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lunes, 17 de marzo de 2014

“Pobre país rico”, si no reacciona


La indignación en las calles de Colombia y en las redes no puede resultar tan incoherente en las urnas. O votamos bien, o nos gobernarán mal.


Diana Calderón
El País
16 de marzo de 2014

El proceso electoral que se vivió hace ocho días en Colombia podría leerse como el más importante en muchos años. Los comicios dejaron conformado un Congreso que tiene las mayores responsabilidades en la reglamentación del marco jurídico para la paz -de llegar a firmarse en La Habana un acuerdo con las FARC-, la reformulación de la política y sus instrumentos de participación, la reforma a la salud, la de la justicia -que se corrompió- y todo lo que se convenga en materia de tierras, modelo económico, lucha contra los cultivos ilícitos y el negocio de la droga.

Este Congreso, que debería enorgullecernos por la diversidad de sus integrantes y la experiencia de otros, nos avergüenza en muchos casos por razones de forma pero, sobre todo, de fondo.

Quedó conformado por un expresidente -Alvaro Uribe- que por su liderazgo caudillista llegó al Congreso llevando de la mano a 18 senadores más del Centro Democrático. Se trata del 20 por ciento del Senado que representa esa otra forma de concebir el poder y su ejercicio de la política, y que reclama la recuperación de una Colombia segura. También está compuesto por un Partido Conservador que, si bien dividido, logró imponerse a las encuestas que lo daban casi extinto. La composición la completa el Partido de Gobierno -La U- que tiene en sus huestes a varios de los más cuestionados políticos colombianos y unos liberales que reclaman el triunfo aritmético sobre el político. Además, un minoritario Polo de izquierda, cuyo líder -un dogmático y coherente senador- repite con una de las votaciones más altas del país.

En ese mismo Congreso, esta vez creció la cuota femenina -mujeres valientes y libertarias- entraron los indígenas y unos negros no tan negros que usan los espacios de organizaciones electorales para las minorías cuando los rechazan en otros partidos.

Hasta ahí, todo parece más o menos lo esperable. Pero el mismo Centro Democrático de Alvaro Uribe le dijo al país que las 19 curules logradas son buenas, pero que le faltaron dos y por lo tanto, asegura que hubo fraude. Los ganadores en el Gobierno, los del partido de La U, que obtuvieron las dos curules que reclama el CD, son senadores acusados del más descarado clientelismo para mantener sus privilegios legislativos.

Algunos blancos se inscribieron en el Partido del Ébano para meterse en las curules que, desde la Constitución del 91, se le reconocen a los afrodescendientes. Lo hacen para seguir marginando poblaciones enteras porque en la miseria de esas vulnerabilidades tienen la fuente de su negocio. No hay más mirar el registro de sus propiedades.

Y en cada uno de los partidos de la Unidad Nacional -La U, Cambio Radical, Conservadores y Liberales- los herederos de las estructuras paramilitares lograron sus curules para seguir ensuciando de sangre regiones enteras como lo hicieron en el pasado.

Ese Congreso que elegimos, con variadas excepciones, no está preocupado por reducir la burocracia ni hacer más efectivo el funcionamiento del Estado. Tampoco por las crisis de nuestras sociedades sumidas en procesos de indignación juvenil y desesperanza colectiva porque no funcionan los sistemas de transporte o porque la educación resulta costosa a pesar de los indicadores que nos ubican como la tercera economía de América y en donde petroleras y bancos generan utilidades casi a diario. Un "pobre país rico”

Y, a pesar de que es el momento para la reflexión que permita encontrar salidas, el sesgo y la polarización imposibilita el equilibrio y el debate. Cualquier intento por llamar las cosas por su nombre y recordarle a quienes -en la aurora del poder- hicieron las mismas trampas que hoy denuncian, es considerado por ellos como activismo de oposición. Las noticias se publican a medias para calmar la conciencia que calla, las venganzas se sirven a la carta y las críticas vuelven a quienes las hacen enemigos de turno.

Por otro lado, las realidades de Bogotá tendrán efectos políticos nacionales. La capital espera estos días una definición sobre el futuro de su alcalde, destituido por faltas disciplinarias al haber cambiado el esquema de recolección de basuras. La decisión está pendiente de amparos en instancias judiciales superiores e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, por otro lado, tiene pendiente para abril una votación popular de revocatoria del mandato, que se vuelve una apuesta para los políticos. Unos se muestran a favor de Petro –“¡Petro no se va!”- y otros se suman al “¡Chao Petro!”, polarizando el ambiente en Bogotá y contaminando la elección presidencial. Difícilmente esa campaña podrá sacudirse del efecto de una crisis sin precedentes en la capital que estallará como muy tarde en abril.

