Santos II y el Sector Agrario

El Espectador
Uriel Ortiz Soto
29 de julio de 2014

El despelote que hace unos días se presentó en el Instituto Colombiano Agropecuario Ica, cuando al gerente encargado, se le dio por tomarse atribuciones que no le correspondían, colocando en interinidad la institución técnica del Sector, es un indicio que el segundo período del Gobierno Santos, inicia, politizando a punta de mermelada para pagar favores reeleccionistas al senador Efraín Cepeda, desgraciadamente uno de los caciques del Conservatismo, amo y señor del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Si esto ocurre solamente, con uno solo de estos personajes, qué diremos lo que vaya a pasar con otro cacique costeño, Senador Roberto Geleín, quién por más diez años ha sido el amo y señor del Banco Agrario, cuya constitución y filosofía es para prestar atención financiera a los pequeños y medianos productores.

Por esta columna hemos hecho graves denuncias sobre su manejo y resultados, pero, lamentablemente sus gerentes son tan fugaces, que una vez cumplida su paloma y muy seguramente su objetivo, alzan vuelo dejando serias dudas administrativas y prestamos irregulares, siempre a los potentados del sector agrario que finalmente se refunden en las cuentas del olvido.

No se justifica que tan importante entidad, lleve inoculado el mismo lastre de la desaparecida Caja Agraria, que hoy es un ente con el nombre de: Remanentes de la Caja Agraria en Liquidación, a cargo de la Fiduprevisora, donde se están cometiendo los más descarados abusos con los campesinos, que aparecen con sus predios hipotecados, no obstante haber cancelado sus obligaciones, en muchos casos desde hace cincuenta años.

Pero no podemos pasar por alto el caso del Incoder, del cual ha sido amo y señor el Senador Hernán Andrade, esta institución surgió sobre los despojos mortales de lo que fue el finado Incora, otro desastre del Sector Agrario, que no alcanzó a sobrevivir mayor tiempo, puesto que los punzones constantes de chanchullos y peculados, propiciados desde los altos Poderes del Estado, finalmente la llevaron a la tumba.

Lamentablemente el Incoder en sus más de 15 años de vida administrativa, no ha sido más que una vergüenza para el País y de frustración para el manejo del Régimen del Tierras. En la actualidad no existe ni siquiera el archivo documental sobre los terrenos baldíos y de los predios que han sido arrebatados fraudulentamente a los humildes campesinos por los: guerrilleros, paramilitares y demás organizaciones al margen de la Ley.

Esta es apenas una pequeña muestra de los caciques y” mermelados” que gracias al poder adquirido a punta de prebendas burocráticas, lograron buen caudal de votos para la reelección del presidente Santos, es bien sabido que para cada uno de ellos habrá desde luego una buena retribución, consistente en entregarles para su administración y manejo algunas entidades del Estado, esto sin importar que tan bien rodeado se encuentre el congresista de marras para llevar a esas posiciones a sus “coroneles” que son en últimas, quienes los secundan, rindiéndole todo tipo de pleitesía, sumisión y obediencia.

El Gobierno Santos debe saber, que aún sin posesionarse de su segundo mandato, ya aparecen serios nubarrones en los horizontes de nuestra Patria, y que todo esto frente al proceso de Paz, que tiene serias dudas y cuestionamientos en la opinión nacional e internacional, es un indicio muy grave para que nuestros campesinos en medio del desespero se lancen a la gran revolución por la conquista a la fuerza de sus derechos y deberes, que se encuentran secuestrados desde hace varias décadas en las altas esferas del Estado.

Es claro que el Presidente Santos inicia su segundo periodo con una inmensa deuda con el Sector Agrario. Si bien los paros y las protestas campesinas de los años 2012 y 2013, no se han repetido en el presente año, esto no quiere decir que todo esté conjurado.

Hay que tener en cuenta que los campesinos continúan esperando se les cumpla lo prometido, puesto que de lo contrario una vez posesionado el gobierno de Santos II, a los pocos meses se reiniciarán las protestas con mayor intensidad y la misma agenda de necesidades de siempre, traducida en promesas incumplidas, que no obstante haberse presupuestado para darles estricto cumplimiento, todo indica que no han pasado de ser promesas de campañas políticas.

