El Espectador
Héctos Sandoval
1 de diciembre de 2013
Cerca de 10.000 campesinos marcharán mañana en Bogotá argumentando que los incumplimientos del Gobierno, tras el paro agrario de agosto y septiembre, persisten.
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| Cientos de campesinos marcharon en agosto de este año en Bogotá, apoyando el paro agrario. / Luis Ángel |
Además, Dignidad Nacional Agropecuaria,
que lideró las protestas campesinas en agosto y septiembre de este año,
reclamó que hasta ahora no ha sido incluida en los diálogos a los que
han asistido miembros del Gobierno, el Banco Agrario, Incoder y algunas
organizaciones campesinas del país.
César Pachón, representante del Movimiento Dignidad Papera, dijo que a lo anterior se suma que el Gobierno ha incumplido los tratos hechos con los representantes de los agricultores. Entre ellos, los relacionados con el medio ambiente y la minería. “Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos”.
Por eso anunció que cerca de 10.000 agricultores provenientes de Boyacá, Cundinamarca y otras regiones del país, marcharán mañana desde el Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, para reclamar de nuevo al Estado por el incumplimiento de los tratos sellados tras el paro nacional agropecuario. “Invitamos a diferentes comunidades campesinas, indígenas, afros, y a sectores de la población civil, como la salud, la educación y la industria, para que nos acompañen”, dijo Pachón.
Frente al anuncio de las manifestaciones, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, consideró injustas estas voces de protesta debido a que las organizaciones campesinas han sido escuchadas por el Gobierno. En su opinión, el hecho de convocar a una marcha a estas alturas del año tiene más tinte político que agrario.
Otra de las quejas de los organizadores de la marcha es que, tras los acuerdos logrados después del paro, no se ven resultados en materia de reducción del precio de los fertilizantes ni en la facilitación para que los campesinos se pongan al día con sus deudas ante el Banco Agrario.
Además, según Pachón, otro inconformismo radica en que a la hora de verificar en qué va el cumplimiento de los pactos, el Gobierno envía “funcionarios sin poder para la toma de decisiones”.
Pese a los reclamos de las organizaciones campesinas, el Gobierno sostiene que los apoyos al campo han sido efectivos y que medidas como el acceso a fertilizantes más económicos y dar facilidades para que los campesinos paguen sus deudas se han hecho reales.
En una de las reuniones encaminadas a consolidar el pacto (la más reciente fue en Yopal, Casanare), el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde dijo: “Estamos haciendo de este pacto una herramienta fundamental, para lanzar el próximo año una política de Estado para la ruralidad colombiana”. Sin embargo, el presidente de la SAC ve que las cosas todavía no están avanzando al ritmo que debieran hacerlo.
“Si un campesino no tiene la tierra titulada, no tiene posibilidades de acceder a créditos, ni a los beneficios que podemos tener en los sectores financiero y agropecuario, y no crece económicamente, sino que seguirá condenado a sobrevivir, eso llevará consigo el retroceso del campo colombiano”, dijo el ministro de Agricultura en una de las reuniones encaminadas a consolidar la política agropecuaria de largo plazo.
César Pachón, representante del Movimiento Dignidad Papera, dijo que a lo anterior se suma que el Gobierno ha incumplido los tratos hechos con los representantes de los agricultores. Entre ellos, los relacionados con el medio ambiente y la minería. “Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos”.
Por eso anunció que cerca de 10.000 agricultores provenientes de Boyacá, Cundinamarca y otras regiones del país, marcharán mañana desde el Parque Nacional de Bogotá hacia la Plaza de Bolívar, para reclamar de nuevo al Estado por el incumplimiento de los tratos sellados tras el paro nacional agropecuario. “Invitamos a diferentes comunidades campesinas, indígenas, afros, y a sectores de la población civil, como la salud, la educación y la industria, para que nos acompañen”, dijo Pachón.
Frente al anuncio de las manifestaciones, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, consideró injustas estas voces de protesta debido a que las organizaciones campesinas han sido escuchadas por el Gobierno. En su opinión, el hecho de convocar a una marcha a estas alturas del año tiene más tinte político que agrario.
Otra de las quejas de los organizadores de la marcha es que, tras los acuerdos logrados después del paro, no se ven resultados en materia de reducción del precio de los fertilizantes ni en la facilitación para que los campesinos se pongan al día con sus deudas ante el Banco Agrario.
Además, según Pachón, otro inconformismo radica en que a la hora de verificar en qué va el cumplimiento de los pactos, el Gobierno envía “funcionarios sin poder para la toma de decisiones”.
Pese a los reclamos de las organizaciones campesinas, el Gobierno sostiene que los apoyos al campo han sido efectivos y que medidas como el acceso a fertilizantes más económicos y dar facilidades para que los campesinos paguen sus deudas se han hecho reales.
En una de las reuniones encaminadas a consolidar el pacto (la más reciente fue en Yopal, Casanare), el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde dijo: “Estamos haciendo de este pacto una herramienta fundamental, para lanzar el próximo año una política de Estado para la ruralidad colombiana”. Sin embargo, el presidente de la SAC ve que las cosas todavía no están avanzando al ritmo que debieran hacerlo.
“Si un campesino no tiene la tierra titulada, no tiene posibilidades de acceder a créditos, ni a los beneficios que podemos tener en los sectores financiero y agropecuario, y no crece económicamente, sino que seguirá condenado a sobrevivir, eso llevará consigo el retroceso del campo colombiano”, dijo el ministro de Agricultura en una de las reuniones encaminadas a consolidar la política agropecuaria de largo plazo.
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