Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes

El Espectador
Aurelio Suárez Montoya
19 de agosto de 2013

Cuando Salvador Camacho Roldán fundó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que “pudiera llegar a dudarse que la agricultura actual sea superior a la de los muiscas”. 

El agro colombiano depende de proveedores internacionales de insumos como Rusia, Venezuela, Holanda, Estados Unidos, Canadá y Alemania. / Archivo

Se carecía aquí de culturas agrícolas, mientras en Europa y Estados Unidos ya se utilizaban equipos para el manejo de subsuelos, abonos orgánicos, rotación de cosechas, drenajes, riego y selección de razas.

Desde 1950, con la Revolución Verde, Colombia se tornó en gran demandante de insumos químicos a partir de los fertilizantes, teniendo en cuenta que el 80% de nuestros suelos son ácidos. En 1984, 30 años después, el consumo de fertilizantes pasó de 20.000 toneladas al año a 754.000, 37 veces más, y de ahí a 2010 se ha duplicado hasta llegar a un millón y medio. Para 1974 Colombia ya era el primer consumidor de agroquímicos de América Latina.

Con los años no ha cambiado. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de 2012, afirma que Colombia aplica 521 kilos por hectárea, mientras que en América Latina el promedio de aplicaciones de fertilizantes es de 148; en Asia, 85; en el norte de África, 157, y en el África subsahariana, 10.

El Banco Mundial ubica a Colombia, luego de China y Malasia y de algunos países con superficies desérticas o insulares, como uno de los primeros en la aplicación de fertilizantes, con 499 kilos por hectárea de tierra cultivable en promedio entre 2008 y 2012.

Este récord va con otro: el de los altos precios. Los precios mayoristas de insumos como urea, fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio (KCl) oscilan, aproximadamente, entre 25% y 35% por encima del precio internacional, y los minoristas, en el mejor de los casos, se ubican en un 15% más del mayorista, cerca de 45% sobre el precio internacional.

Hay incluso sitios donde el recargo es del 50% o más con respecto al precio al por mayor, acercándose a 80% sobre el precio internacional. Estos datos revelan que tanto el eslabón importador-comercializador como el comercializador-consumidor escapan a una estricta vigilancia.

¿Es posible tener competitividad así? En cultivos transitorios, como arroz, algodón, sorgo, papa y maíz blanco, los fertilizantes participan con un porcentaje que abarca entre el 20% y el 30% de los costos de producción, acorde con el tipo de tecnología, y en los permanentes, como café, cacao, palma y caña panelera, van desde el 15% hasta el 30% (Documento Conpes 3577).

Comparado con los principales competidores, como la papa en Perú, entre un 4% y 7% más; entre el 5% y 10% por encima del café en Brasil, y el 10% o un porcentaje mayor respecto al arroz de Estados Unidos.

Cuando se mira la proporción, de 2006 a junio de 2013, entre el Índice de Precios al Productor y el Índice del Consumidor, puede verse un traslado de valor del primero al segundo o a eslabones de la cadena de distribución. Es decir, los agricultores, cuando venden sus productos, no recuperan totalmente los gastos de su canasta de insumos, incluidos combustibles y mano de obra.

Hay concentración de mercado. En 2010, cuatro empresas, varias de ellas encadenadas en torno a Monómeros Colombo-Venezolanos, produjeron y vendieron al por mayor más del 80% de cerca de 1’600.000 toneladas de fertilizantes, y tres fueron responsables del 90% de un total de 822.000 toneladas importadas, principalmente fuentes de nitrógeno, potasio y fósforo para elaborar mezclas físicas o complejos químicos con otros elementos.

Somos dependientes de proveedores internacionales como Rusia, Venezuela, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Los fertilizantes en el mundo se han encarecido. Su comportamiento como commodities, la concentración geográfica de sus orígenes como oligopolios, su ligazón con el precio de los alimentos y el reflejo del aumento de la cotización del petróleo y el gas han llevado el índice mundial de precios de 100 en 2005 a 217,53 en julio de 2013, y todo indica que no volverá a valores de antes de 2008.

Colombia, como importador neto, está en el peor de los mundos. Además de los impactos mencionados del mercado global y de la estructura oligopólica, hay, por exceso en la aplicación, uso ineficiente e insostenible de los fertilizantes, a tal extremo que “el 70% de las aplicaciones de nitrógeno y el 75% del fósforo se pierdan al fijarse en el suelo” (Conpes 3577).

Si se agregan los elevados costos de distribución interna, se devela, al final, el fracaso de la política de precios de “libertad vigilada”, fijada por el Gobierno mediante la resolución 387 de diciembre de 2011.

En la encrucijada en que está, la agricultura colombiana corre el riesgo de ser inviable y el costo de los insumos es factor agravante. De no corregirse a fondo la política pública correspondiente, con intervención efectiva en el mercado e incentivos adecuados, seremos “campeones mundiales” en precios y costos, tal como pasa con los medicamentos.

