Gobierno firma Contrato Plan por 6.1 billones de pesos para Santander

Prensa Presidencia de la República y Alcaldía de Bucaramanga
28 de julio de 2013 

El Presidente Juan Manuel Santos presentó este sábado a la comunidad de Santander el Contrato Plan, que beneficiará a los 87 municipios de este departamento con inversiones por 6.1 billones de pesos en los próximos cinco años.

 “Un Contrato Plan es sencillamente –y lo copiamos de un procedimiento que tienen los franceses– se trata simplemente de poner en un contrato, como lo dice su nombre: contra plan, las grandes obras. Priorizar para obligar al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y a los municipios que participen en ese contrato plan para que las obras efectivamente se pueda hacer”, dijo el Mandatario.

Foto: Presidencia de la República

Explicó que con esta herramienta se evitan los errores del pasado con otros contratos.

“Al firmar estos contratos planes ya tenemos una hoja de ruta y ya tenemos cómo exigir. Y eso le corresponde a los ciudadanos exigir el cumplimiento de esos contratos planes”, dijo y añadió que “si viene un nuevo alcalde, un nuevo gobernador o un nuevo presidente, no podrá –como suele suceder– hacer borrón y cuenta nueva para que los proyectos que vienen de atrás queden a medio hacer”.

Señaló que el Contrato Plan “es en cierta forma una garantía de cumplimiento”. El Jefe de Estado explicó que luego de la firma del Contrato Plan, lo que sigue es “acelerar su ejecución”. “Tiene sus tiempos. Son cinco años. Tiene sus prioridades, pero está enmarcado dentro de los que se llama un plan. Por eso es un contrato plan. Y es un contrato plan para unas obras –que repito- van a ser de inmenso beneficio para Santander”, sostuvo.

Obras del Contrato Plan

Foto: Ing. Francisco Javier Dulcey / Prensa y Comunicaciones Gobernación de Santander

Del total de los recursos, la Nación aportará el 85,3 por ciento, mientras que las entidades territoriales participarán con el 9,4 por ciento. Además, este contrato cuenta con una participación de 5,3 por ciento de capital privado.

Son muchos los proyectos que se adelantarán con los 6,1 billones de pesos para el desarrollo de Santander destacó el Mandatario.

Por sectores, las intervenciones en infraestructura de conectividad tienen un costo estimado de 5.5 billones de pesos, que será financiado en un 90 por ciento. Los principales proyectos son:

• Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red primaria por 4.5 billones de pesos que incluye el corredor Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Los Curos-Málaga, Transversal del Carare y la Troncal Central del Norte.

• Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la Red Secundaria por 991.000 millones de pesos de los cuales la Nación financia el 46 por ciento, las entidades el 28 por ciento y el sector privado el 26 por ciento.

Se intervendrán alrededor de 925 kilómetros en ocho proyectos, entre los que se encuentran: vía San Gil-Charalá-Duitama, el corredor estratégico Girón-Zapatoca-Troncal del Magdalena Medio, el corredor del Folclor y el Bocadillo, el acceso del área metropolitana de Bucaramanga a la Ruta del Sol y el anillo vial Piedecuesta-Girón.

Foto: Archivo / alcaldia de Bucaramanga

• Otros proyectos son: Estación de Metrolínea y mejoramiento de pista de vuelo aeropuerto de San Gil, por 54.000 millones de pesos.

En desarrollo social, el Contrato Plan para Santander prevé inversiones por 392.000 millones de pesos, financiadas en un 37 por ciento por la Nación, 47 por ciento por el territorio y 16 por ciento por entidades como Ecopetrol, en proyectos de agua potable para Barrancabermeja y los beneficiarios de vivienda rural.

• Algunas de las intervenciones en este sector son: construcción Hospital de Floridablanca, fortalecimiento red de prestación de servicios hospitalarios, plan maestro de alcantarillado para Charalá, construcción del acueducto regional del Chicamocha y construcción de vivienda nueva rural.

Por su parte, los sectores agropecuario y turístico se beneficiarán con recursos por 161.000 millones de pesos del componente de desarrollo económico del

• Sector agropecuario: Estudios de factibilidad planta procesadora de cacao en el departamento por 1.958 millones de pesos, financiados en un 100% por la Nación.

Tomada de imageshack.us/

• Sector Turismo: Parque Acualago; construcción parque interactivo de aprendizaje de Barrancabermeja; construcción Teatro Santander Fase III y V en Bucaramanga, construcción Megaludoteca de Bucaramanga, recuperación del espacio público Alameda de las nieves en Girón y parque temático Piedecuesta, entre otros.

