La caída del imperio cafetero

El Espectador
Salomón Kalmanovitz
26 de octubre de 2014

EN 1976, Héctor Melo publicó un libro titulado El imperio clandestino del café.

Allí argumentaba que la Federación de Cafeteros constituía un Estado dentro del Estado, que era dominante en todas sus organizaciones económicas, desde el Banco de la República al Ministerio de Hacienda. La llamada Escuela de Manizales había llenado muchas posiciones estratégicas de los gobiernos desde los años veinte del siglo pasado, en tanto el café proveía el 80% de las divisas (hoy es el 3,2%) que penosamente racionaba el país después de culminado el largo auge de posguerra.

Las políticas económicas eran favorables al gremio: se trataba de devaluar la tasa de cambio, sin preocuparse por la inflación; su alianza con los industriales del Triángulo de Oro, constituido por Medellín, Cali y Bogotá, concentraba el desarrollo económico en ellas, a costa de la región Caribe y del resto del país.

Si las bonanzas eran de los cafeteros, las crisis debíamos sufragarlas los contribuyentes. Los impuestos al café no entraban al cofre común sino a las arcas de la Federación, que los distribuía entre sus comités departamentales y municipales para dotarse de vías, acueductos, electricidad, educación y salud. Este reparto evidenciaba que carecíamos de democracia económica, o sea, de ciudadanos iguales frente a la tributación y al gasto, de acuerdo con la capacidad de cada cual y de las necesidades regionales representadas en el Congreso.

Tampoco éramos ni somos una democracia liberal, sino más bien un Estado corporativo en donde los gremios “conciertan” con el Gobierno para llevar sus iniciativas al Congreso. Allí, la representación surge de clientelas que organizan los mandos medios, dirigidos por una oligarquía hereditaria que se desliza por la puerta giratoria entre Gobierno y gremios.

Liquidado el pacto internacional de cuotas en 1989, la Federación tuvo que enfrentar un mundo nuevo y duro que nunca pudo descifrar; no quiso aflojar el monopolio sobre la producción y la atención al cafetero que se le había entregado durante 60 años de hegemonía. Era un mercado global de intensa competencia que exigía flexibilidad, en el que era necesario reducir costos y diversificar la oferta. Había que introducir variedades resistentes y no contar con la preferencia del mundo a favor del suave colombiano. Al tiempo que Vietnam multiplicaba su producción por diez y Brasil la duplicaba, Colombia la reducía en 50%. La Federación prohíbe al día de hoy la siembra de variedades robustas y hasta hace poco rehusaba permitir la exportación de cafés especiales, donde se concentra la demanda del público más pudiente.

La Comisión de Estudios del Café encontró situaciones de alto riesgo moral en el comportamiento de la Federación: participa comercialmente en el mercado que regula, exigiéndoles a sus competidores información con la que puede aventajarlos; recibe subsidios del Gobierno, pues la contribución cafetera no alcanza para financiar su burocracia, lo cual incentiva la toma de malas decisiones pues no tienen costo para su dirigencia; utiliza sus redes clientelistas para presionar al Gobierno a que entregue subsidios a los productores, especialmente a los más grandes, pero no tanto como para causar desórdenes, algo que aprovechó el movimiento Dignidad Cafetera para desplazarla de la negociación con el Gobierno durante el último paro. Hoy, la debilidad de la Federación permite que el Gobierno nombre a su gerente.

los males del campo colombiano

El Espectador
30 de abril de 2014

Si tuviera que elegir entre todos los problemas que tiene el campo colombiano. ¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?

Salomón Kalmanovitz
Uno de los economistas más destacados del país

Reparar la institucionalidad del Ministerio de Agricultura que ha sido dañada por el clientelismo y ha permitido el control de varios de los institutos hasta por reconocidos paramilitares. Eso imposibilita ofrecer los bienes públicos indispensables para el desarrollo agropecuario:legalización de tierras usurpadas (Incoder), control sobre los bienes confiscados al narcotráfico (DNE) y su reparto a los que no tienen tierra, riego y drenaje, controles fitosanitarios, desarrollo tecnológico (Corpoica), asesoria técnica a nivel de finca, silos para almacenar y regularizar las cosechas y carreteras de segundo y tercer nivel (corresponden a departamentos y municipios).

