El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
27 de julio de 2013
La historia de tensión entre habitantes del municipio tolimense y la AngloGold Ashanti.
El municipio de Piedras, Tolima,
será hoy el escenario de un inusual proceso de participación ciudadana:
sus habitantes decidirán si quieren o no que en su territorio se
adelanten proyectos de minería a gran escala. Se trata de una consulta
popular que, por primera vez desde que se estableció este mecanismo de
participación en la Constitución de 1991, abordará el tema de la
explotación de recursos no renovables. En Colombia se han realizado 16
consultas populares, pero en ninguna se ha preguntado sobre la actividad
minero-energética.
Los
piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de
acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se
realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración,
explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de
materiales, provenientes de las actividades de explotación minera
aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos
para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o
cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas
actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de
nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de
naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de
agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y
agrícola de nuestro municipio?”.
El
ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal
Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la
convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría
Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados
para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera
municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en
Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las
ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de
800 ciudadanos.
Pero más allá de la
consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el
proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima),
cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold
Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande
de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal.
El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al
tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una
montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del
mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que
nacen en este páramo.
En respuesta a
esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de
comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la
huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner
la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que
hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que
es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se
inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado
una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.
Hace
un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería
para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio
encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de
este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas
preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que
no tenían los permisos correspondientes.
Ocampo
sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos
(geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren
permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de
suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de
aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del
suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la
zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de
material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus
actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las
autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y
obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.
Para
la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las
actividades de la empresa. Para los impulsores del no a las actividades
mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo
expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de
esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y
luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de
pancoger a causa de la gran minería”.
Félix
Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no,
explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a
la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50
kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre
esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más
en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura.
Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la
vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos
sobre nuestro futuro”.
El alcalde
de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de
esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad
del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible
daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad
empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No
estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar
nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto.
Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región
para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La
Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.
Pero
incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de
enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es
tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no
practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y
la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa
sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias
ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de
la decisión que va a tomar.
Al
final, los piedrunos saldrán a las urnas y expresarán su voluntad. La
ley establece que para que la consulta prospere debe alcanzar el 50% de
la votación más un voto y deberá participar no menos de la tercera parte
del censo electoral del municipio, que en este caso es de 1.702
sufragantes. Luego vendrá otro debate, que desde ya se anuncia será
fuerte, y es si una consulta popular alcanza para evitar que el Gobierno
Nacional defina áreas para la explotación de recursos no renovables.
