Editorial
El Espectador
12 de febrero de 2012
El 25 de mayo del 2000, la entonces periodista de este diario, Jineth Bedoya, acudió a la cárcel La Modelo de Bogotá con el fin de hacer una entrevista a algunos jefes paramilitares
Bedoya había recibido amenazas por cuenta de sus punzantes notas sobre las ilegalidades constantes al interior de los centros de reclusión del país. Una en especial, la que narraba una masacre en que los paramilitares tuvieron un rol activo, ocurrida el 27 de abril de ese año y que dejó 25 personas muertas y 18 heridas, fue la mecha que propulsó la cadena de mensajes desafiantes hacia ella. Para aclarar la situación, con una previa consulta a las autoridades, Bedoya decidió acudir ese día a la entrevista. Fue allí, esperando a que se tramitara su solicitud de ingreso, cuando la secuestraron y la sometieron a diez horas de tratos crueles y degradantes, para abandonarla luego en un despoblado en la vía de Villavicencio a Puerto López.
“Son tragedias que llevamos para toda la vida y que lamentablemente nos las tenemos que tragar, porque no hay nadie ni hay un organismo que nos respalde ni nos ayude para poder salir adelante”, dice Bedoya, en un video que circula en la red, sobre su dramático caso, refiriéndose, por supuesto, a la inoperancia de la justicia en Colombia para casos como éste. Once años —de lentitud en la investigación y en la búsqueda de la verdad— pasaron impunemente para que por fin la autoridad competente empezara a aclarar la situación. En 2010 se dieron los primeros avances: la agencia de cooperación británica Oxfam entró a apoyar los reclamos de Bedoya y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El puntillazo más fuerte lo dio Viviane Morales, fiscal general de la Nación, quien desde que asumió su cargo decidió impulsar al caso de Bedoya. Primero a través de Justicia y Paz y luego por cuenta de la Unidad de Derechos Humanos. Los engranajes empezaron a andar: en el marco de esta investigación, Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J. —paramilitar de vieja escuela—, confesó haber participado en el secuestro y decidió someterse a la figura de la sentencia anticipada. De paso, fueron vinculados al proceso Emiro Pereira Rivera y Mario Jaimes Mejía, este último encargado de tramitar la falsa entrevista para proceder al secuestro, la tortura y el abuso sexual de los que fue víctima la periodista.
En El Espectador lamentamos estos hechos: no sólo por la terrible situación que tuvo que vivir Bedoya durante esas diez horas de tratos crueles (y los siguientes once años de impunidad), sino también por las amenazas que se vinieron contra el periódico, así como la posterior salida del país por parte de dos colegas. No podemos hacer otra cosa que aplaudir la valentía de Jineth Bedoya, quien persistió en su caso una y otra vez, sin miramientos, para que la verdad se esclareciera. Quisiéramos también pedirle a la justicia y a los organismos de investigación algo más (no muy descabellado): que se aclare la totalidad de los hechos.
La oscuridad que cubre los sucesos nefastos de este país es un cáncer que nos invade a diario. Y esa pasividad e ignorancia hacia las heridas que tenemos no sirve. Nos preguntamos, entonces, qué ocurrió ese 25 de mayo: ¿quiénes más están detrás de los hechos? ¿Cómo es posible que a las puertas de una cárcel —responsabilidad del Inpec, una entidad estatal— secuestren a alguien y lo torturen? Ya que se abrió la brecha —tarde, sí—, sólo pedimos que se llegue hasta el fondo. Y que, al menos, pueda cumplirse ese dicho que cuesta tanto: la justicia cojea, pero llega.
