Insumos muy caros

El Espectador
Héctor Sandoval Duarte
8 de agosto de 2013

Gobierno, gremios del agro y empresarios se sentarán hoy a revisar por qué el precio de los agroquímicos en el país no ha bajado, pese a que hace un año se removieron barreras arancelarias.

El Gobierno está revisando si construye una fábrica de fertilizantes para reducir los costos de los insumos. / Archivo

Bajo el amparo del decreto 1703 de 2012, el Gobierno buscó hace un año aliviar a los agricultores al reducir a cero el arancel de los agroquímicos que no se producen en el país. Aun así, en días pasados el presidente Juan Manuel Santos se mostró preocupado, ya que los productores siguen insistiendo en que los insumos no están bajando de precio. Incluso se puso sobre la mesa una propuesta hecha por el gobernador del Huila, Carlos Iriarte, de construir una fábrica de fertilizantes para abaratar los costos. El jefe de Estado accedió a estudiarla.

Hace un año, cuando se firmó el decreto, el entonces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, aclaró que productos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas y materias primas para la fabricación de estos insumos no tendrían más barreras arancelarias. Ahora, algunos renglones del agro, como los cafeteros, insisten en que estos productos siguen pasando una factura muy alta. De igual forma, gremios como los de los paperos y los arroceros han mostrado su inconformidad al respecto.

“El precio de todos los insumos se encuentra desbordado en este momento. Muestra de ello es lo que se ve en el mercado de los fertilizantes, matamalezas y concentrados”, recalcó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, quien dijo que hoy se reunirá con representantes del Ministerio de Agricultura y de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) para analizar cómo se está moviendo el mercado de los agroinsumos y buscar una salida a los altos costos.

Entre tanto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, le comentó a este diario que es necesario revisar el listado de costos en toda la cadena de distribución de los agroquímicos, para así buscar una reducción efectiva de los precios. “Existe una información que no está muy clara. Hay productos que, sin aranceles y sin IVA, continúan estando caros todavía”.

María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Andi, comentó que en el mercado existen sustancias que se encuentran desgravadas desde hace mucho y señaló que en Colombia existen 14 fábricas de agroquímicos que cumplen con normas internacionales y están localizadas principalmente en regiones como la costa Caribe, el Valle del Cauca y Antioquia. “Las compañías productoras están vendiendo principalmente plaguicidas a 50 países; la competencia es a nivel internacional. Acá está mal concebida la idea de los insumos”.

En su opinión, el gran problema que hay en el campo es que no existen “estructuras de costos de producción”. Muestra de ello es que los productores no tienen claro el peso de los agroquímicos a la hora de levantar cultivos como flores o papa.

A lo anterior se suma que en Colombia los agroquímicos tienen que recibir el impacto de fletes caros desde que salen de la planta hasta que llegan al consumidor final. Latorre agregó que otra traba para acceder a estos insumos son las dificultades de financiamiento que aún enfrentan los productores nacionales.

Las peticiones de los campesinos

El Espectador
8 de agosto de 2013

Al Ministro de Agricultura se le entregó un documento con seis puntos. Piden medidas frente a las crisis de la producción agrícola y reconocimiento de la territorialidad campesina.

Así fue la protesta ayer de los convocantes al paro nacional agrario del próximo 19 de agosto, ante el Ministerio de Agricultura. / Alfredo Molano

A diez días del anunciado paro nacional agropecuario, un grupo de organizaciones sociales y campesinas se congregaron ayer frente al Ministerio de Agricultura para entregarle al titular de esa cartera, Francisco Estupiñán, su pliego de peticiones, o mejor dicho, los motivos por los cuales van a cese de actividades. Hubo además serenata cantando sus exigencias y según los líderes de la protesta, si bien varios gremios han dicho que “no le jalan al asunto”, aún hay numerosas organizaciones dispuestas a apoyar el paro, por lo que la única manera de evitar una manifestación nacional será establecer una mesa de interlocución y acuerdo.
 
El documento fue presentado por los voceros de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesina (Anzorc), las organizaciones sociales que integran la Marcha Patriótica y la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional (MIA), una organización que se conformó luego de las recientes protestas campesinas en el Catatumbo. En él se establecen seis puntos que, fundamentalmente, exigen la implementación de medidas frente a las crisis de la producción agropecuaria; el acceso a la propiedad y el reconocimiento de la territorialidad campesina; la participación de las comunidades en la formulación de la política minera; garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y el incremento de la inversión social en el agro.