Todo el País sabe muy bien que el campesino y sus necesidades, siempre ha sido el trampolín de las promesas incumplidas, candidatos: presidenciales, gobernadores y alcaldes; lo mismo que los congresistas, disputados, Concejales y Ediles, para hacerse elegir siempre acuden a ellos, prometiéndoles y el oro y el moro y cuando han logrado su objetivo los abandonan a su suerte.

Para desgracia de los promeseros de turno, el campesino de hoy en día y así quedó demostrado en los pasados paros agrarios, es persona muy versada en el manejo de los derechos y deberes que les corresponde, es decir, que ya no se dejan meter los dedos a la boca de los promeseros de turno, debido a la facilidad de las comunicaciones que llegan a sus municipios y veredas, mantiene muy bien informado de las políticas Conpes del Gobierno para el desarrollo de sus proyectos productivos.

Manejan un lenguaje, administrativo y jurídico, bien fundamentado para estructurar los proyectos de desarrollo y saben a ciencia cierta cómo hacerles seguimiento a través de las páginas de internet de cada una de las entidades del sector agrario.

Total, que al Presidente Santos II, le queda una tarea difícil que cumplir con el sector Agrario. Siempre lo hemos dicho a través de esta columna, que el proceso de paz, depende básicamente de la reestructuración que se le haga, tal cual lo expusimos en nuestra columna: Desarrollo Rural Integrado, la cual fue plagiada por el exministro Rudolf Hommes R, en la revista la Ley, edición No.32, de Abril y Mayo /2014, página: 7.

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El hombre del billón de pesos

El Espectador
Indalelcio Dangond B
4 de abril de 2014

No cayó nada bien en las organizaciones campesinas del país el nombramiento del cuestionado ex presidente de Finagro, Cesar Pardo, como Gerente del Pacto Agrario. 

En la columna pasada informé al ministro de agricultura de la inconveniencia de esta designación por las razones que a continuación expongo.

El año pasado el Contralor Delegado de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la Republica, José Miguel Char, en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80183-064-629, firmó un fallo contra Cesar Pardo declarándolo fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por la suma de $2.834.599.645, por haber desarrollado una gestión fiscal antieconómica e ineficiente generando un daño al patrimonio de Finagro cuando se desempeñaba como presidente de dicha entidad. 

En la entrevista del pasado 29 de marzo al Espectador, el señor Cesar Pardo, afirmó que ese fue un “proceso absurdo en el que se le vinculó después de haber salido de la presidencia de Finagro en octubre de 2005, cuando los hechos investigados eran de noviembre y diciembre de ese año”. Ver entrevista. http://www.elespectador.com/noticias/politica/un-nombre-polariza-gerente-del-pacto-agrario-articulo-483634. 

Claramente, el señor Cesar Pardo le mintió al país, a las organizaciones campesinas y al inocente ministro de la cartera agraria, porque según consta en el fallo proferido por el Delegado Anticorrupción de la CGR, si fungía como presidente de Finagro para la época de los hechos en cuestión (12 de octubre de 2005). Si bien es cierto que el proceso prescribió por vencimiento de términos, ello no lo exime de la censura moral. 

En dicha entrevista, también pretendió restar importancia a la investigación y formulación de pliegos de cargos que le ordenara la Procuraduría General de la Nación cuando fue presidente del Banco Agrario por la presunta irregularidad en la vinculación de personal con violación a la legislación laboral contenida en el articulo 6 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 3 y 77 de la Ley 50 de 1.990. La investigación señala que a través de la figura  de vinculación directa y empresas temporales se contrataban trabajadores por seis meses prorrogables, encontrando personal vinculado por mas de 4 años cumpliendo actividades que no eran ocasionales, sino, que correspondían a funciones propias del objeto del banco. Extrañamente la investigación fue archivada.

Pues esta es la persona que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde a designado para ejecutar el billón de pesos que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha destinado para invertir en lo que resta del año, en proyectos campesinos para mejorar el bienestar, ingreso y capacidades para el desarrollo rural y agropecuario. Delicado encargo. 

El mecanismo que escogieron para la ejecutar el billón de pesos -que aportamos los colombianos con el impuesto del 4x1000-, son los ineficaces y cuestionados Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea), unos burócratas expertos en gastarse los dineros públicos en proyectos agrícolas y ganaderos ineficientes y poco rentables. 

