campesino colombiano

La llegada de Starbucks agita el mercado interno del café en Colombia

El País
Dora Montero
28 de agosto de 2013

La entrada del gigante estadounidense contrasta con los apuros de los cafeteros colombianos.

Protesta de cafeteros colombianos este martes en Medellín. / L. E. N. (EFE)

El anuncio de la entrada en el mercado interior de Colombia de la empresa estadounidense Starbucks, junto con la promesa de que aumentará en el doble su compra de café local, se ha dado en un momento especialmente delicado. Durante nueve días el sector agrario ha mantenido un paro nacional en el que ha reclamado lo siguiente: rebajar los costos de los insumos agrarios (fertilizantes, semillas…), controlar las importaciones de productos agrarios y un aumento de las ayudas a la competitividad, y el sector se ha unido al paro asumiendo esas mismas proclamas, lo que ha logrado poner en jaque al presidente Juan Manuel Santos.

Colombia es el tercer exportador de café después de Brasil y de Vietnam, y es el primer productor de café de calidad. El vocero de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Fernando Samper, minimizó la relevancia del sector cafetero en el paro nacional agrario y dijo que el anuncio de Starbucks es una buena noticia. “Es un comprador de café de Colombia, le interesa el origen de sus cafés y lo ha escogido porque es de calidad y tiene relevancia, pero además permite que los productores tenga mejores precios”, aseguró a EL PAÍS, refiriéndose a que la compañía estadounidense pagaría hasta un 15% más de lo que se está pagando ahora mismo a los productores por el café. Starbucks compra alrededor de un millón de sacos de café colombianos al año, y la idea es que aumente ese monto en un 100%.

Sobre el riesgo que puede suponer la entrada de Starbucks para Juan Valdez, la tienda de café oficial del gremio cafetero, que pertenece a los cultivadores, Samper dijo que los dos negocios ya compiten entre sí en varios países y que la venta de café colombiano por parte de la empresa estadounidense ha dado más fama mundial a las especialidades de café cololmbianas. “El negocio de Valdez además está maduro y puede enfrentarse a nuevos jugadores sin problemas. El mercado se dinamiza y crece para todos”.

Al contrario del optimismo expresado por la Federación y por el presidente de la compañía estadounidense, los cultivadores del grano son pesimistas sobre su futuro. “Lo que le toca a los cafeteros de ahí es muy poco. Simplemente dejamos de vender a uno para vender al otro. Mientras el consumo nacional no aumente no habrá ninguna mejoría para nosotros”, dijo a EL PAÍS Óscar Gutiérrez, uno de los coordinadores del Movimiento por la Defensa y la Dignidad de los Cafeteros de Colombia.

En esto coincide el senador Jorge Enrique Robledo, quien por años ha representado los intereses de los agricultores en el Congreso colombiano, y que aseguró que el impacto entre los productores por la entrada de las tiendas Starbucks será muy poco porque la venta real de puro café de esas tiendas es mínima con relación a la de sus mezclas de café o a la de otros productos.

Colombia, además, se encuentra en un momento de disminución de exportaciones de café. Según datos del DANE, el organismo estadístico estatal, Colombia exportó 1.400 millones de dólares en el primer semestre de 2012, mientras que en los primeros seis meses de este año la cifra fue de 912 millones. La disminución fue de un 10%.

Esa disminución ha sido progresiva durante las últimas décadas, y es por eso que Colombia, aun siendo productor de café, importa un 80% de la demanda local de este alimento, que encima entra al país a precios menores que los granos locales. El consumo en Colombia es cercano a 1.200.000 sacos al año.

La huelga de los campesinos ya completa nueve días en los que cinco personas han muerto y en los que se han dado innumerables enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Ya hay desabastecimiento en los mercados de las principales ciudades, especialmente en Bogotá. El gobierno de Santos, que había intentado minimizar el alcance del paro, se reunirá este martes con los campesinos de Boyacá, la principal zona productora de papa del país y donde se ha concentrado lo más álgido del paro, pero, mientras tanto, la protesta toma fuerza en otras regiones, especialmente en el sur del país.

Los cafeteros fueron los últimos en unirse. Este gremio, que cuenta con cerca de 560.000 productores, había hecho un paro nacional en marzo. Durante 12 días mantuvieron esa protesta, tras la cual lograron que el Gobierno aumentara los subsidios para la producción, pero hoy ese dinero no es suficiente para muchos cultivadores.

El dirigente Gutiérrez explicó que el primer punto en sus peticiones sigue siendo el precio. Para un agricultor el costo de producir una arroba de café es de 63.000 pesos, mientras que solo la pueden vender en 43.000. El subsidio logrado en el paro de marzo es de 16.500, lo que hace que el productor tenga pérdidas o que tan solo logre el punto de equilibrio con la disminución de los costos de producción.

Los precios internacionales no han ayudado. En el momento del acuerdo de marzo, el café estaba a 1,33 dólares y en los seis meses siguientes ha bajado hasta 1,13, un precio históricamente bajo y que deja sin ganancias a los productores. En sus mejores momentos, el café estuvo por encima de los 3,50 dólares.

Muchos de los cultivadores están inconformes con el monto del subsidio y otros no lo han recibido, especialmente los más pequeños. Pero no es solo el precio. El senador Robledo explicó que entre los acuerdos de febrero el gobierno se comprometió a convocar unas mesas de trabajo con tres temas fundamentales para los caficultores: el control a los precios de los insumos, que son muy altos con relación a los precios internacionales, los problemas con el pago de deuda y con la aprobación de créditos y la minería en las zonas cafeteras. Ninguna, según Robledo, ha arrojado algún resultado.

La cruz de Boyacá

El Espectador
Eduardo Barajas Sandoval
26 de agosto de 2013

Hay Estados que descuidan regiones enteras y las abandonan a su destino, como si fueran parte de otro país.

Ahora, la historia le ofrece otra oportunidad a través de un nuevo reto, de aquellos que han permitido en otras partes la revelación de grandes estadistas: reconstruir el tejido social de Boyacá y configurar un orden de democracia económica que sirva de modelo para todo el país y que permita que los campesinos sean socios de la empresa del desarrollo, en lugar de jugar el papel de sumisos segundones bajo un modelo que los menosprecia y les cierra las puertas. En ese empeño deberían ayudar tantos boyacenses que con experiencia y talento triunfan en otras partes, pero mantienen un pedazo de alma en la tierra noble que los vio nacer.  El Presidente, que recuerda con emoción cómo su padre nació en Tunja, debería convocarlos para dar conjuntamente con ellos una buena muestra de liderazgo. 