Para David Flores, vocero de Marcha Patriótica, el pliego pasa por el reconocimiento de los derechos sociales del campesinado. “Hoy los campesinos viven en condiciones infrahumanas. Sin acceso a agua potable, luz y, en general, a todos los servicios básicos. También pedimos el reconocimiento político de los campesinos, pues no hay una ley que lo haga, mientras que sí existe para los indígenas y los afrocolombianos. Además, buscamos política de defensa del territorio y la economía campesina, con la declaración de una serie de zonas de reserva campesina que han surtido los trámites legales que corresponden”, explicó.

De otro lado, Alberto Montes, vocero de Fensuagro, una organización integrada por pequeñas estructuras sociales de diversos sectores del agro, señaló que el paro es una reacción al abandono que ha sufrido la población campesina en el país, “excluida de los principales servicios básicos y con fuertes carencias de infraestructura, a pesar de que producimos el 70% de los alimentos”. En este mismo sentido, Nidia Quintero, representante de la MIA, expresó que viene desde el Putumayo y que irá a paro para pedirle atención al Gobierno para los campesinos que han sido víctimas del conflicto: “Estamos cansados de la guerra. Son nuestros hijos los que mueren en ella. También nos preocupa la falta de desarrollo económico que viven nuestras familias en el campo”.

Hasta ahora, el Gobierno ha desestimado el impacto que pueda tener el paro, pues cree que no tendrá mayor acogida. Al mismo tiempo ha reiterado que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando este no se busque por medios violentos. Al respecto, el ministro Francisco Estupiñan ha dicho que “hay una minoría que insiste en hacer ese tipo de movimientos y han sido francos con el tema de hacer política, llegar al Congreso, a las alcaldías, concejos municipales, y eso es respetable, pero rechazamos que utilicen a los campesinos para llevarlos a las vías públicas a hacer campaña para satisfacer sus intereses políticos”.

Defender los derechos humanos en Colombia es cada vez más peligroso

El País
Elizabeth Reyes L
7 de agosto de 2013

El número de activistas asesinados en 2013 se eleva a 37, un 27% más que el año pasado y el dato más alto de la década.

El riesgo por defender los derechos de las más diversas comunidades en cualquier región de Colombia va en aumento. Pero lo que más preocupa es que de las amenazas contra defensores de derechos humanos se está pasando al asesinato. Así se desprende de un informe que acaba de presentar el programa Somos Defensores que monitorea las agresiones contra defensores y líderes sociales en Colombia.

En promedio, durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno de ellos fue asesinado, según las cifras del informe Héroes Anónimos. Y aunque las agresiones –que incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias–, se redujeron en un 5,6% comparado el primer semestre de 2012, los homicidios crecieron 27%. Esto quiere decir que si bien se pasó 163 a 153 agresiones, se incrementó de 29 a 37 líderes asesinados, lo que convertiría a 2013 en el año más crítico en la última década. El 2012 cerró con un ya trágico saldo de 69 defensores muertos.

“Las amenazas se han ido transformando y se han vuelto cada vez más directas. En 2011 eran digitales, a través de correos electrónicos y llamadas. En 2012 el actor armado se le presentaba al líder para intentar callarlo y en lo que va de 2013, las amenazas pasaron a ser acciones físicas”, explicó Carlos Guevara, miembro del programa Somos Defensores que está integrado por tres ONGs de derechos humanos.

Las víctimas son en su mayoría líderes comunitarios, dirigentes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, líderes de víctimas y de desplazados por el conflicto armado. Pero también hay líderes cafeteros, mineros y afroamericanos. Preocupa además que 12 de estos defensores habían reportado amenazas y sus asesinatos siguieron un patrón muy parecido. Primero los secuestraron y luego los asesinaron con el agravante de que casi todos los cuerpos tenían señales de tortura. Otros fueron asesinados en su propia casa. “Esa forma de agresión significa que la víctima fue seguida durante un tiempo suficiente como para identificar cuándo era más vulnerable y cuándo el homicidio podía quedar más impune”, agrega Guevara.

Uno de esos líderes es Éver Cordero, reconocido defensor de derechos humanos, líder de víctimas y de restitución de tierras del departamento de Córdoba, al norte del país, que fue asesinado el mismo día en que en los colombianos se movilizaban para marchar a favor de las víctimas del conflicto y del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.

Ese 9 de abril, mientras el centro de Bogotá se llenaba con 900.000 personas, en Valencia, un municipio azotado por la violencia en el departamento de Córdoba y donde se concentra gran parte de las solicitudes de restitución de tierras, Cordero fue baleado por dos sicarios. Su muerte se produjo cuando iba a la marcha que apoyaría la salida negociada al conflicto en Colombia. Y aunque este hombre de 45 años no había sido amenazado, había alertado sobre las intimidaciones a 114 líderes de desplazados de esa región.

