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sábado, 24 de agosto de 2013
Oro, piedras y consultas
El Espectador
César Rodríguez Garavito
19 de agosto de 2013
En Piedras, Tolima, se juega el futuro de la democracia participativa y el medio ambiente en Colombia. Allí tuvo lugar la primera consulta popular sobre un proyecto minero (La Colosa), que sería uno de los más grandes del país y la estrella en el portafolio nacional de Anglo Gold, la multinacional aurífera.
En Piedras estaría ubicada la planta donde se separaría el oro de las rocas mediante el uso de químicos riesgosos. A eso se opuso el 98% de los participantes en una consulta que siguió todos los trámites legales. Como las consultas son vinculantes, le corresponde ahora al alcalde obedecer el mandato popular.
El problema es que el gobierno nacional le cerró el paso a este tipo de vetos locales a la minería en un controvertido decreto (el 934) de mayo de este año. ¿Qué prima, entonces? ¿La democracia participativa y la protección del medio ambiente, o la propiedad del Estado sobre los yacimientos minerales?
La pregunta tiene aristas legales y políticas. Jurídicamente, uno de los ejes de la Constitución del 91 es la participación ciudadana con poder de decisión. Por ello se crearon los referendos, los plebiscitos, las revocatorias del mandato, las consultas populares como la de Piedras y otras formas de participación directa que resultan en decisiones obligatorias para las autoridades públicas.
Pero la misma Constitución le dio al Estado central, en cabeza del presidente, la propiedad y la potestad de regular el uso de los recursos mineros. De ahí que el Gobierno argumente que ni los habitantes de los municipios, ni los alcaldes o gobernadores, pueden vetar la minería en sus territorios.
Aunque el tema es complejo y será dirimido por el Consejo de Estado, la posición del Gobierno no tiene fundamento jurídico sólido. Primero, porque desconocer la votación popular dejaría sin efectos la participación de los ciudadanos “en los asuntos que los afectan” (art. 2 de la Constitución). Si pueden votar por la remoción de un mal alcalde, ¿cómo no podrían hacerlo sobre un proyecto minero que tendría consecuencias aún más profundas y permanentes sobre su salud, su futuro económico y su permanencia en sus tierras y viviendas?
Segundo, el Código Minero de 2001 (art. 35) les permite a las autoridades municipales limitar las actividades mineras en su territorio. Aunque el Código habla de “restringir” en lugar de “prohibir”, deja un margen de apreciación a los alcaldes que puede ser utilizado para atender la voluntad popular en casos como el de Piedras, o para cerrar las canteras en Bogotá, como lo quiere hacer la Alcaldía. Por eso mismo, el decreto reciente del Gobierno podría ser ilegal.
Los argumentos políticos dan una respuesta más contundente. Porque las consultas son el mecanismo ideal para canalizar pacífica y democráticamente las inquietudes y reclamos locales, y ofrecen una alternativa institucional a los bloqueos y vías de hecho. Además, no hay proyecto minero que tenga éxito si las comunidades locales se oponen, como lo saben bien las empresas. De hecho, las consultas han detenido otros proyectos auríferos aun en países donde no son obligatorias, como pasó en la mina de Esquel en Argentina o en la de Cajamarca en Perú.
Por eso yerra el Gobierno al criticar las consultas populares (y las consultas previas con indígenas y afros) con tanta acrimonia como lo hace con los paros. En lugar de ello, debería reconocerlas y ordenarlas con reglas de juego claras. Y dejar de lanzar acusaciones infundadas de corrupción y sabotaje contra sus promotores.
domingo, 28 de julio de 2013
Consulta minera en Piedras (Tolima)
El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
27 de julio de 2013
La historia de tensión entre habitantes del municipio tolimense y la AngloGold Ashanti.
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Los
piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de
acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se
realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración,
explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de
materiales, provenientes de las actividades de explotación minera
aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos
para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o
cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas
actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de
nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de
naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de
agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y
agrícola de nuestro municipio?”.
El
ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal
Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la
convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría
Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados
para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera
municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en
Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las
ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de
800 ciudadanos.
Pero más allá de la
consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el
proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima),
cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold
Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande
de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal.
El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al
tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una
montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del
mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que
nacen en este páramo.
En respuesta a
esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de
comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la
huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner
la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que
hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que
es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se
inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado
una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.
Hace
un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería
para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio
encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de
este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas
preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que
no tenían los permisos correspondientes.
Ocampo
sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos
(geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren
permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de
suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de
aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del
suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la
zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de
material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus
actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las
autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y
obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.
Para
la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las
actividades de la empresa. Para los impulsores del no a las actividades
mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo
expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de
esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y
luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de
pancoger a causa de la gran minería”.
Félix
Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no,
explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a
la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50
kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre
esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más
en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura.
Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la
vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos
sobre nuestro futuro”.
El alcalde
de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de
esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad
del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible
daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad
empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No
estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar
nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto.
Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región
para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La
Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.
Pero
incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de
enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es
tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no
practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y
la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa
sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias
ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de
la decisión que va a tomar.
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