Cocuy: conservación, acuerdos y desacuerdos

El Espectador
Juan Pablo Ruíz Soto
9 de abril de 2013

El 4 de abril se realizó un importante encuentro en la población de El Cocuy (Boyacá) para conversar respecto al manejo del Parque Nacional Natural (PNN) y su relación con el desarrollo de los municipios de Güicán y El Cocuy.

El Cocuy, Boyacá.

Ante el interés creciente por visitar el PNN debemos garantizar la conservación de sus ecosistemas y servicios ambientales —entre ellos la regulación hídrica— y asegurar que el atractivo de su paisaje natural se convierta en el motor para el desarrollo local. Las visitas al PNN están aumentando vertiginosamente: en 2004 ingresaron 2.998 visitantes; en 2009 fueron 7.227, y 9.724 en 2012. Es importante tomar medidas nuevas y creativas para manejar este creciente flujo de visitantes.

En la reunión convocada por la Dirección de Parques Nacionales de Colombia participaron los alcaldes de Güicán y El Cocuy, el director de Corpoboyacá, un delegado del Ministerio del Turismo, indígenas, concejales, personeros, la veeduría del pueblo y representante de diversos grupos de interés, como arrieros, hoteleros, montañistas, guías de montaña, miembros de juntas de acción comunal y de acueductos locales. Como mecanismo de divulgación se utilizó la transmisión en directo por la emisora local. Si bien no se puede asegurar que participaron representantes de todos los actores involucrados, sí podemos decir que fue una discusión amplia y participativa.

Es urgente acordar cambios respecto a la forma como se están realizando las visitas, distribuir responsabilidades y beneficios, y evitar que el deterioro de los ecosistemas naturales obligue al cierre del PNN para los visitantes. Autoridades locales y ciudadanía se mostraron interesadas en participar y colaborar. Medidas de corto plazo incluyen definir una tarifa de ingreso diferencial según el tiempo y lugar que el visitante permanece en el PNN, asegurar los recursos necesarios para el buen manejo de los lugares para acampar y para el buen manejo y control del visitante. Tal como ocurre en muchos parques de montaña del mundo, es necesario garantizar recursos para la presencia de funcionarios de Parques en las áreas críticas durante los períodos de alta temporada. Se debe respaldar la seguridad de los visitantes mediante un seguro para practicantes de deporte extremo y caminantes en la alta montaña.

Dado que en alta temporada han ingresado en algunos días hasta 400 caballos al PNN, para mejorar la capacidad de carga todos los visitantes deben entrar a pie y debe ser sancionado todo visitante que se encuentre cabalgando. Los caballos serán limitados para usos específicos autorizados y para el rescate de visitantes en caso de problemas de salud. Para disminuir problemas de falta de adaptación a la altura se aconsejará a todos los visitantes que aspiren superar la cota de los 4.000, que pasen por lo menos un día y una noche entre los 3.000 y los 4.000 metros. Esto mejora la posibilidad de adaptarse a los cambios de presión para evitar el llamado mal de altura y de paso genera demanda de servicios de alojamiento, guianza y alimentación, que deben ser suministrados por comunidades locales.

El PNN El Cocuy se presenta como un laboratorio de convergencia y sinergias positivas entre conservación y desarrollo local. Objetivos que, lejos de ser contrarios, son complementarios. Conservación de ecosistemas y de paisajes culturales rurales y urbanos, turismo de naturaleza y una comunidad local organizada y productiva son argumentos para un verdadero desarrollo sostenible.

 

El futuro del Parque Tayrona

Editorial El Espectador
12 de enero de 2013

De nuevo el Tayrona se encuentra bajo el ojo de la opinión pública. Los debates alrededor de este importante parque nacional natural —una figura que, a veces, parecen soslayar los que allí quieren construir— resurgen de tanto en tanto, demostrándonos que sobre ese lugar se extienden y contraponen intereses muy fuertes. 

Así se verá el proyecto ecoturístico Reserva Los Ciruelos, que comprende 44 hectáreas. / Cortesía

 

 

Dos, en particular: los que quieren proyectos turísticos amables con el medio ambiente y los que creen que esto es una afrenta contra un territorio ancestral y constitucionalmente protegido.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revivió el pasado 27 de diciembre —curiosa fecha, cuando la atención descansa— la posibilidad de que se adelanten trabajos ecoturísticos, como bien se sabe, sobre lo que queda del valiosísimo bosque seco tropical que por ahora sigue siendo patrimonio público. El proyecto, llamado Reserva Los Ciruelos y ubicado en la ribera oriental de Bahía Concha, había sido suspendido porque la ANLA impuso una medida preventiva debido a irregularidades encontradas en la perforación de dos pozos de aguas subterráneas. La empresa Reserva Los Ciruelos, S.A.S., cumplió con su parte y ahora exige el aval para actuar libremente.

Pese a que todo parece haberse hecho dentro de la ley, las suspicacias afloran. En primera medida, porque no se puede entender la desarticulación institucional tan grande que ha habido en torno al Tayrona. No se sabe, a ciencia cierta, qué es lo que quiere hacer el Estado con este territorio. Y eso es injustificable a estas alturas del partido. El Ministerio del Interior emitió un concepto en 2009, la resolución 0631, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental al proyecto (¿qué hace el ministerio de este ramo, de buenas a primeras, concediendo cosas de este estilo?) y dijo sin ambages que en el territorio catalogado como sagrado “no habitaban nativos dentro del área a intervenir”. Increíble. Una cosa distinta opina hoy el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien le ha pedido a la directora de Parques Nacionales que emita un concepto jurídico vinculante, dirigido a la ANLA, en el que puedan explicarse y demostrarse las objeciones para una posible revocatoria de la licencia otorgada.

Por ahora parece haberse corregido el camino. La Corte Constitucional emitió un concepto que blinda de toda legitimidad la petición del ministro Uribe. En medio de la presión ciudadana, además, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en Twitter que “el bosque seco no se puede afectar”, dejando en el aire las aspiraciones de la empresa que pretende construir 12 ecocabañas y que, hasta hace poco y por un mero requisito, tenía el aval del Estado. La disculpa ahora para esta absurda contradicción institucional es que la licencia del proyecto se otorgó durante el gobierno anterior, lo cual solamente demuestra la visión tan miope y parcial que se ha tenido frente al Tayrona y su futuro. Al vaivén de los intereses se van tomando decisiones puntuales que dependen de todo menos de lo que obliga en un parque natural nacional.

El futuro del Tayrona, pues, no es un asunto que pueda seguir siendo visto por partes, según lo que pidan los constructores privados en cualquier momento, como si un todo vulnerable, público y nacional no estuviera en juego. Hoy es este proyecto, mañana el de Six Senses, que está avanzando. Y el debate no puede quedarse en si es viable hacer o no turismo ambiental, que esta empresa bien puede saber hacerlo y Six Senses ciertamente lo sabe hacer. El debate real está en la propiedad del parque. Lo que realmente está en juego es la Constitución Política, el Convenio de Diversidad Biológica y la certeza de que el uso público se puede hacer por medio de visitas controladas. Este lugar sagrado es de una naturaleza única: es inembargable, inalienable e imprescriptible. Mucho más allá de sus indígenas y su biodiversidad. Esto es algo que, insistimos, muchos parecen desconocer.