Si el problema se trata bajo los esquemas tradicionales de ir a ofrecer raciones de caridad o préstamos para que todo siga igual o peor, sin dar opciones para que la gente se dedique a nuevas actividades, y se pueda conectar mediante asociaciones de pequeños cultivadores con los mercados internacionales, cuyas bondades tanto se pregonan, Boyacá tendrá que seguir con su cruz a cuestas y puede ser el semillero de problemas mayores, que recibirán como herencia generaciones y gobiernos futuros.

La verdad sobre el paro campesino

Hablan los expertos

Starbucks se lanza a la conquista de la tierra del café

La compañía pretende abrir en cinco años 50 tiendas en Colombia en las que solo se venderá producto local

• Entrevista | Howard Schultz: “Parte de mi trabajo es ser un visionario”

Dora Montero
El País
Bogotá 27 de agosto de 2013

Schultz, en la rueda de prensa en Bogotá. / JOSE MIGUEL GOMEZ (REUTERS)

Starbucks se lanza a la conquista de Colombia. Su primera tienda en el país cafetero por excelencia abrirá en 2014, pero en los siguientes cinco años la cadena pretende inaugurar hasta 50 establecimientos. El reto es abrirse paso en el mercado del tercer exportador y primer productor de café de calidad del mundo.

El anuncio, que podría significar un motivo de preocupación para los productores colombianos, vino acompañado de la promesa por parte del presidente de la compañía, Howard Schultz, de que solo se utilizará materia prima nacional.  
Es la primera vez que Starbucks hace un compromiso de este tipo. "Tostar café en otro país sería una falta de respeto para el consumidor colombiano", aseguró el ejecutivo.

“Desde nuestro comienzo, Starbucks siempre ha admirado la tradición del café colombiano, por lo que es un honor para nosotros llevar nuestra experiencia a este mercado creciente”, dijo Schultz en una rueda de prensa en Bogotá. 

La compañía estadounidense ya es el mayor comprador de café colombiano, pero con su llegada al país las cifras deberán aumentar.

"Después de comprar tanto café colombiano estamos emocionados de tener nuestra primera tienda aquí. Por ello hoy estamos comprando más de lo que lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia", dijo Schultz. Nutresa, el otro socio estratégico, se encargará de comprar la materia prima, que también se industrializará en el país sudamericano.

Las nuevas tiendas estarán operadas por Alsea, que ya se encarga de más de 500 establecimientos en México, Chile y Argentina. La inversión por cada local será de 400.000 dólares.

La entrada del gigante estadounidense puede ser motivo de preocupación para las tiendas de café colombiano, y especialmente para Juan Valdez, su principal representante. Pero Schultz dijo que su compañía no entrará a competir con promociones o precios bajos, sino con experiencia y calidad. Incluso anunció que los precios podrían ser mayores que los de sus competidores.

"Sospecho que cuando abramos en Colombia el consumo de café subirá, como ha pasado alrededor del mundo, por eso creo que incluso Juan Valdez se beneficiará con nuestra llegada", afirmó.

El anuncio de la empresa estadounidense coincide con un momento especialmente turbulento en el campo colombiano. Desde hace una semana, los productores de alimentos mantienen una huelga general en la que cafeteros, paneleros, paperos, arroceros y cacaoteros han unido sus fuerzas después de haber 

protagonizado protestas independientes. En lo concerniente a los cafetaleros, este gremio se ha visto muy afectado por la crisis del grano en el país. En el mes de marzo consiguieron que el Gobierno les aumentara los subsidios para la producción pero muchos de los productores han considerado que la medida es inuficiente.

Desde Ramiriquí pa' sus personas: la carreta biblioteca

Doctor Sí, doctor No

El Espectador
William Ospina
24 de agosto de 2013

¿POR QUÉ SERÁ QUE CADA VEZ QUE LE creemos, el gobierno de Santos cambia de discurso, como si le complaciera desconcertar a la opinión pública, como si tuviera una agenda secreta, o como si no estuviera muy seguro de las cosas que afirma? 

Lo primero que se aplicó a demostrar es que no está con Uribe, de quien parecía ser el heredero. Para que no quedaran dudas, se reconcilió con Chávez, con Correa y con Ortega, supuestos enemigos, y convocó a las Farc a un proceso de paz, reconociendo la existencia de un conflicto armado de cincuenta años, y reconociendo que sólo en una mesa de diálogo será posible poner fin a esa maldición.

Sin embargo, como si escuchara demasiado a los enemigos de la paz, cada vez que da un paso que hace avanzar el diálogo, lanza enseguida una carga de profundidad contra el proceso.

El presidente Mujica de Uruguay propone hablar con las Naciones Unidas para que se pronuncien sobre la paz de Colombia, y el presidente Santos, que habla de la necesidad de avanzar hacia la reconciliación, ordena al ejército dar de baja al jefe de las guerrillas cuando lo encuentren en su camino.

Claro que están en guerra, claro que los combates siguen, claro que no han firmado un acuerdo. Pero el presidente de un país donde no existe legalmente la pena de muerte tiene que decirle a su ejército que combata a la guerrilla, que capture a sus jefes, y que si se resisten los elimine en combate. Pero no puede dictar altisonantes sentencias de muerte y seguir tan campante con el diálogo.

Es más, en bien de la democracia, el presidente de la República no puede desear la muerte de ningún colombiano. Debería estar llamando a todos, incluso a Timochenko, a cerrar filas en torno a la paz y a la vida. Pero el presidente se parece a esas figuras de los dibujos animados que dicen una cosa y de pronto se les sale de adentro el adversario diciendo la contraria.

Anunció que se emprendería la restitución de los predios despojados y la reparación de las víctimas. Pero a mitad de su mandato, sin que hubieran echado a andar los procesos de restitución y de reparación, empezaron a salir los funcionarios que tenían en sus manos las responsabilidades, el gerente del Incoder y el ministro de Agricultura, sin que podamos decir que salieron porque el proyecto estaba cumplido, o al menos en marcha. Todo lo que queda es una extraña sensación de vacío.