Paro nacional

Editorial El Espectador
17 de agosto de 2013

Para mañana se ha convocado un paro multitudinario en el que saldrán a protestar varios sectores productivos de la economía nacional.

Es obvio que la protesta social, en este capítulo de la historia, tiene una causa que va mucho más allá de las infiltraciones de las que a veces se acusa a estas movilizaciones: es el malestar. La sensación de abandono. El día a día adverso por el que culpan al Estado.

El paro será multitudinario, sí, pero también será compartimentado. Saldrán los camioneros y los ganaderos y los cafeteros y los campesinos y los trabajadores de la salud y los mineros... En fin. Cada cual por lo suyo. Paralizarán (por supuesto, por más que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, diga que tiene advertidas a las autoridades para que esto no pase) las vías, y también los hospitales públicos.

No sólo están compartimentadas las protestas, ya que cada sector está pidiendo un país particular que le responda, sino que están divididos los mismos gremios: cafeteros y ganaderos, por ejemplo.

Pese a eso, pese a ese desorden de fondo, el vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros, Ricardo Virviescas, dice que sus afiliados pararán donde trabajan a diario. 

Dignidad Cafetera, por su parte, que se ha reunido con el Gobierno varias veces (ya fue acordado un subsidio al sector cafetero la semana pasada), ha mantenido su orden de paro. Esto es un problema, pero puede ser visto también como una señal: tal vez, mejor organizados, los gremios podrían adelantar mecanismos de presión y propuestas muchísimo más específicas para que el Gobierno actúe en consecuencia, de manera global y no caso por caso. “Se requiere pasar de la fragmentación a la articulación”, decía ayer en estas páginas Luis Sandoval. La razón le asiste.
 
Devolvámonos al presente, sin embargo. El síntoma de todo esto es el paro. ¿Pero la enfermedad? ¿Qué es, más allá del malestar generalizado, lo que anima a estos sectores a salir y parar el país? ¿Qué piden? Muchas cosas, muy distintas todas, que sería inviable mencionar en este espacio: que el precio de la gasolina, que la falta de subsidios en el campo, que la desprotección del sector salud. En fin.

Pueden ser quejas válidas pero, hemos insistido, un gobierno no puede darse el lujo de atender caso por caso. Mal haría. Es más: ese es, tal vez, el peor ejemplo de cómo se adelantan políticas públicas serias. Y el Gobierno lo sabe: hace apenas unos meses, ante la presión cafetera, cedió y otorgó un subsidio. Dio, ya en términos más prosaicos, una pastilla para aliviar el dolor. Pero no un tratamiento para la enfermedad. Y ahí tiene: pararán otra vez, insatisfechos.

Que no crea el presidente Santos, sin embargo, que aquí no hay un problema de fondo. Esto no es un capricho para dejar a un costado. En últimas, aquí está reflejado uno de los grandes obstáculos que acosan a su Gobierno: la desconexión con las realidades locales, a pesar de la buena concepción teórica. El Gobierno no ha sabido plantear propuestas que alivien las problemáticas que acosan prácticamente a todos los sectores de la economía.

Es hora, pues, de atender estas realidades de manera diferente. De conformar comisiones con académicos, con sabedores locales, con representantes de lo particular, para llegar, por fin, a una solución no sólo racional (como las planteadas), sino también razonable, práctica dentro de los contextos particulares; en pocas palabras, realizable.

Algo sí hay que dejar claro para ambos actores: nada se solucionará en un día. Si se quiere llegar a un acuerdo para arreglar los problemas, hay que sentarse a discutir las cosas. El paro llama la atención. Pero ¿y luego? ¿Hay algo que pueda discutirse como insumo de una política pública? A eso hay que llegar. 

Tener una semilla es un delito: la nueva dictadura alimentaria

El Espectador
Por: Dharmadeva
12 de agosto de 2013

Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho.

Después de la firma del TLC con los Estados Unidos y de la expedición de normas como la Resolución 970 del ICA, la Policía Nacional, siguiendo las instrucciones de los funcionarios del ramo azuzados por las multinacionales dueñas de las semillas, ha comenzado a maltratar a campesinos y agricultores, a arrojar toneladas de comida al basurero y a penalizar a quienes no sirvan los intereses de los nuevos dictadores de la alimentación. El documental de Victoria Solano en youtube, que me impulsó a escribir esta columna, es una denuncia aterradora. Si el campesino enfrenta el monopolio de las corporaciones y guarda sus semillas «patentadas», se va para la cárcel o paga enormes multas. Estamos en las manos de las multinacionales y de lo que quieran meternos a la boca, a los precios que quieran.

Nuestros dirigentes, ciegos codiciosos, optaron por proteger una docena de semillas extranjeras genéticamente modificadas antes que proteger el patrimonio de miles de semillas que habían sido descubiertas o adaptadas y amadas por siglos en América. Y nunca les contaron a los campesinos que esto les sucedería a menos de un año de la firma del TLC, ni los prepararon para la catástrofe.

