El Espectador
César Rodríguez Garavito
11 de noviembre de 2013
Tarea que debería estar cumpliendo también el
procurador, a quien la Constitución le ordena “defender los intereses
colectivos, en especial el ambiente”.
En la columna mostraba que la Procuraduría viene haciendo lo contrario. Daba como ejemplo sus intervenciones en el caso de la mina de oro de La Colosa, en Tolima, que busca explotar la empresa AngloGold Ashanti. Al leer los documentos del caso y visitar la zona, es claro que la Procuraduría se ha convertido en el obstáculo principal para las comunidades y autoridades que se oponen a la mina por el profundo impacto que tendría sobre el agua, la agricultura y el medio ambiente. Por ejemplo, viene apoyando los recursos jurídicos de AngloGold contra Cortolima y pidiéndole a ésta que revoque las medidas que ha tomado para evitar los daños ambientales que podrían ocasionar los estudios de suelos de la empresa en el municipio de Piedras.
En
todo esto, la Procuraduría ha seguido el patrón de sus actuaciones en
otros temas: interpretar las normas en contra de los derechos de los
ciudadanos y usar su desbordado poder para intimidar a los funcionarios
que los protejan, con la amenaza velada de destitución.
Los
datos aportados por los lectores muestran que en este tema se cumple
también otro patrón del modus operandi de la Procuraduría: se trata, en
realidad, de una cruzada ideológica y personal del procurador.
Apenas
un año antes de ser elegido, Ordóñez publicó una diatriba contra el
ecologismo que no deja dudas sobre su opinión. En el libro El nuevo
derecho, el nuevo orden mundial y la revolución cultural, se despacha
contra la ONU y el derecho internacional, incluyendo la protección del
medio ambiente. La razón de la crítica es religiosa. Para el hoy
procurador, la defensa del medio ambiente significa que “el hombre como
centro del mundo ha sido desplazado y reemplazado por la Madre
Naturaleza, y hasta ha resurgido el mito pagano de la Diosa Gaia”.
Si
le sorprende esta cita, le interesará esta otra, tan diciente que vale
la pena traerla completa. “La preocupación ecologista manifestada en la
proliferación de ONGS (sic) con ese objetivo y de partidos verdes, no
sólo se explican (sic) por la crisis medioambiental sino que responde a
la agenda política que diseñó la ONU, para practicar el más ambicioso
proyecto de reingeniería social de que se tenga noticia en la historia
de la humanidad, sólo comparable con el realizado por POL-POT (sic) en
Camboya, la única diferencia es el carácter violento del último, aunque
éste con el aborto y la eugenesia también tiñe sus manos con la sangre
de los inocentes”.
De modo que la
protección del medio ambiente, un deber constitucional de la
Procuraduría, es para el procurador una conspiración global contra lo
que él representa. Es una reforma contra la que hay que desatar otra
contrarreforma, otra cruzada personal de Ordóñez.
Sólo
así se entiende, por ejemplo, que el procurador haya enviado
recientemente al Ministerio de Ambiente una carta que combina una
ferviente defensa de la minería, críticas a las medidas del ministerio
para prevenir los daños ambientales que causaría y dudosos argumentos
jurídicos sobre “derechos adquiridos” de las empresas. Y remata con
recomendaciones que favorecerían los intereses mineros en zonas
estratégicas como el páramo de Santurbán.
Como toda cruzada, esta va para largo. Habrá que estar atentos.
* Miembro fundador de Dejusticia.
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