Santos anunció que haría depender nuestra economía de tres grandes fuerzas, la minería, la industria y la agricultura, declarando que no estaba de acuerdo con el atraso del campo, que estaba a favor de una audaz modernización que aprovechara realmente las posibilidades de un país riquísimo en recursos y lleno de habilidad laboral.

Nos dijo que quería hacer de Colombia un país integrado a Latinoamérica, a la cuenca del Pacífico, a la economía mundial, al club de los países emergentes. Pero la industria decrece, la minería decrece, la agricultura no arranca, y el Gobierno sigue firmando tratados de libre comercio sin preparar al país para el choque con esas economías más fuertes, sin blindar a la industria y sin modernizar la agricultura, como si dirigir la economía fuera firmar alegremente tratados sin porvenir.

Entonces crece el paro agrario y comprobamos que todas las cosas que sembraron los gobiernos del TLC ahora se están cosechando. Los grandes sembradores de vientos, Gaviria, Pastrana y Uribe, ni siquiera piensan en reconocer que tengan alguna responsabilidad en esta reacción de campesinos que se levantan por todas partes. Después de arruinar el campo y la industria quieren seguir diseñando el futuro.

Menos mal que el Gobierno no ha salido todavía a decir que esos miles y miles de campesinos que marchan por las carreteras, que protestan contra el TLC y que piden un futuro para el campo, son guerrilleros, porque eso equivaldría a decir que las Farc son el campo colombiano: y eso no es verdad.

Con su extraordinario sentido de la oportunidad, radica entonces un proyecto de ley en el Congreso, para que sea por medio de un referendo que se refrenden los pactos de La Habana, aunque la guerrilla no está de acuerdo con ese mecanismo. Y lo único que logra, justo cuando el país está en vilo, es que la guerrilla amenace con levantarse de la mesa.

Es como si el presidente fuera el doctor Sí en el día, afirmando con entusiasmo sus convicciones, y por la noche descubriera que en realidad es el doctor No, y se revolcara en la necesidad de echar para atrás todas las cosas.

O tal vez es que la realidad colombiana, vista desde la perspectiva de un gobierno sin convicciones, es un nudo de paradojas, en el que no se puede decir sí a nada sin decirle inmediatamente sí a lo contrario. Hay que decirles sí a los campesinos, pero hay que decirles sí a los tratados de libre comercio: el resultado es no a la agricultura. Hay que decirle sí al diálogo, pero hay que decirle sí a la guerra: el resultado es no a la paz. Hay que decirle sí al futuro, pero hay que decirle sí al pasado: el resultado fatal es no al presente.

Barichara Punto de Encuentro...

Indignados con las pretendidas dignidades

Editorial 
El Espectador
23 de agosto de 2013

Vamos a reconocer lo obvio desde el principio.

Este país tiene muchas falencias, muchas injusticias, muchos retos. El Estado no ha hecho presencia efectiva en muchísimas zonas y ha abandonado a su suerte a muchísimos sectores. La distribución del ingreso, aunque ha mejorado, sigue siendo preocupante. El crecimiento económico, aunque ha beneficiado a muchos y ha expandido la clase media, está muy lejos de filtrarse suficientemente y llegar a los niveles deseados. Todos, absolutamente todos los colombianos, tenemos algo que reprocharle al Estado y tenemos razones para estar inconformes, y para protestar, y para exigir.

Así como todo ello es innegable, no huelga resaltar en estos momentos en que esas expresiones de indignación encuentran una salida con el paro campesino que la forma como expresemos esas inconformidades, como canalicemos nuestras frustraciones, es quizá la más importante diferencia entre los países que alcanzan un mayor nivel de desarrollo y de calidad de vida frente a los que aún no llegan a ese objetivo. Abundan en la literatura económica y jurídica referencias a la importancia de las instituciones —incluso en la protesta— para que una sociedad progrese.

Lo que hemos visto en esta semana, en ese sentido, ha sido preocupante. Protestas y bloqueos sin orden, sin mayor coherencia, con pliegos de condiciones incluso contradictorios, sin propuestas de soluciones. A algunos voceros de los cafeteros no les gusta la minería en el pliego cafetero, pero apoyan la minería en el pliego minero. Los camioneros quieren subir sus fletes, lo que afectaría el bolsillo de los agricultores. Se pretende que la sociedad en su conjunto los financie a todos. Y, a la vez, siempre seguiremos con la espada de Damocles de un nuevo paro, de una nueva revuelta, porque ninguna solución satisface plenamente.

Más incomprensible resulta la actitud de algunos voceros cafeteros del Huila que llaman a un paro para movilizar productores justo en el momento de la cosecha, y a pesar de que es precisamente en ese departamento donde están llegando a una mayor proporción de productores los generosos subsidios que el Gobierno ofreció en el paro anterior y que venimos pagando los contribuyentes. Si el bienestar y la dignidad de los cultivadores es la prioridad, resulta extraño, por decir lo menos, que se les afecte de esa manera en su momento menos penoso.

Decíamos en reciente editorial que parecía ser el momento adecuado para pensar en los liderazgos que pudieran transformar la justa indignación en cambios sociales y políticos. Advertíamos también en otro editorial anterior sobre los peligros de lanzarse a la movilización, por justa que fuere en sus motivaciones, sin medir las consecuencias que al final ellas podrían generar. Nada fortalece más nuestra opinión que el paro actual, dominado por la actitud del “sálvese quien pueda”. Los enormes problemas del campo colombiano no se van a solucionar con el arreglo independiente de cada sector productivo agropecuario.

Así, por ese camino, el Estado, la sociedad, los propios campesinos, todos finalmente, terminamos chantajeados por grupos que bajo el sobrenombre de “dignidad” nos van llevando a puntos de no retorno. Lo peor, esta incomprensible actitud genera que la violencia comience a reemplazar los diálogos y las negociaciones, que deben realizarse por los canales institucionales. Insistimos: los motivos para protestar y exigir cambios existen, criminalizar la protesta —incluso si se presenta infiltración de los armados ilegales, que no es ilógico— es negar la realidad que vive el campo colombiano, pero incluso para canalizar esa indignación la institucionalidad hace falta.

Aun cuando resulte más fácil, y más popular, sumarse a la gritería, va siendo hora de decir que estamos indignados con las pretendidas dignidades.

