así son nuestros políticos

La cosa viene de antiguo. No es la primera vez y no será la última, en donde se mira la actuación de los políticos con lupa. Eso sí el que tenga rabo de paja que no se acerque al fuego.

Ya en abril de 2009 la Contraloría revelaba hallazgos penales, fiscales y disciplinarios en Barichara, bajo la actuación del alcalde de entonces Guillermo Bautista Silva, amenazado en la actualidad por sus denuncias contra el actual alcalde suspendido, Israel Alonso Agón Pérez.

Se trata de un total de treinta y cinco hallazgos de tipo administrativo, disciplinario, penal y fiscal como resultado de una evaluación efectuada de acuerdo a las normas de Auditoría Gubernamental Colombianas, (NAGC), compatibles con las normas internacionales (NIAS).

Dentro de las irregularidades halladas, la Contraloría cita la celebración de dos contratos por prestación de servicios profesionales de Robert Augusto Duarte Quintero, por un valor total de $63 millones, de los cuales "no existe ningún documento que acredite el cumplimiento del mismo, ni informes de actividades, ni tampoco los comprobantes de pago de seguridad social, pensión, ni de riesgos profesionales".

Para la Contraloría llama la atención de que siendo este el contrato relativo a la prestación de los servicios de asesoría jurídica del municipio, "el mismo debía haberse surtido con la mayor diligencia, transparencia y cuidado… por ende no puede esperarse que todos los demás actos propios de la administración hayan podido contar con una asesoría jurídica apropiada".

Por tal motivo la Contraloría señala como responsables de las conductas punibles de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" e "Interés indebido en la celebración de contratos" a Guillermo Bautista Silva (ex alcalde), a Sandra Liliana Mejía (ex secretaria de Gobierno) y a Robert Augusto Duarte (Contratista).

Otro de los hallazgos de tipo penal y fiscal por cuantía de $10 millones 988 mil, está relacionado con la contratación a través de ocho ordenes de prestación de servicios del señor Rafael Álvarez Páez, para aportar la mano de obra y algunos materiales al arreglo de vías del municipio.

Dice la Contraloría que mediante diligencia de versión libre realizada el 31 de octubre de 2008, el señor Álvarez Páez manifestó que "él legalizó los contratos, más no ejecutó el objeto de los mismos".

Respecto a los pagos, el mismo ciudadano reveló que "recibía comisiones de manos de alcalde por la firma de los contratos celebrados, pero jamás percibió la totalidad de los mismos". Por este hecho la Contraloría considera que el ex alcalde de Barichara incurrió en el delito de "Peculado por Apropiación", y en daño fiscal por $10 millones 988 mil pesos.

Y como si esto fuera poco, mediante Resolución 046, la Procuraduría Regional de Santander, confirmó la decisión en segunda instancia de suspender de sus cargos, durante un mes, a 11 concejales del municipio de Barichara del período 2004 – 2006. El pasado 27 de octubre de 2009, la Procuraduría Provincial de San gil, ya había proferido fallo de suspensión, cuya decisión había sido apelada por los afectados.

La determinación del ente de control, contra Luis Eduardo González Sánchez, Arturo Ballesteros Cediel, Cesar Carvajal Corredor, Francisco Buenahora Angarita, Otoniel Bayona Macias, Ramiro Becerra Ballesteros, Francisco Granados Torres, Ángel María Ortiz Angarita, Luis Raúl Sánchez Angarita, Leónidas Cadena Reyes y Iván López Vesga, se tomó teniendo en cuenta que los concejales el pasado 07 de septiembre de 2006, aprobaron el proyecto de acuerdo 021, a través del cual se efectuaron créditos y contracréditos al presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia fiscal del año 2006, sin que la iniciativa del proyecto fuera del Alcalde Municipal de Barichara.

Dicha actuación se considero como falta grave con culpa gravísima, ya que los ediles incumplieron lo establecido por la Ley 136 de 2003 en su artículo 71, en la Constitución Política en su artículo 346 y en el decreto 11 de 1996, artículo 47.

La decisión cobra gran importancia si se tiene en cuenta que la suspensión afecta a buena parte de los concejales actuales de la localidad.