Este es el séptimo Contrato Plan que suscribió el Director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santa María, en representación del Gobierno Nacional. En esta ocasión con el Gobernador de Santander, Richard Aguilar y los alcaldes de Bucaramanga, Luis Bohórquez; de Santa Bárbara, José Sandoval; de Barrancabermeja, Elkin Bueno; de Carmen de Chucurí, Alfonso Díaz; de Vetas, David González; de Santa Helena del Opón, Jesús Camacho; de San Andrés, Luz Consuelo Ortiz y del Valle de San José, José Hernández.

Consulta minera en Piedras (Tolima)

El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
27 de julio de 2013

La historia de tensión entre habitantes del municipio tolimense y la AngloGold Ashanti.

El municipio de Piedras, Tolima, será hoy el escenario de un inusual proceso de participación ciudadana: sus habitantes decidirán si quieren o no que en su territorio se adelanten proyectos de minería a gran escala. Se trata de una consulta popular que, por primera vez desde que se estableció este mecanismo de participación en la Constitución de 1991, abordará el tema de la explotación de recursos no renovables. En Colombia se han realizado 16 consultas populares, pero en ninguna se ha preguntado sobre la actividad minero-energética.

Los piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”.

El ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de 800 ciudadanos.

Pero más allá de la consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal. El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que nacen en este páramo.

En respuesta a esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.

Hace un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que no tenían los permisos correspondientes.

Ocampo sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos (geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.

Para la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las actividades de la empresa. Para los impulsores del no a las actividades mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de pancoger a causa de la gran minería”.

Félix Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no, explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50 kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura. Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos sobre nuestro futuro”.

El alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto. Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.

Pero incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de la decisión que va a tomar.

Al final, los piedrunos saldrán a las urnas y expresarán su voluntad. La ley establece que para que la consulta prospere debe alcanzar el 50% de la votación más un voto y deberá participar no menos de la tercera parte del censo electoral del municipio, que en este caso es de 1.702 sufragantes. Luego vendrá otro debate, que desde ya se anuncia será fuerte, y es si una consulta popular alcanza para evitar que el Gobierno Nacional defina áreas para la explotación de recursos no renovables.

Un subsidio en cinco minutos

El Espectador
Héctor Sandoval Duarte
25 de julio de 2013

El Gobierno anunció un mecanismo para que al productor cafetero se le pague el auxilio estatal en el momento de vender el grano.

 

El 17 de julio pasado, el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se reunieron de nuevo con los representantes del Movimiento por la Dignidad Cafetera para pasar revista a los acuerdos logrados el 8 de marzo en Pereira (Risaralda) tras el paro cafetero y también para intentar desviar el curso de una nueva huelga nacional agropecuaria que se está alistando para el próximo 19 de agosto.

En ese momento, el vicepresidente Angelino Garzón insistió en que a los productores de café se les prometió el pago de los subsidios estatales en el momento en que se comercialice el grano. Sin embargo, ese día el Gobierno respondió a las críticas de Dignidad Cafetera proponiendo un plan de choque que tiene por objeto entregar los subsidios a los pequeños productores que aún no se han visto beneficiados.

Ahora, la fórmula acordada entre el Gobierno y la Federación de Cafeteros consiste en que a los productores se les podrá pagar directamente el apoyo por cada carga de café que vendan. Esta decisión se tomó luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) considerara viable la implementación de este mecanismo como complemento al actual sistema de pago de auxilios, el cual tarda en promedio cinco días en hacer los desembolsos.

Francisco Estupiñán Heredia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que con el nuevo mecanismo “no sólo se dará el valor de la carga de inmediato, sino el incentivo al cafetero. Este sistema tiene que reunir requisitos de carácter tecnológico y unos controles, ya que acá están de por medio los recursos públicos”.

“Para garantizar el flujo de los recursos y la liquidez necesaria en centenares de puntos de compra de café en todo el país, se implementará una solución tecnológica que verifique inmediatamente si el vendedor es efectivamente productor cafetero”, informó el gremio caficultor en un comunicado.

El objetivo es que el mecanismo esté en vigencia en la segunda semana de agosto y dé la posibilidad al productor de obtener su pago en cinco minutos. El primer paso para ello es vender el grano a una cooperativa. Luego, el comprador llama a un sistema que provee la FNC y obtiene la autorización de dar el dinero del apoyo, mediante un código. En seguida se hace el desembolso al productor y, finalmente, a quien compra el grano le llega un mensaje de texto a su celular con un resumen de la transacción (allí se incluyen los datos del caficultor, con el valor del subsidio).

Luis Guillermo Gaviria, representante de Dignidad Cafetera, cree que con esta decisión “el Gobierno se está ahorrando muchos problemas” y considera que pagar el subsidio en el momento de la venta sí es una buena solución. Agregó que “algo que no se habla es de los topes del caficultor. Tenemos una reunión el 2 de agosto para aclarar todas estas dudas. Si nos cumplen los acuerdos del 8 de marzo, los cafeteros no tendrían argumentos para ir a un paro. Eso es un desgaste”.