La solución es instituir los POT rurales para establecer el uso y vocación de los suelos de los municipios y organizar las escuelas de emprendimiento rurales que proporcionen a los jóvenes campesinos contenidos útiles que ellos puedan aplicar en la corrección de sus propias ineficiencias y que den prioridad al entrenamiento y desarrollo de habilidades más que a satisfacer intereses individuales de negocio. 

Si el Gobierno Nacional no revisa este delicado tema, el año entrante veremos el billón de pesos invertidos arrumes de tractores desbalijados, cultivos ineficientes, campesinos igual de pobres y al gerente del Pacto Agrario envainado nuevamente con los organismos de control.

Esas formas de hacer política

El País
Diana Calderón
25 de enero de 2014

Los políticos colombianos que se atacan ferozmente acaban después dándose la mano por conveniencia

Dos expresidentes colombianos, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, estuvieron sentados a manteles dejando de lado sus palabras y los "principios" que defienden. Pastrana había dicho que nunca se reuniría con Uribe, mientras en la lista de su partido, el Centro Democrático, estuviera José Obdulio Gaviria, el primo de su secuestrador, Pablo Escobar.

Pero ocurrió y no precisamente por altruismo sino para sellar uniones por conveniencia y por incoherencia, principalmente. Por qué? Porque Uribe se hizo presidente por su continua y feroz oposición al proceso de paz de Pastrana, y este a su vez se convirtió en uno de los críticos de lo que llamó la paz con los narcoparamilitares. Esa forma de hacer política por cálculo electoral y vengativo.... Mal cálculo.

Un expresidente, de nuevo Uribe, a través de uno de sus candidatos a las elecciones parlamentarias de marzo, denunció al gobierno de Juan Manuel Santos de repartir mil millones de euros para obras y vías entre los congresistas de cada partido de la Unidad Nacional en que soporta su gobernabilidad. La "mermelada", cargos para garantizar las votaciones de proyectos fundamentales del gobierno en el Congreso.

No estoy hablando de la mermelada que endulza el pan o el queso de la mañana sino de la mermelada que amarga la política. Esa forma de hacer política que utiliza los recursos para el desarrollo regional y termina llenando los bolsillos de legisladores que señalan a dedo al contratista que construirá la vía o dejará incompleta la obra. Mal cálculo nuevamente.

El uribismo que denuncia hoy es el mismo que fue experto en repartir cuotas burocráticas, subsidios a familias pobres y notarías a políticos para garantizar su reelección. Hoy todavía dos ministros de ese gobierno están esperando sentencia de la Corte Suprema de Justicia por cambiar prebendas por votos.

Maria Luisa Piraquive es la líder de una Iglesia con nombre pretencioso: la Iglesia de Jesucristo Internacional, que respalda el proyecto político del MIRA, (Movimiento de Renovación Absoluta). Un sermón de la señora Piraquive mostró su ignorancia y odio por personas con defectos físicos o discapacitados, a quienes vetó como predicadores, y se destapó que esta Iglesia le habría servido aparentemente para enriquecerse al punto que la Fiscalía la investiga por lavado de activos e incluso por acusaciones de alterar la escena del crimen de su difunto esposo.

En Colombia, país laico, cada día se presentan 90 solicitudes para fundar iglesias.... de garaje y exentas de obligaciones tributarias. Ya son más de cinco mil. Esa forma de hacer política que trafica con la necesidad de la fe, la desesperanza y el temor a Dios.

Piedad Cordoba, líder de Marcha Patriótica, estuvo invitada a Palacio de Nariño a hablar del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC en La Habana. Junto a otros dirigentes de izquierda le reclamó al presidente Santos garantías electorales y el fin de la persecución....Pasados unos días, amenazó con disolver su movimiento por el "exterminio de 29 miembros de la Marcha Patriótica", todos campesinos. Esa forma de hacer política que usa a los muertos para convertirlos en banderas electorales.

Entre tanto, Juan Manuel Santos recorre Madrid y Davos, y ahora Portugal, a visitar al delantero colombiano Radamel Falcao....Esa forma de hacer política para meter goles e insertarnos en ese otro mundo que nos hace sentirnos grandes y menos miserables por nuestras formas de hacer política.