La única salida -porque tiene que existir una- parece buscar ese punto que nos devuelva al equilibrio y encontrar un consenso nacional, en el que nos comprometamos con unos mínimos que no se rompan mientras se alzan las voces de la diferencia, ojalá cada vez más altas…

El consenso lo construyen los ciudadanos, quienes deben recordar que la forma en la que votan determina cómo los gobiernan y que deben exigirle a los candidatos presidenciales que demuestren que están a la altura del lugar que pretenden. Son Clara López, una mujer nacida de la cuna aristocrática que optó por la izquierda y esta misma semana se unió a otra valiente: Aída Avella, quien recuperó para el país la memoria de la UP. También Enrique Peñalosa quien, desde una Alianza Verde, terminó ganando una consulta y tendrá que dejar su arrogancia para decirle a los colombianos que es un gran gerente. Lo mismo ocurre con Oscar Iván Zuluaga, quien parece sufrir el síndrome de Estocolmo, secuestrado en un partido donde sus compañeros son sus propios contrincantes y le montan bulling en las redes. O Martha Lucia Ramírez, si logra dejar su posición de victima incomprendida y demuestra cuál es su talante.

Y el mismo presidente Juan Manuel Santos, de quien esperamos que asuma las posiciones que corresponden frente a quienes usan y abusan del poder.

La indignación en las calles y en las redes no puede resultar tan incoherente en las urnas. O votamos bien, o nos gobernarán mal.


miércoles, 13 de noviembre de 2013

Medio llena, medio vacía



El País
Miguel Ángel Bastenier
12 de noviembre de 2013

La ironía del proceso de paz colombiano que se desarrolla en Cuba es que las reformas se podrían haber hecho hace décadas.

Colombia acaba de dar un paso de gigante hacia la firma de la paz. ¿O no? Parece este un caso clásico de botella medio llena o medio vacía, versión a elegir según preferencias.

La semana pasada las FARC y el Gobierno colombiano se pusieron de acuerdo sobre el segundo punto de las conversaciones de paz en La Habana como era la incorporación a la vida política en plena legalidad de los insurrectos. Los negociadores de Bogotá y el presidente Santos, así como la guerrilla, ven a la fuerza la botella medio llena, mientras que el tercero en discordia, el expresidente Uribe, que considera el trato de La Habana alta traición, probablemente teme que esté también medio llena, pero cree que está medio vacía; que es un engaño a la vez de las FARC, que no quieren realmente la paz, y del Gobierno, que engaña a todos los colombianos para que Juan Manuel Santos sea reelegido en junio de 2014.

Tanto el Estado como la insurrección precisaban una buena noticia que levantara la moral de una ciudadanía, en la que crecía la amenaza del uribismo ante las legislativas de mayo próximo: el Gobierno, porque se lo juega todo en la negociación para acabar con una guerra que dura ya más de medio siglo; y los guerrilleros porque un Congreso repleto de uribistas, y aun peor, un presidente clon de Uribe —que por ley no puede ser candidato— y entregado vocacionalmente a la guerra, sería para ellos el peor futuro imaginable.

Y la solución —temporal— era ponerse de acuerdo en los términos más abstractos posibles, que un pueblo de gramáticos como el colombiano, que maneja el lenguaje con virtuosismo próximo a la ofuscación, diera con un planteamiento, como escribe Semana, "ante el que es casi imposible estar en desacuerdo". Había que redactar un plan de puesta en práctica tan ulterior, que hoy nadie sepa cómo hacerlo. Las FARC pedían ocho escaños en las cámaras y una gran mayoría de la opinión colombiana exigía que al menos los responsables de delitos atroces fueran a la cárcel. Y el acuerdo habla de "curules" —escaños en colombiano contemporáneo— en zonas especialmente devastadas por la guerrilla, pero insistiendo en que habrá que pelear en las urnas con otros candidatos que compitan; se extiende sobre una ventilación del sistema que consiste en dar facilidades para que los movimientos sociales se conviertan en partidos, como pedía la guerrilla, y nazcan nuevas formaciones políticas, para todo lo que se rebajaría el umbral de votos —3%— para acceder a las cámaras. Pero sin especificar con qué ley electoral; y todo ello, finalmente, estaría coronado por un estatuto de la oposición que debería dar plenas garantías de seguridad —nadie sabe cómo— sobre la vida y la práctica de la disidencia.

Parece sumamente probable que las conversaciones aún duren cuando haya que votar en las legislativas del 25 de mayo, y que, por ello, guerra y paz protagonicen el debate electoral. Y en esa tesitura, el común interés de Gobierno y guerrilla hace pensar que de La Habana pudieran llegar noticias alentadoras sobre el curso de la negociación. A fin de mayo se acordó ya una reforma agraria, que transformaría la tenencia de la tierra, dando ocupación y labranza a millones de despojados, desplazados y brazos ociosos; pero, tras el anuncio del pasado 6 de noviembre sobre participación política, aún quedan cuatro puntos por dilucidar: 1) erradicación del narcotráfico, del que las FARC son protectoras de cultivos y perceptoras del peaje de la coca; 2) terminación de las hostilidades; 3) reparación a las víctimas, lo que exigiría paralelamente que la administración de justicia fuera igual para todos; y 4) ratificación en referéndum de estos acuerdos. Como remate, un corolario sine qua non: nada estará firmado hasta que todo esté firmado.

Pero la ironía de todo el proceso es que esas reformas deberían haberse acometido hace décadas por el bien de la democracia, sin necesidad de que mediara insurrección alguna. Y únicamente esa nueva Colombia imaginada podría hacer realidad tan espléndidos proyectos. Si ese país existiera, las FARC nunca habrían encontrado base material para la guerra, y nada menos que su refundación es lo que se espera del establecimiento de la paz.

