España se abstiene de apoyar el documento que fomenta la seguridad alimentaria y reconoce la contribución de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas a la biodiversidad
Roma
Más protección, más garantías, más respeto, más participación, más
dignidad, más igualdad. No solo para los agricultores, también para los
ganaderos, los indígenas, los pescadores, los pueblos nómadas y las
personas que viven en zonas rurales. Más derechos para el acceso a la
tierra y a los recursos naturales, para la gestión de las semillas
tradicionales, para la gobernanza, para los empleados migrantes y
temporeros. Para los hombres, y con incidencia, para las mujeres que
trabajan en los pueblos y que pueden garantizar la seguridad alimentaria
y contribuir a la biodiversidad... Estos son algunos de los principios
que recoge la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales
recién aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una
resolución. Un texto que promovió el movimiento internacional Vía Campesina desde que celebraran el primer congreso en 2001 en Indonesia
hasta este 2018, con este documento que consideran "histórico",
y que ahora se pone a disposición de los países del mundo. "Es un
reconocimiento a nuestro rol en la lucha contra el hambre, por la
mitigación del cambio climático, para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y por la soberanía alimentaria", destaca
Diego Montón, delegado del colectivo en América Latina.
La ONU reconoce en la resolución que los campesinos y otras personas
que trabajan en las zonas rurales sufren "de manera desproporcionada" la
pobreza, el hambre y la malnutrición, que conviven con la degradación
del medioambiente, que se enfrentan a la despoblación y el
envejecimiento de sus regiones, que requieren más ayudas e inversiones,
que pueden trabajar en condiciones peligrosas o son víctimas de
explotación y que tienen dificultades para acceder a los ámbitos de la
justicia, a los servicios financieros o a la protección social. Resalta
también que le preocupa la especulación sobre los alimentos, la
distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las
desiguales relaciones de poder en las cadenas de valor, entre otros.
"Los campesinos se enfrentan a situaciones extremas que se ven agravadas
por un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Ellos
alimentan al mundo, pero el disfrute de sus derechos humanos se ve
amenazado, incluyendo su propio derecho a la alimentación", ha declarado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras la aprobación del texto.
"Es una gran victoria del mundo rural frente al mercantilismo imperante. Es un documento importante para frenar la mercantilización y el oligopolio de los alimentos utilizados como mercancía, y la concentración del poder de su distribución en unas pocas manos. La declaración recoge la humanización de la agricultura, que algo tan básico no dependa de las grandes empresas", declara con decisión el ingeniero José Esquinas, implicado en la negociación desde hace un lustro y miembro del comité científico. Para el experto, esta resolución, amparada en el contexto de los Derechos Humanos, pone a las personas en el centro frente a los beneficios empresariales, y promueve la soberanía alimentaria frente a la dependencia de las grandes compañías. "Es fundamental también que sitúa al campesino como custodio de la biodiversidad agrícola del planeta, básica para los cambios medioambientales que se avecinan", detalla el experto.
"Es una gran victoria del mundo rural frente al mercantilismo imperante", dice el experto José Esquinas
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha calificado de "histórico" este documento, que detalla cuestiones sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para la seguridad alimentaria, además de reforzar las identidades culturales y los conocimientos tradicionales. "A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad", ha declarado Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la organización para las Naciones Unidas en Nueva York. "Para la FAO va a ser muy importante, útil y relevante en relación con la década de la agricultura familiar (2019-2028), trata temas a desarrollar como la tierra, las semillas o que la innovación sea sostenible y participada con el conocimiento local", detalla Guilherme Brady, coordinador del equipo de Organizaciones de la Sociedad Civil de esta agencia de la ONU. Los agricultores familiares generan cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo, aunque "paradógicamente" suelen ser pobres y estar aquejados de inseguridad alimentaria, recoge la FAO.
España se abstiene para la aprobación del texto
Bolivia ha liderado esta propuesta sobre la que han votado 193 países y que ha contado con un amplio respaldo de Estados de América Latina, África y Asia. No obstante, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Hungría, Suecia y Nueva Zelanda se han posicionado en contra. España, junto a otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia o Bélgica, se han abstenido de la votación. El Ministerio de Exteriores de España ha declinado, hasta el cierre de esta información, detallar las causas de esta postura. "Hay países que no están de acuerdo con la declaración porque supone una ampliación de derechos, o porque pueden estar presionados por las corporaciones trasnacionales de agroindustria, donde están sus centrales", estima Montón.
