Revista Dinero
9 de octubre de 2013
La “prima especial de servicios” no deja de
ser percibida por muchos colombianos como un soborno a los legisladores
para que hagan su trabajo como lo deben hacer.
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El
decreto de Santos que le devolvió los recursos anulados por el Consejo
de Estado a los congresistas insinúa que las sesiones serán más
concurridas.
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Justo cuando el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, alardea
de un gobierno que cumple con los más pobres y las minorías, firma un decreto en el que aprueba una prima especial de servicios para cada congresista por $7’898.445.
Se trata de una cifra que equivale a cerca de $2.070 millones mensuales para los funcionarios públicos que más mala percepción de la población tienen.
Aunque se trata prácticamente de unos ingresos que se les devuelve a los congresistas, tras la anulación del Consejo de Estado de la prima de salud y de localización, sorprende la agilidad con la que lograron el retorno de esos recursos, inclusive, recuperando el mes que no obtuvieron dichas primas (septiembre).
Para los legisladores, durante este tiempo que les suprimieron las primas dejó de ser prioridad un tema tan álgido como la Reforma a la Salud, que tanta urgencia tiene. Por supuesto, lo primero era el bolsillo de cada uno de ellos.
Es decir, los colombianos entendieron que, o les devolvían a los congresistas su nivel de ingresos o no habría Reforma a la Salud. Esa tesis se hizo más fuerte con la firma del decreto, pues es claro que el gobierno tiene afán con el trámite de la Reforma a la Salud.
En eso coincide el Representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien ha dicho que el país está indignado y agotado tras comparar los beneficios que tienen los congresistas con los pobres resultados de la acción parlamentaria, en una infinidad de manejos entre el poder ejecutivo y el legislativo que son contraproducentes para un estado de derecho y democrático.
Tal y como lo describe Cepeda, el decreto evidencia que alrededor de los salarios de los congresistas, lo que existe es una relación que se vuelve chantaje entre el Presidente y los legisladores.
“Los congresistas merecen una remuneración justa, pero también que tenga una proporcionalidad con la situación del resto de los salarios de los colombianos”, afirma Cepeda.
El valor de la prima especial de servicios
Solamente la prima especial de servicios para los congresistas de la nación, durante los 4 años que dura su periodo legislativo, le cuesta a los colombianos $99.360 millones.
Tales recursos podrían alcanzar para construir cerca de 2.534 viviendas más para el programa de viviendas gratis, teniendo en cuenta que cada una de estas unidades tiene un valor de 66,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
La Unidad de Víctimas, que indemniza con $15 millones a las familias desplazadas por hechos asociados al conflicto armado, podría apoyar a cerca de 6.624 familias.
Las 32 instituciones de educación superior oficiales del país necesitan para gastos de funcionamiento $1,3 billones anuales, es decir, la cantidad alcanzaría para financiar el 9% de esa operación.
Dentro del programa de Computadores para Educar, el Ministerio de Tecnologías de la Información podría adquirir 255.970 tablets para las escuelas públicas de los municipios del país.
Con esa cantidad también se podría financiar el 100% de los estudios que se realizarán para adelantar las obras de la primera línea del metro pesado de Bogotá y sobrarían recursos, pues los estudios le costarán a los colombianos $70.000 millones.
También en Bogotá, la cifra que por decreto se le pagará a los congresistas como prima de servicios especiales ayudaría a construir la décima parte del Transmilenio por la Boyacá, que está avaluada en cerca de un billón de pesos.
Sin embargo, los $99.360 millones se van a los bolsillos de 262 congresistas, quienes sumarán a su salario mensual de $17'000.000 la prima especial de servicios, $7’898.445.