Así es como la botella no está medio llena o medio vacía, sino, a la vez, medio llena y medio vacía; llena, porque las partes quieren sinceramente acabar con el conflicto; y medio vacía, porque es todo un misterio la manera de lograrlo.


sábado, 14 de septiembre de 2013

Santos lanza el “pacto agrario” como respuesta a la huelga nacional


El País
Elizabeth Reyes L
13 de septiembre de 2013

El presidente colombiano Juan Manuel Santos. / Leonardo Muñoz (EFE)

Tras tres semanas de las protestas de campesinos colombianos, que mantuvieron bloqueadas numerosas vías hasta el pasado martes y que le valieron al presidente Juan Manuel Santos el desplome de su popularidad y un remezón ministerial, este jueves el Gobierno lanzó el “Gran Pacto Agrario”, un mecanismo de concertación con el que espera pasar la página de la huelga y reconstruir el campo colombiano, un sector que ha estado en el olvido durante décadas, donde la pobreza sobrepasa el 46,8%, y que ha sido, además, afectado como ninguno por el conflicto armado.

“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.

Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.

Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.

Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.

Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.

El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.

La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.

En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.

El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.

En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.

La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.

domingo, 25 de agosto de 2013

Doctor Sí, doctor No


El Espectador
William Ospina
24 de agosto de 2013




¿POR QUÉ SERÁ QUE CADA VEZ QUE LE creemos, el gobierno de Santos cambia de discurso, como si le complaciera desconcertar a la opinión pública, como si tuviera una agenda secreta, o como si no estuviera muy seguro de las cosas que afirma? 

Lo primero que se aplicó a demostrar es que no está con Uribe, de quien parecía ser el heredero. Para que no quedaran dudas, se reconcilió con Chávez, con Correa y con Ortega, supuestos enemigos, y convocó a las Farc a un proceso de paz, reconociendo la existencia de un conflicto armado de cincuenta años, y reconociendo que sólo en una mesa de diálogo será posible poner fin a esa maldición.

Sin embargo, como si escuchara demasiado a los enemigos de la paz, cada vez que da un paso que hace avanzar el diálogo, lanza enseguida una carga de profundidad contra el proceso.

El presidente Mujica de Uruguay propone hablar con las Naciones Unidas para que se pronuncien sobre la paz de Colombia, y el presidente Santos, que habla de la necesidad de avanzar hacia la reconciliación, ordena al ejército dar de baja al jefe de las guerrillas cuando lo encuentren en su camino.

Claro que están en guerra, claro que los combates siguen, claro que no han firmado un acuerdo. Pero el presidente de un país donde no existe legalmente la pena de muerte tiene que decirle a su ejército que combata a la guerrilla, que capture a sus jefes, y que si se resisten los elimine en combate. Pero no puede dictar altisonantes sentencias de muerte y seguir tan campante con el diálogo.

Es más, en bien de la democracia, el presidente de la República no puede desear la muerte de ningún colombiano. Debería estar llamando a todos, incluso a Timochenko, a cerrar filas en torno a la paz y a la vida. Pero el presidente se parece a esas figuras de los dibujos animados que dicen una cosa y de pronto se les sale de adentro el adversario diciendo la contraria.

Anunció que se emprendería la restitución de los predios despojados y la reparación de las víctimas. Pero a mitad de su mandato, sin que hubieran echado a andar los procesos de restitución y de reparación, empezaron a salir los funcionarios que tenían en sus manos las responsabilidades, el gerente del Incoder y el ministro de Agricultura, sin que podamos decir que salieron porque el proyecto estaba cumplido, o al menos en marcha. Todo lo que queda es una extraña sensación de vacío.

Santos anunció que haría depender nuestra economía de tres grandes fuerzas, la minería, la industria y la agricultura, declarando que no estaba de acuerdo con el atraso del campo, que estaba a favor de una audaz modernización que aprovechara realmente las posibilidades de un país riquísimo en recursos y lleno de habilidad laboral.

Nos dijo que quería hacer de Colombia un país integrado a Latinoamérica, a la cuenca del Pacífico, a la economía mundial, al club de los países emergentes. Pero la industria decrece, la minería decrece, la agricultura no arranca, y el Gobierno sigue firmando tratados de libre comercio sin preparar al país para el choque con esas economías más fuertes, sin blindar a la industria y sin modernizar la agricultura, como si dirigir la economía fuera firmar alegremente tratados sin porvenir.

Entonces crece el paro agrario y comprobamos que todas las cosas que sembraron los gobiernos del TLC ahora se están cosechando. Los grandes sembradores de vientos, Gaviria, Pastrana y Uribe, ni siquiera piensan en reconocer que tengan alguna responsabilidad en esta reacción de campesinos que se levantan por todas partes. Después de arruinar el campo y la industria quieren seguir diseñando el futuro.

Menos mal que el Gobierno no ha salido todavía a decir que esos miles y miles de campesinos que marchan por las carreteras, que protestan contra el TLC y que piden un futuro para el campo, son guerrilleros, porque eso equivaldría a decir que las Farc son el campo colombiano: y eso no es verdad.

Con su extraordinario sentido de la oportunidad, radica entonces un proyecto de ley en el Congreso, para que sea por medio de un referendo que se refrenden los pactos de La Habana, aunque la guerrilla no está de acuerdo con ese mecanismo. Y lo único que logra, justo cuando el país está en vilo, es que la guerrilla amenace con levantarse de la mesa.

