Primer capítulo

Editorial
El Espectador
10 de marzo de 2013

Con el arreglo al que llegaron los cafeteros y el gobierno de Juan Manuel Santos, esto es, el subsidio llamado Protección al Ingreso del Caficultor (PIC), consistente en $145.000 por carga de café, se cierra el primer gran capítulo de las protestas del agro en Colombia. 

Y, es apenas de esperar, se abren los que han de seguir. Ya ha sido anunciado el paro arrocero, por ejemplo, y en medio de los levantamientos de algunos sectores que finalmente no pararán, otros intrigan, como el bananero.

El Gobierno terminó esta semana cediendo en gran medida ante la presión cafetera, razón por la cual es también apenas lógico preguntarse: ¿No era evitable todo este embrollo con una negociación previa? Porque lo que pasó en Colombia por causa del paro no fue poco: los marchantes bloquearon las vías en ocho departamentos. Y con ello la economía de otros sectores, como los avicultores, los lecheros, los porcicultores. Todo sumado en cifras estimadas da $1,3 millones en pérdidas. ¿Culpa de la protesta, como sostenía el Gobierno? Sí y no. Las causas profundas de la crisis en el agro colombiano, en el café en este caso, justificaban salir a marchar para exigir. Es un derecho ciudadano.

El café en Colombia, que le ha dado la vuelta al mundo y que hizo en el país carreteras, acueductos, escuelas y electrificación rural en la época en la que tenía una expansión impresionante, no puede ciertamente quedar a la deriva en épocas de vacas flacas. Esta fue una industria, además, que se hizo con campesinos rasos, de a pie, que alimentó las bocas de 600.000 familias trabajadoras de todos los estratos. Un gobierno no puede abandonar este tipo de industrias a su suerte y menos cuando en paralelo otorga grandes exenciones a otros sectores para atraer la inversión extranjera. No suena lógico, al menos.

El asunto es de qué manera se ayuda y, para el caso de la salida acordada, qué parte de la crisis se soluciona con ella. El subsidio es una salida de emergencia que ha permitido levantar el paro y sus amplios efectos negativos, pero el naufragio de la industria cafetera —que es la del agro en general— sigue su curso. Y el costo de la solución no fue nada despreciable, más de $800.000 millones, que tendrán que salir de algún otro rubro del presupuesto. ¿Y cuando el año termine algo habrá cambiado o estaremos a la espera de otro paro y otras exigencias similares? Porque el otro corolario perverso de esta solución es el mensaje de que las vías de hecho sirven para hacer reaccionar a los gobiernos hasta el punto de ceder en lo que en el discurso han nombrado como innegociable.

Se dirá que el paro exigía soluciones rápidas y que para el largo plazo ahí está la conformación de una Comisión para el Estudio de la Política y la Institucionalidad Cafetera. Pero, ¿habrá tanto tiempo para esperar? ¿No hay asuntos inmediatos que pueden ir forjando una realidad diferente para nuestra industria cafetera, en términos de productividad, de asistencia técnica, de acompañamiento empresarial, de seguros de cosecha, por ejemplo? Claro, eso es más difícil que firmar el cheque del subsidio y descargar toda la responsabilidad en el problema coyuntural de la tasa de cambio.

Salvo la normalidad pasajera, pues, no hay mucho para celebrar. Antes bien, lo que es apenas predecible es la reacción de otros sectores igual de golpeados. ¿Marcharán también? ¿Pararán las vías también? ¿El Gobierno accederá a sus peticiones particulares también? Un gobernante, señor presidente, debe darse el lujo de ser impopular. Si no toma ese riesgo, terminará en un país ingobernable, donde se atiende a los requerimientos momentáneos de todos según su capacidad de presión. Y no. Un gobernante debe tomar decisiones de fondo, que molesten, es posible, pero que perduren y solucionen algo.