Paro agrario y cambio climático

El Espectador
29 de abril de 2014
Juan Pablo Ruiz Soto

El paro agrario tiene múltiples facetas y diversas motivaciones.

La producción agropecuaria ha recibido tratamientos muy diversos que van desde el abandono histórico a la producción campesina, principal abastecedor de alimentos en el país, hasta el apoyo desmedido a la producción de agrocombustibles, con precios de sustentación y excepción de impuestos. O el caso de la Federación de Cafeteros que llegó a definir la política monetaria y que en su afán de incrementar la producción consiguió recursos públicos para que, con crédito subsidiado y asistencia técnica, se impusiera la destrucción del sombrío cafetero y con ello la degradación del paisaje cafetero y sus servicios ecosistémicos de protección de suelos, aguas y biodiversidad. Sumemos a esto, el hecho de que se esté impulsando una ley de semillas que impide al productor autoabastecerse o intercambiar semillas para sus cultivos; añadamos el desamparo de los cultivadores de papa, alverja y fríjol -para sólo mencionar algunos-, quienes históricamente se han visto expuestos al atraco de los comerciantes de las centrales de abastos que, mediante acuerdos internos entre compradores, en pocos minutos deciden cuánto pierde o gana el cultivador, quien después de seis meses de esfuerzo se encuentra con un camión alquilado a la puerta de una central de abastos.

A estos y otros problemas del campo, ahora se suman dos de gran magnitud. 

1) Los tratados de libre comercio que exponen al productor colombiano a una competencia desleal al tener que competir con productores de otros países donde el Estado subsidia la producción agropecuaria y ha invertido para el desarrollo del sector durante décadas, y 

2) el más grave y menos discutido: la variabilidad climática que está modificando el ciclo y la intensidad de las lluvias, con lo que se afectan la productividad y los costos para el campesino que no dispone de mecanismos naturales o construidos de regulación hídrica.

La negociación entre Gobierno y productores debe incluir acuerdos para invertir en medidas de adaptación al cambio climático asociados a la conservación y regulación de uso del agua. Esto incluye obras de ingeniería de pequeñas presas y canales para distribución de agua y una eficiente gestión de recuperación de cuencas en las áreas claves de recargue y regulación hídrica.

Hoy, campesinos y grandes productores están usando, con propósitos de producción agropecuaria, espacios que deben pasar a ser áreas de conservación. Esto no significa que en las partes altas de las cuencas no se pueda cultivar; significa que en algunas zonas críticas de regulación hídrica la conservación es el mejor uso económico y social del espacio. Dado el beneficio que esto genera a los propietarios de las partes bajas, estos deben compensar a los campesinos que conservan. No se trata de emitir leyes sino de crear mecanismos que permitan acuerdos de beneficio mutuo y coexistencia pacífica entre proveedores y demandantes de agua para la producción agropecuaria. Superar la crisis agropecuaria exige tomar medidas de adaptación ante la variabilidad climática y esto es tanto o más importante que acuerdos de corto plazo respecto a precios de sustentación.