Pobre Catatumbo

Semana
Álvaro Sierra
24 de marzo de 2012

Abandonada desde siempre por el Estado, entre la guerra, la coca y el invierno, una de las regiones más duras y hermosas de Colombia empieza a vivir el capítulo más difícil de su turbulenta historia.

 Visto desde arriba, El Tarra luce como tantos otros pueblos de Colombia: un reguero de casas apaciblemente asentado frente al río, en un estrecho valle ensombrecido por las nubes. En el tramo final de la carretera que llega de Ocaña, las acrobacias de los viejos Renault que hacen el trayecto y se deslizan con insólita destreza por el fangal de varios kilómetros que desciende abruptamente hacia el poblado, concentran toda la atención del viajero que llega a un lugar reputado como uno de los sitios más peligrosos del país. Justo antes de las primeras casas, el conductor entrega 5.000 pesos a una joven que levanta la guadua que cierra el paso. Doscientos metros más adelante, una base militar flanqueada por garitas con sacos de arena pintados de verde y centinelas en arreos de combate domina el casco urbano. El centro y el parque, llenos de gente y de motos, se vacían no bien cae la tarde, como todo el pueblo. La gente se acuesta temprano –unos en sus casas y, por estos días, otros, fuera de ellas, en albergues improvisados– rogando que amanezca pronto y, al menos esa noche, no pase nada en El Tarra, un polvorín que, como todo el Catatumbo, encierra las claves del futuro de la guerra y la paz en Colombia.

“Dos pelaos de civil, con pistolas, me pararon, me obligaron a atravesar el bus y a salir corriendo”, cuenta al día siguiente Jairo, chofer de uno de los buses que todavía se arriesgan por estas carreteras. Desde la madrugada, su vehículo, pintado con letreros en aerosol negro que dicen “carro bomba” y “Farc.EP”, bloquea la pantanosa vía de bajada hacia El Tarra, a unos dos kilómetros del pueblo. Tomará cerca de una semana que peritos en explosivos lleguen de Cúcuta o Bogotá a verificar si se trata de un falso carro bomba o uno de verdad. En el día, los viajeros se limitan a desmontar del vehículo en el que llegan, pasan junto al bus y caminan hasta el pueblo, cargando hijos y corotos. Pronto los mototaxis acuden a prestar servicio a los viajeros. “Los prudentes apagan el celular para pasar al lado del bus; los demás, pasamos y listo”, cuenta uno. “Es la segunda vez que me pasa”, concluye Jairo, resignado.

Viajar al Catatumbo es ir a otra Colombia. Escenas como la de este bus que paraliza una carretera una semana, cilindros que la guerrilla lanza contra instalaciones militares y acaban aterrizando en casas vecinas y bombas que matan por igual uniformados y civiles son las noticias que los medios nacionales publican con macabra regularidad desde comienzos del año sobre El Tarra y los demás pueblos de la región. Para el resto de Colombia, el Catatumbo es el país de la guerra. Y lo es, también, para el gobierno, que está enviando miles de soldados de la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano para combatir a las Farc y el Eln en uno de sus santuarios y a grupos de fuerzas especiales para buscar, entre otros, a Timochenko e Iván Márquez, los dos jefes de esa guerrilla que se cree se mueven entre esa región y Venezuela, y a Megateo, que lidera una facción narcotizada del antiguo EPL.

Pero el Catatumbo no es un teatro de guerra, o al menos no es solo eso, para sus habitantes. A ellos, más que los tiros y las bombas, les preocupan otras cosas. Y por eso también, viajar al Catatumbo es ir a otra Colombia. Una donde, en medio de la guerra, la vida ordinaria continúa y se oyen otros clamores.

Otros clamores

“Hay factores que perjudican a la gente más que el orden público; hay problemas más importantes a los que los atentados les hacen una cortina de humo”, dice Yeison Claro, secretario de gobierno de El Tarra. Y esta no es solo la visión de un funcionario. A lo largo de la semana en la que este corresponsal recorrió el Catatumbo, en cada pueblo toda la gente con la que habló insistió en los mismos tres problemas básicos, que llevan décadas sin solución: la salud, la educación y la carretera.

El puesto de salud de El Tarra tiene las paredes desconchadas por el agua de las goteras. La radio no sirve. La ambulancia lleva cuatro meses en reparación y los enfermos de urgencias deben pagar bus o expreso hasta Tibú u Ocaña. Un anciano con edema pulmonar que enviaron a Tibú murió en el camino. “Llegó a las siete, salió en el bus de 11 y a la 1 estaba muerto”, cuentan, apesadumbrados, los médicos. El dispensario de drogas está vacío y no hay oxígeno. El electro sacó la mano y no hay reanimador cardiovascular. A la camilla de partos, forrada en un plástico rojo barato pegado con esparadrapo, le faltan los estribos ginecológicos: “a las mujeres se les resbalan los pies y no pueden pujar”, dice el doctor José Rangel. A él y a su colega Armando Sánchez, les deben varios meses de salario. “Nadie quiere venir a El Tarra –dice este último–. Un colega vino a reemplazarme en diciembre y después de la primera balacera se fue”.