Y después pretendemos que haya paz en un país que deja a sus cultivadores en la inopia. Un exembajador con rabo de paja se atreve a decir que «Hay actores que sueñan con una Colombia sujeta a un modelo económico arcaico que impondría restricciones que limitarían severamente el desarrollo agropecuario». Ese modelo “arcaico”, sin embargo, ha logrado en la historia de la agricultura cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont. Con estas simientes y sus inseparables agrotóxicos, quisieran sembrar sus tierras de la altillanura, como le está pasando a la «República Unida de la Soja» en el Cono Sur. Nunca la humanidad había arrojado al agua y a las tierras tantos venenos juntos, ni deforestado así las selvas en nombre del “desarrollo agropecuario”.

Y esta sacrílega manera de patentar la vida se escuda en la mentira que nos venden de la seguridad alimentaria. Los medios se encargan de seguir diciendo que las nuevas semillas «mejoradas» dan más rendimiento y podrán alimentar a la creciente población del mundo. Pero estudiando la revolución verde vemos que la aseveración es falsa y hay granjas de agroecología que demuestran que rinden más las semillas colectivas logradas a pulso por los conocedores de la tierra y sus frutos en milenios de trabajo con la tierra, que las semillas privadas de los nuevos dictadores. ¡Hay que pelear de nuevo por las semillas libres!

El documental 970 relata la historia de un grupo de campesinos a los que el Gobierno de Colombia le incautó y destruyó 70 toneladas de arroz. En defensa de los intereses de empresas trasnacionales en el marco de Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos

Rock Catatumbo

700 jóvenes se solidarizan con el campesinado del Catatumbo en Cúcuta 

Políticas agrarias: entre disturbios campesinos y concentración de tierras

Miguel Fernando Mejía*
Razón Pública
4 de agosto de 2013

La ley prevé tanto Zonas de Reserva Campesina como Zonas de Desarrollo Empresarial.  Es un modelo dual de desarrollo agrario, que de no encontrar orden, nos llevara a crisis más profundas y guerras de mayor duración.

Foto: David KaHeLLo

Problema sin resolver

Hoy recobra vigencia la mirada del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda sobre la cuestión agraria en Colombia. En un texto de 1975 describe con lucidez el ciclo de un problema no resuelto, que resurge cada década:

“Las concesiones de baldios han ocupado una gran porción del territorio nacional, especialmente en áreas estratégicas suceptibles de rápido desarrollo económico… Muchas veces sus dueños — ausentistas todos — simplemente han esperado varias décadas dejando que las tierras se “engorden”, sea porque por allí se construya un camino, o porque los verdaderos campesinos, como se ha dicho, empiecen a civilizarlas.  Luego los llamados “dueños” las venden o se apropian de ellas, haciendo arreglos de explotación con los colonos (a veces llamados “arrendatarios”) mediante los cuales estos entregan los lotes convertidos en pastizales o cafetales para seguir a otros enmontados, en cadena interminable”[1].

Las protestas campesinas que se multiplican por el territorio confirman que, en efecto, el problema agrario sigue sin resolver.

Desde otra perspectiva se ha encendido el debate sobre la concentración indebida de la propiedad sobre baldios de la Nación, cuya denuncia provocó la caída del embajador colombiano en Washington.

Dos caras de la misma moneda.

Modelo dual

Foto: Agencia Prensa Rural

El modelo dual de desarrollo agrario se basa en la coexistencia de economías campesinas y economías de escala agro–empresarial. Este es uno de los temas que se discuten en La Habana, lo cual indica que la paz pasa por asumir el problema con toda seriedad.

Pero mientras avanza el entendimiento en la mesa de conversaciones, en los hechos sigue creciendo la brecha entre la inconformidad de los campesinos y la voracidad del sector agroempresarial.

Para los campesinos, se trata de reproducir las condiciones de su propia existencia. Para los empresarios, se trata de garantizar el principio de la acumulación de capital. Pero unos y otros pretenden lograr sus objetivos sobre una misma base: la posesión de la tierra.

La legislacion agraria ampara el modelo dual de desarrollo rural:

· De un lado busca fortalecer la economía campesina, que participa de manera vital en la producción agroalimentaria del país.

· Del otro lado pretende garantizar las condiciones para establecer sistemas de producción de mayor escala, que presumiblemente han de ser fuentes de inversión y de empleo sostenibles. 

La eficiencia de ambos modos de producción — campesino y agro–empresarial — también ha sido materia de debates académicos en los últimos tiempos:

· Los sistemas de producción campesina demuestran su eficiencia en términos de productividad y de creación de valor ecológico y sociocultural, pero no reciben suficientes subsidios por parte del Estado colombiano.

· Los proyectos de escala agro–empresarial han sido criticados por su impacto ambiental y su precaria inversión social, en comparación con la elevada tasa de ganancias. Y sin embargo reciben los mayores subsidios del Estado. 

Zonas de Reserva Campesina 

Foto: Camilo Ortíz

Según la legislación colombiana, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son áreas de estabilización de la frontera agraria y de fortalecimiento de economías campesinas,  que deberían remediar las causas de los conflictos sociales y crear condiciones para la paz y la justicia social.