Oro, piedras y consultas

El Espectador
César Rodríguez Garavito
19 de agosto de 2013

En Piedras, Tolima, se juega el futuro de la democracia participativa y el medio ambiente en Colombia. Allí tuvo lugar la primera consulta popular sobre un proyecto minero (La Colosa), que sería uno de los más grandes del país y la estrella en el portafolio nacional de Anglo Gold, la multinacional aurífera.

En Piedras estaría ubicada la planta donde se separaría el oro de las rocas mediante el uso de químicos riesgosos. A eso se opuso el 98% de los participantes en una consulta que siguió todos los trámites legales. Como las consultas son vinculantes, le corresponde ahora al alcalde obedecer el mandato popular.

El problema es que el gobierno nacional le cerró el paso a este tipo de vetos locales a la minería en un controvertido decreto (el 934) de mayo de este año. ¿Qué prima, entonces? ¿La democracia participativa y la protección del medio ambiente, o la propiedad del Estado sobre los yacimientos minerales?

La pregunta tiene aristas legales y políticas. Jurídicamente, uno de los ejes de la Constitución del 91 es la participación ciudadana con poder de decisión. Por ello se crearon los referendos, los plebiscitos, las revocatorias del mandato, las consultas populares como la de Piedras y otras formas de participación directa que resultan en decisiones obligatorias para las autoridades públicas.

Pero la misma Constitución le dio al Estado central, en cabeza del presidente, la propiedad y la potestad de regular el uso de los recursos mineros. De ahí que el Gobierno argumente que ni los habitantes de los municipios, ni los alcaldes o gobernadores, pueden vetar la minería en sus territorios.

Aunque el tema es complejo y será dirimido por el Consejo de Estado, la posición del Gobierno no tiene fundamento jurídico sólido. Primero, porque desconocer la votación popular dejaría sin efectos la participación de los ciudadanos “en los asuntos que los afectan” (art. 2 de la Constitución). Si pueden votar por la remoción de un mal alcalde, ¿cómo no podrían hacerlo sobre un proyecto minero que tendría consecuencias aún más profundas y permanentes sobre su salud, su futuro económico y su permanencia en sus tierras y viviendas?

Segundo, el Código Minero de 2001 (art. 35) les permite a las autoridades municipales limitar las actividades mineras en su territorio. Aunque el Código habla de “restringir” en lugar de “prohibir”, deja un margen de apreciación a los alcaldes que puede ser utilizado para atender la voluntad popular en casos como el de Piedras, o para cerrar las canteras en Bogotá, como lo quiere hacer la Alcaldía. Por eso mismo, el decreto reciente del Gobierno podría ser ilegal.

Los argumentos políticos dan una respuesta más contundente. Porque las consultas son el mecanismo ideal para canalizar pacífica y democráticamente las inquietudes y reclamos locales, y ofrecen una alternativa institucional a los bloqueos y vías de hecho. Además, no hay proyecto minero que tenga éxito si las comunidades locales se oponen, como lo saben bien las empresas. De hecho, las consultas han detenido otros proyectos auríferos aun en países donde no son obligatorias, como pasó en la mina de Esquel en Argentina o en la de Cajamarca en Perú.

Por eso yerra el Gobierno al criticar las consultas populares (y las consultas previas con indígenas y afros) con tanta acrimonia como lo hace con los paros. En lugar de ello, debería reconocerlas y ordenarlas con reglas de juego claras. Y dejar de lanzar acusaciones infundadas de corrupción y sabotaje contra sus promotores.

Paros y vaselina

El Espectador
Reinaldo Spitaletta
19 de agosto de 2013

El caso es que los tratados de libre comercio, las aperturas económicas y, en general, todo el modelo neoliberal, no nos lo “metieron con vaselina”. 

Al contrario, sucedió a punta de represiones, despidos masivos, venta de empresas estatales, adecuación de las leyes para el efecto, marchitamiento de empresas nacionales, el montaje de la salud pública como negocio de unos cuantos grupúsculos económicos, y así, una interminable sucesión de desmanes y atentados oficiales contra el país y el pueblo.

Aquel imaginario que algún ex presidente llamaba con lloriqueo impostado “la patria”, lo vendieron al mejor postor los alumnos criollos de una doctrina económica y del Consenso de Washington, acólitos del Banco Mundial y aficionados a abrirse de patas para que el Fondo Monetario y otros organismos se los “metieran sin vaselina” (¡ay!, el procurador), y todo ese cúmulo de transacciones y entregas, son las que tienen hoy postrados el agro, la industria, la caficultura. Ah, bueno, la coca todavía no. O eso parece.

¿Por qué otra vez incluso enfrentando la represión gubernamental vuelven los paros agrarios, mineros, de transportadores? ¿Cuáles son las razones para que, de nuevo, indígenas, campesinos, mineros empresariales y artesanales, cultivadores de cacao, caficultores, paperos, arroceros (si es que todavía hay) sean la expresión de los indignados de Colombia? ¿Por qué se instalan con sus pancartas y gritos en carreteras y caminos, y marchan por calles con su voz de protesta?

¿Acaso, como se quiere hacer creer desde la óptica del gobierno, son idiotas útiles, títeres y marionetas manipulados por paramilitares, guerrilleros y gamonales? Es fama que las protestas de la gente han sido satanizadas desde hace años, en especial desde los tiempos autoritarios del pasado presidente cuando cualquiera que se atreviera a levantar la voz por tantas tropelías oficiales era catalogado de terrorista. 

La quiebra, por ejemplo, del agro nacional hunde sus raíces en los días oscuros (no solo por el apagón) del gobierno de Gaviria y su apertura económica. Recordemos cómo fue nuestro ingreso al “futuro”: con el libre comercio se golpeó a los productores colombianos y desde entonces desaparecieron el sorgo, el trigo, la cebada, y se fueron extinguiendo el algodón, el arroz, el maíz, mientras se abrían las compuertas para el ingreso masivo de esos y de otros productos.

Y si ya la industria (por ejemplo la textilera) había sufrido golpes bajos desde los días de López Michelsen, el mismo que quería hacer de Colombia, con su típica demagogia, el “Japón de Suramérica”; estos barberazos de enano propinados por el neoliberalismo desindustrializaron el país, al tiempo que lo inundaban de café y azúcar importados. Entonces, los mismos que hoy están en paro, advertían que los tratados de libre comercio contra el arroz, los lácteos, los cárnicos, los sumiría en la ruina. ¿Qué hacer?, se preguntaban.  ¿Arrodillarse ante el gobierno y permitir el atropello?