Es como si el presidente fuera el doctor Sí en el día, afirmando con entusiasmo sus convicciones, y por la noche descubriera que en realidad es el doctor No, y se revolcara en la necesidad de echar para atrás todas las cosas.

O tal vez es que la realidad colombiana, vista desde la perspectiva de un gobierno sin convicciones, es un nudo de paradojas, en el que no se puede decir sí a nada sin decirle inmediatamente sí a lo contrario. Hay que decirles sí a los campesinos, pero hay que decirles sí a los tratados de libre comercio: el resultado es no a la agricultura. Hay que decirle sí al diálogo, pero hay que decirle sí a la guerra: el resultado es no a la paz. Hay que decirle sí al futuro, pero hay que decirle sí al pasado: el resultado fatal es no al presente.



miércoles, 14 de agosto de 2013

Nueve razones para defender las Zonas de Reserva Campesina


Kienyke
David Baracaldo Orjuela
12 de agosto de 2013

El debate sobre la creación de Zonas de Reserva Campesina en Colombia es sin duda una de las discusiones más calientes y controvertidas en la actualidad nacional. De alguna forma, las exigencias de las Farc de incluir esta figura en la reforma rural integral que se cocina en el proceso de paz en Cuba, y al ser éstas una de las banderas de las protestas en el Catatumbo que ya cumplen casi dos meses bajo acusaciones de estar alentadas por la subversión, han creado alrededor del tema un clima de desconfianza sobre el propósito real que cumplen dichos territorios consagrados en la ley.

Precisamente el desconocimiento sobre el espíritu original que persiguen las Zonas de Reserva Campesina, e incluso el no considerar que ya existen en Colombia seis de estas áreas geográficas que en su mayoría han tenido experiencias positivas, provoca rechazo inmediato al ser promovidas por las Farc, que cabe decir no son los naturales artífices del concepto.

KienyKe habló con quienes dieron origen a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las reglamentaron y acompañaron en su consolidación. José Antonio Ocampo era el ministro de Agricultura en 1994, durante el gobierno de César Gaviria, y fue el autor de la Ley de Reforma Agraria que se convirtió en la Ley 160 de 1994, que crea la figura de las ZRC. El gobierno de Ernesto Samper se encargó de reglamentarla, y el asesor del IICA Darío Fajardo ha acompañado en su implementación y en la consecución de recursos internacionales para que se crearan varias de las reservas que hoy existen. Los tres defendieron su idea a capa y espada. “Es como si fueran mis hijas”, dijo Samper. “Creo que mejor esas sí son hijas mías, porque yo las cree”, respondió Ocampo.

¿Qué pretendían con la creación de una zona de reserva campesina?
El exministro José Antonio Ocampo se atribuyó la autoría de las Zonas de Reserva Campesina. Recordó que las planteó al Congreso que la aprobó finalizando la primera legislatura del 94, a meses de finalizar el gobierno de César Gaviria, y de paso, su función como jefe de la cartera agrícola. Recordó que sólo perseguía un propósito con ese elemento dentro de la reforma agraria: “Proteger al pequeño campesino”. Agrega que las ZRC buscan evitar la concentración de la tierra en pocas manos (latifundios) en territorios baldíos o del Estado. “Queríamos cortar de tajo un proceso que se había dado históricamente, de que la pequeña propiedad resultaba concentrándose y desapareciendo”.

En términos claros, ¿qué es una Zona de Reserva Campesina?
Una definición sencilla la expresó Darío Fajardo, también docente e investigador de la Universidad Nacional. “Es un grupo de veredas, territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven familias que se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay vínculos entre esas juntas, con las autoridades municipales y el Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura, financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar la flora, la fauna y todos los recursos, y a respetar la ley”.

Catatumbo, Kienyke


En el pasado, ¿hubo algún intento por crear estos territorios con reformas agrarias?
El profesor Fajardo recuerda que a comienzos del siglo XX el Gobierno produjo el decreto 1110 de 1928 que establece la figura de las Colonias Agrícolas. “Abrió la posibilidad de crear asentamientos campesinos. Fue un hecho histórico para los campesinos, pues les titulaban tierras y tenían territorialidad propia como la de los indígenas. Pero esa política no avanzó mucho más”. La deuda histórica con los labriegos sin tierra se acentuó en la década de los 30 y fueron varios decenios en los que el campo se siguió concentrando, incluso de manera vertiginosa durante la época de la violencia. En resumidas cuentas, fue hasta 1990 cuando se retomaron las ideas para generar unidades agrícolas para familias campesinas, y entre los iniciales creadores da crédito a Alfredo Molano. Pero fue cuatro años más tarde cuando el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, planteó la creación de las ZRC en una reforma agraria, que fue reglamentada después por el presidente Ernesto Samper Pizano.

¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia?
Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el país como Zonas de Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de 469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) de 145 mil hectáreas; fue constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC en el Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas; además una en el Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de Yondó y Remedios (Antioquia); y una última en el Alto Cuembí del municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas.

Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades” la experiencia en el Valle del río Cimitarra. “Convergen veredas de varios departamentos y las familias que los ocupan son muy organizadas. Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes hídricas, los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos: una bufalera famosa, producción alimenticia y otras experiencias agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión desde el norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”.