Las ZRC resultaron de la movilización de campesinos y colonos cocaleros en un proceso de concertación que quedó consagrado en la ley 160 de 1994 (denominada “de reforma agraria y desarrollo rural campesino”) y fue reglamentada, en el capitulo de ZRC, por el decreto 1777 de 1996.

Desde entonces y hasta 2002, se constituyeron seis ZRC, ubicadas en sitios agroecológicos estratégicos e inmersos en regiones de reciente colonización.

Esta circunstancia hizo que la figura de las ZRC-junto con las organizaciones que las promueven- fueran estigmatizadas por estar en áreas donde el conflicto armado ha tenido especial intensidad, y así quedaron en descrédito y abandono por parte del gobierno nacional durante los ocho años del gobierno de la Seguridad Democrática.  

En 2010, la movilización campesina en el marco del primer encuentro de ZRC volvió a poner esta figura en el debate político y agrario del país, al producirse dos hechos importantes:

· de un lado, el proceso de reorganización campesina en torno a la reivindicación de la reforma agraria, retomando el logro que había significado la creación legal de las ZRC. 

· De otro lado, el anuncio de un nuevo compromiso del gobierno — por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — de retomar y dar impulso a esta política, para lo cual se planteó la “reactivación” de las ZRC existentes, así como la constitución y delimitación de más zonas a lo largo del país.

Fuente: González Posso, Camilo: “Las Zonas de Reserva Campesina ya existen”, Marzo de 2013, Incoder.

El desarrollo de las ZRC como política pública ha estado determinado por distintos factores:

· La presión del movimiento campesino;

· La capacidad de autogestión de las organizaciones campesinas;

· La falta de voluntad política y el precario cumplimento de los gobiernos frente a los campesinos amparados bajo esta figura, lo cual de paso ha impulsado iniciativas legítimas, como las ZRC que existen en el Cauca. Y quizas como lo llegue a ser la ZRC del Catatumbo; si los accuerdos anunciados no se  cumplen.

Zonas de Desarrollo Empresarial

Las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) tambien quedaron establecidas en la ley 160 de 1994. No obstante, las empresas especializadas del sector agropecuario — para quienes se prevé esta figura — no han demostrado interés porque sea reglamentada.

Su puesta en marcha también se ha visto frenada por restricciones de orden juridico y social. La Constitución otorga prioridad a los trabajadores del campo como sujetos de la reforma agraria para el acceso progresivo a la tierra.  También la dinámica de poblamiento y de ocupación territorial ha llevado a que la mayor parte de los baldios — probablemente todos — ya tengan ocupantes hoy.  Una condición  crucial para que las ZDE resulten viables es la existencia de terrenos baldios sin ocupantes.

En varias ocasiones se ha intentado “perfeccionar” los artículos de la ley 160 que definen el alcance de las ZDE, con el propósito de permitir la acumulación de baldios de la Nación.  El caso más reciente fue lo previsto en el articulo 62 del Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 (ley 1450 de 2011) mediante los denominados Proyectos de Desarrollo Agropecuario y Forestal (PEDAF), artículo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

El nulo desarrollo del marco legal de las ZDE no ha impedido que se establezcan proyectos de carácter agro–empresarial en el país. En algunos casos se han utilizado estrategias de acaparamiento y de concentración de tierras mediante sofisticados artificios jurìdicos  — como los casos de Riopaila y de Mónica Semillas, en Vichada, entre otros —, pero en muchos otros casos se ha utilizado el  despojo violento sin escrúpulos: casos de Curbaradó y Jiguamiandó, Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá, la Fazenda en Meta o Bellacruz en Cesar, entre otros. 

Falta voluntad política

Resulta paradójico el contraste entre un marco normativo que prevé un modelo dual y el modelo señorial de producción, herencia colonial vigente que impide reconocer efectivamente a quienes reclaman sus derechos.

En la actual coyuntura agraria del país, mientras los diseñadores de políticas públicas buscan fórmulas para “sanear” la concentración ilegal de las tierras de la Nación en concertación y consulta con quienes las promueven, de otra parte, malabaristas políticos intentan “conjurar” los paros agrarios y la inconformidad legítima de los campesinos.

Las dos figuras previstas en la ley deben contribuir al ordenamiento social y ambiental de la propiedad rural, así como al cumplimiento de la función social y ecológica que tiene la tierra, según la Constitución.

La conformación de Zonas de Reserva Campesina y de Zonas de Desarrollo Empresarial debe corresponder a un ordenamiento social, ambiental y productivo de la propiedad rural, basado en el equilibrio de la distribución de la tierra, la regulación de sus usos y el apoyo a los más desfavorecidos.

Un país que necesita la paz, paz que pasa por resolver el problema agrario, no puede persistir en el desconocimiento de los derechos de los desposeídos y en legitimar las ilegalidades de los acumuladores.

Un asunto de voluntad política.

*Ingeniero Agrónomo. MgS en Antropolología. Candidato a doctor en Agroecología. Universidad Nacional.

