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jueves, 27 de junio de 2013

roban la Custodia de Barichara



Vanguardia Liberal
Por Nancy Acuña Rodríguez
27 de junio de 2013


Nancy Acuña R. /VANGUARDIA LIBERAL
Al momento del hurto la iglesia estaba abierta, tal como se acostumbra, para los fieles que frecuentemente acuden a adorar al Santísimo.
(Foto: Nancy Acuña R. /VANGUARDIA LIBERAL)


El pasado martes 25 de junio, hacia la 1:40 de la tarde se produjo el hurto de la custodia con el Santísimo, de la Iglesia Catedral Inmaculada Concepción, del municipio de Barichara, lugar donde se acostumbra a tener el Santísimo expuesto durante todo el día.

Para el párroco Cecilio Alfonso Prada este hecho le preocupa, pero además lo entristece no por el robo en sí, sino por la profanación, el sacrilegio cometido a la Casa de Dios.

“Hace mes y medio, en una reunión con los ministros de la Eucaristía les había propuesto que los martes, que no hay atención al público, cerramos la capilla con llave, pero algunos no estuvieron de acuerdo y ahora tenemos las consecuencias”.

Aclaró que se tienen establecidos unos turnos para la adoración al Santísimo pero es entendible que no todos tiene el tiempo o se les olvida y en ese momento estaba solo.

Se dio aviso a la Estación de Policía, se establecieron operativos de requisas a los vehículos que salían hacia San Gil.

Personal de la Sijín se encuentra en labores de investigación y entrevistas para dar con el paradero del responsable de este hecho.

Ante este y otros hechos ocurridos en años anteriores se tiene la cotización de cámaras de seguridad pero hay que recaudar los fondos para ello, sostiene el sacerdote Alfonso Prada.

Por último, hace una invitación a la comunidad. “En medio de todo esto nos sintamos más comprometidos y más solidarios y tener esa conciencia de pertenencia para que no sucedan estos lamentables hechos”.

jueves, 20 de junio de 2013

¿Es la tierra de quien se la roba?


Cristo García Tapia
El Espectador
19 de junio de 2013

Al parecer SI.

Y si las tierras son del Estado, quién dijo miedo. Nada de devolverlas a su legítimo y perpetuo dueño, el Estado. Ni pagarlas. Ni proceder legalmente a su uso y usufructo. Simplemente, aclimatarse en ellas y “legitimar” el robo.

Que, según lo dicho, averiguado y comprobado por investigadores, expertos y hasta por el propio ministro de Agricultura, es cuanto ha ocurrido con las que “compró” Riopaila en el sur de Colombia. En el profundo sur.

Un robo consentido y consensuado, porque fue el Estado, la institucionalidad, los que permitieron el robo; fueron ciegos y sordos con el despojo, apoyaron con subsidios y apalancamiento de los bancos privados los proyectos agroindustriales que actualmente se adelantan en los baldíos, zonas de reservas campesinas, reservas forestales, entre otras tierras de la nación.

Por tal y cuando por conveniencia política, estrategia electoral o interés mediático para puntuar en las encuestas, hay que armar una escandola para derivar el correspondiente rédito, son el Gobierno, la institucionalidad y el Estado, los que vuelven a montar el caballito del despojo y robo de tierras por personas y organizaciones cuya preponderancia, económica o armada, les da el suficiente músculo para “legalizar” la ilegalidad cohonestada.

Basta comprobar cuanto tiempo ha transcurrido desde cuando Riopaila, Sarmiento Angulo, Santodomingo, Eder, Lievano y otros, compraron, despojaron, robaron o alquilaron los baldíos nacionales, las zonas de reservas campesinas, los parques y reservas naturales de la nación, para darse cuenta de que, entre ese momento y el desarrollo de los emprendimientos agroindustriales en esos territorios asentados, nada hizo el Estado, la institucionalidad y el Gobierno por evitar que se consumara la ilegalidad.

Y eso que vieron, supieron, comprobaron y apoyaron, unos y otra, cuanto ahí se cometía y acometía, igual que aconteció con las Islas del Rosario en su momento. 

Claro, para entonces no había reelección ni los desastres en la política exterior y la exacerbada y galopante corrupción había que taparlas con “golpes de opinión” como el que ahora se procura con el robo y despojo de tierras, de cuya existencia saben los colombianos desde la protohistoria.

Y no es que haya que desconocer ese crimen ni pasar por alto la pena que debe imponerse a los perpetradores del mismo. No. Cuanto hay que denunciar con igual valor es la negligencia, el dolo, la permisividad, con la cual actúan Estado, Gobierno e institucionalidad, en la comisión de tan execrable delito.
Y del aprovechamiento inmoral que hacen del mismo cuando conviene a intereses políticos que se sobreponen al del procomún, la Justicia y el Derecho.

En cuanto al  “modelo de desarrollo rural que conviene a Colombia” y  por el cual pregunta Semana, con Perogrullo hay que asentir que el de la modernidad burguesa: tierra, capital, ciencia y tecnología y mercados.

Eso sí, garantizando al campesinado iguales insumos, además de las zonas de reservas campesinas establecidas y las que se requieran conforme lo demanden sus necesidades debidamente cuantificadas y su modelo de organización autonómica.

Dentro de las relaciones de producción burguesa imperantes no hay otro.

Ni siquiera el de las FARC-EP.

Poeta

@CristoGarciaTap

elversionista@yahoo.es