Las primeras guerrillas, el Epl y el Eln, llegaron a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. Años después vinieron las Farc. Y la economía cocalera se instaló para quedarse. Cuando los paramilitares inauguraron con dos masacres el lustro de terror que duraría hasta su desmovilización en 2004, y obligaron a las Farc y el Eln a replegarse, La Gabarra era, después de La Hormiga (Putumayo), uno de los grandes centros de producción de cocaína en Colombia y en sus calles atiborradas de cocaleros que tiraban el dinero a manos llenas se mataban hasta 300 reses un domingo.

El último informe de la Comisión Nacional de Reparación calcula que, entre 1997 y 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos, 72.000 desplazados (la población de sus seis municipios ronda hoy las 109.000 personas) y 430 víctimas de minas antipersonales. Norte de Santander es el departamento con más desapariciones forzosas en Colombia y Catatumbo encabeza, de lejos, la lista. Los ‘paras’ llegaron a tener una cárcel, un lóbrego calabozo de cemento y rejas oxidadas, donde encerraban a quienes se disponían a torturar y matar, que hoy sigue en pie en la vereda El 60, mudo testimonio de una de las épocas más horrendas del Catatumbo. Y no solo ellos protagonizaron horrores. A las Farc se les atribuyó, entre muchos otros, la matanza de 34 raspachines en una vereda de La Gabarra, en 2004.

Hoy el Catatumbo es quizá el único lugar de Colombia donde las Farc lograron copar los espacios dejados por los paramilitares. “Ven todo, saben todo”, dice un habitante. Según cuentan en voz baja, cobran en La Gabarra ‘impuesto’ a todos los negocios, que muchos viajan a pagar a un corregimiento vecino en el que las casas están ‘censadas’, como dicen por estos lares, con letreros pintados conmemorativos de Marulanda y Jojoy. La frontera les pertenece. Controlan el transporte por los ríos, por los que viajan gasolina, cemento y otros insumos para el procesamiento de la coca. A lo largo del río Catatumbo se ven ocasionales ‘cocinas’ en las que la hoja es transformada en pasta. Cargadas de grandes timbos azules de gasolina, recuas de mulas –los “carrotanques del Catatumbo”, las llaman– se encaminan hacia las zonas rurales bajo su control, ahora alrededor de los poblados de San Pablo y El Aserrío, en el municipio de El Tarra, adonde se ha desplazado el cultivo en los últimos años.

Los guerrilleros se aparecen en las carreteras cuando quieren y han decretado ‘paros armados’ que se cumplen a rajatabla. Administran justicia y resuelven pleitos entre los campesinos. ‘Tocó ir río abajo’ dice la gente cuando la citan, y acude sin falta. Han llegado a censar la población de algunas zonas, para solo dejar entrar a los que figuran en sus registros. Se habla –cosas que este corresponsal no pudo verificar por sí mismo– de ‘cristalizaderos’ (laboratorios para fabricar cocaína) en la frontera, de complicidades con la Guardia venezolana. En un pueblito cercano a La Gabarra las Farc colgaron en diciembre en un cartel de Feliz Navidad. “Uno ve que la guerrilla va para atrás en muchos sitios, pero aquí no; la guerrilla va para adelante aquí”, dice un conocedor de la región.

Después de años sin autoridad, durante el gobierno de Álvaro Uribe se instalaron estaciones de policía en los pueblos. En El Tarra, contra las normas del derecho internacional, parte de la base militar está dentro del casco urbano. Las Farc las han declarado objetivo militar y, además de sembrar el pánico poniendo al paso de las patrullas de soldados y policías bombas que a menudo cobran víctimas civiles, han ordenado evacuar las viviendas en cien metros a la redonda. En las noches, llueven los cilindros y los disparos contra los puestos oficiales, que responden hasta con morteros. El resultado más notorio de este fuego cruzado son muchas viviendas destruidas y una de las formas de desplazamiento más insólitas de Colombia: el desplazamiento para dormir. La gente que vive cerca a retenes e instalaciones policiales y militares, abandona su casa no bien cae la tarde y se dirige a las de familiares o a refugios improvisados. Los días que este corresponsal pasó en El Tarra, poco después de que varias viviendas y la Alcaldía se vieran afectadas por explosiones, un centenar de personas pasaba la noche en la Casa de la Cultura, y la alcaldía los registraba como desplazados.