El puesto de salud de La Gabarra luce mucho mejor. El ejército lo pintó y donó una silla de odontología. Pero la máquina de rayos X lleva un año sin instalar. El centro tiene dos ambulancias: según informaron, una está desarmada, en un taller en Cúcuta, hace cuatro meses, y la otra, luego de pasar otro tanto en reparación, llegó sin luces, sirena ni doble tracción. Sin esta última es impensable recorrer los 70 kilómetros hasta Tibú, que en invierno pueden tomar 10 o 12 horas por el indescriptible estado de la vía. Sin ambulancia que haga la ruta no hay reposición de drogas y los pacientes graves deben enviarse por río hasta Venezuela, donde les permiten trasladarlos por carretera hasta la frontera, cerca a Cúcuta. La ambulancia de Las Mercedes estuvo varada 28 días a un lado del camino antes de que la llevaran al taller. “Aquí hay dos tensiones: el orden público, y que llegue un paciente grave, sin ambulancia, al que toque decir: ‘búsquese la funeraria”, dijo uno de los médicos con los que habló este corresponsal.

El año escolar raramente empieza a tiempo en el Catatumbo. La rectora del colegio de El Tarra debió irse, amenazada. “Hay seis profesores para 400 estudiantes, así que el estudiante llega a clase a la hora en que hay profesor, estilo universidad”, dice una de las educadoras, quejándose de que, como muchos colegas salen huyendo por los tiros, sus reemplazos solo llegan meses después de iniciado el año lectivo. En febrero, las clases aún no arrancaban en forma en La Gabarra. En Las Mercedes, Ronaldo Mendoza, rector del colegio, cuenta que le faltan nueve profesores, que salieron apenas empezaron los ataques de las Farc contra la estación de policía. “Apenas sonaron unos tiros y se fueron”, se lamenta, explicando que trata ahora de que el gobierno departamental contrate profesores maestros oriundos del pueblo, que no se irían tan fácilmente.

Y la carretera… El mantra de los habitantes del Catatumbo es la carretera. Aquí las distancias no se miden en kilómetros sino en horas. La vía más importante de Norte de Santander, entre Cúcuta y Ocaña, es una cinta de asfalto que parece que alguien hubiera cañoneado, interrumpida por troneras que doblan el tiempo del recorrido, y salpicada de derrumbes en medio de precipicios de vértigo. De Sardinata a Las Mercedes hay apenas 47 kilómetros… de charcos, pantanos y boquetes en los que invierten hasta seis horas de saltos y traqueteos las camionetas cuatro por cuatro especialmente suplementadas que prestan el servicio público. La alcaldía de El Tarra llevaba la basura a Tibú, pero el río acabó hace meses con el puente a la entrada del pueblo y ya no hay paso. Ahora, le cuesta una pequeña fortuna mensual pagar el camión que la transporta a Ocaña por la única otra vía de acceso. 

Esta carretera, pese a los fangales, se mantiene abierta por un milagro de organización social: las juntas de acción comunal decidieron instalar peajes voluntarios a lo largo del camino y cobrar desde 5.000 pesos a vehículos pequeños hasta 15.000 a camiones, para invertir lo recolectado en el mantenimiento de la carretera. La guadua que una joven levanta a la entrada de El Tarra es parte de este sistema que, desde su inicio en junio hasta enero de este año, recolectó 430 millones de pesos. SEMANA asistió a una reunión de cerca de 30 personas donde se rindieron cuentas del peaje. “Si no se hubiera hecho esto, no tendríamos carretera”, dijo uno de los líderes. Por todo el Catatumbo, cada vereda responde, con trabajo comunitario, por la manutención de un tramo de las vías más pequeñas. En esto, como en todo, lo que debería hacer el Estado por la gente, lo hace la gente por sí misma.

Y ahora, la guerra

Sin embargo, más allá de estos clamores, es innegable que la guerra es una realidad avasalladora en el Catatumbo. No solo porque lleva décadas sino porque está a punto de entrar en una nueva fase. Y el resultado es incierto.

“Yo venía de Ocaña en la moto cuando un muchachito me pidió llevarlo –cuenta un habitante de El Tarra–. Tendría 10 o 12 años. ‘¿Para dónde vas?’, le pregunté. ‘Voy a comprar un novillo’, contestó. ‘Tengo un millón doscientos’. Aterrado, le pregunté de dónde tenía ese dinero un niño de su edad. ‘Tengo mata’ –me dijo sin parpadear– ¿usté no?’”.