Las amenazas son la agresión más frecuente. Y en este caso, las cifras también han aumentado. Ya van 86 amenazas, cinco más que en el mismo periodo de 2012, la mayoría a través de panfletos que los victimarios distribuyen en las poblaciones donde ejercen liderazgo los defensores. En los departamentos donde más se dieron agresiones, los defensores son líderes de tierras y de población desplazada.

Ese es el caso del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo que estaba protegido por parte del Estado. Según el informe, fue asesinado el 4 de mayo en la sala de su casa frente a su esposa, minutos después de que sus escoltas terminaran su turno de vigilancia. Lo mataron dos hombres vestidos de policías. Se sabe que Restrepo había denunciado alianzas entre integrantes de bandas criminales de su región y la policía.

El informe de Somos Defensores también da cuenta sobre los posibles responsables de las agresiones a estos defensores. En 70 de los casos aparecen como victimarios los paramilitares que no se desmovilizaron e integrantes de bandas criminales, seguidos de autores desconocidos. En el caso de las guerrillas y agentes del Estado, el informe destaca que su autoría en estos hechos ha venido disminuyendo.

“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, muestra de ello es el acceso de muchas de las poblaciones vulnerables a mecanismos de denuncia, de protección, la puesta en marcha de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la búsqueda de acuerdos de paz con los grupos insurgentes, incluso los mismos golpes que le ha dado el gobierno a las bandas criminales”, dice Guevara con relación al discurso guerrerista del gobierno anterior.

Aun así, pese a que la vulneración a los derechos humanos en el país ha disminuido, Somos Defensores asegura que hoy el peligro se concentra en ciertas regiones y sectores que trabajan defendiendo derechos de desplazados, víctimas y despojados que buscan recuperar sus tierras.

El informe también hace una fuerte crítica a la Unidad de Protección del gobierno que ha enfocado sus esfuerzos -y un enorme presupuesto- a brindar esquemas de seguridad que incluyen carros blindados y escoltas. Por eso proponen apostarle a la prevención y a la investigación para dar con los responsables de las amenazas y las agresiones. Según Guevara, desde que el gobierno creó en 2009 la Mesa Nacional de Garantías han asesinado a 219 defensores de derechos humanos sin que las investigaciones arrojen resultados.

Intervención de Conalminercol en la Comisión Quinta del Senado

Luz Estella Ramírez de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. 

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Gobierno miente sobre los pequeños mineros: Jorge Robledo

El Espectador
7 de agosto de 2013

El gobierno juega descaradamente del lado de las trasnacionales y no ha vacilado en mentir tachando de criminales a los pequeños mineros, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo para contradecir las graves acusaciones lanzadas por Natalia Gutiérrez, viceministra de Minas. 

En Colombia, agregó Robledo, todo el que no sea seguidor del Príncipe de Anapoima es un criminal, incluidos los dirigentes del Polo, que ahora deben hacer frente además a las amenazas de los grupos ilegales. Los pequeños mineros son gente de bien, no delincuentes, precisó el senador del Polo. 

Insistió en denunciar que el decreto 2235 niega el debido proceso y la presunción de inocencia, y es una norma que parece redactada por la Gestapo. Fue para evadir el control de la Corte Constitucional que el gobierno la puso en práctica prevalido en la Comunidad Andina de Naciones. “¿Cómo es posible, preguntó, que sin fórmula de juicio, la policía le dinamite a la gente las retroexcavadoras, le pique las mangueras y le decomise las herramientas, haciendo al mismo tiempo de juez y de verdugo?”.

Robledo concluyó afirmando que, hace unos años, cuando aparece la codicia de las trasnacionales, el gobierno nacional se apresura a titularles millones de hectáreas despojándoles los títulos a los pequeños y medianos, como en el caso del norte de Boyacá, y redactando un código mañoso en asocio con los consorcios canadienses, a los que un ministro les ha prometido hacerlos felices. “Tiene que haber mucha corrupción en las altas esferas para que en ese código ni siquiera figure un capítulo sobre la pequeña y la mediana minería”, concluyó.

El nudo cafetero

El Espectador
Héctor Sandoval Duarte
5 de agosto de 2013

Aunque el Gobierno asegura que ha hecho esfuerzos para ponerse al día en la entrega de subsidios para los caficultores, los productores sostienen que los recursos siguen llegando a medias y reiteran que se van a paro ante los incumplimientos estatales.

El ministro de Agicultura, Francisco Estupiñán (centro), aclaró que el gobierno viene agilizando la entrega de ayudas.

Tal y como se pactó el 17 de julio, los representantes de la Dignidad Cafetera, del Gobierno y de la Federación Nacional de Cafeteros se sentaron de nuevo ayer en la mesa a discutir el cumplimiento de los acuerdos logrados en Pereira (Risaralda) el pasado 8 de marzo. Hasta el momento, los productores siguen sosteniendo que los auxilios estatales no están llegando y aseguran que irán a paro el 19 de agosto ante la complicada situación del sector.