Estado en uniforme

Ahora, el Estado, que lleva medio siglo de espaldas al Catatumbo, ha anunciado que, por fin, va a llegar. Para empezar, lo está haciendo en uniforme. La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que comanda el general Marco Lino Tamayo, sumará, junto a la Brigada XXX, cerca de 7.000 hombres, que planean lanzar una ofensiva en la retaguardia estratégica de las Farc, el Eln y Megateo. La respuesta no se ha hecho esperar y, por eso, el conflicto armado arrecia desde fines de año por todo el Catatumbo.

El general Tamayo es conciente de que los militares no la tienen nada fácil, y su meta es, en uno o dos años, “generar condiciones de seguridad que permitan al Estado ingresar con todo el tren social”. Esa es la otra componente: el Plan de Consolidación, que combinará, según se anuncia, la coordinación de la inversión social y de desarrollo con la erradicación de la coca. Según Álvaro Balcázar, director de la recién creada Unidad de Consolidación Territorial, el Catatumbo será objeto de la mayor inversión entre todas las zonas de consolidación, cerca de 2,3 billones de pesos hasta 2014. La erradicación de los cultivos, manual y con aspersión aérea, está a punto de empezar.

El reto del gobierno es colosal. Si bien los atentados recientes de las Farc han generado indignación entre la gente pues la mayoría de las víctimas son personas y bienes civiles, como dijo un funcionario departamental, “hay una resistencia muy fuerte en las comunidades a la fuerza pública”. Décadas de abandono y olvido del Estado solo le dejaron al Catatumbo la coca como única economía y la guerrilla como autoridad casi exclusiva. Venir ahora a intervenir manu militari tendencias que llevan al menos treinta años, en una región que ha protagonizado docenas de paros cívicos y cocaleros y que tiene una tradición de organización comunitaria que ni la barbarie paramilitar logró acabar, será inmensamente difícil.

El invierno ha sido, quizá, la más patente muestra de las debilidades del gobierno. Aunque llegaron mercados y ayudas, de las casas de La Gabarra siguen sacando en carretillas todavía el barro seco que quedó de la inundación que, en noviembre, anegó medio pueblo. El puente caído en El Tarra, las carreteras intransitables, las casas derruidas por las crecidas siguen ahí, meses después, como recordando al gobierno su inmensa deuda con el Catatumbo. Y ya empieza a llover de nuevo.

Además del desafío de ganarse los corazones y las mentes de la población, como dice un veterano conocedor de la región aquí están en juego “cuatro realidades bastante peligrosas, cuatro huevitos: el del narcotráfico, el de las tierras, el extractivo y el de una frontera politizada”. Por eso, esta región de montañas vertiginosas rebosantes de agua y niebla y de planicies ardientes de petróleo, carbón y palma, es un laboratorio de la paz y la guerra en Colombia. De lo que haga o deje de hacer el gobierno, de las promesas que cumpla o no y de la conducta de los militares frente a la población civil depende no solo lo que pase en el Catatumbo sino, quizá, en el conflicto en Colombia.

Lo más difícil será superar la desconfianza de la gente. El Catatumbo ha oído ya muchas promesas. Como dice don Bernardino Carrero: “este enero hizo 27 años que llegué a La Gabarra, y la carretera estaba llena de enterraderos y pantanos. Veintisiete años después sigue siendo la misma carretera”. ¿Será otra antes de que acabe el gobierno Santos?

¿Qué hay detrás de todo esto?

William Ospina
El Espectador
13 de julio de 2013

Cuando en otros países se preguntan qué hay detrás de los hechos, están tratando de identificar las causas; cuando se lo preguntan en Colombia, están tratando de encontrar un culpable.

En Brasil, después de años de invertir en la comunidad y de un esfuerzo generoso por disminuir la pobreza, el gobierno de Dilma Rousseff, ante el estallido de las protestas populares que piden profundizar la democracia, ofrece a los manifestantes una constituyente. En Colombia, después de décadas de abandono estatal, de exclusión y de desamparo ciudadano, el gobierno, ante el estallido de las protestas, sólo se pregunta qué demonio está detrás de la inconformidad popular.

¿Hasta cuándo les funcionará a los dueños de este país la estrategia de que cuando la gente reclama y se indigna, cuando estalla de exasperación ante una realidad oprobiosa que nadie puede negar, la causa tiene que ser que hay unos malvados infiltrados poniendo a la gente a marchar y a exigir?