La última encuesta de Cifras y Conceptos en Colombia para Caracol Radio y la Red más Noticias da una intención del voto por Juan Manuel Santos del 26 %, cifra que es superada por el voto en blanco, que alcanza 30. El mandatario con una favorabilidad del 50 por ciento no tiene a la vista rival distinto a esa masa de encuestados que están cada vez más lejos de esas formas de hacer política en Colombia y en otros países de América latina.

 

Levantemos la bandera de todos somos Piedras, todos somos Tolima

 

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, Comisión Quinta del Senado, 13 de noviembre de 2013

La cruzada del procurador contra el medio ambiente

El Espectador
César Rodríguez Garavito
11 de noviembre de 2013

Gracias a los datos enviados por varios lectores, veo que mi columna anterior se quedó corta al criticar la presión que viene ejerciendo la Procuraduría contra los funcionarios públicos que protegen el medio ambiente.

Tarea que debería estar cumpliendo también el procurador, a quien la Constitución le ordena “defender los intereses colectivos, en especial el ambiente”.

En la columna mostraba que la Procuraduría viene haciendo lo contrario. Daba como ejemplo sus intervenciones en el caso de la mina de oro de La Colosa, en Tolima, que busca explotar la empresa AngloGold Ashanti. Al leer los documentos del caso y visitar la zona, es claro que la Procuraduría se ha convertido en el obstáculo principal para las comunidades y autoridades que se oponen a la mina por el profundo impacto que tendría sobre el agua, la agricultura y el medio ambiente. Por ejemplo, viene apoyando los recursos jurídicos de AngloGold contra Cortolima y pidiéndole a ésta que revoque las medidas que ha tomado para evitar los daños ambientales que podrían ocasionar los estudios de suelos de la empresa en el municipio de Piedras.

En todo esto, la Procuraduría ha seguido el patrón de sus actuaciones en otros temas: interpretar las normas en contra de los derechos de los ciudadanos y usar su desbordado poder para intimidar a los funcionarios que los protejan, con la amenaza velada de destitución.

Los datos aportados por los lectores muestran que en este tema se cumple también otro patrón del modus operandi de la Procuraduría: se trata, en realidad, de una cruzada ideológica y personal del procurador.

Apenas un año antes de ser elegido, Ordóñez publicó una diatriba contra el ecologismo que no deja dudas sobre su opinión. En el libro El nuevo derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural, se despacha contra la ONU y el derecho internacional, incluyendo la protección del medio ambiente. La razón de la crítica es religiosa. Para el hoy procurador, la defensa del medio ambiente significa que “el hombre como centro del mundo ha sido desplazado y reemplazado por la Madre Naturaleza, y hasta ha resurgido el mito pagano de la Diosa Gaia”.

Si le sorprende esta cita, le interesará esta otra, tan diciente que vale la pena traerla completa. “La preocupación ecologista manifestada en la proliferación de ONGS (sic) con ese objetivo y de partidos verdes, no sólo se explican (sic) por la crisis medioambiental sino que responde a la agenda política que diseñó la ONU, para practicar el más ambicioso proyecto de reingeniería social de que se tenga noticia en la historia de la humanidad, sólo comparable con el realizado por POL-POT (sic) en Camboya, la única diferencia es el carácter violento del último, aunque éste con el aborto y la eugenesia también tiñe sus manos con la sangre de los inocentes”.

De modo que la protección del medio ambiente, un deber constitucional de la Procuraduría, es para el procurador una conspiración global contra lo que él representa. Es una reforma contra la que hay que desatar otra contrarreforma, otra cruzada personal de Ordóñez.

Sólo así se entiende, por ejemplo, que el procurador haya enviado recientemente al Ministerio de Ambiente una carta que combina una ferviente defensa de la minería, críticas a las medidas del ministerio para prevenir los daños ambientales que causaría y dudosos argumentos jurídicos sobre “derechos adquiridos” de las empresas. Y remata con recomendaciones que favorecerían los intereses mineros en zonas estratégicas como el páramo de Santurbán.

Como toda cruzada, esta va para largo. Habrá que estar atentos.

* Miembro fundador de Dejusticia.