El Catatumbo lleva treinta años con “la mata”, como llaman a la coca. Y le han tocado todas las violencias. Las primeras guerrillas, el Epl y el Eln, llegaron a fines de los setenta y comienzos de los ochenta. Años después vinieron las Farc. Y la economía cocalera se instaló para quedarse. Cuando los paramilitares inauguraron con dos masacres el lustro de terror que duraría hasta su desmovilización en 2004, y obligaron a las Farc y el Eln a replegarse, La Gabarra era, después de La Hormiga (Putumayo), uno de los grandes centros de producción de cocaína en Colombia y en sus calles atiborradas de cocaleros que tiraban el dinero a manos llenas se mataban hasta 300 reses un domingo.

El último informe de la Comisión Nacional de Reparación calcula que, entre 1997 y 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos, 72.000 desplazados (la población de sus seis municipios ronda hoy las 109.000 personas) y 430 víctimas de minas antipersonales. Norte de Santander es el departamento con más desapariciones forzosas en Colombia y Catatumbo encabeza, de lejos, la lista. Los ‘paras’ llegaron a tener una cárcel, un lóbrego calabozo de cemento y rejas oxidadas, donde encerraban a quienes se disponían a torturar y matar, que hoy sigue en pie en la vereda El 60, mudo testimonio de una de las épocas más horrendas del Catatumbo. Y no solo ellos protagonizaron horrores. A las Farc se les atribuyó, entre muchos otros, la matanza de 34 raspachines en una vereda de La Gabarra, en 2004.

Hoy el Catatumbo es quizá el único lugar de Colombia donde las Farc lograron copar los espacios dejados por los paramilitares. “Ven todo, saben todo”, dice un habitante. Según cuentan en voz baja, cobran en La Gabarra ‘impuesto’ a todos los negocios, que muchos viajan a pagar a un corregimiento vecino en el que las casas están ‘censadas’, como dicen por estos lares, con letreros pintados conmemorativos de Marulanda y Jojoy. La frontera les pertenece. Controlan el transporte por los ríos, por los que viajan gasolina, cemento y otros insumos para el procesamiento de la coca. A lo largo del río Catatumbo se ven ocasionales ‘cocinas’ en las que la hoja es transformada en pasta. Cargadas de grandes timbos azules de gasolina, recuas de mulas –los “carrotanques del Catatumbo”, las llaman– se encaminan hacia las zonas rurales bajo su control, ahora alrededor de los poblados de San Pablo y El Aserrío, en el municipio de El Tarra, adonde se ha desplazado el cultivo en los últimos años.

Los guerrilleros se aparecen en las carreteras cuando quieren y han decretado ‘paros armados’ que se cumplen a rajatabla. Administran justicia y resuelven pleitos entre los campesinos. ‘Tocó ir río abajo’ dice la gente cuando la citan, y acude sin falta. Han llegado a censar la población de algunas zonas, para solo dejar entrar a los que figuran en sus registros. Se habla –cosas que este corresponsal no pudo verificar por sí mismo– de ‘cristalizaderos’ (laboratorios para fabricar cocaína) en la frontera, de complicidades con la Guardia venezolana. En un pueblito cercano a La Gabarra las Farc colgaron en diciembre en un cartel de Feliz Navidad. “Uno ve que la guerrilla va para atrás en muchos sitios, pero aquí no; la guerrilla va para adelante aquí”, dice un conocedor de la región.

Después de años sin autoridad, durante el gobierno de Álvaro Uribe se instalaron estaciones de policía en los pueblos. En El Tarra, contra las normas del derecho internacional, parte de la base militar está dentro del casco urbano. Las Farc las han declarado objetivo militar y, además de sembrar el pánico poniendo al paso de las patrullas de soldados y policías bombas que a menudo cobran víctimas civiles, han ordenado evacuar las viviendas en cien metros a la redonda. En las noches, llueven los cilindros y los disparos contra los puestos oficiales, que responden hasta con morteros. El resultado más notorio de este fuego cruzado son muchas viviendas destruidas y una de las formas de desplazamiento más insólitas de Colombia: el desplazamiento para dormir. La gente que vive cerca a retenes e instalaciones policiales y militares, abandona su casa no bien cae la tarde y se dirige a las de familiares o a refugios improvisados. Los días que este corresponsal pasó en El Tarra, poco después de que varias viviendas y la Alcaldía se vieran afectadas por explosiones, un centenar de personas pasaba la noche en la Casa de la Cultura, y la alcaldía los registraba como desplazados.