También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura, inició como una iniciativa ambiental. Los inconvenientes que han tenido otras regiones, como la de Calamar, tienen que ver con el asedio de empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera  no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían otras visiones productivas y han preferido actuar de la mano con el municipio de Cabrera.

Para el expresidente Samper, las ZRC que se han constituido en principio sí han dado resultados, y culpa a la “falta de diligencia del Estado” los inconvenientes que algunas han sorteado. “Hay un millón de hectáreas en este momento en las que se ha constituido las ZRC, y allí viven 500 mil campesinos, de tal manera que es una población objetivo muy importante”.

Zonas de reserva campesina, Colombia, Kienyke


¿Es correcto que llamen a las ZRC ‘caguancitos’ o ‘republiquetas independientes’?
El exministro José Antonio Ocampo, autor de la reforma que le dio vida a las ZRC, rechaza dicho tipo de acusaciones e indica que los supuestos propósitos de crear territorios con alguna independencia administrativa o política son falsos. “Nunca fue el espíritu de la Ley. Queríamos proteger la pequeña propiedad, más no darle autonomía administrativa. Lo que pasa es que han surgido satanizaciones a otro tipo de propuestas que se han investigado pero que no tienen que ver con las ZRC como tal”.
Más vehemente se expresó el exmandatario Samper. “Es una apreciación absurda. Las ZRC se constituyen para sacar a la población campesina del conflicto. En ninguna parte, ni en las leyes ni reglamentaciones, existe la disposición de que no pueda haber presencia de fuerza pública en las zonas. En cambio las zonas de reserva son antídoto contra los caguanes, no son caguanes”.

¿Por qué es tan incómodo para el gobierno hablar de ZRC? ¿A qué se debe esta estigmatización?
KienyKe hizo solicitudes para entrevista sobre este tema con algún funcionario en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad encargada de definir los territorios que serán otorgados a las ZRC. La institución respondió que una declaración al respecto “no la quiere manejar en estos momentos públicamente el Incoder y que cualquier intención en ese sentido es mejor enfocarla con el Ministerio de Agricultura”. El hermetismo al respecto tiene que ver con la sensibilidad del tema respecto a la actual crisis en el Catatumbo, y que dicha figura es usada por las Farc como tema de discusión en una eventual reforma rural integral resultante de los diálogos de paz en Cuba. Para el expresidente Samper ha surgido todo un ‘tabú’ y ‘satanización’ sobre las zonas de reserva que no da lugar al espíritu original de la iniciativa. “ El hecho de que se hable en La Habana de ZRC no debe ser un obstáculo para que se sigan considerando y aprobando las zonas que están plenamente justificadas. A lo mejor no aprobar todas las que propone las Farc, pero sí hay unas áreas del país que han sido particularmente afectadas por la violencia que necesitan una atención inmediata, y una de ellas es sin duda la zona del Catatumbo en Tibú”, dijo.

 ¿Justifican la creación de una ZRC en la región del Catatumbo, donde los campesinos lo están exigiendo desde hace dos meses?
El exministro Ocampo, actual docente en la Universidad de Columbia (EUA), considera que el resultado favorable de las regiones actualmente determinadas como ZRC da pie a que se puedan seguir autorizando más de estos territorios, incluyendo en el Catatumbo. “Si la figura de la Reserva Campesina se refiere al concepto de la Ley 160, que busca proteger al pequeño campesino, bien puede ser figura en el Catatumbo, en tanto no tenga ninguna interpretación diferente. Me gustaría que todos los partidos colombianos estuvieran detrás de esta idea, porque es muy buena idea. Me parece bien que las Farc lo hayan acogido, pero que sea la idea que planteamos originalmente, una región donde se proteja la pequeña propiedad”, sostuvo.

Pero el profesor Fajardo identifica “palos en la rueda” para que pueda declararse en esta región de Norte de Santander una ZRC, e incluso otras nuevas en más lugares del país. “Hay sectores que tienen fuerza política y que no simpatizan con la reserva porque en el modelo económico que tiene el país serían un freno a un proceso de desplazamiento campesino, con el que ciertos grupos consiguen tierras gratuitas. Y con este proceso de tierra hay cerca de 5 millones de personas desplazadas, y se convierten en mano de obra barata. Una ZRC sería un freno a sus intereses”.

Ernesto Samper, Kienyke
Expresidente Ernesto Samper

¿Una ZRC podría hacer perder el control del Estado en su interior?
-No- dice Samper- La Constitución de Colombia solamente permite que haya autonomía territorial en dos casos como las reservas indígenas. Las ZRC fueron implementadas precisamente para que la fuerza pública pueda organizar la protección de colectivos como campesinos en áreas donde la presencia de latifundios en el pasado les permitió a los armados ilegales del conflicto, como los paramilitares o la guerrilla, polarizar e intimidar a los campesinos. Las zonas son el mejor antídoto para que la gente tenga sus tierras con la presencia de la fuerza pública.