A la apertura prostibularia, se le sumaron factores como la revaluación, los altos costos del crédito, el alza de tarifas de electricidad, gasolina y de insumos varios; sin contar con los subsidios extranjeros o la carencia de vías adecuadas en Colombia. Y entonces, volvían a decir los afectados: ¿Qué hacer? ¿Aplaudir el incumplimiento de las promesas oficiales sobre subsidios y otros rubros? ¿Aceptar como bueyes los insultos de altos funcionarios? 

Y mientras al presidente Santos se le hace agua la boca con la “locomotora minera”, su política en pro de las transnacionales (parecen tener buena cantidad de vaselina) difama a los pequeños y medianos mineros informales, a los que les pone el marbete de criminales. Contra éstos aparece la mano dura, la persecución, el hostigamiento, al tiempo que con las compañías extranjeras es pura amabilidad y rodilla en tierra.

Los cafeteros se quejan, entre otros aspectos, del incumplimiento en la reprogramación de deudas bancarias, pago de subsidios a la protección del caficultor; los paperos, cebolleros, cacaoteros, y los productores de arroz, panela y de maíz, están inconformes porque les han negado lo pactado en las negociaciones con el gobierno y porque éste no ha convocado las mesas para conversar acerca de precios de agroinsumos, combustibles, fertilizantes y sobre importaciones.

Estos paros, la manifestación de los indignados contra las políticas oficiales antinacionales, tienen su origen en un modelo económico que ha producido miserias y desgracias a granel a la mayoría. Ah, y en la imposición del modelito se ha usado más bala que vaselina.

 

El paro nacional toma forma

 

Presidente del Senado propone congelar precio del acpm para negociar con transportadores

El Espectador
20 de agosto de 2013

En Boyacá, Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo se presentaron las mayores concentraciones.

En Pipiral (Meta), miles de campesinos acampan cerca a la vía que de Villavicencio conduce a Bogotá. / Nelson Sierra - El Espectador

A diferencia del lunes festivo, las manifestaciones de cafeteros, lecheros, paperos, camioneros, mineros y centrales obreras se sintieron con más fuerza durante la jornada de ayer, no sólo en las capitales, sino en las zonas rurales. En departamentos como Boyacá, Cauca, Arauca, Nariño y Putumayo las autoridades reportaron la existencia de más de 75 concentraciones y de 15 cierres viales. Algunos de estos bloqueos desembocaron en choques con la Fuerza Pública.

A estas movilizaciones, que el presidente Juan Manuel Santos evaluó ayer en la tarde con su gabinete ministerial —que al cierre de esta edición continuaba reunido—, se suman la parálisis laboral de 10.000 trabajadores de la minera Drummond, la cual completa casi un mes, y la intención de campesinos del Catatumbo de volcarse a las vías para respaldar el paro nacional de carácter indefinido.

Frente a las manifestaciones de los trabajadores de la salud pública en varias ciudades del país, el Gobierno reiteró que no se pueden paralizar los servicios y advirtió que inspectores laborales constatarán los ceses de actividades. Con respecto a la parálisis agrícola, el Ejecutivo recalcó de nuevo que los compromisos con los productores se han cumplido y que la chequera estatal no es ilimitada. En lo corrido del año, este sector ha recibido subsidios que superan $1 billón.

Durante el desarrollo de las protestas, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Domingo Tovar, manifestó que “esta semana será de marcha permanente. Ya no es una pelea por el salario sino por la salud, la educación y la recuperación del campo. Se dice que el Gobierno es democrático, pero reprime”.

Según el presidente de la CUT, las marchas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga estuvieron marcadas por la presencia de las centrales obreras, confederaciones de pensionados, la Marcha Patriótica y representantes de los estudiantes. Por ejemplo, en Cali marcharon trabajadores de la salud y del Sena; en Pereira, representantes universitarios; en Popayán, marchantes que apoyan el paro agrario, y en Manizales, camioneros y agricultores.

En el caso de Medellín, en el sector de La Alpujarra, se hicieron presentes cientos de cafeteros provenientes de municipios como Bolombolo y La Pintada. A ellos se sumaron más de 1.000 pequeños mineros del Bajo Cauca antioqueño y camioneros agremiados en la Asociación de Transportadores de Carga (ATC). Entre tanto, en el municipio de Segovia (Antioquia) se registraron algunos incidentes que terminaron en choques con la Policía.

Boyacá fue durante el segundo día de paro uno de los epicentros más fuertes de las protestas, las cuales bloquearon el paso en varios puntos de la carretera que de Tunja va hacia Villa de Leyva. En ese punto se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública. Por otro lado, sobre la vía que une a Bogotá y Tunja se registraron algunos disturbios que dejaron una decena de capturas. En vista de la situación, las empresas de transporte público que prestan el servicio en esa ruta suspendieron actividades y denunciaron que cerca de 20 buses fueron atacados con piedras en los puntos de las concentraciones.

Según César Pachón, representante del Movimiento por la Dignidad Papera, la Fuerza Pública abusó de sus facultades al agredir a los campesinos en puntos de concentración de Boyacá como Ventaquemada, Tierranegra y Villapinzón. “Somos campesinos. Que no nos confundan. Hubo agresiones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a la salida de Tunja e invadieron propiedad privada”.

Entre tanto, los manifestantes trataron de bloquear la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán. En ese punto también hubo choques con el Esmad. En Campo de la Cruz (Atlántico), quienes estaban en el lugar de la concentración taponaron la vía durante la mañana. En horas de la tarde, las autoridades retomaron el control.

“Hemos tenido que intervenir en algunos eventos para evitar que se desborden las manifestaciones. Se han registrado 46 capturas, entre las que se encuentran tres menores de edad. Además se han inmovilizado 80 vehículos que venían hacia las concentraciones, ya que ponían en riesgo la integridad de los pasajeros. También se reportaron 56 policías heridos”, informó el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional.

Para poder negociar con los transportadores que cesaron sus actividades, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, propuso que el precio del acpm se congele hasta que se termine el año y aseguró que esta sería una buena alternativa para que se reduzca el impacto que tienen los costos del combustible en otros sectores de la economía, como el agro.

Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes

El Espectador
Aurelio Suárez Montoya
19 de agosto de 2013

Cuando Salvador Camacho Roldán fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “pudiera llegar a dudarse que la agricultura actual sea superior a la de los muiscas”. 