Estado en uniforme

Ahora, el Estado, que lleva medio siglo de espaldas al Catatumbo, ha anunciado que, por fin, va a llegar. Para empezar, lo está haciendo en uniforme. La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que comanda el general Marco Lino Tamayo, sumará, junto a la Brigada XXX, cerca de 7.000 hombres, que planean lanzar una ofensiva en la retaguardia estratégica de las Farc, el Eln y Megateo. La respuesta no se ha hecho esperar y, por eso, el conflicto armado arrecia desde fines de año por todo el Catatumbo.

El general Tamayo es conciente de que los militares no la tienen nada fácil, y su meta es, en uno o dos años, “generar condiciones de seguridad que permitan al Estado ingresar con todo el tren social”. Esa es la otra componente: el Plan de Consolidación, que combinará, según se anuncia, la coordinación de la inversión social y de desarrollo con la erradicación de la coca. Según Álvaro Balcázar, director de la recién creada Unidad de Consolidación Territorial, el Catatumbo será objeto de la mayor inversión entre todas las zonas de consolidación, cerca de 2,3 billones de pesos hasta 2014. La erradicación de los cultivos, manual y con aspersión aérea, está a punto de empezar.

El reto del gobierno es colosal. Si bien los atentados recientes de las Farc han generado indignación entre la gente pues la mayoría de las víctimas son personas y bienes civiles, como dijo un funcionario departamental, “hay una resistencia muy fuerte en las comunidades a la fuerza pública”. Décadas de abandono y olvido del Estado solo le dejaron al Catatumbo la coca como única economía y la guerrilla como autoridad casi exclusiva. Venir ahora a intervenir manu militari tendencias que llevan al menos treinta años, en una región que ha protagonizado docenas de paros cívicos y cocaleros y que tiene una tradición de organización comunitaria que ni la barbarie paramilitar logró acabar, será inmensamente difícil.

El invierno ha sido, quizá, la más patente muestra de las debilidades del gobierno. Aunque llegaron mercados y ayudas, de las casas de La Gabarra siguen sacando en carretillas todavía el barro seco que quedó de la inundación que, en noviembre, anegó medio pueblo. El puente caído en El Tarra, las carreteras intransitables, las casas derruidas por las crecidas siguen ahí, meses después, como recordando al gobierno su inmensa deuda con el Catatumbo. Y ya empieza a llover de nuevo.

Además del desafío de ganarse los corazones y las mentes de la población, como dice un veterano conocedor de la región aquí están en juego “cuatro realidades bastante peligrosas, cuatro huevitos: el del narcotráfico, el de las tierras, el extractivo y el de una frontera politizada”. Por eso, esta región de montañas vertiginosas rebosantes de agua y niebla y de planicies ardientes de petróleo, carbón y palma, es un laboratorio de la paz y la guerra en Colombia. De lo que haga o deje de hacer el gobierno, de las promesas que cumpla o no y de la conducta de los militares frente a la población civil depende no solo lo que pase en el Catatumbo sino, quizá, en el conflicto en Colombia.

Lo más difícil será superar la desconfianza de la gente. El Catatumbo ha oído ya muchas promesas. Como dice don Bernardino Carrero: “este enero hizo 27 años que llegué a La Gabarra, y la carretera estaba llena de enterraderos y pantanos. Veintisiete años después sigue siendo la misma carretera”. ¿Será otra antes de que acabe el gobierno Santos?

Iván Alonso López, alcalde de Barichara, da fin al Festival de Cine del municipio

La W Radio
19 de julio de 2013

Afirman en la W: "El alcalde deroga Festival de Cine por incitar homosexualismo y consumo de drogas. Por lo tanto, Melisa García, organizadora del evento dijo que desordenes fueron por falta de orden público"

Como siempre el todopoderoso Julio Sánchez Cristo sentencia desde su púlpito particular y crucifica a los que no piensan como él.

Como él mismo termina diciendo: lamentable... lamentable...lamentable

PD: Por cierto, señor Cristo, Hay más festivales en Barichara... este no es "EL" Festival de Barichara....

Manifiesto de los pueblos del sur de Santander en defensa de la vida, el agua y el territorio

Tomado de:
Derechos de los Pueblos
23 de julio de 2013

Santander no escapa a la llamada “crisis civilizatoria”, esa donde se entrelazan los peligros de carácter ambiental, climático, económico, energético, humano, alimentario y de  otros tipos.   Todavía los santandereanos nos sentimos dignos de vivir en un territorio de relativa paz y gran belleza.  Sin embargo el rumor desafiante de que esta dignidad está amenazada es hoy el motivo por el cual el conjunto de pueblos de las provincias del sur de Santander: guanes, comuneros y veleños, se congregan para crear una estrategia que desde la unión impida que ocurran los males que se avecinan por cuenta de la explotación irracional de los recursos naturales como carbón, petróleo, metales preciosos, minería de arrastre y similares que afectan directamente la armonía de la naturaleza y de los pueblos, la convivencia humana, la disponibilidad del agua, la fertilidad de los suelos, los bosques y las demás riquezas naturales.