Jorge H. Maldonado
Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y ha encabezado diversos proyectos sobre la implementación de los recursos naturales.

Indiscutiblemente, la pobreza. Nuestros campesinos son en general muy pobres y enfrentan unas condiciones difíciles todos los días, lo que limita sus posibilidades de desarrollarse y de vivir dignamente. Junto con el problema de la pobreza, está el tema del acceso a tierras y a otros activos, y las limitadas oportunidades de los campesinos para desarrollar sus capacidades. La excesiva inequidad en la tenencia de la tierra solo es una dimensión del acceso desequilibrado a activos y oportunidades. Y este acceso se reduce aún más en presencia de quizá la peor de las plagas de este país: la corrupción.

Absalón Machado
En el año 2011 encabezo el Informe Nacional de Desarrollo Humano “Colombia rural. Razones para la esperanza” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Considero que la inequidad, la falta de oportunidades, la carencia de una política estructurada del Estado para el sector rural y el conflicto armado con todas sus derivaciones, son los problemas más críticos y alrededor de los cuales giran los demás. La inequidad en el acceso y distribución de factores productivos y especialmente la tierra, y en el acceso a oportunidades, bienes públicos y servicios, incluyendo la conectividad asimétrica a los mercados, marca muy fuerte la vida de la población rural. Esas desigualdades también se expresan en las inequitativas relaciones entre el campo y la ciudad, y en la manera como el Estado ha tratado históricamente a una u otra de esas territorialidades.

La estructura agraria altamente desigual, excluyente y concentrada en manos de un grupo privilegiado de colombianos, y el mal uso que hacen de la tierra (conflictos de uso) es una razón estructural que impide la apertura de oportunidades, la creación dinámica de empleos y de opciones no agropecuarias dentro de la vida rural, y desmoviliza a los habitantes rurales que no tienen así oportunidades de ascenso y movilidad social en una estructura rígida y cerrada. Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. 


Las oportunidades de diversificar los ingresos en el sector rural son pocas, y están centradas en una minoría de ciudadanos, unos porque tienen mayores niveles de educación, otros porque controlan los recursos y las relaciones con las instituciones y la política, otros porque han tenido golpes de fortuna, y algunos empresarios que han podido aglutinar a su alrededor los instrumentos necesarios para competir y permanecer en los mercados. Mujeres, jóvenes, etnias, ancianos y buena parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar está por fuera de esas posibilidades porque la estructura agraria y las políticas del Estado no les abren caminos para moverse con libertad y acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar.

Alejandro Reyes
Fue director del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Es uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito agrario

Los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado -0.87%-, ilegalidad de la gran propiedad –lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos-), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal, falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

Andrés Montoya
Profesor del departamento de economía de la universidad de los Andes.

Los TLC, no obstante, lejos de ser el principal problema del agro colombiano, lo que han hecho es visibilizar una serie de problemas estructurales que enfrenta la producción agrícola en el país y que están estrechamente relacionados con la forma en la que se ha dirigido la política agrícola en el país. Una política que a lo largo de diferentes gobiernos se ha concentrado en ofrecer subsidios a distintos sectores, en especial a los productores más organizados, en vez de asegurar la provisión de bienes públicos necesarios para mejorar la competitividad y productividad del sector agrícola en el país. Y ahí está el principal problema del agro en Colombia, pues no contamos con una oferta de servicios públicos, como por ejemplo una red de transporte adecuada para que los productores lleguen a los principales mercados y que incrementan los costos de transporte sustancialmente. De hecho, de acuerdo con el World Economic Forum tenemos unas las calificaciones más bajas en la región en términos de infraestructura portuaria, vial y férrea.

Tampoco existe un mercado de tierras apropiado que le permita a los hogares rurales acceder a tierras para aumentar la producción agrícola. Así mismo, no hay una oferta seria de programas de asistencia técnica y educación, de créditos o de seguros agrícolas.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, menos del 30% de los hogares rurales encuestados en 4 regiones del país tienen algún tipo de crédito y en menos del 55% de estos hogares el crédito viene de alguna institución formal. Esto es preocupante pues indica que la mayoría de hogares rurales no tienen cómo acceder a recursos crediticios para financiar su actividad agrícola ni asegurarse frente a los diferentes riesgos agroclimáticos, lo cual reduce el nivel de las inversiones y limita la adopción de nuevas tecnologías.