El agro colombiano depende de proveedores internacionales de insumos como Rusia, Venezuela, Holanda, Estados Unidos, Canadá y Alemania. / Archivo

Se carecía aquí de culturas agrícolas, mientras en Europa y Estados Unidos ya se utilizaban equipos para el manejo de subsuelos, abonos orgánicos, rotación de cosechas, drenajes, riego y selección de razas.

Desde 1950, con la Revolución Verde, Colombia se tornó en gran demandante de insumos químicos a partir de los fertilizantes, teniendo en cuenta que el 80% de nuestros suelos son ácidos. En 1984, 30 años después, el consumo de fertilizantes pasó de 20.000 toneladas al año a 754.000, 37 veces más, y de ahí a 2010 se ha duplicado hasta llegar a un millón y medio. Para 1974 Colombia ya era el primer consumidor de agroquímicos de América Latina.

Con los años no ha cambiado. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de 2012, afirma que Colombia aplica 521 kilos por hectárea, mientras que en América Latina el promedio de aplicaciones de fertilizantes es de 148; en Asia, 85; en el norte de África, 157, y en el África subsahariana, 10.

El Banco Mundial ubica a Colombia, luego de China y Malasia y de algunos países con superficies desérticas o insulares, como uno de los primeros en la aplicación de fertilizantes, con 499 kilos por hectárea de tierra cultivable en promedio entre 2008 y 2012.

Este récord va con otro: el de los altos precios. Los precios mayoristas de insumos como urea, fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio (KCl) oscilan, aproximadamente, entre 25% y 35% por encima del precio internacional, y los minoristas, en el mejor de los casos, se ubican en un 15% más del mayorista, cerca de 45% sobre el precio internacional.

Hay incluso sitios donde el recargo es del 50% o más con respecto al precio al por mayor, acercándose a 80% sobre el precio internacional. Estos datos revelan que tanto el eslabón importador-comercializador como el comercializador-consumidor escapan a una estricta vigilancia.

¿Es posible tener competitividad así? En cultivos transitorios, como arroz, algodón, sorgo, papa y maíz blanco, los fertilizantes participan con un porcentaje que abarca entre el 20% y el 30% de los costos de producción, acorde con el tipo de tecnología, y en los permanentes, como café, cacao, palma y caña panelera, van desde el 15% hasta el 30% (Documento Conpes 3577).

Comparado con los principales competidores, como la papa en Perú, entre un 4% y 7% más; entre el 5% y 10% por encima del café en Brasil, y el 10% o un porcentaje mayor respecto al arroz de Estados Unidos.

Cuando se mira la proporción, de 2006 a junio de 2013, entre el Índice de Precios al Productor y el Índice del Consumidor, puede verse un traslado de valor del primero al segundo o a eslabones de la cadena de distribución. Es decir, los agricultores, cuando venden sus productos, no recuperan totalmente los gastos de su canasta de insumos, incluidos combustibles y mano de obra.

Hay concentración de mercado. En 2010, cuatro empresas, varias de ellas encadenadas en torno a Monómeros Colombo-Venezolanos, produjeron y vendieron al por mayor más del 80% de cerca de 1’600.000 toneladas de fertilizantes, y tres fueron responsables del 90% de un total de 822.000 toneladas importadas, principalmente fuentes de nitrógeno, potasio y fósforo para elaborar mezclas físicas o complejos químicos con otros elementos.

Somos dependientes de proveedores internacionales como Rusia, Venezuela, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Los fertilizantes en el mundo se han encarecido. Su comportamiento como commodities, la concentración geográfica de sus orígenes como oligopolios, su ligazón con el precio de los alimentos y el reflejo del aumento de la cotización del petróleo y el gas han llevado el índice mundial de precios de 100 en 2005 a 217,53 en julio de 2013, y todo indica que no volverá a valores de antes de 2008.

Colombia, como importador neto, está en el peor de los mundos. Además de los impactos mencionados del mercado global y de la estructura oligopólica, hay, por exceso en la aplicación, uso ineficiente e insostenible de los fertilizantes, a tal extremo que “el 70% de las aplicaciones de nitrógeno y el 75% del fósforo se pierdan al fijarse en el suelo” (Conpes 3577).

Si se agregan los elevados costos de distribución interna, se devela, al final, el fracaso de la política de precios de “libertad vigilada”, fijada por el Gobierno mediante la resolución 387 de diciembre de 2011.

En la encrucijada en que está, la agricultura colombiana corre el riesgo de ser inviable y el costo de los insumos es factor agravante. De no corregirse a fondo la política pública correspondiente, con intervención efectiva en el mercado e incentivos adecuados, seremos “campeones mundiales” en precios y costos, tal como pasa con los medicamentos.

Paro nacional

Editorial El Espectador
17 de agosto de 2013

Para mañana se ha convocado un paro multitudinario en el que saldrán a protestar varios sectores productivos de la economía nacional.

Es obvio que la protesta social, en este capítulo de la historia, tiene una causa que va mucho más allá de las infiltraciones de las que a veces se acusa a estas movilizaciones: es el malestar. La sensación de abandono. El día a día adverso por el que culpan al Estado.

El paro será multitudinario, sí, pero también será compartimentado. Saldrán los camioneros y los ganaderos y los cafeteros y los campesinos y los trabajadores de la salud y los mineros... En fin. Cada cual por lo suyo. Paralizarán (por supuesto, por más que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, diga que tiene advertidas a las autoridades para que esto no pase) las vías, y también los hospitales públicos.

No sólo están compartimentadas las protestas, ya que cada sector está pidiendo un país particular que le responda, sino que están divididos los mismos gremios: cafeteros y ganaderos, por ejemplo.

Pese a eso, pese a ese desorden de fondo, el vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros, Ricardo Virviescas, dice que sus afiliados pararán donde trabajan a diario. 

Dignidad Cafetera, por su parte, que se ha reunido con el Gobierno varias veces (ya fue acordado un subsidio al sector cafetero la semana pasada), ha mantenido su orden de paro. Esto es un problema, pero puede ser visto también como una señal: tal vez, mejor organizados, los gremios podrían adelantar mecanismos de presión y propuestas muchísimo más específicas para que el Gobierno actúe en consecuencia, de manera global y no caso por caso. “Se requiere pasar de la fragmentación a la articulación”, decía ayer en estas páginas Luis Sandoval. La razón le asiste.
 