A raíz de todo esto, los santandereanos ya sufrimos  conflictos socioambientales de extrema gravedad como el de la minería en los páramos de Santurbán y el Almorzadero, la destrucción de El Carmen de Chucurí por la explotación de carbón, la privatización y destrucción del Río Sogamoso con la represa construida por ISAGEN, la desertificación del suelo y la pérdida de la fuentes de agua por el monocultivo industrial de la palma aceitera, y otros más.  Todo esto a cambio de regalías mínimas que después de la reforma constitucional de 2011 se concentran en Bogotá.

Pero mucho más está por venir, se proyectan 14 represas como las de Hidrosogamoso para Santander, se destaca por dañosa a la de Piedra del Sol con influencia en las veredas de los municipios San Gil, Pinchote, Socorro y Cabrera; pero también están las de Chima y Oiba, la privatización del agua a través de la recién creada empresa departamental de servicios públicos, la destrucción de la Laguna Los Ortices para extracción de hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos mediante la hidrofractura, la minería a gran escala en la provincia de Vélez y el incumplimiento en la terminación de las obras de los sistemas de riego de El Hato y Pinchote.  Todos estos conflictos socioambientales fueron conocidos a raíz de la Cumbre Ambiental por el Agua, la Paz y la Vida que se realizó el 22 de marzo de 2013 en San Gil.

Decisiones

Dada la gravedad de esta situación, las distintas organizaciones cívicas presentes en el CUARTO ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE LÍDERES de la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR CAMPESINO - CHRISABEL,  exigimos a todas las ramas del poder público y a los entes de control que cumplan con sus funciones legales y constitucionales, particularmente las referidas a la defensa de un ambiente sano y de los derechos ciudadanos a la participación política.

 

Por nuestra parte, se expresa la solidaridad con el campesinado del Catatumbo y las luchas de los cafeteros, cacaoteros, paperos, lecheros y demás gremios y colectivos de todo el país que hoy se manifiestan en defensa de su dignidad; también se ha mandatado coordinar todas las organizaciones cívicas, populares, ambientalistas y solidarias para  continuar y apoyar las acciones que ya se adelantan en Santander en defensa del Agua, la Vida y el Territorio, particularmente las siguientes:

·  Intervención en el proceso de licenciamiento de la represa Piedra del Sol, socialización de sus implicaciones y participación directa y proactiva en la Audiencia Pública Ambiental que ya se solicitó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

 

·  Creación de un Observatorio Ambiental Regional.

 

·  Puesta en marcha de la Agenda Ambiental Ciudadana para la Paz del Sur de Santander.

 

·  Realización de foros, seminarios y talleres sobre áreas protegidas, situación forestal en el sur de Santander, megaproyectos, TLC´s y la soberanía alimentaria.

 

·  Potenciar la Red de Veedurías del Sur de Santander.

Por último se invita a todas las personas, entidades y comunidades del departamento de Santander a que se vinculen, ilustren, apoyen  y participen en los distintos esfuerzos que se están adelantando  en defensa de la Vida.

San Gil, 21 de julio de 2013.

En constancia firman:

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR CAMPESINO - CHRISABEL

VEEDURÍA AMBIENTAL DESAN GIL

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTOS DE MOGOTES

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE PÁRAMO

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL HATO

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS DE CHIPATÁ

APAIMACHI (Municipio de Chima)

RED DE RESERVAS NATURALES DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTOS DE OIBA

ASOPROCARO (Municipio de Santa Helena)

INSTITUTO TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL DE SAN GIL

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTOS DE SANTA HELENA

RED DE MUJERES DE SAN GIL

VEEDURÍA AMBIENTAL DE MOGOTES

COMITÉ DE CAMPESINOS SIN TIERRA DE LOS MUNICIPIOS DE CONFINES Y SOCORRO

CORPORACIÓN EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA DEL SOCORRO RED DE 

VEEDURÍAS AMBIENTALES DEL SUR DE SANTANDER

Imágenes del evento

volver a empezar

Luego de tres años viviendo despojados de sus tierras, 14 familias campesinas empacaron sus pocas pertenencias y regresaron a su vereda Pitalito, en el departamento de Cesar.

Antes de que el arco se rompa

El Espectador
William Ospina
20 de julio de 2013

Juan Manuel Santos acaba de desperdiciar una oportunidad de oro para demostrar no sólo que es un hombre inteligente, sino también que es un estadista.