Durante una reunión a puerta cerrada, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, reiteró a los representantes de los productores cafeteros que el pago del subsidio en el momento de la comercialización del grano va a agilizar la entrega de la ayudas estatales. Hasta la fecha, de $900.000 millones autorizados por el Gobierno para los cafeteros, se han desembolsado poco más de $542.000 millones para más de 320.000 caficultores.

"En este momento, estamos haciendo brigadas y grupos con los cafeteros más pequeños del país. A zonas a las que no hemos llegado, como el norte de Colombia, iremos a entregar subsidios", dijo durante la reunión el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz.

“Los caficultores del Huila aparecen en el sistema de la Federación como receptores de los subsidios pero en realidad, eso no es así. Se han hecho pagos parciales de las ayudas a los productores”, señaló el representante cafetero por el Huila, Armando Acuña ante el vicepresidente Angelino Garzón y ante el gerente de la Federación.

Agregó durante la discusión que los cafeteros insisten en que se han venido presentando notables problemas dentro el Sistema de Identificación Cafetera (SICA) a la hora de actualizar los registros de producción del grano y recepción de subsidios.

“Acá hay un cuello de botella. Le pido a la Contraloría que mire esto. Hace días hicimos un ejercicio en un municipio cafetero cercano a Garzón (Huila) y de 100 cafeteros encuestados, sólo a 67 les han llegado las ayudas”, comentó Acuña.

Al escuchar esta afirmación, el vicepresidente Garzón advirtió: “Pilas con eso, le digo a la Contraloría. Estos son recursos públicos. Que todo el que aparezca registrado es porque en verdad le han pagado su subsidio. Todas estas quejas requieren atención y no puede haber gente recibiendo dineros que no merece”. Según el ente de control, esta es la primera denuncia al respecto.

Para Luis Guillermo Gaviria, el mecanismo planteado por el Gobierno de entregar el subsidio al momento de la compra, que tiene por obligación verificar si la persona que vende es caficultor, es un método difícil. Además, cree que los exportadores deberían tener la potestad de pagar las ayudas estatales como antes sucedía.

Según varios representantes de la Dignidad Cafetera consultados por este diario, si el Gobierno no cumple con todos los puntos del acuerdo de Pereira (pago del subsidio al momento de la compra, reestructuración de los créditos, bajo precio de fertilizantes y control de contrabando) , la única salida a la vista es volver a protestar. Esta vez, en compañía de otros sectores agropecuarios e incluso, del gremio camionero.
Al cierre de esta edición, los representantes del Gobierno y de la Federación continuaban reunidos buscando una salida al paro. Entretanto, la Dignidad Cafetera seguía hablando de los puntos pendientes del acuerdo de Pereira tratando de encontrar solución a la tan anunciada protesta.

Producción de café aumentó 38% entre enero y julio

AFP
4 de agosto de 2013

Las cifras de producción de 2013 demuestran el retorno a los niveles históricos de productividad en Colombia", dice la Federación Nacional.

La producción de café en Colombia creció 38% en los primeros siete meses de 2013 cuando llegó a 5.970.000 de sacos de 60 kilos, y las exportaciones aumentaron 30% al totalizar 5.130.000 sacos, respecto al mismo periodo del año pasado, informaron este domigno fuentes del sector.

"Las cifras de producción de 2013 demuestran el retorno a los niveles históricos de productividad en Colombia, objetivo prioritario al cual hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos en los últimos años", dijo Luis Genaro Muñoz, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Motivada por la transformación de las plantaciones tras un programa de renovación de cultivos, la producción de café de Colombia el pasado julio fue de 1.031.000 sacos de 60 kilos, un repunte del 54% frente al mismo mes de 2012, y se constituye en la mayor recolección desde 2003.

En los últimos 12 meses (agosto 2012-julio 2013), la producción del grano aumentó un 25%, a 9.380.000 millones de sacos de 60 kilos, y las exportaciones sumaron un 19%, a 8.350.000 millones de sacos, según un informe de Federacafé.

"Con estas cifras podemos decir con orgullo que el sector cafetero será significativo en el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) agropecuario de 2013", celebró Muñoz.

En 2012 Colombia experimentó uno de las peores producciones en su historia, al registrar 7,7 millones de sacos de 60 kilos, alrededor de un 1% menos que en 2011 (7,8 millones), en tanto que las exportaciones del grano sumaron 7,2 millones de sacos, 7% menos que en 2011 (7,7 millones).