El futuro del Parque Tayrona

Editorial El Espectador
12 de enero de 2013

De nuevo el Tayrona se encuentra bajo el ojo de la opinión pública. Los debates alrededor de este importante parque nacional natural —una figura que, a veces, parecen soslayar los que allí quieren construir— resurgen de tanto en tanto, demostrándonos que sobre ese lugar se extienden y contraponen intereses muy fuertes. 

Así se verá el proyecto ecoturístico Reserva Los Ciruelos, que comprende 44 hectáreas. / Cortesía

 

 

Dos, en particular: los que quieren proyectos turísticos amables con el medio ambiente y los que creen que esto es una afrenta contra un territorio ancestral y constitucionalmente protegido.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revivió el pasado 27 de diciembre —curiosa fecha, cuando la atención descansa— la posibilidad de que se adelanten trabajos ecoturísticos, como bien se sabe, sobre lo que queda del valiosísimo bosque seco tropical que por ahora sigue siendo patrimonio público. El proyecto, llamado Reserva Los Ciruelos y ubicado en la ribera oriental de Bahía Concha, había sido suspendido porque la ANLA impuso una medida preventiva debido a irregularidades encontradas en la perforación de dos pozos de aguas subterráneas. La empresa Reserva Los Ciruelos, S.A.S., cumplió con su parte y ahora exige el aval para actuar libremente.

Pese a que todo parece haberse hecho dentro de la ley, las suspicacias afloran. En primera medida, porque no se puede entender la desarticulación institucional tan grande que ha habido en torno al Tayrona. No se sabe, a ciencia cierta, qué es lo que quiere hacer el Estado con este territorio. Y eso es injustificable a estas alturas del partido. El Ministerio del Interior emitió un concepto en 2009, la resolución 0631, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental al proyecto (¿qué hace el ministerio de este ramo, de buenas a primeras, concediendo cosas de este estilo?) y dijo sin ambages que en el territorio catalogado como sagrado “no habitaban nativos dentro del área a intervenir”. Increíble. Una cosa distinta opina hoy el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien le ha pedido a la directora de Parques Nacionales que emita un concepto jurídico vinculante, dirigido a la ANLA, en el que puedan explicarse y demostrarse las objeciones para una posible revocatoria de la licencia otorgada.

Por ahora parece haberse corregido el camino. La Corte Constitucional emitió un concepto que blinda de toda legitimidad la petición del ministro Uribe. En medio de la presión ciudadana, además, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en Twitter que “el bosque seco no se puede afectar”, dejando en el aire las aspiraciones de la empresa que pretende construir 12 ecocabañas y que, hasta hace poco y por un mero requisito, tenía el aval del Estado. La disculpa ahora para esta absurda contradicción institucional es que la licencia del proyecto se otorgó durante el gobierno anterior, lo cual solamente demuestra la visión tan miope y parcial que se ha tenido frente al Tayrona y su futuro. Al vaivén de los intereses se van tomando decisiones puntuales que dependen de todo menos de lo que obliga en un parque natural nacional.

El futuro del Tayrona, pues, no es un asunto que pueda seguir siendo visto por partes, según lo que pidan los constructores privados en cualquier momento, como si un todo vulnerable, público y nacional no estuviera en juego. Hoy es este proyecto, mañana el de Six Senses, que está avanzando. Y el debate no puede quedarse en si es viable hacer o no turismo ambiental, que esta empresa bien puede saber hacerlo y Six Senses ciertamente lo sabe hacer. El debate real está en la propiedad del parque. Lo que realmente está en juego es la Constitución Política, el Convenio de Diversidad Biológica y la certeza de que el uso público se puede hacer por medio de visitas controladas. Este lugar sagrado es de una naturaleza única: es inembargable, inalienable e imprescriptible. Mucho más allá de sus indígenas y su biodiversidad. Esto es algo que, insistimos, muchos parecen desconocer.

El desastre de Eldorado

El Espectador
Salomón Kalmanovitz
28 de octubre de 2012

Estaba expectante por conocer y experimentar las maravillas del nuevo terminal internacional de Eldorado (según Vladdo) que se anunciaron en términos superlativos: aeropuerto de talla mundial, espectacular, hermoso.

En palabras del director de la Aerocivil, Santiago Castro, frente a acusaciones del senador Juan Manuel Galán: “Reconocer las buenas obras no es favoritismo y el nuevo terminal internacional de Eldorado salta a la vista”.

