Por el contrario, han surgido nuevas tensiones. Las relaciones entre el alto
funcionario y la dirigencia gremial arrancaron mal y varias de sus
declaraciones ya han generado malestar entre muchos productores.
Lizarralde
ha criticado a los gremios duramente: “No quiero oír quejas de los
gremios. Quiero oír propuestas”, dijo en la Comisión Quinta del Senado.
Luego en un foro en Barranquilla, señaló que los gremios van a tener que
ocupar posiciones en las mesas de negociación con los campesinos,
“tienen que poner la cara porque si no, como hasta hoy ha sucedido, son
otros los que parecen disputándose una vocería”.
En
la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el gremio cúpula que
congrega a 46 agrupaciones agropecuarias, estas palabras no podían haber
caído peor. Las sintieron como un regaño del gobierno y una bofetada
contra la institucionalidad.
Pero los
sombrerazos del ministro también fueron para los cafeteros. “No puede
ser posible que sigan estimulando la siembra de café, salvo los
especiales, cuando este producto en estos momentos se está convirtiendo
en la ruina de muchos agricultores”, anotó en un evento. Y en alusión al
apoyo que el gobierno les da, el ministro agregó que “ni el país ni el
gobierno pueden financiar por sécula seculórum las ineficiencias”.
Esto
provocó un gran disgusto en el gremio cafetero, al punto de que el
gerente general de la Federación, Luis Genaro Muñoz, en un duro mensaje
lo consideró como una “ligereza del alto funcionario”.
Hay
que decir que algunas de estas críticas coinciden con las que había
planteado el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, pero, en su
momento, estas no habían generado tanto malestar en el sector. Como dijo
un dirigente gremial, “es tal vez el tonito de Lizarralde lo que no ha
gustado”. Para algunos, el ministro en lugar de llegar en una actitud de
diálogo y deliberación llegó con ánimo de confrontación y a echarle más
leña al fuego.
Lizarralde generó polémica
desde su nombramiento como ministro. El modelo agrario que él lideró en
Indupalma no convence a todo el mundo, a pesar de que en el sector de la
palma se le considera un esquema exitoso de asociatividad.
En
un principio el ministro afirmó que quería replicar este modelo en el
resto del país y eso no terminó por gustar, pues muchos piensan que no
está probado que pueda funcionar con otros cultivos y en todos las
regiones de Colombia. En los últimos días, Lizarralde ha reconocido que
el gobierno no va a adoptar exclusivamente esta estructura.
Otro
escenario político de choque que ha tenido que lidiar es la embestida
del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. El
parlamentario ya le hizo un primer debate en el Congreso por una
supuesta participación en la compra de terrenos baldíos en el Vichada,
que Lizarralde ha desmentido tajantemente. Para este martes, el ministro
deberá asistir a otro debate, esta vez sobre el tema de Indupalma y los
proyectos asociativos que promovió como gerente de la empresa.
Los
encontrones del jefe de la cartera agropecuaria en su primer mes en el
despacho han llamado la atención, porque después de la tormenta que
vivió el campo con el paro es urgente generar ciertos consensos y
acuerdos para que todos remen para el mismo lado. Para que esto suceda
es fundamental que haya armonía y trazar las políticas donde quepan
todos: campesinos, pequeños y medianos agricultores, los gremios y el
gobierno en cabeza del ministro del ramo.
Pero,
más allá de su tono beligerante, ¿tiene razón el ministro en sus
críticas y planteamientos? En primer lugar, es claro que el país
necesita fortalecer su institucionalidad gremial. Esto es fundamental
para evitar el caos que se armó en el pasado paro agropecuario, cuando
los interlocutores en las mesas eran las llamadas ‘dignidades’, que son
productores no agremiados.
Esto dificultó las
negociaciones porque detrás de muchos campesinos en dificultades se
filtraron otros intereses, incluidos los políticos, los económicos y
muchos que buscaron pescar en río revuelto.