[1] Fals, Orlando: “Historia de la Cuestión Agraria en Colombia”. Bogotá, Publicaciones de la Rosca, 1975.

Nueve razones para defender las Zonas de Reserva Campesina

Kienyke
David Baracaldo Orjuela
12 de agosto de 2013

El debate sobre la creación de Zonas de Reserva Campesina en Colombia es sin duda una de las discusiones más calientes y controvertidas en la actualidad nacional. De alguna forma, las exigencias de las Farc de incluir esta figura en la reforma rural integral que se cocina en el proceso de paz en Cuba, y al ser éstas una de las banderas de las protestas en el Catatumbo que ya cumplen casi dos meses bajo acusaciones de estar alentadas por la subversión, han creado alrededor del tema un clima de desconfianza sobre el propósito real que cumplen dichos territorios consagrados en la ley.

Precisamente el desconocimiento sobre el espíritu original que persiguen las Zonas de Reserva Campesina, e incluso el no considerar que ya existen en Colombia seis de estas áreas geográficas que en su mayoría han tenido experiencias positivas, provoca rechazo inmediato al ser promovidas por las Farc, que cabe decir no son los naturales artífices del concepto.

KienyKe habló con quienes dieron origen a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las reglamentaron y acompañaron en su consolidación. José Antonio Ocampo era el ministro de Agricultura en 1994, durante el gobierno de César Gaviria, y fue el autor de la Ley de Reforma Agraria que se convirtió en la Ley 160 de 1994, que crea la figura de las ZRC. El gobierno de Ernesto Samper se encargó de reglamentarla, y el asesor del IICA Darío Fajardo ha acompañado en su implementación y en la consecución de recursos internacionales para que se crearan varias de las reservas que hoy existen. Los tres defendieron su idea a capa y espada. “Es como si fueran mis hijas”, dijo Samper. “Creo que mejor esas sí son hijas mías, porque yo las cree”, respondió Ocampo.

¿Qué pretendían con la creación de una zona de reserva campesina?
El exministro José Antonio Ocampo se atribuyó la autoría de las Zonas de Reserva Campesina. Recordó que las planteó al Congreso que la aprobó finalizando la primera legislatura del 94, a meses de finalizar el gobierno de César Gaviria, y de paso, su función como jefe de la cartera agrícola. Recordó que sólo perseguía un propósito con ese elemento dentro de la reforma agraria: “Proteger al pequeño campesino”. Agrega que las ZRC buscan evitar la concentración de la tierra en pocas manos (latifundios) en territorios baldíos o del Estado. “Queríamos cortar de tajo un proceso que se había dado históricamente, de que la pequeña propiedad resultaba concentrándose y desapareciendo”.

En términos claros, ¿qué es una Zona de Reserva Campesina?
Una definición sencilla la expresó Darío Fajardo, también docente e investigador de la Universidad Nacional. “Es un grupo de veredas, territorios rurales autorizados por el Estado, donde viven familias que se organizan a través de una figura llamada Junta de Acción Comunal. Hay vínculos entre esas juntas, con las autoridades municipales y el Estado. En esas reservas varias instituciones aportan a proyectos de desarrollo: actividades agropecuarias, mejoramiento de infraestructura, financiamiento empresarial. Ellos en su interior se comprometen a cuidar la flora, la fauna y todos los recursos, y a respetar la ley”.

En el pasado, ¿hubo algún intento por crear estos territorios con reformas agrarias?
El profesor Fajardo recuerda que a comienzos del siglo XX el Gobierno produjo el decreto 1110 de 1928 que establece la figura de las Colonias Agrícolas. “Abrió la posibilidad de crear asentamientos campesinos. Fue un hecho histórico para los campesinos, pues les titulaban tierras y tenían territorialidad propia como la de los indígenas. Pero esa política no avanzó mucho más”. La deuda histórica con los labriegos sin tierra se acentuó en la década de los 30 y fueron varios decenios en los que el campo se siguió concentrando, incluso de manera vertiginosa durante la época de la violencia. En resumidas cuentas, fue hasta 1990 cuando se retomaron las ideas para generar unidades agrícolas para familias campesinas, y entre los iniciales creadores da crédito a Alfredo Molano. Pero fue cuatro años más tarde cuando el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, planteó la creación de las ZRC en una reforma agraria, que fue reglamentada después por el presidente Ernesto Samper Pizano.

¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia?
Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el país como Zonas de Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de 469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) de 145 mil hectáreas; fue constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC en el Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas; además una en el Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de Yondó y Remedios (Antioquia); y una última en el Alto Cuembí del municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas.

Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades” la experiencia en el Valle del río Cimitarra. “Convergen veredas de varios departamentos y las familias que los ocupan son muy organizadas. Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes hídricas, los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos: una bufalera famosa, producción alimenticia y otras experiencias agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión desde el norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”.

También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura, inició como una iniciativa ambiental. Los inconvenientes que han tenido otras regiones, como la de Calamar, tienen que ver con el asedio de empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera  no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían otras visiones productivas y han preferido actuar de la mano con el municipio de Cabrera.