Devolvámonos al presente, sin embargo. El síntoma de todo esto es el paro. ¿Pero la enfermedad? ¿Qué es, más allá del malestar generalizado, lo que anima a estos sectores a salir y parar el país? ¿Qué piden? Muchas cosas, muy distintas todas, que sería inviable mencionar en este espacio: que el precio de la gasolina, que la falta de subsidios en el campo, que la desprotección del sector salud. En fin.

Pueden ser quejas válidas pero, hemos insistido, un gobierno no puede darse el lujo de atender caso por caso. Mal haría. Es más: ese es, tal vez, el peor ejemplo de cómo se adelantan políticas públicas serias. Y el Gobierno lo sabe: hace apenas unos meses, ante la presión cafetera, cedió y otorgó un subsidio. Dio, ya en términos más prosaicos, una pastilla para aliviar el dolor. Pero no un tratamiento para la enfermedad. Y ahí tiene: pararán otra vez, insatisfechos.

Que no crea el presidente Santos, sin embargo, que aquí no hay un problema de fondo. Esto no es un capricho para dejar a un costado. En últimas, aquí está reflejado uno de los grandes obstáculos que acosan a su Gobierno: la desconexión con las realidades locales, a pesar de la buena concepción teórica. El Gobierno no ha sabido plantear propuestas que alivien las problemáticas que acosan prácticamente a todos los sectores de la economía.

Es hora, pues, de atender estas realidades de manera diferente. De conformar comisiones con académicos, con sabedores locales, con representantes de lo particular, para llegar, por fin, a una solución no sólo racional (como las planteadas), sino también razonable, práctica dentro de los contextos particulares; en pocas palabras, realizable.

Algo sí hay que dejar claro para ambos actores: nada se solucionará en un día. Si se quiere llegar a un acuerdo para arreglar los problemas, hay que sentarse a discutir las cosas. El paro llama la atención. Pero ¿y luego? ¿Hay algo que pueda discutirse como insumo de una política pública? A eso hay que llegar. 

Tener una semilla es un delito: la nueva dictadura alimentaria

El Espectador
Por: Dharmadeva
12 de agosto de 2013

Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho.

Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los precios que quieran.

Nuestros dirigentes, ciegos codiciosos, optaron por proteger una docena de semillas extranjeras genéticamente modificadas antes que proteger el patrimonio de miles de semillas que habían sido descubiertas o adaptadas y amadas por siglos en América. Y nunca les contaron a los campesinos que esto les sucedería a menos de un año de la firma del TLC, ni los prepararon para la catástrofe.

Y después pretendemos que haya paz en un país que deja a sus cultivadores en la inopia. Un exembajador con rabo de paja se atreve a decir que «Hay actores que sueñan con una Colombia sujeta a un modelo económico arcaico que impondría restricciones que limitarían severamente el desarrollo agropecuario». Ese modelo “arcaico”, sin embargo, ha logrado en la historia de la agricultura cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont. Con estas simientes y sus inseparables agrotóxicos, quisieran sembrar sus tierras de la altillanura, como le está pasando a la «República Unida de la Soja» en el Cono Sur. Nunca la humanidad había arrojado al agua y a las tierras tantos venenos juntos, ni deforestado así las selvas en nombre del “desarrollo agropecuario”.

Y esta sacrílega manera de patentar la vida se escuda en la mentira que nos venden de la seguridad alimentaria. Los medios se encargan de seguir diciendo que las nuevas semillas «mejoradas» dan más rendimiento y podrán alimentar a la creciente población del mundo. Pero estudiando la revolución verde vemos que la aseveración es falsa y hay granjas de agroecología que demuestran que rinden más las semillas colectivas logradas a pulso por los conocedores de la tierra y sus frutos en milenios de trabajo con la tierra, que las semillas privadas de los nuevos dictadores. ¡Hay que pelear de nuevo por las semillas libres!

El documental 970 relata la historia de un grupo de campesinos a los que el Gobierno de Colombia le incautó y destruyó 70 toneladas de arroz. En defensa de los intereses de empresas trasnacionales en el marco de Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos

Rock Catatumbo

700 jóvenes se solidarizan con el campesinado del Catatumbo en Cúcuta 

Políticas agrarias: entre disturbios campesinos y concentración de tierras

Miguel Fernando Mejía*
Razón Pública
4 de agosto de 2013

La ley prevé tanto Zonas de Reserva Campesina como Zonas de Desarrollo Empresarial.  Es un modelo dual de desarrollo agrario, que de no encontrar orden, nos llevara a crisis más profundas y guerras de mayor duración.

Foto: David KaHeLLo

Problema sin resolver

Hoy recobra vigencia la mirada del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda sobre la cuestión agraria en Colombia. En un texto de 1975 describe con lucidez el ciclo de un problema no resuelto, que resurge cada década:

“Las concesiones de baldios han ocupado una gran porción del territorio nacional, especialmente en áreas estratégicas suceptibles de rápido desarrollo económico… Muchas veces sus dueños — ausentistas todos — simplemente han esperado varias décadas dejando que las tierras se “engorden”, sea porque por allí se construya un camino, o porque los verdaderos campesinos, como se ha dicho, empiecen a civilizarlas.  Luego los llamados “dueños” las venden o se apropian de ellas, haciendo arreglos de explotación con los colonos (a veces llamados “arrendatarios”) mediante los cuales estos entregan los lotes convertidos en pastizales o cafetales para seguir a otros enmontados, en cadena interminable”[1].

Las protestas campesinas que se multiplican por el territorio confirman que, en efecto, el problema agrario sigue sin resolver.

Desde otra perspectiva se ha encendido el debate sobre la concentración indebida de la propiedad sobre baldios de la Nación, cuya denuncia provocó la caída del embajador colombiano en Washington.

Dos caras de la misma moneda.

Modelo dual

Foto: Agencia Prensa Rural

El modelo dual de desarrollo agrario se basa en la coexistencia de economías campesinas y economías de escala agro–empresarial. Este es uno de los temas que se discuten en La Habana, lo cual indica que la paz pasa por asumir el problema con toda seriedad.

Pero mientras avanza el entendimiento en la mesa de conversaciones, en los hechos sigue creciendo la brecha entre la inconformidad de los campesinos y la voracidad del sector agroempresarial.