El costo fue de $1,8 billones para 104.000 metros cuadrados de construcción, que arroja $17,3 millones por metro, algo que de por sí es excesivo. Los techos elevados desperdician un enorme volumen de construcción, inflando el costo sin necesidad y proyectando una estética de lo pretencioso y vacuo. Los aeropuertos de Lima y Panamá, en contraste, son mucho más funcionales, bellos en su simplicidad, y costaron menos de la mitad por metro que nuestra faraónica terminal.

El contrato entre la Nación y la firma Odinsa-Opain ha sido modificado al menos en cuatro oportunidades, algo común en la administración Uribe, que licitaba para que los contratistas hicieran su agosto a costa de la calidad, funcionalidad y aún terminación de las obras públicas. En la práctica, no había contrato alguno sino que el escogido a dedo aumentaba su ingreso sin que se defendiera el interés público. El terminal no debió costar más de US$400 millones, cifra que se cuadriplicará hasta que se entreguen las obras, incluyendo una torre de control que pasó de un costo contratado de US$15 millones a US$180 millones en la actualidad, algo que fuera denunciado por Galán.

Opain es la misma empresa que hizo un esperpento sobre el Parque de la Independencia, incluyendo un grueso puente en concreto armado que salió a $16.000 millones, en vez de costar $200 millones. El diseño le fue contratado a un famoso arquitecto que no se preocupó por la estética y que canibaliza una parte importante del parque.

Lo que salta a la vista es que la nueva estructura de Eldorado tiene sólo 13 muelles de parqueo, menos que los de la antigua estructura que cuenta con 14, construida hace 60 años y que va a ser derruida. La nueva terminal quedó empotrada en un espacio donde no puede expandirse hacia el futuro.

Con tan poco espacio de parqueo para los aviones, la mayoría se sitúa a distancias considerables de la terminal. El descenso entre el tercer piso del edificio y la puerta de embarque de los buses hay que hacerlo por una tortuosa escalera. En mi vuelo había dos ancianas que tuvieron que ser casi cargadas por los porteros de las sillas de ruedas para llegar a los buses. Pregunté si había ascensor y me dijeron que no.

A la llegada, el viacrucis fue peor: el avión encontró su sitio de parqueo ocupado y le tocó esperar 20 minutos hasta que decidió hacerse a 50 metros de la terminal. Nos vino a recoger el bus, pasados otros 20 minutos. Su recorrido estuvo interrumpido por camiones de combustible y los trenes con el equipaje de los vuelos que llegaban y salían para otros 10 minutos. El salón de entrega del equipaje es muy amplio, pero la logística absurda hizo que las maletas se demoraran otros 20 minutos. Llegados a inmigración, los encargados nos hicieron cambiar de cola cuando nos aproximábamos a ser atendidos. Contabilizando los tiempos, tomó una hora y 20 minutos desde que el avión llegó a la terminal hasta que salí con mi equipaje.

Ya se entiende por qué el progreso se nos hace esquivo.

Lo que las elecciones dicen sobre nosotros

Editorial
Por: Elespectador.com
30-10-2011

El día de ayer se celebraron en todo el país las elecciones regionales y locales. Más allá de repetir los datos de quién ganó sobre quién y por cuánto, habría que enfocarse en lo que éstas dejan ver sobre las sociedades que eligen.

Algo hace tres meses impensable, sucedió en Bogotá: Gustavo Petro, el candidato del partido Progresistas, ganó. Lo que indica muchas cosas de la ciudadanía votante. En primera medida, que los sectores en su contra no lograron unirse nunca (esos votos se dispersaron entre Peñalosa, Parody, Galán, Luna, demostrando a su vez el poder que en la capital tiene el voto de opinión frente al llamado “voto útil”). Pero en segunda medida algo que, sin duda, debe calificarse como histórico: el hecho de que Bogotá le confíe el segundo cargo más importante del país a un exguerrillero que se desligó de las armas y decidió defender sus ideas haciendo política legal. Que su programa tenga problemas o que los retos que le esperan sean enormes, hace parte de otro tema. Pero en un país con un conflicto armado de 40 años, con muchos odios y resentimientos de unos contra otros, esto es sin duda muy importante y diciente.

