El Espectador
8 de agosto de 2013
Al Ministro de Agricultura se le entregó un
documento con seis puntos. Piden medidas frente a las crisis de la
producción agrícola y reconocimiento de la territorialidad campesina.
A diez días del anunciado paro nacional agropecuario, un grupo de organizaciones sociales y campesinas se congregaron ayer frente al Ministerio de Agricultura para entregarle al titular de esa cartera, Francisco Estupiñán, su pliego de peticiones, o mejor dicho, los motivos por los cuales van a cese de actividades. Hubo además serenata cantando sus exigencias y según los líderes de la protesta, si bien varios gremios han dicho que “no le jalan al asunto”, aún hay numerosas organizaciones dispuestas a apoyar el paro, por lo que la única manera de evitar una manifestación nacional será establecer una mesa de interlocución y acuerdo.
El documento fue presentado por los voceros de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesina (Anzorc), las organizaciones sociales que integran la Marcha Patriótica y la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional (MIA), una organización que se conformó luego de las recientes protestas campesinas en el Catatumbo. En él se establecen seis puntos que, fundamentalmente, exigen la implementación de medidas frente a las crisis de la producción agropecuaria; el acceso a la propiedad y el reconocimiento de la territorialidad campesina; la participación de las comunidades en la formulación de la política minera; garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y el incremento de la inversión social en el agro.
Para David Flores, vocero de Marcha Patriótica, el pliego pasa por el reconocimiento de los derechos sociales del campesinado. “Hoy los campesinos viven en condiciones infrahumanas. Sin acceso a agua potable, luz y, en general, a todos los servicios básicos. También pedimos el reconocimiento político de los campesinos, pues no hay una ley que lo haga, mientras que sí existe para los indígenas y los afrocolombianos. Además, buscamos política de defensa del territorio y la economía campesina, con la declaración de una serie de zonas de reserva campesina que han surtido los trámites legales que corresponden”, explicó.
De otro lado, Alberto Montes, vocero de Fensuagro, una organización integrada por pequeñas estructuras sociales de diversos sectores del agro, señaló que el paro es una reacción al abandono que ha sufrido la población campesina en el país, “excluida de los principales servicios básicos y con fuertes carencias de infraestructura, a pesar de que producimos el 70% de los alimentos”. En este mismo sentido, Nidia Quintero, representante de la MIA, expresó que viene desde el Putumayo y que irá a paro para pedirle atención al Gobierno para los campesinos que han sido víctimas del conflicto: “Estamos cansados de la guerra. Son nuestros hijos los que mueren en ella. También nos preocupa la falta de desarrollo económico que viven nuestras familias en el campo”.
Hasta ahora, el Gobierno ha desestimado el impacto que pueda tener el paro, pues cree que no tendrá mayor acogida. Al mismo tiempo ha reiterado que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando este no se busque por medios violentos. Al respecto, el ministro Francisco Estupiñan ha dicho que “hay una minoría que insiste en hacer ese tipo de movimientos y han sido francos con el tema de hacer política, llegar al Congreso, a las alcaldías, concejos municipales, y eso es respetable, pero rechazamos que utilicen a los campesinos para llevarlos a las vías públicas a hacer campaña para satisfacer sus intereses políticos”.
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| Así fue la protesta ayer de los convocantes al paro nacional agrario del próximo 19 de agosto, ante el Ministerio de Agricultura. / Alfredo Molano |
A diez días del anunciado paro nacional agropecuario, un grupo de organizaciones sociales y campesinas se congregaron ayer frente al Ministerio de Agricultura para entregarle al titular de esa cartera, Francisco Estupiñán, su pliego de peticiones, o mejor dicho, los motivos por los cuales van a cese de actividades. Hubo además serenata cantando sus exigencias y según los líderes de la protesta, si bien varios gremios han dicho que “no le jalan al asunto”, aún hay numerosas organizaciones dispuestas a apoyar el paro, por lo que la única manera de evitar una manifestación nacional será establecer una mesa de interlocución y acuerdo.
El documento fue presentado por los voceros de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesina (Anzorc), las organizaciones sociales que integran la Marcha Patriótica y la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional (MIA), una organización que se conformó luego de las recientes protestas campesinas en el Catatumbo. En él se establecen seis puntos que, fundamentalmente, exigen la implementación de medidas frente a las crisis de la producción agropecuaria; el acceso a la propiedad y el reconocimiento de la territorialidad campesina; la participación de las comunidades en la formulación de la política minera; garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y el incremento de la inversión social en el agro.
Para David Flores, vocero de Marcha Patriótica, el pliego pasa por el reconocimiento de los derechos sociales del campesinado. “Hoy los campesinos viven en condiciones infrahumanas. Sin acceso a agua potable, luz y, en general, a todos los servicios básicos. También pedimos el reconocimiento político de los campesinos, pues no hay una ley que lo haga, mientras que sí existe para los indígenas y los afrocolombianos. Además, buscamos política de defensa del territorio y la economía campesina, con la declaración de una serie de zonas de reserva campesina que han surtido los trámites legales que corresponden”, explicó.
De otro lado, Alberto Montes, vocero de Fensuagro, una organización integrada por pequeñas estructuras sociales de diversos sectores del agro, señaló que el paro es una reacción al abandono que ha sufrido la población campesina en el país, “excluida de los principales servicios básicos y con fuertes carencias de infraestructura, a pesar de que producimos el 70% de los alimentos”. En este mismo sentido, Nidia Quintero, representante de la MIA, expresó que viene desde el Putumayo y que irá a paro para pedirle atención al Gobierno para los campesinos que han sido víctimas del conflicto: “Estamos cansados de la guerra. Son nuestros hijos los que mueren en ella. También nos preocupa la falta de desarrollo económico que viven nuestras familias en el campo”.
Hasta ahora, el Gobierno ha desestimado el impacto que pueda tener el paro, pues cree que no tendrá mayor acogida. Al mismo tiempo ha reiterado que está dispuesto al diálogo, siempre y cuando este no se busque por medios violentos. Al respecto, el ministro Francisco Estupiñan ha dicho que “hay una minoría que insiste en hacer ese tipo de movimientos y han sido francos con el tema de hacer política, llegar al Congreso, a las alcaldías, concejos municipales, y eso es respetable, pero rechazamos que utilicen a los campesinos para llevarlos a las vías públicas a hacer campaña para satisfacer sus intereses políticos”.
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