 

El rey Salomón

William Ospina
3 de agosto de 2013
El Espectador

Los campesinos no tienen las influencias, ni el derecho de argumentación, ni la intensidad sonora para que su clamor alcance los oídos de los príncipes. 

Y si, exasperados por la distancia extrema, llega a ocurrírseles gritar, ello bastará para que algo en el tejido sensible del poder se crispe y los declare peligrosos. Una noticia de la revista Semana del 29 de septiembre de 2010 mencionaba las zonas de reserva campesina como una fórmula posible para restituir las tierras arrebatadas a los campesinos, y para convertir a éstos en “prósperos propietarios”.

Juan Manuel Santos acababa de posesionarse como presidente de la República, y el 5 de septiembre, un mes después de su posesión, al presentar la sonora “política integral de tierras” había dicho: “Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”.

Ya en esa noticia se decía que según los académicos, el conflicto había arrebatado a los campesinos 5,5 millones de hectáreas. Debido al conflicto, había crecido la concentración de la tierra para proyectos agroindustriales de grandes propietarios y cada vez había menos soluciones para la pequeña agricultura y para los campesinos desplazados.

De esas zonas de reserva campesina, consagradas hace casi 20 años por la Ley 160 de 1994, cinco ya existían: en Calamar (Guaviare), en Cabrera (Cundinamarca), en El Pato (Caquetá), en el sur de Bolívar, y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo), y una más, la del valle del río Cimitarra, había sido suspendida por el gobierno de Álvaro Uribe.

¡Qué prometedor parecía el gobierno de Juan Manuel Santos! ¡Qué preocupado se mostraba, cuando la locomotora minera prometía ser la fuerza que traería prosperidad al país, en resolver el problema agrario, en diseñar un nuevo mapa de productividad, de justicia y de equilibrio para el campo colombiano devastado por la guerra, para los campesinos ninguneados por la dirigencia y por su burocracia!

Aquí, en los primeros tiempos de los gobiernos, todo se ve iluminado con un resplandor milenarista. Brotan ideas nuevas, propósitos, soluciones. Pero tres años bastan para que los colores de la aurora se cambien por los tintes dramáticos del atardecer, y las promesas van al cesto como flores marchitas.

Al parecer los gobiernos dedican el primer año a descubrir, viendo las radiografías y los exámenes de laboratorio, qué clase de país les dejó el gobierno anterior; los dos años siguientes a enderezar el rumbo y echar a andar la máquina en el sentido que les parece correcto, y el último año a atender los desafíos de la siguiente campaña electoral.

Es fácil que no logren abrirles camino a muchas iniciativas, pero nada los inhabilita tanto como el espíritu señorial de su política, las influencias y los compadrazgos. Con tan poco tiempo para tomar decisiones, con procesos tan largos y complejos, y forcejeos tan enmarañados con el Legislativo, se entiende que apenas les alcance el oxígeno para favorecer a sus compadres y perpetuar lo que existe.

En el mes que acaba de pasar hemos visto dos fenómenos que tenían que ver con esa ley redentora del campo, que pronto cumplirá 20 años: un movimiento popular en el Catatumbo, que clama por la aprobación gubernamental de una zona de reserva campesina como esas otras que ya existen, con acompañamiento del Estado y con un importante esfuerzo de inversión pública; y una maniobra de los industriales de Riopaila que violando la ley y escudándose en sus supuestas imprecisiones, se ha hecho a 40.000 hectáreas de baldíos, aunque nadie tiene el derecho a acumularlos de ese modo.

Lo sorprendente es que el mismo Gobierno que hace tres años prometía con desvelo soluciones para los campesinos, haya dado a lo largo de varias semanas una ejemplar muestra de firmeza ante los clamores de los pobres, haya mostrado un carácter indoblegable en su negativa a aceptar los reclamos de los campesinos, y al mismo tiempo haya dedicado todos sus desvelos a encontrar una solución para que los inversionistas de Riopaila puedan conservar sus 40.000 hectáreas mal habidas.

La revista Semana hace tres años concluía: “La sugerencia es que los retornos se hagan en terrenos donde se pueda hacer comercio fácilmente y, ojalá, con campesinos organizados y con planes de desarrollo que conformen zonas de reserva campesinas. Esto, para los proponentes, debe contener también ‘el fortalecimiento de la economía campesina y no el enfoque agroempresarial’ que consiste en gigantescos cultivos de productos de exportación que, la mayoría de las veces, aporta poco alimento para el consumo interno”.

La misma revista, tres años después, nos dice que la decisión de legitimar el predio de Riopaila es una solución salomónica. Por fortuna, en otros artículos la revista Semana ha cumplido con el deber periodístico de demostrar que la maniobra de Riopaila violó el espíritu de la Ley 160 de 1994, que era “promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios”.