¿Tendrá Colombia que abrirse al debate sobre la consolidación de más ZRC, ahora que las proponen las Farc como parte del proceso de paz?
Responde de manera afirmativa el expresidente Ernesto Samper. “Entiendo que en los preacuerdos que ya se han hecho sobre el tema agrario, uno de los principios fundamentales del nuevo modelo es el que se cuece por la creación de nuevas figuras entre las cuales están el caso de las ZRC. Estamos entre un modelo agrario que piensen en un campo sin campesinos, que era lo del Agro Ingreso Seguro, hasta un campo totalmente para los campesinos que eran los mismos procesos de la reforma agraria. Aquí hay una forma consistente de hacer cazar los dos intereses, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que se trata es de favorecer los intereses de los campesinos afectados por la violencia”.

Twitter: @david_baracaldo

jueves, 8 de agosto de 2013

Defender los derechos humanos en Colombia es cada vez más peligroso


El País
Elizabeth Reyes L
7 de agosto de 2013

El número de activistas asesinados en 2013 se eleva a 37, un 27% más que el año pasado y el dato más alto de la década.


El riesgo por defender los derechos de las más diversas comunidades en cualquier región de Colombia va en aumento. Pero lo que más preocupa es que de las amenazas contra defensores de derechos humanos se está pasando al asesinato. Así se desprende de un informe que acaba de presentar el programa Somos Defensores que monitorea las agresiones contra defensores y líderes sociales en Colombia.

En promedio, durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno de ellos fue asesinado, según las cifras del informe Héroes Anónimos. Y aunque las agresiones –que incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias–, se redujeron en un 5,6% comparado el primer semestre de 2012, los homicidios crecieron 27%. Esto quiere decir que si bien se pasó 163 a 153 agresiones, se incrementó de 29 a 37 líderes asesinados, lo que convertiría a 2013 en el año más crítico en la última década. El 2012 cerró con un ya trágico saldo de 69 defensores muertos.

“Las amenazas se han ido transformando y se han vuelto cada vez más directas. En 2011 eran digitales, a través de correos electrónicos y llamadas. En 2012 el actor armado se le presentaba al líder para intentar callarlo y en lo que va de 2013, las amenazas pasaron a ser acciones físicas”, explicó Carlos Guevara, miembro del programa Somos Defensores que está integrado por tres ONGs de derechos humanos.

Las víctimas son en su mayoría líderes comunitarios, dirigentes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, líderes de víctimas y de desplazados por el conflicto armado. Pero también hay líderes cafeteros, mineros y afroamericanos. Preocupa además que 12 de estos defensores habían reportado amenazas y sus asesinatos siguieron un patrón muy parecido. Primero los secuestraron y luego los asesinaron con el agravante de que casi todos los cuerpos tenían señales de tortura. Otros fueron asesinados en su propia casa. “Esa forma de agresión significa que la víctima fue seguida durante un tiempo suficiente como para identificar cuándo era más vulnerable y cuándo el homicidio podía quedar más impune”, agrega Guevara.

Uno de esos líderes es Éver Cordero, reconocido defensor de derechos humanos, líder de víctimas y de restitución de tierras del departamento de Córdoba, al norte del país, que fue asesinado el mismo día en que en los colombianos se movilizaban para marchar a favor de las víctimas del conflicto y del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.

Ese 9 de abril, mientras el centro de Bogotá se llenaba con 900.000 personas, en Valencia, un municipio azotado por la violencia en el departamento de Córdoba y donde se concentra gran parte de las solicitudes de restitución de tierras, Cordero fue baleado por dos sicarios. Su muerte se produjo cuando iba a la marcha que apoyaría la salida negociada al conflicto en Colombia. Y aunque este hombre de 45 años no había sido amenazado, había alertado sobre las intimidaciones a 114 líderes de desplazados de esa región.

Las amenazas son la agresión más frecuente. Y en este caso, las cifras también han aumentado. Ya van 86 amenazas, cinco más que en el mismo periodo de 2012, la mayoría a través de panfletos que los victimarios distribuyen en las poblaciones donde ejercen liderazgo los defensores. En los departamentos donde más se dieron agresiones, los defensores son líderes de tierras y de población desplazada.

Ese es el caso del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo que estaba protegido por parte del Estado. Según el informe, fue asesinado el 4 de mayo en la sala de su casa frente a su esposa, minutos después de que sus escoltas terminaran su turno de vigilancia. Lo mataron dos hombres vestidos de policías. Se sabe que Restrepo había denunciado alianzas entre integrantes de bandas criminales de su región y la policía.

El informe de Somos Defensores también da cuenta sobre los posibles responsables de las agresiones a estos defensores. En 70 de los casos aparecen como victimarios los paramilitares que no se desmovilizaron e integrantes de bandas criminales, seguidos de autores desconocidos. En el caso de las guerrillas y agentes del Estado, el informe destaca que su autoría en estos hechos ha venido disminuyendo.

“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, muestra de ello es el acceso de muchas de las poblaciones vulnerables a mecanismos de denuncia, de protección, la puesta en marcha de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la búsqueda de acuerdos de paz con los grupos insurgentes, incluso los mismos golpes que le ha dado el gobierno a las bandas criminales”, dice Guevara con relación al discurso guerrerista del gobierno anterior.

Aun así, pese a que la vulneración a los derechos humanos en el país ha disminuido, Somos Defensores asegura que hoy el peligro se concentra en ciertas regiones y sectores que trabajan defendiendo derechos de desplazados, víctimas y despojados que buscan recuperar sus tierras.