Cuando los voceros tradicionales de nuestro país se preguntan ¿qué hay detrás del Catatumbo?, podemos estar seguros de que no van a descubrir tras esas protestas la injusticia, la miseria y el olvido del Estado. No: detrás ha de estar el terrorismo, algún engendro de maldad y de perversidad empeñado en que el país no funcione.

Quién sabe cuánto tiempo les funcionará la estrategia. Una estrategia muy triste, muy antidemocrática, pero que no es nada nuevo. Uno se asombra de que la dirigencia colombiana tenga esa capacidad escalofriante de no aprender de la experiencia, de repetir ad infinitum una manera de manejar el país para la cual todas las expresiones de inconformidad son siempre sospechosas. Y es posible que haya algún infiltrado, pero una golondrina no borra la noche.

Hace demasiado tiempo que protestar en Colombia es sinónimo de rebeldía, de maldad y de mala intención. Todavía flota en la memoria de la nación esa masacre de las bananeras, que no es una anécdota de nuestra historia sino un símbolo de cómo se manejaron siempre los asuntos ciudadanos.

En toda democracia verdadera, protestar, exigir, marchar por las calles es lo normal: es el modo como la ciudadanía de a pie se hace sentir, reclama sus derechos, muestra su fuerza y su poder. Y en todas partes el deber del Estado es manejar los conflictos y escuchar la voz ciudadana, no echar en ese fuego la leña de la represión al tiempo que se niegan las causas reales.

Pero si un delegado de Naciones Unidas dice una verdad que aquí nadie ignora, que “la población allí asentada reclama al Estado, desde hace décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías, y acceso al trabajo digno”, y añade que la muerte de cuatro campesinos “indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, este Estado, que nunca tiene respuestas inmediatas para la ciudadanía, no tarda un segundo en protestar contra la abominable intromisión en los asuntos internos del país; el Congreso se rasga las vestiduras, las instituciones expresan su preocupación, las fuerzas vivas de la patria se indignan y los medios se alarman.

Nadie pregunta si las Naciones Unidas han dicho la verdad, defendiendo a unos seres humanos que son nuestros conciudadanos, una verdad de la que todo el mundo debería poder hablar, así como nosotros podemos hablar de Obama y de Putin, o de los derechos humanos en China. Para esas fuerzas tan prontas a responder, el funcionario está irrespetando al país. Y el irrespeto que el país comete con sus ciudadanos se va quedando atrás, en la niebla, no provoca tanta indignación.

Así fue siempre. Aquí, en los años sesenta y setenta a los estudiantes que protestaban no les montaban un escándalo mediático: les montaban un consejo verbal de guerra. Todo resultaba subversivo. Las más elementales expresiones de la democracia: lo que en Francia y en México hacen todos los días los ciudadanos, y con menos motivos, aquí justificaba que a un estudiante lo llevaran ante los tribunales militares y lo juzgaran como criminal en un consejo de guerra.

Y los directores de los medios de entonces, que eran padres y tíos de los actuales presidentes y candidatos a la presidencia, no veían atrocidad alguna en la conducta del Estado sino que se preguntaban, como siempre, qué maldad estaría detrás de esos estudiantes diabólicos.

Siempre la misma fórmula. Tal vez por ella se entiende que, hace un par de años, un exvicepresidente de la República, sin duda nostálgico de aquellos tiempos en que el papel de los medios era sólo aplaudir al Estado, se preguntaba ante una manifestación estudiantil pacífica por qué la policía no entraba enseguida a inmovilizar con garrotes eléctricos a esos sediciosos.

Esos son nuestros demócratas: la violencia de un Estado que debería estar para servir a la gente y resolver sus problemas, merece su alabanza; pero el pueblo en las calles, que es el verdadero nombre de la democracia, les parece un crimen. Quizá por eso algunos piensan que ese personaje debería gobernar a Colombia: se parece tanto a nuestra vieja historia, que sería el más indicado para perpetuarla.

Ahora bien: si las verdades las dicen las Naciones Unidas, son unos intervencionistas; si las decimos los colombianos, somos unos subversivos, ¿entonces quién tiene derecho aquí a decir la verdad?

¿Y hasta cuándo tendremos que pedir permiso para decirla?