Porque el desenlace sería mortal: nada para los campesinos, todo para los empresarios, y Juan Manuel Santos diademado con los legendarios atributos del rey Salomón.

Homenaje a Dora Castellanos en Barichara

En el marco del 1er Encuentro Internacional del Poesía 'La Casa al Viento', hoy 4 de agosto en la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González, a partir de las 5 de la tarde.

Dora Castellanos

Nació en 1924 en Bogotá, Ha sido la primera mujer llamada a la Academia Colombiana de la Lengua, comenzó a escribir desde muy joven cuando apenas tenía unos quince o dieciséis años cuando publicó "Clamor", su primer libro de poesías. Hasta ahora ha publicado más de veinte libros. Ella además de escribir poesías, se dedica al periodismo y durante mucho tiempo ha escrito la Columna Dórica en el principal diario de la capital colombiana. También ha colaborado en otros periódicos y revistas con columnas como "El Cofre de Pandora", la "Columna de Granito" y "Cromosomas".

Su poesía gira en torno a la vida, el amor y la muerte, ha tenido gran aceptación y ha recibido varios premios en Colombia tales como el Premio Simón Bolívar y el que le otorgó el Ministerio de Educación por sus servicios distinguidos a la cultura.


Anclado en la mitad de mis sentidos

Anclado en la mitad de mis sentidos,
corazón, eres barco solitario;
cuéntame el inefable itinerario
de los amores y los tiempos idos.
Velamen roto y mástiles vencidos;
flotando en el refugio del estuario,
tú quisieras un ímpetu corsario
para encontrar océanos perdidos.
Surto en mitad del alma, has escuchado
el oleaje fiel de los latidos
y no sabes aún si te han amado,
Tú que conoces todos los olvidos.
¡Corazón, triste barco abandonado
y anclado en la mitad de mis sentidos!

Entre los invitados están Omar Monroy López de Barquito, Chaneral, Chile; además la puertorriqueña María Juliana Villafañe; el mexicano Roberto Reséndiz Carmona; Patricia Lanzalaco de Italia, y en talento colombiano estarán presentes la poetisa Luz Mary Giraldo, Fernando Urbina Rangel; de El Socorro, Santander, Graciela Rincón Martínez; de la costa colombiana, José Luis Díaz Granados; y del balcón del nevado Macaravita, Santander, Lilia Gutiérrez Riveros. 

5 datos sobre el agua

Frecuencia de muerte de niños debido a enfermedades relacionadas al agua.

Aunque una gran parte de nuestro planeta está formado por agua (75%), menos del 1% de toda el agua dulce está disponible para consumo humano directo, lo que representa sólo 0,007% de toda el agua en la Tierra.  Probablemente eso no lo sabías. A continuación comentamos 5 datos importantes sobre el agua:

1.  La falta de agua potable y saneamiento mata más personas cada año que todas las formas de violencia, incluida la guerra. 

Beber agua contaminada puede incubar algunas enfermedades, como E. coli, Salmonella, el cólera y la hepatitis A. Teniendo en cuenta esta cantidad de bacterias, no es de extrañar que el agua, o más bien la falta de ella, cause 1.6 millones de muerte por año (World Watch; World Health Organization). Y es más asustador saber que solamente la diarrea debido al uso de agua no potable ha causado mas muerte de niños en los últimos años que todas las personas perdidas en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial (WSSCC, 2004).

Agua contaminada y enfermedades

2. Más personas tienen acceso a un teléfono celular que a un inodoro.

En la actualidad, 2.4 mil millones de personas carecen de inodoros y 1.1 millones no tienen acceso a agua potable. (WHO-UNICEF, 2004). 90% de las aguas residuales de los paises en desarrollo son vertidas a los ríos y arroyos sin ningún tratamiento, contaminando el agua potable y causando enfermedades. (UNDP,UNEP,World Bank, y World Resources Institute, "World Resources 2000-2001," pg. 25-26)

3. Cada día, las mujeres y los niños en África caminar un total de 152 millones de horas para conseguir agua. 

Y ellas hacen esto cargando envases que pesan alrededor de 22 kilos cuando estan llenos, con el fin de recoger el agua que en muchos casos está contaminada. Además de colocar una gran presión sobre sus cuerpos, caminan largas distancias. Esta situación evita que los niños asistan a la escuela, y que las mujeres no tenga oportunidades para ayudar a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

4. Son necesarios  6,3 litros de agua para producir tan solo una hamburguesa. 

Se necesitan 6,3 litros desde el agura para riego para producir el trigo hasta el suministro de agua para cocinar la carne y hornear el pan. !Y eso es sólo una comida! Se necesitarían más de 1,8  mil millones de galones de agua para hacer una sola hamburguesa para cada persona en los Estados Unidos.

