El País
María Teresa Ronderos
23 de agosto de 2012
La Securities Exchange Commission de Estados Unidos, la superintendencia cuyas tareas son vigilar los mercados de papeles y proteger a los inversionistas, anunció ayer una medida de gran repercución para
los países de América Latina que viven hoy la bonanza energética y minera.
En cumplimiento del Acta Dodd-Frank de Reforma a Wall Street y de
Protección al Consumidor, la SEC dijo que a partir del año fiscal 2013, todas
las empresas que reportan sus actividades a esa comisión y que tienen
industrias extractivas (sean de petróleo, gas o minerales) deben
informarle sobre los pagos que realizaron a cualquier gobierno en el
desarrollo de sus industrias, sea en impuestos, regalías, cuotas de licenciamiento, bonos, dividendos o infraestructura. Ver el anuncio aquí.
Deberán especificar tipo y cantidad de los pagos hechos por cada proyecto minero,
el total de los pagos a cada gobierno y concepto pagado, moneda en que
se pagó, cuándo se realizaron los pagos, qué filial de la empresa hizo
los pagos y qué gobierno que recibió los pagos.
La idea de hacer esta información pública, según dijo la SEC, es es
contribuir a la transparencia de los países donde están estas empresas
extractivas, sea en Estados Unidos o en el exterior. Como dijo el
senador Richard Lugar, uno de los que respaldó el Acta, esta medida
ayudará a los ciudadanos a que obliguen a sus gobiernos a
responder por estos recursos valiosos y que les digan la verdad sobre
los dineros que están recibiendo.
En Colombia, Perú y Chile hay un constante debate sobre si las multinacionales (muchas de ellas registradas en las bolsas de Estados Unidos) están informándole debidamente a los países acerca de sus negocios extractivos.
Es muy difícil y costoso para los gobiernos vigilar si están declarando
todo lo que sacan, pues requieren no sólo constatar qué sale de las
bocas de mina, si no asegurarse que los precios que declaran son en realidad los precios de mercado.
Sobre todo cuando hay multinacionales que, como la suiza Glencore, son
extractoras y a la vez, compradoras de gran escala de minerales.
Por eso también será una medida de transparencia necesaria para que las miles de empresas multinacionales, grandes y pequeñas, realmente den cuenta de si están pagando debidamente los impuestos,
regalías y demás cuotas. Los gobiernos podrán contrastar las cuentas
presentadas ante la SEC contra los pagos hechos en el país.
Otra decisión de antier de la SEC, sobre "los minerales del conflicto" que obliga a aquellas empresas que usen minerales decisivos en sus productos finales, que provengan de la República Democrática del Congo
o de sus nueve países vecinos a reportarlo a la entidad y hacerlo
público en sus páginas de Internet. Entre los minerales que se explotan
en ese país están los que componen el famoso coltán (columbio-tantalita) que sirve para hacer piezas en celulares y otros dispositivos electrónicos; el oro, la casiterita y la wolframita, que se usa para los blindajes.
Vean el discurso de la presidente de la Comisión, Mary Shapiro en el que explica que las empresas que le reportan y que usen estos minerales deben investigar si éstos financiaron o beneficiaron a grupos armados en la RDC o en las naciones vecinas.
El objetivo de la SEC de obligar a los compradores de
minerales del conflicto en la RDC y vecinos es contribuir a detener la
guerra y la consiguiente crisis humanitaria en esa región. Sería
indéntico en Colombia.
Por eso sería deseable que las autoridades colombianas consiguieran que esta última norma incluyera a los minerales que provienen del conflicto en nuestro país. Así podríamos saber quiénes están comprando mucho del oro y del coltán que aquí se explota ilegalmente y que financia a grupos armados colombianos. Como dijo con razón el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl hace poco: "la minería ilegal en Colombia es el nuevo narcotráfico"
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