Para los campesinos, se trata de reproducir las condiciones de su propia existencia. Para los empresarios, se trata de garantizar el principio de la acumulación de capital. Pero unos y otros pretenden lograr sus objetivos sobre una misma base: la posesión de la tierra.

La legislacion agraria ampara el modelo dual de desarrollo rural:

· De un lado busca fortalecer la economía campesina, que participa de manera vital en la producción agroalimentaria del país.

· Del otro lado pretende garantizar las condiciones para establecer sistemas de producción de mayor escala, que presumiblemente han de ser fuentes de inversión y de empleo sostenibles. 

La eficiencia de ambos modos de producción — campesino y agro–empresarial — también ha sido materia de debates académicos en los últimos tiempos:

· Los sistemas de producción campesina demuestran su eficiencia en términos de productividad y de creación de valor ecológico y sociocultural, pero no reciben suficientes subsidios por parte del Estado colombiano.

· Los proyectos de escala agro–empresarial han sido criticados por su impacto ambiental y su precaria inversión social, en comparación con la elevada tasa de ganancias. Y sin embargo reciben los mayores subsidios del Estado. 

Zonas de Reserva Campesina 

Foto: Camilo Ortíz

Según la legislación colombiana, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son áreas de estabilización de la frontera agraria y de fortalecimiento de economías campesinas,  que deberían remediar las causas de los conflictos sociales y crear condiciones para la paz y la justicia social.

Las ZRC resultaron de la movilización de campesinos y colonos cocaleros en un proceso de concertación que quedó consagrado en la ley 160 de 1994 (denominada “de reforma agraria y desarrollo rural campesino”) y fue reglamentada, en el capitulo de ZRC, por el decreto 1777 de 1996.

Desde entonces y hasta 2002, se constituyeron seis ZRC, ubicadas en sitios agroecológicos estratégicos e inmersos en regiones de reciente colonización.

Esta circunstancia hizo que la figura de las ZRC-junto con las organizaciones que las promueven- fueran estigmatizadas por estar en áreas donde el conflicto armado ha tenido especial intensidad, y así quedaron en descrédito y abandono por parte del gobierno nacional durante los ocho años del gobierno de la Seguridad Democrática.  

En 2010, la movilización campesina en el marco del primer encuentro de ZRC volvió a poner esta figura en el debate político y agrario del país, al producirse dos hechos importantes:

· de un lado, el proceso de reorganización campesina en torno a la reivindicación de la reforma agraria, retomando el logro que había significado la creación legal de las ZRC. 

· De otro lado, el anuncio de un nuevo compromiso del gobierno — por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — de retomar y dar impulso a esta política, para lo cual se planteó la “reactivación” de las ZRC existentes, así como la constitución y delimitación de más zonas a lo largo del país.

Fuente: González Posso, Camilo: “Las Zonas de Reserva Campesina ya existen”, Marzo de 2013, Incoder.

El desarrollo de las ZRC como política pública ha estado determinado por distintos factores:

· La presión del movimiento campesino;

· La capacidad de autogestión de las organizaciones campesinas;

· La falta de voluntad política y el precario cumplimento de los gobiernos frente a los campesinos amparados bajo esta figura, lo cual de paso ha impulsado iniciativas legítimas, como las ZRC que existen en el Cauca. Y quizas como lo llegue a ser la ZRC del Catatumbo; si los accuerdos anunciados no se  cumplen.

Zonas de Desarrollo Empresarial

Las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) tambien quedaron establecidas en la ley 160 de 1994. No obstante, las empresas especializadas del sector agropecuario — para quienes se prevé esta figura — no han demostrado interés porque sea reglamentada.

Su puesta en marcha también se ha visto frenada por restricciones de orden juridico y social. La Constitución otorga prioridad a los trabajadores del campo como sujetos de la reforma agraria para el acceso progresivo a la tierra.  También la dinámica de poblamiento y de ocupación territorial ha llevado a que la mayor parte de los baldios — probablemente todos — ya tengan ocupantes hoy.  Una condición  crucial para que las ZDE resulten viables es la existencia de terrenos baldios sin ocupantes.

En varias ocasiones se ha intentado “perfeccionar” los artículos de la ley 160 que definen el alcance de las ZDE, con el propósito de permitir la acumulación de baldios de la Nación.  El caso más reciente fue lo previsto en el articulo 62 del Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 (ley 1450 de 2011) mediante los denominados Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Forestal (PEDAF), artículo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

El nulo desarrollo del marco legal de las ZDE no ha impedido que se establezcan proyectos de carácter agro–empresarial en el país. En algunos casos se han utilizado estrategias de acaparamiento y de concentración de tierras mediante sofisticados artificios jurìdicos  — como los casos de Riopaila y de Mónica Semillas, en Vichada, entre otros —, pero en muchos otros casos se ha utilizado el  despojo violento sin escrúpulos: casos de Curbaradó y Jiguamiandó, Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá, la Fazenda en Meta o Bellacruz en Cesar, entre otros. 

Falta voluntad política

Resulta paradójico el contraste entre un marco normativo que prevé un modelo dual y el modelo señorial de producción, herencia colonial vigente que impide reconocer efectivamente a quienes reclaman sus derechos.

En la actual coyuntura agraria del país, mientras los diseñadores de políticas públicas buscan fórmulas para “sanear” la concentración ilegal de las tierras de la Nación en concertación y consulta con quienes las promueven, de otra parte, malabaristas políticos intentan “conjurar” los paros agrarios y la inconformidad legítima de los campesinos.

Las dos figuras previstas en la ley deben contribuir al ordenamiento social y ambiental de la propiedad rural, así como al cumplimiento de la función social y ecológica que tiene la tierra, según la Constitución.

La conformación de Zonas de Reserva Campesina y de Zonas de Desarrollo Empresarial debe corresponder a un ordenamiento social, ambiental y productivo de la propiedad rural, basado en el equilibrio de la distribución de la tierra, la regulación de sus usos y el apoyo a los más desfavorecidos.

Un país que necesita la paz, paz que pasa por resolver el problema agrario, no puede persistir en el desconocimiento de los derechos de los desposeídos y en legitimar las ilegalidades de los acumuladores.

Un asunto de voluntad política.

*Ingeniero Agrónomo. MgS en Antropolología. Candidato a doctor en Agroecología. Universidad Nacional.

[1] Fals, Orlando: “Historia de la Cuestión Agraria en Colombia”. Bogotá, Publicaciones de la Rosca, 1975.