Rafael
Mejía, presidente de la SAC, afirma que no cabe duda de que en
Colombia, como en los demás países de mundo, se requiere contar con unos
gremios fortalecidos, serios y autónomos de la intervención del Estado,
pero que de ninguna manera están para evitar paros.
“Eso
le corresponde al Estado consolidando una política para el sector con
nuestro concurso. Es indudable que el campo necesita un resurgimiento
del espíritu empresarial, un marco jurídico adecuado y los estímulos
económicos necesarios que lo promuevan”.
En
cuanto a la posición ministerial sobre el tema del café, hubo más de una
sorpresa. Frente a las dificultades que está viviendo este sector, que
congrega a más de 500.000 familias y que atraviesa una crisis por la
revaluación y los bajos precios internacionales, el gobierno creó hace
varios meses una comisión de expertos designada por el presidente de la
República que presentará las conclusiones sobre lo que debe ser el
futuro de la industria del café en Colombia.
A
los cafeteros les cayó muy mal la crítica de que generen más valor y
sean más productivos, porque precisamente eso es lo que, según el
gremio, han logrado este año a pesar del contexto internacional. Por
ejemplo, la mayor producción que se está registrando en el país –este
año se superarán los 10 millones de sacos– se debe a un aumento de la
productividad.
Esto tiene que ver con la
renovación de la caficultura. Según Luis Genaro Muñoz, el 53 por ciento
del parque cafetero está renovado, lo que permite usar mejor el suelo,
tener más árboles por hectárea y lograr una mayor producción en
variedades resistentes. El área cultivada ha crecido un 7 por ciento en
los últimos cinco años, mientras que la producción lo ha hecho en más de
un 25 por ciento.
Ahora bien, el ministro
dejó entrever que no es partidario de prolongar el PIC (Programa de
Protección del Ingreso Cafetero) y ya se sabe que ese es un tema que le
puede generar más de un dolor de cabeza. Los cafeteros esperan que el
apoyo se extiende para 2014 y se sabe que es algo que ya tiene
contemplado el Ministerio de Hacienda. Ahí se avecina un gran debate.
En
la última semana, el ministro Lizarralde ha tenido que apagar los
conatos de incendio desatado por sus palabras. Se reunió por separado
con los cafeteros y con la dirigencia gremial agropecuaria. Fueron
reuniones tensas, que si bien ayudaron a poner las cartas sobre la mesa,
no dejaron al sector completamente tranquilo.
Y
es que lo que se avecina en esta cartera no será menos ruidoso. El
ministro anunció que tiene listo el proyecto de ley sobre baldíos, que
permitirá la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
En
un reciente foro explicó que según ese texto, cuando el sector privado
inversionista, ya sea nacional o extranjero, acumule esas unidades,
deberá obligatoriamente destinar un 20 por ciento de la extensión
afectada a proyectos para pequeños y medianos propietarios.
Se
sabe que esta propuesta ya causó sorpresa en el sector privado
agropecuario. Lizarralde les advirtió a los gremios que no divulgará el
proyecto antes de que llegue al Congreso. Esto tampoco sonó bien, porque
los empresarios sienten que, al no socializarlo como ha ocurrido con
otros proyectos de ley, el ministro no tiene ánimo de concertar.
Lizarralde
también tiene el reto de lidiar con las dignidades agropecuarias para
que se unan al pacto nacional agrario. Pero eso pasará, primero, por
cumplir los acuerdos que se sellaron cuando terminó el paro. Y en este
sentido, ya hay preocupación de algunos sectores que ven difícil llevar a
la práctica todo lo que se consignó en el papel.
En
síntesis, los grandes propósitos y las buenas ideas con que llegó el
ministro Lizarralde para el sector agropecuario, incluido su fuerte
carácter –que es una gran virtud en política– se pueden enredar y
empantanar aún más la situación del agro, si no logra bajar la tensión
que existe entre todos los actores y los pone a remar para el mismo
lado.