Para el expresidente Samper, las ZRC que se han constituido en principio sí han dado resultados, y culpa a la “falta de diligencia del Estado” los inconvenientes que algunas han sorteado. “Hay un millón de hectáreas en este momento en las que se ha constituido las ZRC, y allí viven 500 mil campesinos, de tal manera que es una población objetivo muy importante”.

¿Es correcto que llamen a las ZRC ‘caguancitos’ o ‘republiquetas independientes’?
El exministro José Antonio Ocampo, autor de la reforma que le dio vida a las ZRC, rechaza dicho tipo de acusaciones e indica que los supuestos propósitos de crear territorios con alguna independencia administrativa o política son falsos. “Nunca fue el espíritu de la Ley. Queríamos proteger la pequeña propiedad, más no darle autonomía administrativa. Lo que pasa es que han surgido satanizaciones a otro tipo de propuestas que se han investigado pero que no tienen que ver con las ZRC como tal”.
Más vehemente se expresó el exmandatario Samper. “Es una apreciación absurda. Las ZRC se constituyen para sacar a la población campesina del conflicto. En ninguna parte, ni en las leyes ni reglamentaciones, existe la disposición de que no pueda haber presencia de fuerza pública en las zonas. En cambio las zonas de reserva son antídoto contra los caguanes, no son caguanes”.

¿Por qué es tan incómodo para el gobierno hablar de ZRC? ¿A qué se debe esta estigmatización?
KienyKe hizo solicitudes para entrevista sobre este tema con algún funcionario en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad encargada de definir los territorios que serán otorgados a las ZRC. La institución respondió que una declaración al respecto “no la quiere manejar en estos momentos públicamente el Incoder y que cualquier intención en ese sentido es mejor enfocarla con el Ministerio de Agricultura”. El hermetismo al respecto tiene que ver con la sensibilidad del tema respecto a la actual crisis en el Catatumbo, y que dicha figura es usada por las Farc como tema de discusión en una eventual reforma rural integral resultante de los diálogos de paz en Cuba. Para el expresidente Samper ha surgido todo un ‘tabú’ y ‘satanización’ sobre las zonas de reserva que no da lugar al espíritu original de la iniciativa. “ El hecho de que se hable en La Habana de ZRC no debe ser un obstáculo para que se sigan considerando y aprobando las zonas que están plenamente justificadas. A lo mejor no aprobar todas las que propone las Farc, pero sí hay unas áreas del país que han sido particularmente afectadas por la violencia que necesitan una atención inmediata, y una de ellas es sin duda la zona del Catatumbo en Tibú”, dijo.

 ¿Justifican la creación de una ZRC en la región del Catatumbo, donde los campesinos lo están exigiendo desde hace dos meses?
El exministro Ocampo, actual docente en la Universidad de Columbia (EUA), considera que el resultado favorable de las regiones actualmente determinadas como ZRC da pie a que se puedan seguir autorizando más de estos territorios, incluyendo en el Catatumbo. “Si la figura de la Reserva Campesina se refiere al concepto de la Ley 160, que busca proteger al pequeño campesino, bien puede ser figura en el Catatumbo, en tanto no tenga ninguna interpretación diferente. Me gustaría que todos los partidos colombianos estuvieran detrás de esta idea, porque es muy buena idea. Me parece bien que las Farc lo hayan acogido, pero que sea la idea que planteamos originalmente, una región donde se proteja la pequeña propiedad”, sostuvo.

Pero el profesor Fajardo identifica “palos en la rueda” para que pueda declararse en esta región de Norte de Santander una ZRC, e incluso otras nuevas en más lugares del país. “Hay sectores que tienen fuerza política y que no simpatizan con la reserva porque en el modelo económico que tiene el país serían un freno a un proceso de desplazamiento campesino, con el que ciertos grupos consiguen tierras gratuitas. Y con este proceso de tierra hay cerca de 5 millones de personas desplazadas, y se convierten en mano de obra barata. Una ZRC sería un freno a sus intereses”.

Expresidente Ernesto Samper

¿Una ZRC podría hacer perder el control del Estado en su interior?
-No- dice Samper- La Constitución de Colombia solamente permite que haya autonomía territorial en dos casos como las reservas indígenas. Las ZRC fueron implementadas precisamente para que la fuerza pública pueda organizar la protección de colectivos como campesinos en áreas donde la presencia de latifundios en el pasado les permitió a los armados ilegales del conflicto, como los paramilitares o la guerrilla, polarizar e intimidar a los campesinos. Las zonas son el mejor antídoto para que la gente tenga sus tierras con la presencia de la fuerza pública.