El panorama en las otras grandes capitales y departamentos del país es esperanzador. Que muchos ciudadanos hayan salido a votar en contra de candidatos con un pasado dudoso, investigaciones encima o relaciones escabrosas, es un punto a favor que deja muy bien parada la imagen del fortalecimiento de la democracia y el deseo por la transparencia. Asimismo, el uso del voto en blanco —una de las formas democráticas menos usadas, pero a su vez, probablemente, la que expresa un deseo ciudadano limpio— en algunas ciudades, como Bello, Antioquia, que tenía candidato único lleno de sospechas, renuevan en gran medida el sueño electoral.

Sin embargo, el tramo que queda por recorrer para poder hablar de legitimidad democrática en el país sigue siendo muy grande. En muchos otros municipios la situación continúa siendo muy grave. Se hizo de todo para evitar que las mafias o los candidatos con investigaciones en curso ganaran. Desde el Gobierno, encargando a la Corporación Arco Iris una investigación sobre los candidatos y las relaciones con grupos armados ilegales, o la Procuraduría presentando un informe en el que 550 candidatos estaban inhabilitados, hasta ONG y medios de comunicación que denunciaron los problemas de muchos de ellos, la corrupción y las asonadas.

Tal vez como nunca antes hubo información detallada y seria para que se eligiera mejor. Y, sin embargo, en los municipios de la periferia las personas siguen eligiendo a los mismos que han sumido a sus pueblos en la corrupción y la pobreza. Un mensaje claro deja este capítulo de elecciones locales: muchas de las experiencias vividas en esas grandes ciudades hay que replicarlas en las menores. Será una labor institucional dura, que sí debe emprenderse desde el centro, donde se demostró que hay más fuerza institucional, pero sin caer en el facilismo ya comentado hace un tiempo de pretender eliminar la descentralización (una verdadera locura en términos de autonomía de los municipios de toda Colombia).

Las elecciones han transcurrido de manera tranquila, tal y como lo expresó Germán Vargas Lleras, pero dejan el sinsabor del poder local de la ilegalidad para influir en ellas. Los nuevos alcaldes y gobernadores deberán enfrentar retos muy grandes, por supuesto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (aplicable sólo a nivel local) será apenas uno de ellos. Con todo, el gran cuestionamiento de la transparencia queda abierto: ¿Qué experiencias deben replicarse en los municipios menores para que sus ciudadanos no voten por candidatos oscuros? Ojalá el tema no se esfume hasta las otras elecciones sino que, aprendiendo de éstas y de algunos avances en lugares significativos, puedan hacerse los ajustes necesarios para un nuevo capítulo.

corrupedia

Una pequeña joya con la que todos deberíamos de estar familiarizados en este país.

Corrupedia es un experimento de convivencia, civismo y respeto que pretende convertirse en una memoria colectiva de corrupción colombiana de fácil acceso a los ciudadanos.

Corrupedia es una enciclopedia de corrupción en el que los colombianos pueden consultar y actualizar los antecedentes corruptos de funcionarios públicos. Solo son necesarios 3 pasos luego de ser miembro de nuestra comunidad:

• Busca al político o funcionario público de tu interés por su nombre.
• Si existe, modifica su ficha. Si no existe, créala siguiendo nuestra Plantilla.
• Adjunta links a soportes en línea como artículos de períodicos o revistas que hablen de investigaciones en las que se vea implicado. Si no existen soportes en línea no crees la entrada. Revisa lo que Corrupedia no es .

Sabías Que...

1. Según la Procuraduría hay 48.000 funcionarios públicos siendo investigados en 37.500 investigaciones.
2. 30 de los 32 gobernadores tienen procesos por presuntos actos de corrupción y el 78 por ciento de esos casos se refiere a manejos de tesorería e irregularidades en contratos
3. Los 3,9 billones de pesos que en procesos de contratación van a parar a los bolsillos de los corruptos alcanzarían para pagarle 10 semestres de carrera universitaria a 80.000 jóvenes colombianos, con un valor de 5 millones de pesos cada semestre.
4. Los recursos con los que se quedan los corruptos equivalen a la financiación de dos años de la seguridad democrática.
5. Que podrían ser subsidios de vivienda por valor de 11,5 millones de pesos para 347.000 familias de escasos recursos.
6. O que podrían cubrir la educación de 325.000 niños

Y es un constante no parar... hasta suspendieron al actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.