La precaria oferta de servicios públicos en el campo Colombiano genera una serie de fallas de mercado que tienen como consecuencia un incremento sustancial de los costos de transacción y barreras para la adopción de nuevas tecnologías y para la estandarización de los procesos productivos, hace que la pequeña y mediana agricultura en el país se encuentra rezagada frente a la de países vecinos y juega un papel fundamental en las dinámicas de pobreza en las áreas rurales.

El desastre de Eldorado

El Espectador
Salomón Kalmanovitz
28 de octubre de 2012

Estaba expectante por conocer y experimentar las maravillas del nuevo terminal internacional de Eldorado (según Vladdo) que se anunciaron en términos superlativos: aeropuerto de talla mundial, espectacular, hermoso.

En palabras del director de la Aerocivil, Santiago Castro, frente a acusaciones del senador Juan Manuel Galán: “Reconocer las buenas obras no es favoritismo y el nuevo terminal internacional de Eldorado salta a la vista”.

El costo fue de $1,8 billones para 104.000 metros cuadrados de construcción, que arroja $17,3 millones por metro, algo que de por sí es excesivo. Los techos elevados desperdician un enorme volumen de construcción, inflando el costo sin necesidad y proyectando una estética de lo pretencioso y vacuo. Los aeropuertos de Lima y Panamá, en contraste, son mucho más funcionales, bellos en su simplicidad, y costaron menos de la mitad por metro que nuestra faraónica terminal.

El contrato entre la Nación y la firma Odinsa-Opain ha sido modificado al menos en cuatro oportunidades, algo común en la administración Uribe, que licitaba para que los contratistas hicieran su agosto a costa de la calidad, funcionalidad y aún terminación de las obras públicas. En la práctica, no había contrato alguno sino que el escogido a dedo aumentaba su ingreso sin que se defendiera el interés público. El terminal no debió costar más de US$400 millones, cifra que se cuadriplicará hasta que se entreguen las obras, incluyendo una torre de control que pasó de un costo contratado de US$15 millones a US$180 millones en la actualidad, algo que fuera denunciado por Galán.

Opain es la misma empresa que hizo un esperpento sobre el Parque de la Independencia, incluyendo un grueso puente en concreto armado que salió a $16.000 millones, en vez de costar $200 millones. El diseño le fue contratado a un famoso arquitecto que no se preocupó por la estética y que canibaliza una parte importante del parque.

Lo que salta a la vista es que la nueva estructura de Eldorado tiene sólo 13 muelles de parqueo, menos que los de la antigua estructura que cuenta con 14, construida hace 60 años y que va a ser derruida. La nueva terminal quedó empotrada en un espacio donde no puede expandirse hacia el futuro.

Con tan poco espacio de parqueo para los aviones, la mayoría se sitúa a distancias considerables de la terminal. El descenso entre el tercer piso del edificio y la puerta de embarque de los buses hay que hacerlo por una tortuosa escalera. En mi vuelo había dos ancianas que tuvieron que ser casi cargadas por los porteros de las sillas de ruedas para llegar a los buses. Pregunté si había ascensor y me dijeron que no.

A la llegada, el viacrucis fue peor: el avión encontró su sitio de parqueo ocupado y le tocó esperar 20 minutos hasta que decidió hacerse a 50 metros de la terminal. Nos vino a recoger el bus, pasados otros 20 minutos. Su recorrido estuvo interrumpido por camiones de combustible y los trenes con el equipaje de los vuelos que llegaban y salían para otros 10 minutos. El salón de entrega del equipaje es muy amplio, pero la logística absurda hizo que las maletas se demoraran otros 20 minutos. Llegados a inmigración, los encargados nos hicieron cambiar de cola cuando nos aproximábamos a ser atendidos. Contabilizando los tiempos, tomó una hora y 20 minutos desde que el avión llegó a la terminal hasta que salí con mi equipaje.

Ya se entiende por qué el progreso se nos hace esquivo.