¿Tendrá Colombia que abrirse al debate sobre la consolidación de más ZRC, ahora que las proponen las Farc como parte del proceso de paz?
Responde de manera afirmativa el expresidente Ernesto Samper. “Entiendo que en los preacuerdos que ya se han hecho sobre el tema agrario, uno de los principios fundamentales del nuevo modelo es el que se cuece por la creación de nuevas figuras entre las cuales están el caso de las ZRC. Estamos entre un modelo agrario que piensen en un campo sin campesinos, que era lo del Agro Ingreso Seguro, hasta un campo totalmente para los campesinos que eran los mismos procesos de la reforma agraria. Aquí hay una forma consistente de hacer cazar los dos intereses, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que se trata es de favorecer los intereses de los campesinos afectados por la violencia”.

Twitter: @david_baracaldo

Flojo debate sobre anémico presupuesto para el agro en 2014

El Espectador
13 de agosto de 2013

El senador Jorge Robledo califica de insuficientes los recursos propuestos en Presupuesto General. 

Senador Jorge Robledo

Con una muy escasa asistencia de los senadores, la Comisión Quinta del Senado abrió el debate sobre los recursos para el agro en el Presupuesto General de la Nación. 

El opositor senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, consideró que los recursos propuestos por el Gobierno Nacional son insuficientes para el sector agropecuario y calificó la situación como muy grave.

En el debate se hizo hincapié en el paro programado por diversos subsectores agrarios al que se unirían los camioneros y mineros, programado para el próximo 19 de agosto.

Muchas fueron las peticiones, de los pocos senadores presentes en el debate, para que se asignen más recursos para programas de la restitución de tierras, fortalecimiento del ICA -como principal instrumento para atender los requerimientos fitosanitarios que requieren los tratados comerciales firmados- y el ANLA, para atender algunas peticiones de la minería. Hubo hasta propuestas de nombrar subcomisiones para hacerle seguimiento a la inversión en el sector.

Alguno de los supuestos macroeconómicos estima un crecimiento de la economía de 4,5% para este año y 4,7% para 2014. Dólar a 1.800 pesos para 2013 y de 1.874 pesos para un año después, con una producción petrolera de 1.041.000 barriles de crudo en 2013 y de 1.095.000 barriles para 2014.

 

Último intento del Congreso por conjurar paro cafetero

El Espectador
12 de agosto de 2013

Cafeteros, congresistas y Gobierno fueron convocados a reunión extraordinaria el próximo miércoles. 

Ante la situación de los cultivadores de café en el país, el presidente de la Cámara, el representante Hernán Penagos convocó a una reunión extraordinaria para el miércoles 14 de agosto.
“Somos conscientes de la necesidad urgente de acudir al diálogo social para encontrar puntos de acuerdo y de ser posible, evitarle al país pasar a las manifestaciones anunciadas”, explicó el congresista.

La convocatoria hecha en el marco de la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas del tema Cafetero se da para abordar puntos fundamentales para resolver la crisis.

Penagos consideró la posibilidad de “estudiar una intervención a los precios de los insumos, por parte del ministerio de Agricultura, tal y como fue hecho por el ministerio de Salud frente al precio de los medicamentos. Esta sería una opción viable para disminuir sus altos costos y facilitar la adquisición de los mismos”.

Se evaluarán además los alcances del nuevo mecanismo que entraría en práctica desde el 12 de agosto para el pago inmediato del PIC a todos los caficultores, en los comités municipales e intermediaros autorizados.

En esta sesión de la comisión del tema cafetero son esperados los voceros nacionales de Dignidad Cafetera, el vicepresidente Angelino Garzón; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; el Ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, las directivas de la Federación de Cafeteros presididas por Luis Genaro Muñoz y el pleno de la comisión de congresistas encargada de estudiar las políticas del sector.

Las razones del presidente Rajoy para no exigirles visa a colombianos

El Tiempo
Por: Mariano Rajoy Brey
11 de agosto de 2013

Mariano Rajoy explica que Colombia ha cambiado y que se ha abierto a los mercados.

Mariano Rajoy, ha reiterado que nunca su país ha estado de acuerdo con la imposición de la visa para los nacionales colombianos.

Es mucho lo que Colombia ha cambiado. Gracias a la apuesta de sus últimos gobiernos por la seguridad jurídica y la apertura comercial, ha multiplicado por más de cuatro la inversión extranjera directa que recibe, así como su renta per cápita, en solo diez años.

Los progresos de Colombia van más allá del mero crecimiento e incluyen el buen gobierno. De hecho, la Ocde, el club de las buenas prácticas, acaba de invitar a Colombia a iniciar negociaciones con vistas a una próxima adhesión.

Quiero destacar especialmente la fortaleza de sus instituciones, en medio de las amenazas del narcoterrorismo, así como el sacrificio de los colombianos, su solidaridad y su anhelo de paz. Parafraseando a Ortega y Gasset, Colombia es un gran pueblo que está pasando al galope por encima de un remolino de polvo, el del terrorismo, que quedará en la cuneta de la historia.

El pasado primero de agosto del 2013 entró en vigor provisionalmente el Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, Colombia y Perú, en el que España ha puesto tanto empeño. Después de la ratificación por el Parlamento Europeo, el Congreso español ha sido de los primeros en ratificarlo, con una abrumadora mayoría multipartidista, a la espera de que lo hagan todos los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Este acuerdo comercial es una clara prueba de que en la Unión Europea, y en España en particular, creemos en Colombia y en su gran potencial, ofreciendo a sus empresas y a sus exportaciones un acceso privilegiado al mayor mercado del mundo, para diversificarse, tanto en destinos como en productos, contribuyendo así a su crecimiento sostenido y a su cohesión social.