5. Los EE.UU. utiliza una media de 159 litros de agua al día - más de 15 veces la persona promedio en el mundo en desarrollo. 

Para el lavado de manos bañarse, regar jardines y lavar los coches, los estadounidenses utilizan una gran cantidad de agua. Para poner las cosas en perspectiva, en el uso de una ducha promedio de cinco minutos se utilizarán unos 10 litros de agua. Ahora imagínese usar apenas 10 litros para tomar una ducha, lavar la ropa, cocinar sus alimentos y saciar su sed.

Fuente: Blogactionday y Water.org

huella

 

Después de 6 años de vivir en estos lares, finalmente comenzamos a arreglar la entrada a nuestra casa... No lo hicimos en el primer semestre, que prácticamente no llovió y en cambio, hemos comenzado ahora, cuando las lluvias hacen su presencia.... esperemos no crear un gran 'fangal'... Veremos cuánto tardamos en ver el final...

El acuerdo para poner fin al bloqueo del Catatumbo

Revista Semana
31 de julio de 2013

Una comisión de garantes fue clave para el comienzo del fin del paro que ha bloqueado a la región por más de 50 días.

Protestas en el Catatumbo

Este viernes, a las 10 de la mañana, los campesinos de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander, desbloquearán la vía Cúcuta-Tibú con un solo propósito, retomar el diálogo con el gobierno y encontrar soluciones concretas para poner fin al paro campesino que ya completa 52 días afectando a los ciudadanos de la región.
 
La decisión empezó a consolidarse el pasado 28 de julio, cuando los voceros de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero, contactaron al sacerdote jesuita Francisco de Roux para que prestara sus oficios para resolver la difícil situación.

“Vamos a entregarle nuestra confianza a los garantes y al gobierno, aquí no se trata de guerra se trata de paz” Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo. 

Por su parte, De Roux aceptó la petición y desde ese mismo momento consolidó una comisión de garantes para encontrar las fórmulas de solución del paro.

Iván Cepeda

El provincial de la comunidad jesuita convocó al vicepresidente Angelino Garzón, al expresidente Ernesto Samper, al presidente del Congreso Juan Fernando Cristo, al representante de la ONU para Colombia Todd Howland, al representante a la Cámara Iván Cepeda, y así se conformó la comisión de garantes.

Un día después, en Bogotá, los voceros de los campesinos presentaron la propuesta del desbloqueo con el propósito de que a más tardar el 5 de agosto el gobierno retomara el diálogo con los manifestantes.

La comisión de garantes se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para trasladarle la fórmula propuesta por los campesinos. El mandatario la consideró viable y dio luz verde no solo para que los garantes certificaran el desbloqueo de las vías sino para reanudar el diálogo.

Un diálogo que según el presidente no tendría ningún tema vedado, y se concentraría en los cinco puntos de la agenda que los campesinos le han formulado al gobierno, incluido el polémico tema de la creación de zonas de reserva campesina en la región.

Los campesinos sin embargo tenían un temor. Durante los más de 50 días de conflicto en la región, que tuvo múltiples enfrentamientos con la fuerza pública, y en los que hubo constantes señalamientos desde el propio gobierno sobre la presencia de ilegales infiltrando la movilización, los campesinos pudieran resultar comprometidos en procesos penales.

Los garantes facilitaron una reunión con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien les dio la tranquilidad de que la protesta no sería “criminalizada” por la Fiscalía, y que el bloqueo de vías y algunas conductas individuales que puedan constituir un delito dejarían de tener esa concepción siempre que estuvieran relacionadas en el marco de la protesta social.

“La protesta social no puede ser judicializada. La Fiscalía valorará muy positivamente el diálogo que se produzca en el Catatumbo para la solución del conflicto” expresó el fiscal general Eduardo Montealegre.

Agregó que la Fiscalía solo se limitaría a la investigación y la apertura de procesos en los casos que se haya ejercido la violencia, en conductas como incendios de vehículos y lesiones personales, pero que la Fiscalía valoraría el diálogo en el Catatumbo para tomar decisiones penales.

Eduardo Montealegre

Incluso el fiscal fue más allá, y señaló que la Fiscalía está dispuesta a conceder el principio de oportunidad a quienes pudieran resultar judicializados siempre y cuando el conflicto en la región se resuelva.

Con esa garantía, los campesinos aceptaron el desbloqueo de la zona y pidieron al gobierno retomar el diálogo.

El fiscal general también dijo que las investigaciones sobre la muerte de cuatro personas van avanzando aunque prefirió guardar reserva sobre la hipótesis que maneja la Fiscalía. Los campesinos de la región han señalado que estas personas murieron por la acción de la Fuerza Pública para reprimir la protesta.