Ante las justas protestas de los campesinos del Catatumbo, abandonados por décadas de negligencia estatal en manos de las guerrillas, de los paramilitares, de las multinacionales, de la minería salvaje y de los rigores del clima; ante el clamor de unos campesinos que reclaman inversión social y una zona de reserva campesina aprobada por la Constitución, que muchos consideran la solución a algunos de los problemas del campo colombiano, Santos, con la arrogancia de la vieja aristocracia, con la soberbia clásica de los gobernantes de este país, está permitiendo que una crisis de días se convierta en un problema humanitario de mayores proporciones.

Tenía la oportunidad de decir a los manifestantes: “Todavía no sabemos cuáles puedan ser las ventajas y las desventajas de esas zonas de reserva campesina, pero esta es una excelente oportunidad de poner a prueba un proyecto piloto con inversión pública, presencia del Estado y vigilancia de los medios y de la comunidad internacional, para que no se diga que estas decisiones sólo las podemos tomar de acuerdo con las guerrillas y después de largas discusiones con ellas. En breve tiempo podremos ver si es verdad, como dicen sus adversarios, que se pueden convertir en focos de conflicto, o si, como dicen sus defensores, permiten el desarrollo de una economía comunitaria que por fin ayude a los campesinos a salir del aislamiento y de la miseria, y los incorpore a la sociedad y a la modernidad”.

A lo mejor esa decisión permitiría trabajar conjuntamente con los campesinos en crear un laboratorio de solución de conflictos donde es más importante: a nivel local. Porque tal vez tanto el Gobierno como la guerrilla se equivocan pensando que la paz se puede construir primero en papeles en una mesa y después trasladarla mecánicamente a las provincias.

La paz se construye con la comunidad, allí donde están los problemas: la necesidad de una economía familiar, la necesidad de una agricultura integrada a los desafíos de la época, la necesidad de un modelo de seguridad del que formen parte la confianza ciudadana, la opinión de las personas y las oportunidades reales de progreso.

Es, por supuesto, urgente que las armas se silencien y que este maligno conflicto de 50 años, nacido de la arrogancia del poder y del desamparo de las comunidades, un conflicto que se ha ido degradando y envileciendo por la dinámica normal de una guerra bárbara y eterna, termine por fin, para sosiego de los humildes hogares campesinos que lo padecen, de las jóvenes generaciones que son inmoladas en él, y para que puedan arrancar la modernización y la prosperidad del país.

Santos no debería desconfiar tanto de sus propias decisiones. Está dialogando en La Habana con los insurgentes, pero teme que sus críticos desde el guerrerismo lo acusen de ser débil, por hacerles concesiones a unos campesinos que es evidente que han padecido no sólo la guerra, sino el modo insensible y arrogante como se gobernó el país por todo un siglo.

Debería no poner a depender todo de la negociación. Aquí muchos saben que si el Estado, por su propia iniciativa, hubiera tomado la decisión de modernizar el campo y de abrirles un horizonte de justicia a millones de seres humildes en toda la geografía nacional, no tendría que estar pactando ahora cosas tan elementales con unos ejércitos insurgentes.

Yo creo que el Gobierno colombiano representa muy parcialmente a la sociedad colombiana, pues aunque es elegido por millones de personas, suele gobernar para los intereses de muy pocos. Pero aun así, creo que el Gobierno representa a muchas más personas que la guerrilla: en esa medida está en la facultad de tomar grandes decisiones benéficas por sí mismo, y si no lo ha hecho históricamente ha sido por torpeza, por ignorancia, por soberbia o por desprecio a la comunidad.

Además, ¿por qué creer que se les están haciendo concesiones a las personas? El país es de la gente. La decisión de ayudarles a los pobres a vivir mejor, la decisión de escuchar sus clamores de angustia, y de manejar con serenidad y con respeto sus estallidos de desesperación, no es debilidad, es fortaleza. Significa que el Gobierno sabe que está gobernando para resolver problemas, no para satisfacer su arrogancia.

Gentes que lo han tenido todo, como las que nos gobiernan, no saben lo que es estar en el desamparo, en la falta de horizontes, en la tiniebla de la incertidumbre y de la soledad. ¿Por qué mirar siempre el dolor de los pobres, que los lleva a afrontar a veces riesgos tremendos, como una expresión de maldad, como algo que obedece siempre a un libreto infernal? Pobre democracia la que obedece a semejantes prejuicios, y la que se eterniza en esas terquedades y en esas arrogancias.

Juan Manuel Santos ha desperdiciado una oportunidad de mostrarse generoso, de mostrarse estadista, de mostrar que es capaz, si no de sentir, por lo menos de imaginar el estado de postración en que vive el pueblo al que gobierna. Pero a lo mejor todavía está a tiempo de asumir una actitud más inteligente. En vez de esperar que, uno tras otro, le estallen los incendios de la inconformidad popular, que el país se reviente entre sus manos como el arco del viejo rey nórdico, podría asumir esta posición que me parece la más sensata.

No se le ha ocurrido a él. Pero también saber escuchar forma parte del arte de gobernar.