Lazos humanos

Pero son nuestros ciudadanos nuestro mayor y mejor nexo de unión. España tiene la satisfacción de ser el país de la Unión Europea que a más colombianos acoge y a los que más visados concede. Unos trescientos mil colombianos viven en España, muchos más si contamos los que ya han obtenido la doble nacionalidad hispano-colombiana.

Estos colombianos han contribuido, con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, al progreso de España, pero también al de Colombia. Son un ejemplo de integración. Muchos son valiosos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y participan en las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo. A todos ellos, les quiero expresar mi reconocimiento y gratitud.

Al mismo tiempo, son cada vez más los españoles que viven y trabajan hoy en Colombia. Son ya veintisiete mil, número que se incrementa con las nuevas oportunidades.

Las empresas españolas, por su parte, llevan aquí muchos años y siempre han tenido vocación de permanencia. Ni las grandes turbulencias han podido mermar su fe en Colombia.

Quiero anunciar que, aprovechando la entrada en vigor de nuestro Acuerdo Comercial Multipartes, y a pesar de la crisis, ha llegado el momento de que España pida a la Comisión Europea y a los demás Estados del espacio Schengen que se retire a Colombia y Perú de la lista de países a cuyos nacionales se pide visado de corta duración.

Colombia y Perú no pueden ser los únicos países de América Latina a los que se les sigue exigiendo visado a pesar de tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Los colombianos y los peruanos deben poder percibir todas las ventajas de la seguridad jurídica y de la apertura comercial. Colombia y Perú se equipararían así a sus socios de la Alianza del Pacífico, México, Chile y, más recientemente, Costa Rica, que también tienen acuerdos con la Unión Europea y no necesitan visado. España ha hecho una apuesta política y aspira a ser un Estado observador activo y comprometido en la Alianza del Pacífico.

España nunca ha querido esta exigencia de visado. Es hora de decirlo abiertamente y de hacer campaña para que se retire. Así lo hago hoy y así lo formalizaré inmediatamente. Quiero alejarme de la retórica fácil y concretar con hechos que mi gobierno apuesta de manera decidida por Colombia: más allá de nuestros vínculos históricos, Colombia ha demostrado ser un gran amigo de España, un aliado y un socio fiable y leal.

MARIANO RAJOY BREY
Presidente del Gobierno de España

Nace el Congreso Ambiental de Santander - CASA AGUAYA

Comunicado de prensa no. 1

Como resultado del proceso de confluencia y organización que se inició en el segundo semestre del año 2012, el día 8 de agosto nació un nuevo espacio para la defensa del ambiente, el agua y la vida en el departamento de Santander; el CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER – CASA AGUAYA. 

El camino recorrido para llegar a este punto incluye momentos clave, tales como la Cumbre Ambiental Agua, Paz y Vida; realizada el pasado 22 de marzo de 2013 en el municipio de San Gil.  Ocasión en la que se reunieron cerca de 300 personas que mandataron la creación de un espacio pluralista y democrático para unir fuerzas y esperanzas en la magna tarea de defender el territorio y la Madre Naturaleza.  Posteriormente, y a manera de continuación del proceso, se dio la reunión de líderes comunitarios y ambientalistas del 20 y 21 de julio del mismo año; ocasión en que se lanza el Manifiesto de los Pueblos del Sur de Santander en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio; el mismo donde dice:

“…se ha mandatado coordinar todas las organizaciones cívicas, populares, ambientalistas, y solidarias para continuar y apoyar las acciones que ya se adelantan en Santander en defensa del Agua, la Vida y el Territorio…” (para ver la versión completa click aquí)

Es así como desde el día 8 de agosto se presenta públicamente a este nuevo espacio civil, comunitario y popular denominado CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER – CASA AGUAYA, nombre con el que además se pretende rescatar la memoria étnica y cultural de las principales comunidades originarias de la región como son los agataes, los guanes y los yariguíes, de allí el vocablo “Aguaya”.

En la jornada de cración se dispuso cuále es la misión y la visión de este nuevo espacio; se definieron cuatro ejes de trabajo y los representantes de cada uno de ellos, se hicieron las primeras programaciones de trabajo y se inició esta nueva etapa en la indeclinable lucha por la Vida que se adelanta en la tierra de los comuneros y el eterno José Antonio Galán.

San Gil, ocho de agosto de 2013.

CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER  - CASA AGUAYA

Uno de los momentos del debate

pluviómetro

 

Ya nos parece extraño, llevamos 3 días seguidos en que llueve en este mes de agosto de 2013. Hemos colocado un pluviómetro y la lluvia de ayer fue de 42 ml, ya hasta se escucha el agua en las quebradas. Todo un acontecimiento...