El informe también hace una fuerte crítica a la Unidad de Protección del gobierno que ha enfocado sus esfuerzos -y un enorme presupuesto- a brindar esquemas de seguridad que incluyen carros blindados y escoltas. Por eso proponen apostarle a la prevención y a la investigación para dar con los responsables de las amenazas y las agresiones. Según Guevara, desde que el gobierno creó en 2009 la Mesa Nacional de Garantías han asesinado a 219 defensores de derechos humanos sin que las investigaciones arrojen resultados.


sábado, 8 de septiembre de 2012

El conflicto colombiano en la literatura


- No hay escritor colombiano en cuya obra no esté presenté el enfrentamiento gobierno-guerrilla
- García Márquez, Artura Álape, Laura Restrepo, Abad Faciolince, Evelio Rosero...
- Presentamos un panorama de algunas de las obras clave para entender la situación del país


 
El País
Madrid 8 SEP 2012

“Llegó el tiempo de cerrarle el portón a los violentos”, dijo el martes Timochenko, el máximo líder de la guerrilla más antigua del continente americano, la colombiana, al dar por iniciado un nuevo proceso de diálogo con el gobierno en busca de la paz. De cerrar un portón y de abrir una puerta: la de la narrativa que ha contado y tendrá que seguir contando lo sucedido en más de sesenta años de barbarie, los de la última violencia, como una manera de exorcizar la muerte a manos de los otros, recuperar la memoria y, ante todo, mantenerla para no volver a repetirse.

El nuevo proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos con la FARC, si finaliza con éxito, empezaría a cerrar una herida cuyo más reciente inicio los colombianos ubican en el 9 de abril de 1948, cuando Juan Roa Sierra, un oscuro personaje de 26 años, disparó y asesinó en el centro de Bogotá a Jorge Eliécer Gaitán, un líder liberal que se proyectaba a la presidencia del país. Este es el punto de partida no sólo de los últimos 63 años en Colombia, sino también de El bogotazo: memorias del olvido, del escritor Arturo Álape, ya fallecido, en el que reconstruye los antecedentes, el crimen y los disturbios que le siguieron y que originaron la llamada violencia colombiana, una guerra partidista que derivó en el bandolerismo y el establecimiento de la guerrilla de las FARC, ahora en proceso de paz, y luego de las posteriores (ELN, EPL, M-19) de los años sesenta y setenta. El conflicto en sí mismo, la irrupción de actores como el paramilitarismo y el narcotráfico, con la corrupción que ha generado al interior de todas las instituciones, incluida la misma guerrilla, así como la violación constante de derechos humanos fundamentales, han proporcionado material abundante no sólo para la literatura sino para el periodismo y la investigación.

De las viejas guerras, como la de los Mil días, a finales del XIX y principios del XX, que nutren obras como Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, o El coronel no tiene quién le escriba, a una vorágine en la que se han gestado textos como Las muertes de Tirofijo, el mítico fundador de las FARC, aunque en realidad es una colección de cuentos, La bola del monte, o El diario de un guerrillero, todos de Álape, y todos situados en los inicios de esa guerrilla; o Abraham entre bandidos, una novela de factura más reciente, 2010, del escritor Tomás González, que recrea el tránsito que hacían el bandolerismo y las guerrillas liberales hacia lo que finalmente se conoció como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla de origen eminentemente rural y cimentada en sus inicios en el derecho de los campesinos a la tierra.
 
La paulatina degradación del conflicto da lugar a novelas como Los Ejércitos de Evelio José Rosero, premio Tusquets 2006, acerca de las muchas guerras en las que vive inmersa la población en regiones que no son el centro del país; Muchacha al desaparecer, 2010, una incursión en la prosa de la poeta Marta Renza, la historia de una militante desaparecida en los ochenta, cuando las FARC participaron en un fracasado proceso de paz, o En el brazo del río , 2006, en la que dos niñas alternan sus voces para estremecer con lo que significa morir en una masacre y las versiones que se dan sobre la misma. También hacia finales del primer decenio de este siglo está escrito El olvido que seremos, quizá la mejor obra de Héctor Abad Faciolince, en la que con una sensibilidad extremecedora recupera a su padre, un defensor de los derechos humanos, asesinado por su compromiso.

NO FICCIÓN

En el campo de la no ficción, aunque es una narrativa matizada que puede llegar a la literatura, están escritores como Alfredo Molano que de manera infatigable ha rescatado historias como Los bombardeos del Pato, Los años del Tropel o Trochas y fusiles, y Patricia Nieto con Crónicas de la guerra en Colombia o Los olvidados. Laura Restrepo, desde la orilla del periodismo, escribió en los ochenta La historia de una traición, un primer truncado proceso de paz con el M-19, ya reintegrado en la vida civil, que fue reeditado posteriormente como Historia de un entusiasmo. En el género testimonial No hay silencio que no termine de Ingrid Betancur, publicado hace dos años, es la narración de su largo cautiverio con las Farc, texto precedido por los publicados por otros secuestrados.

Y aunque no están mencionados todos los que son, puede asegurarse con certeza que no existe escritor colombiano contemporáneo cuya obra no esté marcada de alguna manera por el sino que le ha tocado vivir.

