El País
Elizabeth Reyes L
13 de septiembre de 2013
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| El presidente colombiano Juan Manuel Santos. / Leonardo Muñoz (EFE) |
Tras tres semanas de las protestas de campesinos colombianos, que mantuvieron bloqueadas numerosas vías hasta el pasado martes y que le valieron al presidente Juan Manuel Santos el desplome de su popularidad y un remezón ministerial,
este jueves el Gobierno lanzó el “Gran Pacto Agrario”, un mecanismo de
concertación con el que espera pasar la página de la huelga y
reconstruir el campo colombiano, un sector que ha estado en el olvido
durante décadas, donde la pobreza sobrepasa el 46,8%, y que ha sido,
además, afectado como ninguno por el conflicto armado.
“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.
Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.
Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.
Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.
Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.
El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.
La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.
En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.
El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.
En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.
La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.
“Estas protestas campesinas nos obligan a realizar una reingeniería a nuestra manera de pensar el desarrollo [del sector agrícola]”, reconoció Santos durante la posesión de cuatro de sus nuevos ministros. Y esa reingeniería tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción de ese Pacto donde se ha dicho que tendrán cabida el gobierno, los sectores productivos, los campesinos, indígenas, afrocolombianos, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y académicos. Santos espera que de allí salga “una verdadera política agropecuaria, moderna, equitativa hacia el futuro”.
Sin embargo, no todos los líderes campesinos que protagonizaron la huelga nacional acudieron a la primera cita y otros que sí fueron, como Héctor Centeno, portavoz de los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, no acogió la propuesta de Santos y se retiró del recinto. El movimiento Dignidad Agropecuaria Nacional, que agrupa a pequeños cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, entre otros agricultores, había anunciado en un comunicado que no participaban por “la insistencia oficial en no modificar los TLC y las propuestas de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) por la agricultura a gran escala como centro de la política agropecuaria”.
Santos –quien estuvo al inicio y al cierre de la jornada– insistió en que el Pacto es incluyente y además está en sintonía con los acuerdos que sobre el tema agrario firmados con las FARC en La Habana. “Lo que muestra este punto 1 acordado en La Habana es que todos coincidimos en la necesidad –la urgencia mejor– de enfocar la política pública hacia el bienestar de la gente en el campo y de crear las condiciones para competir en los mercados globales”, dijo.
Al final del día, el presidente colombiano anunció que firmó un paquete de decretos para poner en marcha algunas de las medidas a las que se comprometió con los campesinos que protagonizaron las huelgas. El primero es que quitará los aranceles a los insumos agrícolas, un régimen de libertad vigilada para el control de precios de estos insumos y la creación de una comisión para la regulación de los mismos. Precisamente uno de los reclamos más urgentes de los campesinos era el alto costo de los fertilizantes y los insumos.
Santos también dijo que fortalecerá la estructura del Ministerio de Agricultura con la creación de un Viceministerio para el Desarrollo Rural, que se elimina el contingente de importación de los lactosueros y que de ahora en adelante se formaliza el Sistema de Participación Popular “para que acordemos el Pacto Nacional por el Agro y lo implementemos con éxito”, explicó.
El anuncio más importante fue el acuerdo con Venezuela para reactivar el comercio binacional. Este país comprará 600 millones de dólares en productos agropecuarios a Colombia “lo que implica un aumento del 20% de las exportaciones hacia Venezuela, y vamos a asegurarnos de que el sistema de pagos otorgue las debidas seguridades a los productores”, dijo Santos y reconoció que Venezuela necesita hoy “nuestros productos y nosotros necesitamos vendérselos”.
La lista incluye 40.000 toneladas de leche en polvo y UHT (ultra-pasteurizada), 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles, y casi 1,7 millones de pollos recién nacidos.
En la última semana, Santos y sus ministros han llegado a acuerdos con cada uno de los sectores agrícolas que se fueron a la huelga, logrando el desbloqueo de vías. Los campesinos reclamaban subsidios para pequeños productores, restricciones a las importaciones y el contrabando, acceso a créditos, manejo de deudas, control a los precios de insumos, fertilizantes y del transporte de sus productos, y también por el impacto de los Tratados de Libre Comercio.
El gobierno firmó un acta con las etnias indígenas pastos y quillacingas (al sur), para comprarles 40.000 litros diarios de leche durante los próximos 15 meses. También se prohibió la rehidratación de leche en polvo importada. Por su parte, los agricultores de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño lograron que se estableciera una restricción (salvaguarda) a la importación a la papa fresca, precocida y congelada, cebolla cabezona, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo y quesos frescos provenientes de países del Mercosur y la Alianza Pacífico. Así mismo, que no se aplicará una norma que castigaba la utilización de semillas no certificadas.
En los departamentos del sur del país, el vicepresidente Angelino Garzón logró llegar a un principio de acuerdo con el último grupo de manifestantes que bloqueaban varias vías de esa región y se comprometió a conformar una comisión para negociar las peticiones de los huelguistas sobre el acceso a la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y las garantías para participar en la construcción de políticas agrarias.
La gran expectativa de los campesinos es que el gobierno cumpla con los acuerdos. Incluso, hoy mientras Santos lanzaba el Pacto Agrario, integrantes de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), celebraron una Cumbre Agraria y Popular, también en Bogotá, donde confirmaron que la huelga continuará en algunos sectores.