El acuerdo se conoció luego de que el pasado martes, el gobierno nacional reiterara en la plenaria del Senado que está dispuesto a restablecer el diálogo con los campesinos del Catatumbo, siempre y cuando levantaran los bloqueos.

El expresidente Ernesto Samper, haciendo una analogía con el proceso de paz, calificó este acuerdo como el fin del conflicto, pero explicó que el posconflicto comenzará la próxima semana cuando gobierno y campesinos retomen el diálogo para resolver los problemas sociales que desde décadas atrás han afectado a los campesinos de la región.

Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón aseguró que “doy fe de que los campesinos del Catatumbo quieren un acto cívico y de diálogo social. Aquí se trata de construir acuerdos para corregir una deuda histórica social”.

Francisco de Roux

Así mismo, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestó que es necesario que la mesa de diálogos también sirva para aliviar la precaria situación que enfrentan los municipios del Norte de Santander. ya que fueron estas malas condiciones de vida  una de las principales razones para el inicio de las protestas. “Debemos plantear una agenda de posconflicto que vaya mucho más allá de los puntos estipulados”, concluyó Cristo.

A punto de liquidarse, contrato de acueducto para Barichara

Vanguardia Liberal
Nancy Acuña Rodríguez
14 de julio de 2013

Barichara podría quedarse sin el acueducto la Chivirití de no iniciarse las obras en este mes de julio. Esto obligaría a indemnizar al contratista e iniciar investigaciones.

(Foto: Nancy Acuña R / VANGUARDIA LIBERAL)

El contrato para la construcción del acueducto la Chivirití, que favorecería a Barichara, se entraría a líquidar en agosto dejando a esa comunidad sin esa posibilidad por ahora. Los recursos podrían pasar al acueducto regional del oriente. 

 

Diversos problemas se presentan en las obras contratadas en la vigencia 2011 en Santander, especialmente en temas de: acueducto, alcantarillado y plantas de tratamientos de aguas, señaló el Contralor departamental, Argemiro Castro Granados.

Dentro de estas obras está el acueducto del municipio de Barichara por problemas en su ejecución, dado que los habitantes de Galán, municipio desde donde se tomaría el preciado líquido, se han opuesto a la obra pues consideran indispensable se incluya el acueducto para su municipio.

Otro contrato que registra problemas es el acueducto de Corpojoyas en San Gil que tampoco ha terminado su ejecución a pesar de que se comenzó en 2011. Está el caso del acueducto del Valle de San José que tiene problemas por servidumbres y el acueducto de Cabrera que está en similares condiciones que Barichara.

“Aspiramos a que se logren solucionar estas problemáticas y si no se toma la decisión de liquidarlos como ya se anunció en el caso del acueducto de Barichara, que es lo más probable que suceda”, afirma el Contralor de Santander.

Para el caso de Barichara, faltarían algunas acciones finales, intentar con el acompañamiento de la autoridad policial para dar inicio a la obra y si ello no es posible se tiene que entrar en un proceso de liquidación y esto debe definirse en este mes, si no a comienzos del mes de agosto se liquida y los recursos posiblemente se trasladen al acueducto regional del oriente que proyecta la Administración Departamental, precisó Castro Granados, quien agregó que “el problema inmediato es que hay necesidad de indemnizar al contratista puesto que él ha hecho todas las labores necesarias para la ejecución del contrato. Se indemnizaría por la utilidad prevista que son más de mil millones de pesos y luego iniciar un proceso fiscal para determinar si hubo responsabilidad en quien suscribió el contrato sin haberse gestionado las servidumbres que debía estar dentro de los diseños y estudios”.

De otro lado, el Contralor departametal indicó que se está a la expectativa del contrato de arriendo del Hotel Bella Isla que vence el 30 de septiembre de este año y la Gobernación ha hecho algunas labores para solicitar la terminación del arrendamiento y tomar nuevamente el lugar de importancia turistica de San Gil.

Liquidación del contrato 

Respecto a la posible liquidación del contrato de construcción del acueducto para Barichara, el alcalde, Iván Alonso López Vesga, dijo: “No podemos permitir que por unas personas que están en contra del Municipio se pierdan 10.200 millones de pesos que favorecen a toda una comunidad. La Administración Municipal ha hecho los esfuerzos necesarios para que se dé vía libre al Acueducto de la Chivirití. Oficiamos de manera formal a la Procuraduría y Contraloría para que nos atiendan esa inquietud pero el Contralor ha sido muy claro, el Gobernador tiene dos controles de advertencia. Nosotros estamos dando cumplimiento a todos los requerimientos que nos exigen para dar vía libre al proyecto”.