* Marbel Sandoval es periodista y autora de En el abrazo del río.

sábado, 1 de septiembre de 2012

El nuevo país, las viejas FARC


Colombia ha experimentado un sustancial avance económico en los últimos años, ha arrinconado la crispación política y busca un camino al desarrollo a partir de la reconciliación

Andrea Peña
El País
28 de agosto de 2012


Hace apenas una década, los miembros de las FARC llegaban a la mesa de negociaciones con el presidente Andrés Pastrana en actitud arrogante. Lo primero que hacían era exhibir sus bien lustrados fusiles y luego se soltaban en largos monólogos en los que reclamaban innumerables peticiones. Por aquella época, el grupo guerrillero estaba presente en los 32 departamentos del país e incluso tenían un músculo militar que le permitía tomar poblaciones enteras y llevarse a cuanto agente o soldado hubiera sobrevivido a sus devastadores ataques.

La ciudadanía exhausta votó por la mano dura y eligió a Álvaro Uribe, quien no se tomó un respiro en su propósito de vencerlos militarmente. Con su Política de Seguridad Democrática, llevó la fuerza pública a 300 de los 1.100 municipios colombianos en donde la guerrilla dictaba la única Ley. A medida que iban cayendo comandantes de la guerrilla, otros eran capturados y centenares más le decían adiós a las armas y se reincorporaban a la vida civil, la gente empezó a recuperar la confianza.

Los colombianos volvieron a transitar por las carreteras y retornaron a los campos, optó por darle confianza a otros sectores políticos. En ese contexto, la economía colombiana, que bordeaba la recesión, llegó a crecer un 7,4%, por encima de la media latinoamericana (5,5%). Regresaron las inversiones y miles de personas que habían salido de Colombia, entre ellos cientos de cerebros fugados.

Al ser elegido a la presidencia en 2010, Juan Manuel Santos anunció que si bien el país iba por buen camino ahora había que esforzarse más para alcanzar el desarrollo y que esto pasaba por la reconciliación. Santos firmó una Ley de Tierras y una Ley de Víctimas, entre la ovación de los sectores más progresistas y la mirada atónita de las FARC. Además, empezó a fortalecer otras instituciones que han creado una geografía en donde la convivencia es evidente: en 400 municipios de Colombia durante este año no ha habido un solo asesinato.

En el contexto internacional, Santos se reconcilió con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; y de Ecuador, Rafael Correa; países con los que Uribe había llegado a un alto nivel de pugnacidad, precisamente a causa de las FARC. La crisis se desató siendo Santos ministro de Defensa, a raíz del bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Los ordenadores incautados destaparon las conexiones y la protección que las FARC tenían en ambos países.

En el terreno político, Santos invitó a todos los movimientos políticos a trabajar en conjunto en lo que se llama la unidad nacional. Igual hizo con las altas cortes y los periodistas más críticos. Los tiempos de crispación quedaron atrás.

En este contexto, el país empezó a ver la luz al final del túnel favorecido además por un buen manejo económico. El Producto Interno Bruto (PIB) creció el año pasado un 5,9%; la inversión extranjera directa (IED) sobrepasó los 13.000 millones de dólares. “En la región, solo Colombia mantiene el dinamismo en el exterior”, dijo en su informe del año pasado la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Hay más datos para el optimismo, las exportaciones colombianas superaron los 50.000 millones de dólares en 2011, una cifra sin precedentes. Y en materia petrolera, el país se acerca a una producción de 1 millón de barriles diarios. Además, la confianza en el país hoy es enorme. "Tenemos una economía con una inflación baja y estable y unas condiciones monetarias y fiscales que muestran gran estabilidad y fortaleza", dice el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe. Como resultado de todo esto, Colombia recuperó el grado de inversión que perdió a finales de los noventa.

Sin embargo, todo esto contrasta con el atraso en especial en materia de infraestructura y en unos niveles de pobreza de los que Santos dice sentir vergüenza. Él cree que si se destinara un porcentaje de los millonarios recursos que van para la guerra, en asistencia y en obras públicas, Colombia daría un paso enorme. Eso, por ejemplo, fue lo que les dijo a los empresarios quienes le respondieron que comparten su punto de vista y le dijeron que están de acuerdo en la búsqueda de la paz negociada. Incluso le dijeron que están dispuestos a pagar un impuesto extra para apoyar el proceso y aún más en dar vocería política y acceso a cargos de elección popular a los desmovilizados, en caso de que este resulta exitoso. Además de los empresarios, Santos cuenta hoy con un clima favorable a la negociación en vastos sectores de la opinión pública. El nuevo país quiere apostarle al futuro y dejar atrás los 50 años de guerra. Claro que la realidad es tozuda y dura. Falta ver que dicen ahora las FARC, las viejas FARC.

lunes, 2 de abril de 2012

les estamos esperando






Sargento José Libardo Forero Carrero, Subintendente Jorge Trujillo Solarte, Intendente Carlos José Duarte, Subteniento Jorge Romero Romero, Soldado Luis Alfredo Moreno Chagüezá, Intendente de la Policía Wilson Rojas Medina, Sargentro Primero Luis Arturo Arcila, Sargento viceprimero Róbinson Salcedo Guarín, Sargento viceprimero Luis Alfonso Beltrán, Sargento Primero César Augusto Lasso